Una geopolítica crítica.

Debates sobre el espacio, las escalas

y el desarrollo desigual

DAVID HERRERA SANTANA

FABIÁN GONZÁLEZ LUNA

(COORDINADORES)

Una geopolítica crítica. Debates sobre el espacio, las escalas y el desarrollo desigual

Esta obra ha sido apoyada en su investigación y publicación por el Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE301718 “Una geopolítica crítica para la enseñanza en Geografía política”, y fue sometida a un riguroso proceso de dictaminación por pares académicos siguiendo el método de doble ciego conforme a las disposiciones del comité editorial de la Facultad de Filosofía y Letras a través de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Primera edición digital: diciembre, 2021

D. R. © Universidad Nacional Autónoma de México

D. R. © David Herrera Santana / Fabián González Luna (coordinadores)

Facultad de Filosofía y Letras (UNAM)

Circuito Escolar s/n Ciudad Universitaria, 04510, CDMX, México

Diseño de portada: María Alejandra Bolaños Avila

Edición y producción: Fides Ediciones

fides.ediciones@gmail.com

www.fidesediciones.com.mx

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta obra por cualquier medio o procedimiento, sin autorización escrita o expresa de la UNAM.

ISBN: 978-607-30-5561-1

Diseñado en México.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

PARTE I

GEOPOLÍTICA

THE GEOPOLITICS OF INFRASTRUCTURE: MAPPING IMPRINTS OF EMPIRE

Deborah Cowen

EL BÍOS, EL GEO Y LA POLÍTICA. APROXIMACIONES AL RÉGIMEN BIOPOLÍTICO/GEOPOLÍTICO

David Herrera Santana

PARTE II

DESARROLLO GEOGRÁFICO DESIGUAL

DESARROLLO GEOGRÁFICO DESIGUAL, JUSTICIA ESPACIAL Y ASIMETRÍAS TERRITORIALES

Liliana López Levi

DESARROLLO GEOGRÁFICO DESIGUAL: ANDAMIOS PARA UN ESQUEMA COMPRENSIVO

Fabián González

EL ESPACIO GLOBAL PARA LA EXPANSIÓN DEL CAPITAL TRANSNACIONAL Y LAS ZONAS ESPECÍFICAS DE INTENSA ACUMULACIÓN (ZEIA) DEL “PROYECTO MESOAMÉRICA”: LOS CASOS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Juan Manuel Sandoval

PARTE III

ESCALA URBANA: GEOPOLÍTICA Y ESPACIO URBANO

ESTRATEGIAS DE LA GUBERNAMENTALIDAD EN LA GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA IDENTIDAD INDÍGENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Luisa Rodríguez Fernanda Tejada

GEOPOLÍTICA Y PRODUCCIÓN DISCURSIVA DEL ESPACIO PÚBLICO EN GOBIERNOS PROGRESISTAS DE AMÉRICA LATINA: DESPOLITIZACIÓN Y TRANSFORMACIONES SOCIOESPACIALES

Carla Filipe Narciso

PARTE IV

ESCALA INTERNACIONAL

LOS INTERESES GEOPOLÍTICOS DE RUSIA

Ana Teresa Gutiérrez del Cid

EL DISEÑO GEOPOLÍTICO DE LA HEGEMONÍA ESTADOUNIDENSE A VEINTE AÑOS DEL SURGIMIENTO DE LA DOMINACIÓN DE ESPECTRO COMPLETO

Cesari Irwing Rico

LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN. NUEVA YORK Y LA PRODUCCIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE EN EL SISTEMA-MUNDO

Federico Saracho

AUTORES

PRESENTACIÓN

En septiembre de 2019, como parte de las labores del Proyecto PAPIME “Una geopolítica crítica para la enseñanza en Geografía política” PE301718, auspiciado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se celebró el “Seminario Internacional sobre Geopolítica Crítica” en el cual participó un grupo diverso de especialistas de distintas instituciones, entre las que destacan: la Universidad de Toronto, la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco), el Instituto Mora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la UNAM. En total, diecisiete especialistas se dieron cita en cinco mesas de trabajo, discutiendo la geopolítica desde una perspectiva multidisciplinaria y transescalar, abriendo también un debate sobre cómo plantear su necesaria reconceptualización más allá de la tradición imperial, determinista y utilitaria que la ha caracterizado tanto en la discusión como en los imaginarios académicos y políticos.

Dado el interés que el encuentro despertó entre quienes participamos en él, así como entre quienes asistieron como público, decidimos lanzar una convocatoria para elaborar un libro colectivo que pudiera reflejar el debate general, pero así también las tensiones y las discusiones que se tienen en torno a las diversas propuestas de análisis de la geopolítica, desde el ámbito de la reflexión teórica-metodológica, hasta aquel en el cual se materializa el análisis en el estudio de las diversas escalas que conforman nuestra compleja realidad social. Atendieron nuestro llamado nueve colegas, además de nosotros, que, en el ánimo de continuar con la discusión y contribuir con el debate, hemos elaborado diez capítulos que ahora presentamos en forma de un libro colectivo.

Nuestra intención no ha sido la de presentar una visión única sobre la geopolítica, ni siquiera la de proponer un concepto o una metodología que unifique las discusiones en este campo. En otros momentos hemos avanzado en la necesaria discusión sobre la reconceptualización de la geopolítica y las veredas que a partir de ello se abren para el análisis socioespacial (Herrera, 2020). Ahora, nuestro objetivo ha sido presentar un abanico amplio de propuestas y discusiones que, en el campo de la geopolítica, se presentan como reflexiones útiles y válidas tanto para el diálogo académico, como para el pensamiento y la acción política en un momento de profundas turbulencias y transformaciones como el que vivimos.

Este libro, por lo tanto, presenta una serie de reflexiones que en momentos se cruzan y en otros se alejan, debido a que cada una de ellas tiene su propia trayectoria, la de la investigación propiamente dicha, así como la de autores y autoras que poseen su propia visión de la geopolítica y que, en aras de continuar el diálogo que en 2019 iniciara, se proponen contraponer puntos centrales entre sí pero, al mismo tiempo, continúan con su propia discusión sin sacrificarla en nombre de algún pretendido consenso. Creemos que la riqueza de la presente obra radica precisamente en esta característica: reflejar un diálogo en proceso que, por una parte, comunica distintas tradiciones y experiencias mientras, por la otra, presenta cada una de ellas en sus propias particularidades.

Confiamos que este esfuerzo colectivo sea de utilidad para quienes, como nosotros, estamos interesados en debatir la geopolítica, no como un discurso ya dado, tampoco como una praxis con un contenido predeterminado, sino como un conocimiento-poder y una praxis espacial que a la vez es producto y productora de su espacio-tiempo, tanto como forma de inteligibilidad de las dinámicas socioespaciales que conforman nuestra compleja realidad social.

Ciudad de México a 6 de julio de 2021.

INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XIX y principios del XX, dio inicio una serie de reflexiones en el campo de la Geografía, pero íntimamente ligadas al de la política y las relaciones internacionales, que en su conjunto ha sido denominado como “geopolítica”. Aunque en numerosas ocasiones concebido como un campo unitario, con contenidos fijos e incluso con “leyes” de funcionamiento, este es en realidad un complejo de diversas reflexiones y praxis, forjadas a la luz de distintas experiencias históricas, que comparten únicamente la motivación por comprender y producir las formas en las cuales la política instrumentaliza al espacio de acuerdo con ciertos intereses que devienen de la conformación de relaciones de poder normalmente consolidadas en la escala estatal-nacional; es decir, algo íntimamente ligado con la producción de hegemonía. Mucho de ello, no obstante, ha sido representado como una ontologización de los procesos históricos, como si estos fueran producto de alguna especie de naturalismo o automatismo, lo cual se ha identificado como parte de un determinismo o esencialismo geográfico, pero que igualmente lo es político e histórico.

Lo que se oculta detrás de ello es, precisamente, la dimensión política e histórica que conduce a la producción de la dinámica espacio-temporal que, a su vez, es el escenario en el cual se desarrollan las relaciones sociales y, a partir del cual, se producen las condiciones de posibilidad de nuestra propia existencia. Ya Karl Marx observaba que “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen voluntariamente, no bajo las circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo las encontradas inmediatamente, establecidas y heredadas” (Marx, [1885] 2013, p. 33).

Los debates en geopolítica se han desarrollado, fundamentalmente, sobre la base de la llamada “geopolítica clásica”. Esta, no obstante, no existe como tal, y jamás lo hizo, porque no hay una corriente unitaria o un corpus de teoría que le dé una coherencia y un sustento real. Lo que se denomina bajo ese nombre, no son más que las diversas experiencias, praxis y reflexiones que, en determinadas condiciones históricas, fueron desarrollándose con el devenir de la estatalidad moderna y de las formas de gobierno, regulación, administración, control y vigilancia que se expresaron en la producción de enormes conglomerados territoriales-poblacionales, mismos que han sido el centro del debate y la discusión política los últimos tres siglos.

La “geopolítica clásica” no es más que una representación simplista y reduccionista de un complejo de conocimientos y praxis que permitieron tanto la consolidación de la estatalidad moderna y de sus tecnologías de administración y regulación poblacionales y territoriales, como de las formas de interacción que se establecieron en la escala mundial, caracterizada por su conflictividad y por su carácter competitivo y dinámico, propios de la mundialización del capitalismo histórico. De esta manera, lo que se presenta como un debate cerrado, con contenidos fijos y formas establecidas, es en realidad no solamente una reflexión teórica o estratégica, sino un conocimiento-poder, una praxis productiva que ha acompañado a la conformación del mundo contemporáneo y que, por ello, no puede tener ya una forma acabada o realizada, sino que responde al propio dinamismo del cual emana y al cual sostiene. En otras palabras, no existe una escuela o tradición de pensamiento que podamos denominar como “geopolítica clásica”, sino que lo que existe es una racionalidad geopolítica que, como podrá observarse en este libro, se emparenta en cada momento, y desde un inicio, con el campo de la biopolítica, que tampoco es una apuesta teórica sino un proceso histórico.

Dicho lo anterior, también pierde todo sentido hablar de una “geopolítica crítica” o de cualquier otro apellido que busque alejarse de la “tradición clásica”. Lo que se vuelve crítico no es la geopolítica, sino la reflexión y la praxis social que lleva a plantear la posibilidad de producir otras espacialidades que contravengan al “espacio dominante” (Lefebvre, 2013). Los procesos de “apropiación espacial” se encuentran en el centro de esa dinámica y son ellos los que producen y se hacen acompañar de saberes y praxis derivadas de una crítica profunda a la espacialidad dominante, a las formas de control, administración, vigilancia y regulación que se han instaurado como consecuencia de una racionalidad y praxis biopolítica/geopolítica emanada de las relaciones y desigualdades de clase, raza y género que sostienen al moderno sistema mundial (Wallerstein, 2010).

Parte de la apuesta colectiva que hemos hecho en este libro, es discutir a profundidad estos elementos. Por ello, no es de extrañarse que los dos primeros capítulos retomen a autores de esa “geopolítica clásica”, pero no para volver a una repetición infinita de frases descontextualizadas y acomodadas en una narrativa útil para cualquiera que sea el planteamiento que quiera hacerse, sino para analizar la apuesta y propuesta original que en cada caso se hizo, contextualizando el pensamiento de los autores correspondientes y rescatando, por lo tanto, el debate más amplio al cual responden sus reflexiones. Ello nos ha permitido alejarnos de los determinismos, esencialismos y simplismos que, creemos, no son propios de aquellas propuestas –al menos no en el sentido que comúnmente se les ha dado–, sino que han sido agregados posteriormente que responden, por una parte, a la hiper-parcelación del conocimiento en campos de especialización muy específicos, mientras, por la otra, a un conocimiento-poder que se sirve del reduccionismo y la simplificación para sus fines de instrumentalización y control de la reflexión y la praxis sociales.

Al mismo tiempo, este ejercicio nos permitió profundizar en debates y discusiones más amplias que, por una parte, trascienden la escala privilegiada del análisis geopolítico, la mundial, para abrir la posibilidad de plantear la comprensión de dinámicas transescalares muy complejas, mientras que, por otra, permiten comprender nuestra intrincada realidad contemporánea, a la luz de los procesos reales que acontecen en ella, y no a partir de representaciones estáticas y formas ontologizadas que pretendidamente responden a elementos invariables y trans-históricos de la realidad social, únicamente existentes en el simplismo teórico-metodológico de los enfoques denominados “clásicos”.

Cuando convocamos al “Seminario Internacional sobre Geopolítica Crítica”, celebrado en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, del 25 al 27 de septiembre de 2019, pensamos precisamente en abrir un espacio de diálogo, confrontación de ideas y tradiciones de estudio, así como de análisis de distintos casos específicos, que permitieran precisamente rebasar los marcos tradicionales en los cuales se ha encasillado el análisis geopolítico. El resultado fue una rica discusión y presentación de análisis y estudios que abarcaron desde aspectos teórico-metodológicos, hasta los resultados de estudios concretos sobre casos específicos en distintas escalas y regiones del mundo que, no obstante, compartían la preocupación por fortalecer una reflexión geopolítica desde una perspectiva crítica. Una parte de la discusión se centró precisamente en la denuncia y la crítica profunda hacia los conocimientos y praxis de la dominación, mientras otra parte lo hizo en torno a la necesidad de propiciar y procurar procesos de apropiación espacial que confronten, reten y cuestionen al espacio dominante. Cada aportación, no obstante, responde a tradiciones, experiencias y praxis distintas, que reflejan tanto la formación de quienes las propusieron, como distintos contextos socio-políticos en los cuales se produjeron.

Al contrario de considerar ello como una debilidad, encontramos en esta diversidad la oportunidad de nutrir una discusión que hemos iniciado anteriormente (Herrera, 2018; Herrera, 2020) sobre la necesaria reconceptualización y reinterpretación de la geopolítica. Lo que descubrimos en este amplio y diverso debate, fue una crítica profunda al simplismo teórico-metodológico de la llamada “geopolítica clásica”, pero así también numerosas propuestas para analizar nuestra contemporaneidad en su complejidad transescalar y multiterritorial, en los distintos desarrollos geográficos desiguales que la conforman y en el sentido de totalidad que le dota a todo ello la propia escala mundial.

Por ello, decidimos convocar a quienes generosamente participaron en aquel seminario, para que profundizaran sus reflexiones y propuestas y, después de aquella experiencia de intercambio y confrontación de ideas, las presentaran en forma de capítulos que ahora conforman la presente obra colectiva. La respuesta que recibimos fue bastante favorable y gracias a ella se ha podido conformar este libro que consta de diez capítulos que reflejan una diversidad de temas que, no obstante, giran en torno a la geopolítica, la necesaria reconceptualización de esta y la apertura de nuevos horizontes para el análisis socio-espacial.

El libro se divide en cuatro partes, que contienen entre dos y tres capítulos cada una, y que responden a un ordenamiento guiado por el tipo de discusión que en ellas se desarrolla. La primera está destinada a debatir, teórica y metodológicamente, la geopolítica, por lo cual se retoman y se hace referencia a discusiones de la llamada “geopolítica clásica”, pero atendiendo sobre todo a la racionalidad política y estratégica de su propio contexto histórico, así como a la necesaria reevaluación de sus postulados a la luz de los procesos actuales. Es decir, no se trata de una nueva revisión biblio-monográfica, sino un cuestionamiento crítico y una reflexión actual de los postulados que entonces se enunciaron, buscando aportar a la larga discusión con respecto al debate de autores y corrientes, pero así también buscando aportar claves para nuestro tiempo.

Deborah Cowen inaugura la discusión con el capítulo “The Geopolitics of Infrastructure: MAPPING IMPRINTS OF EMPIRE”. Hemos decidido presentar la versión en inglés, como originalmente fue enviada por la autora, respetando así el sentido de la discusión y las ideas que ha querido reflejar. El ensayo continúa una serie de trabajos que Cowen (2010; 2014) ha venido realizando los últimos años con respecto al análisis de la racionalidad logística en el capitalismo contemporáneo, así como de la violencia y la lógica geopolítica que le acompañan. También profundiza en algunos aspectos que la autora ha reflexionado sobre las infraestructuras y su papel en el proceso de producción espacial y en las formas de colonización que han producido también al sistema mundial y a las diversas escalas que le conforman (Cowen, 2020). El capítulo que ahora se presenta, aborda una reflexión inicial sobre las aportaciones que el almirante Alfred Thayer Mahan hiciera a finales del siglo XIX en Estados Unidos, en el contexto de las pugnas inter-imperialistas e intercapitalistas que entonces caracterizaron la dinámica del sistema mundial. Partiendo de la dimensión logística del pensamiento de Mahan, Cowen se centra en “cómo el imperialismo se organiza a través de la operación cotidiana de las infraestructuras”, desde hace un siglo hasta ahora, poniendo énfasis en la capacidad de control y penetración territorial, así como social y poblacional que ello conlleva, por lo que no centra la mirada en la escala mundial, sino en una dinámica trans-escalar. De igual manera, realiza una contribución que plantea “a los sistemas socio-técnicos como fuerza material clave a partir de la cual la geopolítica se constituye y es disputada”, siguiendo la dialéctica espacio dominante / espacio dominado establecida por Lefebvre (2013).

En el siguiente capítulo “El bíos, el geo y la política. Aproximaciones al régimen biopolítico/geopolítico”, David Herrera centra la discusión en la relación histórica existente entre biopolítica y geopolítica. Más que una propuesta teórica o de interpretación de la historia, propone vislumbrar al régimen biopolítico/geopolítico como una producción concreta que se ha mundializado y que posee diversas expresiones desiguales y diferenciadas, por lo que se requiere de una intermediación teórica para comprenderlo. Para ello, analiza el pensamiento de Rudolf Kjellén y las propuestas que originalmente realizó en torno a la biopolítica con sus dimensiones natural y cultural, que comprenden, entre otras, a la geopolítica. También presenta diversas reflexiones biopolíticas que, después de Kjellén, propusieron el gobierno y regulación de la vida como centro de la política. A partir de este punto original, Herrera realiza un análisis sobre la manera en cómo biopolítica y geopolítica se configuran como procesos indisolubles, para lo cual muestra diversas evidencias que se encuentran en experiencias históricas distintas, expresiones concretas de la consolidación de determinadas hegemonías, algunas de las cuales han tenido la posibilidad de mundializarse. De esta manera, la Geopolitik, la Geopolitics y la seikatsu ken japonesa, entre otras, no son versiones o traducciones de una única “raíz geopolítica”, sino manifestaciones utilitarias de relaciones de poder y correlaciones de fuerza, es decir, de bloques históricos concretos, que se expresan en distintas racionalidades de gobierno e instrumentalización del espacio social, mismas que podemos identificar como “geopolíticas”. Este estudio también se adentra en las profundas transformaciones ocurridas en el régimen biopolítico/geopolítico a partir de la crisis de sobreacumulación de la década de 1970 y la manera en cómo todo ello impacta nuestra contemporaneidad.

En la segunda parte del libro se busca recuperar y establecer una serie de argumentos que permitan trazar esquemas comprensivos sobre el desarrollo desigual en su dimensión espacial, es decir, abordar cómo el ejercicio y despliegue del poder se realiza en y a través de la producción del espacio. La apuesta se dirige a abrir un campo de reflexión teórica y metodológica sobre la geopolítica como mediación fundamental de la desigualdad. Ninguno de los capítulos pretende construir miradas cerradas y/o definitivas, todo lo contrario, se trata de apuestas de abrir campos de discusión teórica y metodológica sobre el desarrollo desigual como condicionante de las configuraciones espaciales del capitalismo como proyecto histórico. Al respecto, se evidencia la importancia de abonar en los vínculos analíticos entre geopolítica y desarrollo desigual para adentrarse en la comprensión de diversas problemáticas actuales, pero también como posibilidad de interpelación de las narrativas dominantes, aspecto que consideramos altamente significativo dentro de la propia articulación de la geografía y sus diálogos interdisciplinarios.

Neil Brenner señala que las aproximaciones teóricas sobre el desarrollo desigual tienen como finalidad el análisis de:

la distribución profundamente polarizada de los activos socioeconómicos, las formas de influencia geopolítica, la hegemonía ideológica, y las condiciones de la vida cotidiana, no solo entre las distintas poblaciones, sino también entre espacios posicionados diferencialmente en el seno del sistema global capitalista (Brenner, 2017, p. 199).

Intenciones que de diferentes formas y estrategias metodológicas se buscó realizar (o acercarse) en cada uno de los tres capítulos que componen esta sección del libro. Así, en el primer texto “Desarrollo geográfico desigual, justicia espacial y asimetrías territoriales”, Liliana López Levi apunta la reflexión hacia la pertinencia de generar un diálogo entre los conceptos de desarrollo geográfico desigual y justicia espacial con la finalidad de aproximarse al análisis de los problemas socio-territoriales, resaltando el carácter complementario que resulta del debate teórico y metodológico de ambos conceptos. La autora indica como la desigualdad en sus múltiples dimensiones ha sido un tema involucrado en las discusiones sobre los derechos humanos en la modernidad desde la Revolución Francesa y la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano a finales del siglo XVIII, y como desde la perspectiva espacial tesis desarrolladas por geógrafos marxistas como David Harvey y Neil Smith marcaron pautas de discusión, la cuales si bien evidenciaron la vigencia de la discusión, requieren ser cuestionadas para replantear los propios conceptos de desarrollo y de desigualdad y desdoblar el diálogo a la justicia socioespacial. Lo anterior lleva a López Levi a debatir si sigue siendo pertinente utilizar los términos que sirvieron para explicar la realidad del capitalismo en el siglo XX y, por lo tanto, si continúa siendo vigente hablar de desarrollo geográfico desigual. En este sentido, la lectura de este texto frente a los otros dos que conforman esta sección abre líneas de debate conceptuales que permiten confrontar argumentos, ideas y planteamientos teóricos que consideramos fundamentales para el desarrollo de ejercicios analíticos plurales, comprometidos y críticos, demostrando, además, la necesidad de estos diálogos dentro del quehacer cotidiano de la investigación.

En el segundo capítulo titulado “Desarrollo geográfico desigual: andamios para un esquema comprensivo”, Fabián González presenta una discusión directa sobre la articulación entre el desarrollo desigual y la geopolítica como mirada crítica a las reconfiguraciones del poder en sus despliegues espaciales, proponiendo un esquema comprensivo basado en tres ejes interconectados y mutuamente determinados: el desarrollo geográfico desigual como reescalamiento de clase; la organización espacial como despliegue de la afirmación del Estado; y el desarrollo desigual como vaciamiento de lo político en las geografías del capitalismo. Para alcanzar lo anterior, el autor comienza recuperando el llamado “giro geográfico” para posicionar al espacio y su producción como apuesta epistemológica fundamental que permite desdoblar a la geopolítica como estrategia metodológica. Continúa con el diálogo del desarrollo geográfico desigual y sus formas de concreción escalar que le permite arribar argumentativamente al esquema señalado, mismo que no se plantea como un modelo cerrado sino como un piso de apertura para el desenvolvimiento de un programa de investigación sobre espacialidad, dominación y violencia.

Para cerrar esta sección, Juan Manuel Sandoval presenta el capítulo de “El Espacio Global para la expansión del capital transnacional y las Zonas Específicas de Intensa Acumulación (ZEIA) del “Proyecto Mesoamérica”: Los casos del Istmo de Tehuantepec y la Península de Yucatán” donde pone en operación al desarrollo geográfico desigual para analizar las formas de articulación y los mecanismos que impulsan los Estados nacionales, el capital y las trasnacionales como medios de ajuste espacial, abordando sus despliegues de territorialización y reterritorialización a partir de los dos casos de estudio indicados en el título. Sandoval explica como en esta nueva fase de expansión del capital trasnacional avanza combinando formas extensivas e intensivas que van borrando los obstáculos y limitantes institucionales, económicos y sociales, generando una estrategia de espacios globales que se define a partir de la articulación de Zonas Específicas de Intensa Acumulación. El trabajo del autor evidencia la relevancia teórica y metodológica del desarrollo desigual, y la pertinencia de su constante debate, para abordar proyectos específicos que están reconfigurando la producción económica y reproducción social en las geografías del capitalismo.

La tercera parte del libro está compuesta por dos ensayos que abordan la geopolítica desde una dimensión relativamente poco explorada: el espacio público, lo cual, representa una apuesta analítica muy significativa, ya que es una muestra de la amplitud metodológica que tiene la geopolítica y algunos de los posibles anclajes compresivos que se pueden derivar de esta. La literatura y los debates sobre el espacio público son muy amplios y variados, tanto en aspectos conceptuales como de temas involucrados, sin embargo, consideramos que uno de los grandes ausentes es la geopolítica, de tal manera que la apuesta que realizan las autoras de los capítulos nos parece muy significativa y permanente. En estos estudios la geopolítica deja su ámbito clásico de los conflictos internacionales para pensar la realización espacial del poder en otra escala, reconociendo a la propia producción de escalas como la primera forma de diferenciación espacial.

El ensayo “Estrategias de la gubernamentalidad en la gestión del espacio público y la identidad indígena en la Ciudad de México” de Luisa Rodríguez y Fernanda Tejada desarrolla una reflexión sobre las formas en que el poder se realiza en el espacio público como una forma de expresión de la geopolítica como proyecto de dominación de clase. De esta manera, las autoras recuperan la perspectiva de gubernamentalidad de Foucault como estrategia para abordar las contradicciones y ambivalencias que el poder ancla en los espacios públicos y sus implicaciones y consecuencias en los procesos de identidad de los pueblos indígenas u originarios en la Ciudad de México. A partir de la aproximación geopolítica, Rodríguez y Tejada identifican y discuten tres contradicciones en el proceso de gestión de la identidad de los pueblos indígenas a través del espacio público: la homogeneidad-diversidad; lo individual-colectivo; y la inclusión-comercialización, concluyendo como éstas representan mediaciones centrales en el ejercicio de gubernamentalidad.

En el otro ensayo de esta sección “Geopolítica y Producción Discursiva del Espacio Público en Gobiernos Progresistas de América Latina: Despolitización y transformaciones socioespaciales”, Carla Filipe Narciso traza un análisis desde la geopolítica sobre las condiciones de especificidad del espacio público en América Latina, colocando su interés en los ajustes estructurales que éste ha experimentado dentro del proyecto neoliberal y en la principales teorías y narrativas que se han generado. La autora toma como punto de partida al espacio público como dimensión política e ideológica que legitima, hace visible y consolida un discurso que homogeniza a las clases sociales a través de la acción del Estado y las élites, instrumentalizando una neutralización del concepto que despolitiza a la propia teoría. Para lo anterior, retoma a los “gobiernos progresistas” en la región para abordar los procesos en que las teorías sobre el espacio público invisibilizan problemas estructurales como la fragmentación y la segmentación socioespacial. De esta forma, en el texto se articula un diálogo muy significativo en torno a las dos siguientes preguntas que Filipe Narciso coloca como ejes de reflexión: ¿Por qué hablar de una geopolítica del espacio público? o ¿en qué medida la geopolítica del espacio público nos permite entender su configuración, uso e implicaciones espaciales en América Latina?

La última parte de esta obra está destinada a analizar la escala mundial y su interacción con otras escalas. La conflictividad internacional se ha visto incrementada las últimas décadas, como consecuencia de numerosos procesos relacionados con la rivalidad intercapitalista, los planes de dominación y ordenación del espacio mundial, las confrontaciones estratégicas entre diversos intereses, así como la alteración y cambio en las jerarquías mundiales definidas por las relaciones de poder imperantes. De igual manera, se han observado formas de reescalamiento de numerosos procesos estratégicos que definen la articulación diferenciada de lugares y regiones a la propia dinámica del sistema mundial.

Ana Teresa Gutiérrez del Cid, en el capítulo “Los intereses geopolíticos de Rusia”, explora las prioridades geoestratégicas de la Federación Rusa después de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y frente a los profundos procesos de cambios y transformaciones que se derivaron del fin de la Guerra Fría y de la acelerada competencia intercapitalista de las últimas tres décadas. Al definir los intereses nacionales y de seguridad de Rusia, Gutiérrez del Cid explora el contexto de rivalidades y confrontaciones estratégicas que caracterizan al escenario internacional actual, así como la manera en cómo ello ha derivado en la formación de intereses geopolíticos y geoestratégicos concretos durante las administraciones de Vladimir Putin. Como afirma la autora, para Rusia “es totalmente legítima la creación de zonas de seguridad geopolítica, cercanas en sus dimensiones a las de la influencia geopolítica que tenía la URSS”, para destacar la manera en cómo la Federación plantea un reposicionamiento geoestratégico de gran envergadura en el contexto internacional del siglo XXI.

Por su parte, en el capítulo “El diseño geopolítico de la hegemonía estadounidense a veinte años del surgimiento de la dominación de espectro completo”, Cesari Irwing Rico elabora un análisis de la estrategia de Dominación de Espectro Completo (DEC) que fuera planteada en Washington a finales del siglo pasado. Al partir de la idea de la imposibilidad de materializar el planteamiento estratégico en todas sus pretensiones, Rico propone analizar los alcances y las limitaciones de la DEC a la luz de la forma en cómo esta buscó ser implementada durante las administraciones de George W. Bush (2001-2009), Barack Obama (2009-2017) y Donald Trump (2017-2021), así como las transformaciones que los planteamientos estratégicos sufrieron a partir de su ejecución. El capítulo se centra en tres objetivos que han definido el actuar geoestratégico estadounidense las últimas décadas: 1) asegurar el acceso irrestricto a recursos estratégicos; 2) controlar la competencia geoestratégica mundial; y 3) evitar el surgimiento de movimientos sociales o sujetos colectivos que pongan en cuestionamiento la hegemonía de Estados Unidos. A partir de ello, Rico realiza una evaluación de la DEC a veinte años de su implementación, pero también plantea un panorama actual de las articulaciones y rearticulaciones geoestratégicas que definen el actuar de Estados Unidos en el mundo.

Por último, Federico Saracho, en el capítulo “La construcción de la Región. Nueva York y la producción de América del Norte en el Sistema-Mundo”, elabora un análisis sobre la producción histórica de la región, tomando como caso a Nueva York y su relación con América del Norte. Continuando con discusiones que antes hemos sostenido sobre el poder infraestructural, concepto que resalta la manera en cómo las relaciones de poder se ejercen también a partir de sistemas sociotécnicos de alta complejidad que materializan las formas de autoridad y gobierno, Saracho enfoca la mirada en la manera en cómo se dio la articulación territorial que permitió a Nueva York ser una de las centralidades más relevantes en Estados Unidos y, posteriormente, en América del Norte, al mismo tiempo que observa la interacción dialéctica con el Sistema-Mundo que produjo las condiciones de posibilidad para esa centralización. De la misma manera, propone observar la producción de la región norteamericana desde una mirada trans-escalar, que dé cuenta de la manera en cómo el entorno sistémico y las estructuras espaciales, permiten la producción de las denominadas “ciudades globales” y de las regiones económicas que componen el mapa del capitalismo mundial.

PARTE I

GEOPOLÍTICA

THE GEOPOLITICS OF INFRASTRUCTURE: MAPPING IMPRINTS OF EMPIRE

DEBORAH COWEN

This chapter explores the long and violent histories and imperial geographies of infrastructure as a vital yet understudied terrain of geopolitics. Engagements with infrastructure in the field of geopolitics are relatively rare; infrastructure is often managed as a technical and banal matter, best left to the authority of professionals, outside the realm of power and struggle. Seemingly simple it its profound materiality, the study of infrastructure has historically been the purview of applied fields like engineering and business management. While we have seen growing interest in more conceptual questions about infrastructure from fields across the humanities and social sciences in recent years (Simone, 2004; Robbins, 2007; Graham, 2010, Coward, 2015; Berlant, 2016; Wilson, 2016; Pasternak & Dafnos, 2018), geopoliticians have rarely chimed in on these debates (see Flint & Zhu for important exception). This contribution pushes back against the tendency to leave infrastructure to experts of its design and finance, and instead posits socio-technical systems as a key material force through which geopolitics is constituted and contested. This work investigates how imperialism is organized through the everyday operations of infrastructure, so that we may better apprehend opportunities to assemble and reproduce life otherwise. Foregrounding resistance, refusal, and the reuse of infrastructure in anti-colonial struggles, it insists that infrastructure is not only at the centre of a geopolitics of imperial violence – it is also vital to socio-ecological justice and transformation.

I offer two entangled arguments to support this claim. First, I suggest that infrastructure underpins geopolitical and geo-economic power, or put more simply, that infrastructure offers a map of what Glassman (2011) terms geopolitical-economy. I explore how infrastructures are produced by particular configurations of racial capitalist and settler colonial power, and suggest that understanding the ways these socio-technical systems are made and contested can help us to better diagnose relations of power and force. In this sense infrastructure can reveal operations, relations and logistics of power and its contestation. And yet, perhaps even more important is the related but distinct question of the infrastructures of geopolitics –the means through which particular configurations of imperial power are enacted and reproduced. This chapter will suggest that the infrastructures of geopolitics –that which underpins contemporary geopolitics and renders the forms it does– are materialized through socio-technical systems. The infrastructure of geopolitics is infrastructure itself.

Second, I want to suggest that infrastructure has been particularly powerful in the making of the national body politic and its imperial ecologies. Infrastructure is often invoked as a powerful metaphor for the body politic –pipes and cables and rails are conceived as national skeletons and circulatory systems (LaDuke & Cowen, 2020). Yet, infrastructure constitutes the material ‘body’ of the polis itself –a paradigmatic cyborgian body (cf. Haraway, 1991)– that is literally assembled through socio-technical systems (Cowen, 2019). Because infrastructure is the making of the body politic it is not only the physical force of state power ‘externally’ and ‘internally’, it also constitutes the national border that defines the limits of state jurisdiction. In settler colonial contexts, it is through the extension of infrastructure into Indigenous lands that ‘domestic’ state jurisdiction is assembled (Pasternak 2017; Karuka, 2019). As infrastructure makes political bodies, it also reconfigures entire ecologies. Tracing connections between contemporary and historical moments of infrastructural expansion highlights how vital socio-technical systems are to the consolidation and reproduction of geo-political power, while it also demonstrates that struggles over roads, rail, ports, and cables – are often struggles over the most urgent political matters of jurisdiction and sovereignty, of planetary ecology, and over the future of life itself.

CLASSIC GEOPOLITICS AND THE INFRASTRUCTURES OF EMPIRE

While classic geopoliticians did not commonly use the language of infrastructure or self-consciously prioritize infrastructural matters in their analyses, key thinkers in this tradition nevertheless offer profound insights on the vital role of infrastructure for geopolitics. Captain Alfred Thayer Mahan –one of the ‘forefathers’ of the field– is best known for his writings on sea power in his service to the nascent American empire. Mahan undertook extended study of the histories and geographies of the British Empire’s military power, elaborating specifically on the role of naval capabilities in its ascent. These studies underpinned his arguments for the United States to invest aggressively in a buildup of maritime forces. Yet, in outlining his theories of sea power, Mahan exposes something arguably –even more significant– a profoundly logistical lens on the making of the British Empire.

In this reading, maritime power is definitive at a particular conjuncture, but within a wider logistical conception of imperial power that concerns terrestrial as well as maritime landscapes. For Mahan the need to effectively fuel martial forces defines the geography of empire. Without naming it such, Gerry Kearns (2010) elaborates on Mahan’s logistical conception of empire, explaining how, “he examined the British Empire as a series of coaling stations and friendly harbours that enabled the British to bring their force to bear wheresoever they wished, while denying a comparable mobility to any rival”. Kearns continues, suggesting that “Mahan more often looked to foreign acquisitions to “provide resting places” for American warships, “where they can coal and repair.” Indeed, for Mahan, the geography of British colonies could be mapped according to a simple logic of fueling maritime forces. We see this logistical logic in his classic text, The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783, where Mahan (1890) writes “this combination of useful harbors and the conditions of the communications between them constitute… the main strategic outlines of the situation.” Mahan further traces how the need for fueling stations only intensifies with the replacement of sailing ships with steam engines. He writes, “the necessity of renewing coal makes the cruiser of the present day even more dependent than of old on his port.” He continues, insisting that, “stations of this kind have always been necessary, but are doubly so now, as fuel needs renewing more frequently than did the provisions and supplies in former days”.

Mahan spends much time discussing the sea and the decisive construction of naval infrastructures – ports, fueling stations, and the Panama Canal. But he also recognizes the power of land. For Mahan land and sea were always in tight relations of circulation. Even as he is defining the power of the sea, he uses the terrestrial metaphor of a highway, Indeed, he conceptualizes the sea as “a highway for commerce and also for hostile attacks upon countries bordering on it” (emphasis mine). As we will see later, Mahan even reflected on the strategic value of particular railroad ventures as key links in wider Imperial circulatory systems. However, it is not his emphasis on sea power or its relation to land that are of specific interest to me here, but rather the logistical lens he brings to the question of empire. Mahan equates geopolitics to a kind of national logistics –concerned with the calculative and instrumental logic of fueling imperial mobilities, and protecting circulation and the infrastructures that underpin it. In other words, in Mahan’s work, empire is organized according to logistics, which in turn relies on infrastructure.

Given this logistical approach inherent in Mahan’s geopolitics, it is perhaps no great surprise that his thinking was deeply influenced by the Swiss military strategist Antoine-Henri Jomini (Seager, 1977; Russell, 2006: 126). Jomini ([1836] 2009: 189) emphasized that logistics was dedicated to the important but unglamorous work of getting “men and materials” to the front. He is sometimes known for having coined the modern use of the term ‘logistics’, emphasizing that fueling and supplying the battlefield and the battlefront was reshaping the art of strategy. In fact, for Jomini, logistics had become the driving force of modern warfare. He makes a case for the ascending importance of logistics to warfare, arguing that “if we retain the term [logistics] we must understand it to be greatly extended and developed in signification, so as to embrace not only the duties of ordinary staff officers, but of generals- in-chief”. It is with the rise of petroleum, oil and lubricants (POL) that “to a far greater extent than in the eighteenth century, strategy becomes an appendix to logistics.” War became logistical as it became anchored in carbon and the State became logistical as it became anchored in carbon fueled war and trade.

THE CONTEMPORARY GEOPOLITICS OF INFRASTRUCTURE

Engaging imperialism through a logistical lens in this manner opens a critical perspective on contemporary struggles over infrastructure –one that refuses technocratic and depoliticizing discourses. Indeed, today we can see a massive build out of empire/states through infrastructure, and a rush of private capital into its financing. Perhaps the most dramatic example of the current infrastructure craze is in the Chinese-led ‘One Belt One Road’ initiative, also known as ‘the new silk road’. This massive land and sea supply chain infrastructure project entails enhanced circulatory infrastructure between China, South Asia, the Middle East, East Africa, and Europe, and is projected to cost over $1 trillion USD (Kuo & Komenda [n/d]; see also Flint & Zhu, 2019).

This massive project is also connected to the assemblage of a new transnational financial body – the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). The AAIB, with a capitalization of $100 billion and over a hundred member states is challenging the hegemony of the Bretton Woods institutions, and American centred geoeconomic imperialism more broadly. The AAIB has achieved this scale and importance despite active efforts by the US to dissuade other states from joining, indexing shifting geopolitical power as it helps to concretize these shifts. Indeed, Thakur (2015) writes, “The stampede of applications from Western governments in Europe and Australasia to become founding members of the AIIB before the end of March deadline, in defiance of U.S. objections, marks a stunning success for China over a petulant U.S. and surly Japan. The latter succeeded in isolating themselves instead of China”. The scale of this undertaking and its anchor in infrastructure is indicative of the deep entanglement of financialization and infrastructure on a global stage, while it also speaks to the ways in which infrastructure investment has become a key domain of geopolitical contest between the US and China.

Writing in the summer of 2019, it is perhaps the destruction of the Amazon rainforest that most painfully exemplifies the social and ecological stakes of infrastructure’s geopolitics. This year, nearly 40,000 fires have destroyed close to 500 square miles of the rainforest –a key planetary ecosystem that belongs not simply to Brazil or even Latin America, but which is understood as the lungs of the world. This ecosystem produces approximately a fifth of the world’s oxygen supply. The moisture that evaporates from the Amazon is important for farmlands across South America and all the way to the U.S. Midwest, where it falls to the earth as rain. The extraordinary species diversity within the Amazon is unparalleled on the planet. Protection of the Amazon, 60 percent of which stands within territory claimed by Brazil, is crucial to the continued existence of life on earth as we know it. The fires themselves have garnered tremendous global media attention, but less prominent in the coverage is the ways in which deforestation is deeply tied to infrastructure development. Fire is the means but infrastructure development is the force prompting this massive ecological transformation. Infrastructures are the literal and physical the face of imperialism in the Amazon. The opening of new roads, railways, power lines, ports and industrialized waterways in the Amazon has been a key factor in the transformation in the region. Deforestation closely and clearly follows the development of new road infrastructure; satellite images show how clearly the roads themselves cut into and fragment forest canopy and intensify circulation and traffic in the Amazon. Infrastructure serves as vector for deforestation with 95% of it taking place within 5.5 km of a roadway. These roads, along with rail and industrial waterways, furthermore enable development of a series of other socio-technical systems; energy, industrial agricultural and extractive systems become possible when transportation makes new lands accessible. In fact, in terms of land use –cattle ranching has become the largest driver of deforestation in every country with jurisdiction in the Amazon, accounting for 80% of the current deforestation rates, but it is the transport infrastructure that enables their development. The Brazilian government has been advancing the Plano de Crescimento Acelerado, or Growth Acceleration Program since 2007, anchored in infrastructural development across the country. Athayde (2014) notes that “Brazil’s next frontier for exploiting hydroelectricity, minerals, and timber”. Holmes (2019) explains that Amazonian infrastructure expansion is a linchpin in Bolsonaro’s broader economic plans, and Walker (2019) reminds us that Bolsonaro made the development of the Amazon a core campaign pledge. This means that Brazil is planning “to build a series of big new hydroelectric dams and webs of waterways, rail lines, ports and roads that can overcome logistical obstacles standing in the way of exporting commodities and other goods”. If all the components of Bolsonaro’s current plans are completed, 40% of the Amazon could be deforested (Walker, 2019).

One immediate instinct is to question the deepening entanglement of Brazil into Chinese infrastructure finance and development circuits. Indeed, Brazil recently moved to sign on as a member state of the Asian Infrastructure Investment Bank (Ennes, 2020), and Chinese banks are already heavily invested in Brazilian infrastructure projects (Haitong, 2015). As Ray (n/d) explains, Brazil is one of the six South American nations that applied for membership in the Asian Infrastructure Investment Bank, and China “has also invited Latin American and Caribbean countries to join the “Belt and Road Initiative” of infrastructure links between Asia and the world”. China’s presence in Latin America is growing, while it is also changing. China’s place in Latin America has “not only been growing in size but also shifting from a focus on extracting raw materials toward financing infrastructure necessary to produce and transport them”.

Brazil is arguably a key stage of imperial competition over and through infrastructure between the US and China. Key plans and deals for infrastructure expansion in the Brazilian Amazon have been unfolding in the United States. New trade deals were established in 2019 between the American and Brazilian governments, and while there are few details available to the public, infrastructure investment is both the focus and vehicle for economic cooperation. In September 2019, Tarcísio Gomes de Freitas, Brazil’s infrastructure minister, reported on talks with the US: “We have major programs of concessions in all areas that will transform our infrastructure, logistics and competitiveness. We want to rely on US experience, technology and funding, so we are working to build an attractive and safe business environment for foreign investors”. A little over a year later, in October 2020, a $1billion (USD) MOU was signed between the two countries. An interim report from March 2020 specifically described a key goal of the emerging agreement being to close the gap between China and US investment in Brazil’s “growing infrastructure construction” of which China accounts for 7% and the US only 2% (Wemer, 2020).

US based corporations are heavily implicated in the development of Amazonian infrastructure. Grim (2019) goes so far as to name Blackstone’s CEO as the “driving force behind Amazon Deforestation”. In an investigation for the Intercept, Grim notes that US-based Blackstone –one of the world’s largest investment firms– has major stakes in an enormous terminal and highway project to support industrial agriculture expansion. Blackstone owns companies that are leading and financing the project –terminal operator Hidrovias do Brasil, and Pátria Investimentos. Grim reports that these companies, “have wrested control of land, deforested it, and helped build a controversial highway to their new terminal in the one-time jungle, all to facilitate the cultivation and export of grain and soybeans”. In the spring of 2019, The Bolsonaro administration announced that Hidrovias would partner in the privatization and development of hundreds of miles of a major highway through the Amazon –the B.R. 163– in order to make possible the broader transformation of the Amazon from jungle to farmland.

While Blackstone invests in infrastructures to transform the Amazon into a massive soybean plantation, another enormous US investment firm funnels funds into Amazonian cattle ranching. BlackRock, an offshoot of Blackstone, which manages more than $6 trillion in investments, has invested heavily into the industrial cattle sector through one of the largest and most notorious Brazilian firms. JVS, which has been described as ‘spectacularly corrupt’ processes a third of all beef exports from Brazil (Mackey, 2019). BlackRock increased its stake in JVS in 2016 by 41 million, and again in 2018 despite claiming to be concerned with committing to environmental sustainability.

This infrastructural incursion into the Amazon is fueling the displacement and dispossession of Indigenous people and Amazonian Afro-Brazilians and provoking widespread resistance. Brazil’s current administration blatantly undermines Indigenous self-determination, yet when it comes to the Amazon peoples, this appears to be more the rule than the exception. Dias (2019) writes, “For more than a century, a series of Brazilian governments have sought to move into the country’s interior, developing –or, to be more precise, colonizing– the Amazon”. In 2019, while the fires burned, General Otávio Rêgo de Barros, Bolsonaro’s presidential spokesperson tried to allay concerns about Indigenous peoples of the Amazon while recentering the focus on ‘national interest’ when he explained that “the Indians will be consulted, but national interest must prevail”. This is hardly changed language from the colonial stance of the Brazilian state in 1975, when road construction through the Amazon saw the murder of thousands of Indigenous Amazonian people. In 1975, Col. João Tarcísio Cartaxo Arruda, explained “This road is important and must be constructed, whatever the cost. We will not change its layout, and the only burden for our battalions will be to pacify the Indians” (Dias, 2019).

INFRASTRUCTURE’S IMPERIAL ECOLOGIES

In North and South America, railroad colonialism transformed

bountiful prairie lands into massive monocrop areas

for beef, pork, and grain production.

Karuka, 40

Today in Brazil, cattle are being implanted into the Amazon landscape as central in the widespread deforestation, in a process of agro-industrialization underpinned by infrastructure. But this is not the first time such a massive incursion of colonial infrastructure has served to implant industrial agriculture in place of Indigenous peoples lives and Indigenous ecosystems. The massive incursions of infrastructure into the Amazon, and especially the emplacement of cattle on such a vast scale so as to remake an entire continental ecology, is strangely reminiscent of another case from a different time and place in the Americas. In the second half of the nineteenth century, the entire central North American ecology was violently and rapidly transformed through a different configuration of colonial infrastructure and bovine life. North American colonization and the movement of settlers westwards in the nineteenth century took shape through the building of transcontinental railroads, the slaughter of millions of buffalo, and the genocide of Indigenous ecologies and social worlds.

Railroads were key in the mass killing of an estimated 30 million buffalo that had roamed Turtle Island’s central plains, reaching north to Alaska and the Yukon Territories and south through the state of Georgia. In just a few decades, the buffalo herds were hunted to near extinction with devastating consequences for Indigenous peoples whose ways of life were profoundly entangled with the buffalo whose bodies provided the necessities of life and whose movements shaped plains peoples’ temporarilities and geographies. Settler states saw the buffalo slaughter as logistical warfare to clear the plains; the extermination of plains peoples’ food supply, in order to get them out of the path of European settlement. This is painfully clear in U.S. General Custer’s directive to “Kill every buffalo you can! Every buffalo dead is an Indian gone.’’ Daschuk (2013) has further documented how with the disappearance of the buffalo, “Canadian officials used food, or rather denied food, as a means to ethnically cleanse a vast region from Regina to the Alberta border as the Canadian Pacific Railway took shape.” Daschuk further outlines how deliberate starvation was used to force Indigenous peoples off their territories and into small reserves, where eventually, on the Canadian side of the border, they would require special passes issued by ‘Indian Agents’ of the colonial state if they wanted to leave.

Land was cleared to make way for the railroad but the railroad also enabled the mass slaughter of the buffalo. Accounts from the time describe trains slowing as they met the buffalo, and riffles being passed out to passengers who were encouraged to shoot at the herds. Railroads as killing machines carved up the plains, their tracks and traffic divided the herds, and brought more and more settlers west. As in the Amazon, colonization of the central plains was intended to transform vital and complex more than human ecologies, into capitalist agribusiness. The survey and sale of lands could not proceed until plains peoples’ relationships to the land were severed, and the building of the railroad infrastructure served this goal. In fact, land sales took place even before the railroads were complete, and alongside the mass starvation and forced displacement of plains peoples. This dispossession and displacement in fact helped provoke the 1885 Uprising –a major armed resistance of Metis and Indigenous people against the settler state. If the slaughter of the buffalo was the execution of a plan of military logistics in an imperial warfare against first peoples that was made possible by railroads, the railroad was also the linchpin in the military logistics of troop deployment against Indigenous resistance. In 1885, Metis and First Nations mounted a major armed resistance to Canadian colonial violence, but the new transcontinental railroad made rapid and large scale troop deployment possible. Federal leaders subsequently lauded the railroad for its contributions to national security, and on this basis, justified increased investment in railway construction (Cowen 2020).

As this apocalyptic scene of genocidal violence unfolded in the prairies, land speculators, colonization companies, and the Canadian Pacific Railway’s own internal Department of Colonization worked to transform the plains into real estate profits and farmlands. Speculators from as far away as London, New York City, Toronto, Minneapolis and Montreal were able to purchase tracts of land that measured millions of acres (Martin-McGuire, 1998: 38). Yet, despite the hard drive to fill the new colony, it was only white settlers who were recruited to homestead on the prairies. Entire Black communities attempting to escape racial terror in the newly formed state of Oklahoma, for instance, were actively discouraged from crossing north (Foster, 2019). Indeed, the railroad’s operations transformed Turtle Island in simultaneously practical, material and symbolic registers, all of which were anchored in white supremacy (Cowen, 2020). This was the messy and violent work on the ground that saw the making of Canada. Indeed, it was through confederation when these links between infrastructure, jurisdiction and settler colonialism were forged. In 1867, the Canadian “fathers of confederation” gathered to sign the Constitution, which was understood to birth the Dominion of Canada and which was conditional on the completion of the transcontinental railroad. Railroad infrastructure literally, materially made the Canadian state possible. Section X(145) of the Constitution is explicit, explaining that “in order to give effect to that Agreement”, the rail must be complete “with all practicable speed”. Four years later, British Columbia joined confederation, contingent on the completion of the CPR. In a seemingly circular move, it was also the Constitution that provided the federal government’s jurisdiction in the making of national infrastructure. In other words, the genesis of this settler state was only realized by that same infrastructure that was sanctioned by the Constitution, which presupposes the prior existence of that same settler state (Cowen, 2020b).

While the CPR became critical to the genesis of the Canadian settler state, it was initiated as a project of British imperial expansion. Britain’s strategic interest in a transcontinental railroad across North America were clearly identified by Mahan himself.

[...] having a strong naval station at Halifax, and another at Esquimalt, on the Pacific, the two connected by the Canadian Pacific Railroad, England possesses an alternate line of communication far less exposed to maritime aggression […] as well as two bases essential to the service of her commerce, or other naval operations, in the North Atlantic and the Pacific.

Long before the transcontinental rail was built, it was imagined and organized as a project of British imperial elites. Beginning in the 1840s, British elites pressed for the urgent construction of rail across the Dominion. British military and merchant elites crafted papers, pamphlets and books making the case. The central imperial motive for a transcontinental rail linking British colonies across a vast continental expanse was about connecting Britain to China. In a global context of dramatically expanding infrastructure under U.S. control, including the construction of the Panama Canal and the US transcontinental railroad; the Canadian connection could change the game. Indeed, much like the state of infrastructure expansion in the Amazon today, the building of the transcontinental railroad was deeply entangled in competition between imperial forces. One influential book from the time makes a plea for the British Empire to save itself from decline by building rail connecting the UK to East Asia. Captain F. A. Wilson and A. B. Richards’ 1850 book entitled, ‘Britain Redeemed, Canada Preserved’ made this case:

If we should succeed in carrying out the Railway, we anticipate all these designs of the United States. We leave her and France and the rest of the world to battle for the passage of the Canal; whilst, in case of war by land or at sea, we possess another key to the East, a second entrance, still more grand and secure.

These popular debates were followed by imperial action. A joint committee representing the British Admiralty, the Colonial Office, the Post Office, the Treasury, and the War Office was established to address the situation and central in the committee’s calculations was “the importance of this all-British route to Asia,” which was “shorter than the Suez or San Francisco routes”. As in the present day Amazon, infrastructure expansion historically was a means of competition between imperial powers. The financing for this infrastructure was also imperial in shape and scale. Land sales poured cash into overextended railway companies, but railways were also big business for imperial merchant banks (Karuka, 2019; Ranganathan, 2020). Barings Bank, for instance, provided the desperately needed financing to complete the Canadian railroad, fixing capital that was accumulated through a century of colonial predation and extraction through the transatlantic slave trade (Cowen, 2020a). Baring’s historical role in the construction of the railroad, which Canada’s first Prime Minister termed “the spine of the nation” is boldly marked in the landscape. Revelstoke, an important stop on the rail that stands on traditional Secwepmec lands –was named to honour Lord Revelstoke, otherwise known as Edward Baring, for his role in arranging his family’s bank financing.

REFUSING IMPERIAL INFRASTRUCTURES ACROSS TIME AND SPACE

Colonial infrastructures have been resisted for as long as they have been assembled (Moran, 2016; Karuka, 2019). This is true in the history of Canada as it is in the history of Turtle Island more widely, as the brief mention of the 1885 North West Uprising above suggests. Resistance to railroad colonialism has taken the shape of outright blockades of the tracks and direct attacks on the track infrastructure. Resistance has also made use of the infrastructure to achieve alternate ends. It has taken the shape of Indigenous uprisings and rebellions and everyday sabotage, through labour actions against rail companies by workers of all kinds, and in the use of rail circulation for other-than-intended economies. Resistance and refusal also took shape through the strategic reuse of the rail as an infrastructure that might take the polity elsewhere. In the 1950s, Black workers also known as ‘Pullman Porters’, who had long labored on the rails in starkly anti-Black racist conditions, organized to make national change through their ‘journey to justice’ (McTair, 2000; see also Foster, 2019). This action took shape on the basis of decades of organizing against racism on the rails and for the rights of Black workers and citizens. In 1954, members of the Negro Citizenship Association; an organization founded by rail porters, boarded an Ottawa bound train from Toronto. Accompanied by allies, they travelled to the nation’s capital and made demands that provoked dramatic transformation of the settler state’s immigration system, while reasserting the actually existing geographies of migration and labour that the state relies upon but denigrates (Foster, 2019; Cowen, 2020a).

This kind of mobilization of colonial infrastructure to contest the very relations it has engineered was also powerfully demonstrated in Indigenous resistance. Like the ‘Journey to Justice’, the 1980 ‘Constitution Express’ was built on long histories of organizing for justice and against colonial violence. This legendary rail journey took place in response to Prime Minister Pierre Elliott Trudeau’s moves to ask the UK to repatriate the constitution to Canada. In doing so, Trudeau directly threatened the treaties signed between the British crown, leaving Indigenous people without any designated rights or status. If the Canadian Constitution relied on the completion of the CPR and the jurisdiction it materialized, then the government’s attempt to repatriate the same founding document over a century later provoked one of the largest railway protests in its history. Arthur Manuel (2016) writes, “repatriation was seen as another attempt to achieve what the earlier 1969 White Paper on Indian Policy failed to”. Arthur’s father George Manuel, then chief of the BC Union of Indian Chiefs, chartered 2 train cars that “left Vancouver on November 24th carrying between 800 and 1000 First Nations, Métis and Inuit. One train took the northern route through Edmonton while the other took the southern route through Calgary, then joining up in Winnipeg”. Not only was the Constitution Express able to change the Constitution to ensure the protection of existing treaty rights, but the organizing itself, and the form it took on the long journey on the rails help galvanize resolve and build infrastructure otherwise for ongoing assertion of Indigenous jurisdiction and sovereignty.

Labour actions took place well before the transcontinental track was complete –notorious actions were organized in the Rocky Mountains be workers building the rail infrastructure only to be forcibly terminated by federal security agents. Indeed, anti-colonial resistance is not just an appendix to the history of Canadian settler state infrastructure; it did not halt, but fundamentally shaped its development. The genesis of security infrastructure took shape in response to this resistance; Canada’s federal militia force, the North West Mounted Police –now, the Royal Canadian Mounted Police– was initially founded to protect the railroad and the settlement it anchored from Indigenous revolt.

As Pasternak and Dafnos (2018) demonstrate in their important analysis of critical infrastructure, security infrastructures continue to be expanded in the present to protect circulation from Indigenous resistance and disruption. To this day, paradigmatic struggles for Indigenous sovereignty in North America have centered on infrastructure. The epic 2016 struggle at Standing Rock signaled the particularly powerful role of energy and extractive infrastructures in anti-colonial struggles today. Federal politicians frequently draw direct comparisons between these two moments of nation building, suggesting we take lessons from the example of the past. Former leader of the federal opposition Preston Manning (2018), for instance, suggests that Canada needs “Corridor Coalitions” to get pipelines built, as the “twenty-first-century political and economic effort equivalent to the nineteenth-century effort to create the Canadian Confederation and build the original Canadian Pacific Railway”. And still to this day, the Royal Canadian Mounted Police are frequently deployed to dismantle resistance to colonial infrastructure. At the height of widespread popular resistance to a controversial natural gas pipeline that gave way to #ShutDownCanada –a national movement of rail and port blockades– the RCMP was again deployed against Indigenous people. In October of 2020, Bellrichard (2020) reported that the RCMP spent more than $20 million policing the Wet’suwet’en people’s stand against Coastal GasLink’s pipeline on their territory.

Just a few months earlier, Prime Minister Trudeau spent $4.5 billion from public funds to purchase the ailing TransMountain pipeline from Texas-based Kinder Morgan, the offspring of Enron. He did this despite active opposition from Indigenous people, whose unceded territories surround the pipeline’s path. While Trudeau may well sound and look different than the previous neoconservative national leadership, with his claims to feminism and promises of nation-to-nation relations, the current government’s economic plans in fact align closely with the previous one, in particular around energy. Trudeau famously boasted that he has approved more pipelines than his conservative predecessor Stephen Harper ever did (Ibbitson, 2017). Justin Trudeau has in many ways intensified some of the most violent dimensions of the previous government’s policies regarding energy, mining, and the protection of logistics systems that get those commodities to global markets. Speaking to this resistance at its height, Prime Minister Trudeau insisted, “[The TransMountain pipeline] is in the national interest and it will get built” (Canadian Press, 2018).

Despite significant differences between Canada and Brazil’s colonial histories and contemporary politics, the extractive anchoring of their political economies and their emphasis on extractive infrastructure expansion, bring them together. This has created a surprising convergence in the two countries’ colonial practices and discourses. Trudeau’s words were eerily echoed just a year later in those of the Bolsonaro’s administration. In 2019, General Otávio Rêgo de Barros, Presidential spokesman, spoke to the resistance of Amazonian Indigenous peoples to state infrastructure and development plans when he said, “The Indians will be consulted, but national interest must prevail” (Rocha, 2019).

Like Trudeau, Bolsonaro has faced sustained Indigenous resistance to infrastructure development on the grounds that it enacts colonial violence and displacement. Indeed, at a regional level, the impacts of Amazonian infrastructure development on Indigenous peoples is stark; of the 6,345 indigenous territories located within the nine Amazonian countries surveyed, 92% are threatened or pressured in some significant way (Gonzales, 2019). Addressing a recent report of the Amazonian Geo-referenced Socio-Environmental Information Network, Gonzales highlights the recent track record of these projects; between 2000 and 2015, 39,768 square miles of Amazon forest was destroyed within indigenous areas and protected areas (ibid). Of all the Amazonian countries, Brazil’s track record is the most concerning; it is there that natural protected areas and indigenous reserves are seeing the most significant pressure from mining and related infrastructure, with 416,990 square miles threatened (ibid). In the face of this onslaught of infrastructural violence, Athayde (2014) notes that “resistance movements led by Amazonian indigenous peoples such as the Kayapo and, more recently, the Munduruku (who will be affected by a complex of dams proposed for the Tapajos River), have contributed to the formation of indigenous leaders and inspired the social mobilization of non-indigenous peoples in Brazil.” Indeed, the current crisis in the Amazon and the particular threat of infrastructural violence is so severe, that Indigenous groups that have historically been rivals are today collaborating to push back. Kellet (2019) reports that former enemy groups –the Kayapó and the Panará– have are coming together to oppose a greater foe that threatens to destroy their ways of life. Specifically pointing to Bolsonaro’s Amazon development plans, Kayapó leader Mudjire explained,

Today, we have only one enemy, the government of Brazil, the president of Brazil, and those invading [indigenous territories]… We’ve got a shared interest to stand together so the non-indigenous people don’t kill all of us.” As with Indigenous resistance to infrastructural violence in Canada, women are playing a particularly prominent leadership role in Brazil (Zanotti, 2012; BBC, 2019). In both countries, Indigenous women are rising up and demanding an end to ‘invasive infrastructure’ (Spice, 2018), and organizing life giving, community focused alimentary infrastructures for survival and flourishing (LaDuke & Cowen, 2020), as Indigenous women have ‘always done’ (Simpson).

GEOPOLITICS AS IMPERIAL INFRASTRUCTURE

This chapter has explored the long and powerful but largely overlooked entanglements of geopolitics and infrastructure. I have argued that Imperial powers have long sought to extend their extractive, economic, and defensive capacities by extending circulatory infrastructure. I have suggested that infrastructure is the material embodiment of empire, that it is through infrastructure that the cyborgian body of the empire-state is assembled. Far from a technocratic matter, infrastructure is a means through which empires ‘roll themselves out’, compete with others and suppress revolt. This feminist and anti-colonial analysis has furthermore offered a geopolitical conception of empire that is deeply logistical. Drawing on the work of Alfred Thayer Mahan, I have pointed to the implicit ways in which infrastructure is at the center classic of geopolitical theories of empire. This analysis highlighted the profoundly material emphasis on fueling martial forces, which brings to the fore both the defensive and extractive dimensions of imperialism and infrastructure and imperialism through infrastructure. This analysis foregrounds a transnational approach that refuses methodological nationalism (Arboleda, 2020), and instead emphasizes the ways that infrastructural expansion and colonial dispossession are often two sides of the same coin. Indeed, this analysis has moved across the Americas – from the contemporary destruction of the Amazon to the historical colonization of the Great Plains. In both cases, infrastructure has been the material face of colonial dispossession and ecological destruction, and in both cases, martial violence has accompanied the expansion of socio-technical systems. A focus on the geopolitics of infrastructure can thus be intellectually and politically generative in terms of decolonizing geopolitics as a field of academic inquiry, while it can also foreground a more material analysis of the space of struggle. Finally, a focus on the infrastructures of geopolitics insists that imperial rule is fundamentally reactive in its claims to authority (Karuka, 2019; Moten & Harney, 2013), thus shining the spotlight on the voices and actions of those invisibilized in classic geopolitical analysis.

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EL BÍOS, EL GEO Y LA POLÍTICA. APROXIMACIONES AL RÉGIMEN BIOPOLÍTICO/GEOPOLÍTICO

DAVID HERRERA SANTANA

Los últimos cien años han estado caracterizados por un fuerte debate en el campo de la geopolítica. Iniciando con la vuelta de siglo, la propuesta original del concepto se inscribió en la discusión más amplia de la Geografía política, sobre todo aquella formulada en la joven Alemania, pero así también en un contexto político y cultural que había adoptado las nociones y praxis organicistas como la base tanto de sus reflexiones como de las representaciones espaciales que derivaban de ellas y que estaban encaminadas a la consolidación del Estado contemporáneo, de las tecnologías de regulación poblacional y del gobierno como eje de aseguramiento y administración de la triada seguridad-territorio-población (Foucault, 2015). De igual manera, no debe olvidarse ni soslayarse el ámbito de la incrementada competencia y conflictividad intercapitalista que caracteriza al fin de siècle y que derivará en la gestación de las dos conflagraciones bélicas mundiales entre los años 1914-1945.

Si la geopolítica ha sido concebida tradicionalmente como parte de esa conflictividad internacional, las discusiones en torno a ella han excluido la relación que guarda, desde un inicio, con la biopolítica. Esta se observa tanto en el campo de su conceptualización inicial como también en el ámbito de las representaciones espaciales y el proceso de conformación y consolidación del Estado moderno que, para inicios del siglo XX, encuentra en la concepción organicista la vía para el perfeccionamiento de las tecnologías de gobierno idóneas para la reproducción de la sociedad capitalista industrial y para el gobierno del espacio social en sus distintas escalas.

La diferenciación artificial y utilitaria del “adentro” (lo nacional) y el “afuera” (lo internacional), contribuyó a esta exclusión y simplificación del debate sobre la geopolítica (centrada en el “afuera”) que, al desligarse del campo biopolítico (centrado en el “adentro”), produjo una serie de análisis y discusiones incapaces de comprender en su totalidad y complejidad la dinámica política, social, económica y cultural que se gesta a partir de entonces, así como su desarrollo y devenir histórico.

El objetivo que perseguimos en este capítulo es el de recentrar la discusión de la geopolítica, acercándola nuevamente a la biopolítica. No se trata de una propuesta de análisis conceptual, como tampoco del intento de acercamiento de dos enfoques teóricos, sino de plantear la necesaria articulación de lo que desde un principio se presenta con un vínculo indisoluble, y que de manera arbitraria ha sido seccionado y dividido en campos de estudio diferenciados, lo que ha propiciado que geopolítica y biopolítica aparezcan como objetos de análisis de distintos conocimientos (Geografía y Filosofía) y, peor aún, que las dinámicas socio-políticas modernas no se hayan podido comprender en toda su complejidad.

Al plantear el análisis del régimen biopolítico/geopolítico, atendemos a la necesaria reflexión de un proceso histórico (en realidad una serie de desarrollos desiguales) que ha permitido la formación de grandes conglomerados territoriales-poblacionales cuya función ha sido la de incorporar al “bíos” como centro de la política, a partir de producir una “zoé”, que refiere a “la vida desnuda” (Agamben, 1998), aquella producida por el poder soberano –la “nueva soberanía” del “hacer vivir, dejar morir” que Foucault (2002) analizara– y que, al mismo tiempo, ha requerido de la producción espacial, un “geo” como medio estratégico para la reproducción de las relaciones sociales de producción y para las relaciones de poder que las articulan.

Por ello, en primer lugar, nos centraremos en el análisis de la propuesta que hiciera el politólogo y político conservador sueco, Rudolf Kjellén, a inicios del siglo pasado, para desvelar el vínculo que desde un inicio se propone entre los campos geopolítico y biopolítico desde el ámbito de las representaciones espaciales, en aras de clarificar el régimen biopolítico/geopolítico al cual hacemos referencia. Igualmente, analizamos otras propuestas, específicamente las de Morley Roberts y Jacob von Uexküll, que nos permitan comprender la amplitud de la noción organicista y de la dimensión biopolítica que le acompaña, para vislumbrar, en un sentido amplio, el campo de la Geopolitik como una racionalidad de gobierno que responde a condiciones histórico-concretas de su tiempo.

De la misma manera, planteamos la necesaria discusión sobre las escalas y la biopolítica, para comprender la manera en cómo otras racionalidades de gobierno del espacio social se configuraron en diversos lugares y en distintas escalas. Por ello, presentamos un breve análisis de la racionalidad biopolítica/geopolítica en Japón durante el periodo entreguerras y el planteamiento imperialista que deriva de ello. Así mismo, analizamos a la Geopolitics no como la versión anglosajona de la Geopolitik, sino como una racionalidad dirigida al gobierno de la escala mundial que, por ello, tiene diferencias relevantes con otros regímenes biopolíticos/geopolíticos.

Por último, centramos la mirada en el modo de regulación posfordista y la manera en cómo un régimen biopolítico/geopolítico se ha implantado como racionalidad de gobierno de un capitalismo fragmentario y de las grandes mallas espaciales que se esparcen por escalas y territorios, en las cuales las infraestructuras y las tecnologías de nivelación e igualación espacial no solamente tienen un sentido y una dimensión geopolítica, sino también biopolítica, no pudiendo separarse una de la otra.

GEOPOLÍTICA Y BIOPOLÍTICA: LOS ORDENAMIENTOS ESPACIALES Y EL “ORGANISMO ESTATAL”

A Rudolf Kjellén (1864-1922), politólogo y político conservador sueco, se debe el haber acuñado el concepto “geopolítica”, tan socorrido desde distintas tradiciones teóricas, si bien no siempre emparentadas entre ellas. Lo que es menos conocido, es que a él también se debe el concepto “biopolítica” (Esposito, 2011; Lemke, 2017). En este caso, sin embargo, lo que interesa no es solamente que se trata de un nuevo término que ha abierto múltiples campos de investigación en diversas áreas del conocimiento (Lemke, 2017), como tampoco que el mismo autor haya propuesto ambos conceptos, sino que, y es lo que nos ocupa aquí, la biopolítica es aquello que desde un inicio da sentido a la geopolítica. Su concepción del Estado, tan poco atendida en los estudios geopolíticos, es lo que sustenta ese entendimiento.

Parlamentario y fundador de la Unghögern (Nueva Derecha), además de profesor en la Universidad de Uppsala, donde ocupó la cátedra de “Retórica y Ciencia Política” de 1916 a 1922 (Tunander, 2001; Gunneflo, 2015), Kjellén defendía un profundo antiliberalismo que lo llevó a plantear una interpretación distinta del Estado. Alejado del positivismo legal de corte normativo, propio de autores como Hans Kelsen y Georg Jellinek, propuso una base pragmática y alternativa, más cercana al análisis y la defensa del “Estado total”, aquel que se involucra en todos los aspectos de la vida. De hecho, es de aquí de donde surgirá su noción del “organismo estatal” y el “organismo político”. Así, su Staten som Lifsform (El Estado como forma de vida, 1916) no representa solamente una alegoría, como tampoco refiere a una ocurrencia teórica del autor en cuestión, sino que plantea toda una concepción del Estado que, si bien no nueva, sí refuerza su centralidad en la política y en la forma de organización de la vida.

Su postura antiliberal se centra en contravenir el principio de no-intervención en la economía, el contractualismo como doctrina de interpretación del origen del Estado, por lo tanto, el reduccionismo juridicista derivado de ello, así como la noción de estado de derecho. Su propuesta, en cambio, es la de profundizar el intervencionismo estatal en todos los aspectos posibles, mismo que, desde su perspectiva, ya se encontraba bien consolidado para la época; la interpretación del Estado que formula va en el mismo sentido. Desde la política de vivienda, la construcción de infraestructura, la profesionalización de la población y la política financiera, hasta el ámbito de la cultura y la educación de la sociedad, son todas muestras de la incidencia directa y total del Estado por lo que, para Kjellén, este se despliega consolidándose como forma de vida (Gunneflo, 2015).

No obstante, la división entre intereses de grupos y clases en confrontación, que produce una tensión y un conflicto constantes, siempre está presente, debiendo ser conducida desde la propia entidad estatal. De esta manera, un Estado intervencionista, total, debe transitar hacia una forma orgánica, un “organismo político” que perfeccione sus formas de gestión de la vida. De ahí que surja la biopolítica como fundamento de este:

Esta tensión característica de la vida misma […] me ha impulsado a dar a esa disciplina, por analogía con la ciencia de la vida, la biología, el nombre de biopolítica; esto se comprende mejor considerando que la palabra griega “bíos” designa no sólo la vida natural, física, sino tal vez, en medida igualmente significativa, la vida cultural. Esta denominación apunta también a expresar la dependencia que la sociedad manifiesta respecto de las leyes de la vida; esa dependencia, más que cualquier otra cosa, promueve al Estado mismo al papel de árbitro, o al menos de mediador (citado en Esposito, 2011, p. 28).

Si bien el conflicto es permanente, la mediación adecuada dentro de la comunidad, del grupo propio, puede llevar a la cooperación: “En la guerra civil de los grupos sociales se reconoce claramente la desconsideración en la lucha por la vida para la existencia y el crecimiento, mientras que, al mismo tiempo, dentro del grupo se puede constatar una fuerte cooperación para la existencia” (citado en Lemke, 2017, p. 22). A partir de ello, Kjellén despliega entonces toda una concepción derivada de la biopolítica, que se desdobla en cinco campos divididos en dos grandes dimensiones, interconectadas e interrelacionadas.

La dimensión natural del Estado está compuesta por la etnopolítica y la geopolítica, mientras que la dimensión cultural se conforma por la régimen-política (ordenamiento jurídico), la socio-política (ordenamiento social y cultural) y la economía política (ordenamiento económico y riqueza material). Estas dimensiones y los campos de referencia, a su vez, se consideran como parte del “bíos” que, como es sabido, no hace alusión únicamente la vida biológica, sino también a la vida espiritual y cultural (Esposito, 2011). El énfasis del politólogo sueco, no obstante, se ubica en la dimensión natural, a la cual considera como limitación y formadora del ámbito cultural que, no obstante, es el que imprime racionalidad y disciplina al primero (Tunander, 2001).

La relación que privilegia Kjellén, por lo tanto, es aquella que se da entre etnopolítica y geopolítica. La primera conduce por dos vías: en primer lugar, la vinculación que se establece entre la nación –con su sustento étnico-racial– y el territorio que habita –que se vincula ya con el Lebensraum–; en segundo, la vía en la cual la población comienza a concebirse no como “sujeto legal”, sino como “agregado de la vida biológica” (Gunneflo, 2015, p. 34). La geopolítica, por lo tanto, definida como esa “intersección entre la ciencia política, la geografía política, la estrategia militar y la teoría jurídica del Estado” (Vesentini, 2000, p. 15), que emana directamente de la biopolítica, concibe a la entidad estatal como “fenómeno espacial”, como organismo que tiene en el centro a la vida y que la potencia, en un ambiente externo de hostilidades y competencia, con un ámbito interno heterogéneo y conflictivo, ante los cuales debe adaptarse y procurar los cambios más adecuados.

Si esta relación intrínseca entre biopolítica y geopolítica se muestra con claridad en el pensamiento del político conservador sueco, no dejará de percibirse en otros momentos, aunque quizá con menos nitidez. Cuatro años después de la publicación de Staten Som Lifsform el barón Jacob von Uexküll publicaba su Staatsbiologie (1920), centrada más en el “adentro” del organismo político, y no tanto en esa complejidad “ambiental” –dentro y fuera– que se observa en Kjellén. El centro de la preocupación de Uexküll serán las enfermedades que aquejan al Estado como organismo, “actuales o potenciales”. “En consecuencia, la biopolítica tiene, por un lado, la misión de reconocer los riesgos orgánicos que amenazan al cuerpo político y, por el otro, la de individualizar, y preparar, los mecanismos de defensa para hacerles frente” (Esposito, 2011, p. 31).

En esa misma línea, en 1938 Morley Roberts apostaba ya por un gobierno biopolítico, por el cual comprendía no una “ficción jurídica” derivada de las interpretaciones normativas, tampoco una forma acabada y delimitada, sino “un aparato fisiológico experimental y tentativo que responde al ambiente interno y externo de acuerdo con la ley física” (Roberts, 1938, p. 206). Como aparato fisiológico, el gobierno debe responder a las patologías sociales, distintas en su grado de afectación, las más graves de las cuales son aquellas que amenazan con la disolución del organismo político y social, como el comunismo. El riesgo, entonces, son esas formas patológicas, con alto grado de contagio y gran probabilidad de propagación e infección, que producen “un organismo enfermo” que, o bien reacciona y se salva, o tiende a su desaparición (Roberts, 1938, pp. 142-151).

Lo que en Kjellén comienza a plantearse como un régimen biopolítico que sitúa a la vida en el centro de la acción política, algo que según Foucault (2007) había venido aconteciendo desde hacía dos siglos atrás, para estos momentos ya se presenta como un ordenamiento orgánico con una dimensión fisiológica encaminado a combatir las patologías, desviaciones y anomalías sociales, inaugurando así una dimensión inmunitaria (Esposito, 2009; 2011).

La “higiene pública” profundiza de esta manera su centralidad en la ecuación de seguridad poblacional, ya no solamente por la circulación, las epidemias y la alimentación, como había sido en los siglos anteriores (Foucault, 2015), sino por su potencial disruptivo y disolutivo del organismo político. Aquí, el tránsito en la mirada de un “adentro” ordenado y armonizado, conlleva también el desplazamiento del “bíos” por la “zoé”, la dimensión del simple hecho de existir, la vida biológica puramente, la “vida desnuda”. En palabras de Giorgio Agamben, de esta manera, “la inclusión de la vida desnuda dentro del reino de lo político constituye el núcleo original –si bien oculto– del poder soberano. Incluso puede decirse que la producción de un cuerpo biopolítico es la actividad original del poder soberano” (Agamben, 1998, p. 6).

El régimen biopolítico/geopolítico que se prefigura ya para la década de 1920, cobrará un reencauzamiento a partir de ahí en la “vía alemana” hasta llegar a la “biocracia” que Esposito (2009; 2011) denuncia con tal vehemencia. Si en el análisis de la denominada “geopolítica clásica”, el expansionismo y el exterminio apenas se tocan como por una coincidencia temporal, la brecha abierta por la biopolítica que engendra a la geopolítica requiere otra narrativa.

Las panregiones de Karl Haushofer, el Lebensraum conquistado por el nacionalsocialismo y todo el proyecto de expansión alemán, no puede ni debe desligarse del objetivo político de regulación de la vida, de la forma en cómo esta es centrada como objeto de protección y mejoramiento político, así como de la manera en la cual su “protección” y potenciación, conlleva la noción de eliminación de los patógenos, enfermedades, praxis e ideologías contagiosas e infecciosas que amenazan con la disolución del cuerpo político, requiriendo por tanto de un gobierno biopolítico (Esposito, 2011). El régimen biopolítico/geopolítico adquiere una dimensión de exterminio y expansión que no pueden, por tanto, disociarse.

Si aquí ya se observa, como se hiciera también en el pensamiento de Friedrich Ratzel (1986 [1897]) y de Kjellén, una compleja noción ambiental, en la cual el organismo se adapta o desaparece, no será, sin embargo, el fin ni el límite de un régimen biopolítico/geopolítico, sino una de sus expresiones. Ello quiere decir que este no se limita a una experiencia ni a una forma concreta, sino que responde más bien a un sentido de “formación histórica”, un proceso en el cual múltiples expresiones se manifiestan en numerosos desarrollos desiguales, en distintas escalas y con muy diversificadas expresiones.

LOS DESARROLLOS DESIGUALES Y LAS ESCALAS: UN RÉGIMEN GEOPOLÍTICO/BIOPOLÍTICO EN LA FABRICA MUNDI

Si hasta aquí lo antes analizado refiere a la Geopolitik y su concepción organicista y expansionista, así como a ciertas nociones anglosajonas sobre la biopolítica como régimen de regulación poblacional, higiene y salud pública, cuidado y administración de la vida, ello no debe hacer pensar que el régimen biopolítico/geopolítico se circunscribe a un espacio-tiempo específico, a una experiencia única que no es posible replicar en otras latitudes.

Por otra parte, tampoco debe pensarse en la escala Estado como aquella en donde se realiza ese régimen, sin que pueda trascender hacia otras escalas, especialmente la mundial. Que los análisis biopolíticos se hayan centrado en las escalas estatal-nacional y urbana, no quiere decir que la biopolítica no tenga incidencia en la escala mundo. Por el contrario, posee una enorme influencia en esta.

Con respecto a la primera cuestión, si bien parte de la experiencia europea, el régimen biopolítico/geopolítico no se agota en esta, aunque las expresiones que adopta en otras latitudes tengan sus propias particularidades. Como ha analizado Hidefumi Nishiyama (2012) al referirse al caso del imperialismo y la colonización ejercida por Japón:

La colonización europea del siglo XIX no solamente implica una subyugación racial dicotómica; el racismo moderno no debería ser reducido a una estrategia binaria que inscribe la civilidad de los europeos y el barbarismo de los otros colonizados por los europeos. También supone la generalización de las normas del pensamiento racial europeo moderno más allá del contexto de su colonización. La estrategia biopolítica del racismo moderno no fue un fenómeno singular, como tampoco lo fue el colonialismo decimonónico. Mas bien, fueron plurales y múltiples, lo cual hizo posible los modos de colonización no-europeos –como el de Japón (p. 336).

La geopolítica, en este sentido, tampoco fue una expresión única, sino múltiple y plural. Como en el caso de la biopolítica, de la cual se desprende, la geopolítica también se hace presente en el Japón de las reformas Meiji y de la expansión imperialista de finales del siglo XIX y principios del XX. Es la introducción del pensamiento de Kjellén sobre el organismo político, así como la posterior influencia de la Geopolitik a partir de la discusión de las panregiones de Haushofer, lo que, junto con el moderno racismo al que refiere Nishiyama, terminarán por configurar el régimen biopolítico/geopolítico.

El Lebensraum se traduce primero en el seikatsu kūkan (espacio vital) y, posteriormente, en el seikatsu ken (esfera vital) y el shikatsu ken (esfera de supervivencia), que dará sentido a la Esfera Superior de Co-prosperidad en Asia del Este, el gran proyecto imperialista nipón. El tránsito del “espacio” a la “esfera” no es simplemente una adaptación teórica, sino una nueva concepción de mundo, la cual busca trascender el sentido estático, soberanista y territorialista-estatal que se percibe en el Lebensraum desde el punto de vista japonés, para plantear “una esfera contingente de influencia y supervivencia”, que no se limita a una forma organicista al estilo que Kjellén planteara, sino más bien:

[…] a promover la “unidad orgánica” del anhelado Gran Este de Asia, que no solo abarcaba a las naciones del Este de Asia, sino también las del Sureste de Asia y del Pacífico Sur. Como resultado, la esfera vital de la nación japonesa, de la cual dependía la supervivencia de la raza japonesa, fue redefinida de una soberanía territorial cerrada hacia una esfera potencialmente abierta de influencia política y actividades económicas (Furuhata, 2019, p. 227).

El ordenamiento racial, que ya se basa en el sentido biopolítico moderno, ese que va produciendo a la “zoé” dentro del reino de lo político (Agamben, 1998), así como la preocupación por la circulación, la higiene pública y la seguridad en el espacio urbano (Foucault, 2015) y más allá, en la propia escala estatal, forman parte íntegra del régimen biopolítico/geopolítico que se gesta en Japón, pero trascendiendo hacia esa concepción esférica que rebasa los límites políticos tradicionales (Nishiyama, 2012; Furuhata, 2019). Esta es, entonces, expresión concreta de una formación histórica mundializada.

Con respecto a la cuestión sobre las escalas, no solamente la existencia de estas expresiones concretas es lo que muestra la consolidación de un régimen biopolítico/geopolítico en la escala mundo, sino que este se expresa también en diversas racionalidades de gobierno del espacio mundial. Si la Geopolitik y el Lebensraum parten de la racionalidad orgánica que busca la adaptación al ambiente, la eliminación de las formas patológicas extremas y la búsqueda del desarrollo del organismo en un ámbito competitivo y conflictivo, como también se verá en el seikatsu ken, la Geopolitics, por el contrario, centrará su mirada en la praxis de gobierno de “lo internacional”, que conlleva toda una racionalidad biopolítica.

Łukasz Stanek plantea la necesidad de “teorizar el proyecto biopolítico como un proyecto de organización escalar de la sociedad, y al urbanismo como un proyecto de la biopolítica de las escalas, a partir del cual puede entenderse la producción de las escalas como marcos históricos específicos del régimen biopolítico” (Stanek, 2013, p. 105). Si el urbanismo se presenta como proyecto biopolítico específico, podemos pensar que esos proyectos en realidad se despliegan escalarmente, es decir, que a la escala mundial también corresponde uno, o varios, derivados de diversas racionalidades gubernamentales. La geopolítica es lo que permite, en realidad, ese proyecto trans-escalar, en lo que podemos denominar como un régimen biopolítico/geopolítico de las escalas.

El “marco histórico específico del régimen biopolítico” en la escala mundial durante la primera mitad del siglo XX, está determinado por las representaciones espaciales (Lefebvre, 2013) que devienen de la racionalidad y praxis de gobierno de la llamada Geopolitics y su confrontación con la Geopolitik y la seikatsu ken. Con ello queremos destacar que estas múltiples representaciones y prácticas espaciales devienen de formaciones histórico-concretas que se confrontan en el gran espacio mundial y en su búsqueda por ordenarlo.

El caso específico de la Geopolitics es el que sin duda más se centra en la noción del gobierno del espacio mundial, como lo muestran las reflexiones de Halford Mackinder (2010 [1904]) y Nicholas Spykman (1944), como representantes más destacados de las corrientes anglosajonas, aunque no únicos. Con el primero, se inaugura la representación de Eurasia como centro neurálgico del ejercicio del poder mundial, vital para los intereses del Imperio británico y su confrontación estratégica con otros competidores, como Rusia, así como su dominación marítima y la necesaria vinculación con formas de interconexión terrestres (Mackinder, 2010).

Por su parte, en Spykman (1944) encontramos una geoestrategia de guerra consistente en la ocupación efectiva de las costas euroasiáticas, el establecimiento de formas ofensivas, que hemos denominado en otra parte “fronteras estratégicas” (Herrera, 2020), consistentes en el establecimiento de límites operativos en territorios enemigos, o cercanos a estos, que permitan, por una parte, evitar que la guerra llegue a territorio estadounidense mientras, por la otra, ejercer una capacidad de desestabilizar las fronteras enemigas en su propio vecindario, algo que continuó siendo la norma geoestratégica para Estados Unidos.

Si bien, en principio, estas representaciones espaciales pueden parecer alejadas de la lógica de un régimen biopolítico, no obstante, son la base de su potenciación en el ámbito internacional, porque plantean toda una forma de ordenamiento de los espacios y territorios que son objeto de su ambición, lo cual impacta directamente en la producción de una “zoé” que ya no se circunscribe a una sola forma soberana, sino a la regulación que deviene del ejercicio del poder en un sentido transnacional y transescalar.

Sin embargo, el momento en el cual el régimen biopolítico/geopolítico cobra una forma más acabada será durante la Guerra Fría (1945-1989), cuando el organicismo, la racionalidad fisiológica y contra-patológica, por lo tanto la lógica inmunitaria (Esposito, 2009; 2011), cobren una centralidad en la praxis geoestratégica de la ahora superpotencia. Tanto la lógica universalista de gobierno del espacio mundial, como la praxis de establecimiento de zonas de influencia, ambas recurrentes en la estrategia de Guerra Fría (Schlesinger, 1964), comienzan a plantearse en términos biopolíticos/geopolíticos.

La percepción del comunismo como patología dominante, proclive a “contagiarse”, “diseminarse” e “infectar” a otras poblaciones, llevó a revivir la vieja noción de “cordón sanitario” que Georges Clemenceau y Alexandre Millerand emplearan por primera vez en 1919 para “contener la propagación del comunismo” (Farrar, 1982). En esta ocasión, el cordón sería empleado en una escala mucho más amplia para contener a numerosos países contagiados, en una zona que amenazaba con propagar esta forma infecciosa.

Junto con esta patología, otras formas “anormales” y “desviadas” fueron también identificadas como una amenaza proclive a la propagación, el contagio y la infección de numerosas poblaciones; se trata de movimientos guerrilleros, subversivos y anti-sistémicos, todos los cuales debían ser controlados y, en la medida de lo posible, eliminados. Así, poco a poco se va definiendo una etiología de la patología insurgente, que acompaña a aquella de la forma comunista, permitiendo la producción de tecnologías, racionalidades y praxis contrainsurgentes que, en ese sentido, son concebidas como parte de una “profilaxis contrarrevolucionaria” (Saxe, 1976).

La lógica inmunitaria pasa tanto por una gran ocupación territorial militar, como también por tecnologías de vigilancia, control y disciplinamiento de diversas poblaciones, en puntos geoestratégicos para la praxis y el ejercicio del poder mundial en el marco de la Guerra Fría y la confrontación bipolar. La presencia militar estadounidense en el mundo es una muestra fundamental de ello (Kane, 2015). Sin embargo, no es para nada la única forma en cómo se despliega este régimen biopolítico/geopolítico, ni tampoco la más efectiva.

La policía, concebida hasta el siglo XIX como parte de un “adentro” estatal, institución orgánica fundamental para los procesos de disciplinamiento, control, vigilancia y regulación poblacional, por lo tanto, piedra angular de la acción contra las patologías y el correcto funcionamiento del gobierno biopolítico como aparato fisiológico experimental (Foucault, 2015; Roberts, 1938), es resignificada e instrumentalizada en esta etapa como tecnología del régimen mundializado.

Desde la década de 1960, comienza a perfilarse a las policías “nacionales” como parte de las retículas inmunitarias que debían contener y eliminar las patologías locales, de una forma más eficiente que las fuerzas militares. La contrainsugencia, las acciones antimotines y antirrebeliones, así como una fuerte lógica anticomunista, se convierten en el centro de la acción policiaca, coordinada mediante numerosos planes y políticas de vinculación que emanan de las instituciones policiacas estadounidenses y se territorializan en formas de “cooperación”, “entrenamiento” y “programas de profesionalización” en numerosos “países receptores de ayuda”. De 1962 a 1974, se tienen registrados este tipo de “programas de asistencia policiaca” en 52 distintos países repartidos entre América, Asia y África (Schrader, 2019, pp. 6-8).

El “exterminio”, como lógica inmunitaria extrema, que pudo expresarse con mucho detalle durante el nazismo (Esposito, 2011), no se encuentra ausente en esta etapa. Como ha expuesto recientemente Vincent Bevins (2020), “una red global de exterminio” se configuró para combatir esas formas desviadas, anormalidades y patologías que se iban propagando por el mundo y que, por ello, debían ser aniquiladas. El apoyo a gobiernos dictatoriales, formaciones autoritarias y tácticas contrainsurgentes (Irán, Guatemala, Indonesia, Brasil, Chile, Argentina, Centroamérica en conjunto…) es parte de esta dinámica.

El “cordón sanitario” y la lógica inmunitaria, de esta manera, se componen de un complejo despliegue transescalar y multiterritorial de estrategias y tácticas de regulación poblacional, disciplinamiento, control, vigilancia, represión y exterminio, que en cada caso concreto se funde con intereses diversos y con formaciones históricas específicas, pero que, al mismo tiempo, responden a un régimen biopolítico/geopolítico que solamente puede realizarse en la escala mundial, a partir de territorializarse en la diferencia de otras escalas.

Así, este proceso de fabrica mundi, en el cual se delinean y producen las fronteras del mundo, pero también las dinámicas que regulan y rigen a lo que contienen y a lo que regulan (Mezzadra y Neilson, 2014), se acompaña de la instauración del régimen biopolítico/geopolítico y de sus manifestaciones plurales y diversas, en regiones, escalas y territorialidades múltiples.

LA DIMENSIÓN ESTÉTICA EN EL RÉGIMEN GEOPOLÍTICO/BIOPOLÍTICO DEL POSFORDISMO

Si la Guerra Fría imprime toda una forma a ese régimen en la escala mundial, así como en el resto de escalas yuxtapuestas, es en gran medida debido a la vigencia del modo de regulación y acumulación fordista, que requiere necesariamente perimetrizaciones espaciales que coadyuven en los procesos de concentración y centralización de capital, con sus propias formas de autoridad y gobierno, y que regulen y administren a poblaciones y factores de producción, tal y como es requerido por el capitalismo industrial.

Aunque las formas transnacionales y transescalares están ya presentes, estas se superponen sobre otras, delimitadas por una división internacional del trabajo altamente racializada, procesos de colonización y formaciones territoriales soberanas –algunas de ellas mas en apariencia que en realidad– que delimitan espacios pretendidamente homogéneos y exclusivos. Como expresara Lefebvre (2013), el modo de producción imprime sus rasgos en la producción del espacio, por lo que esta varía conforme el primero también lo hace.

Las formaciones políticas y geopolíticas en las diferentes escalas son en realidad expresiones de las distintas maneras en cómo el capitalismo y los tipos de interacción política, así como el establecimiento de jerarquías específicas, imprimen en el espacio y en los territorios formas concretas que, no obstante, tendrán vigencia únicamente durante el lapso de tiempo en que sean útiles para aquellos procesos de reproducción (del capital y de la vida) a los que sirven. Su transformación, y posible desaparición, por ello, solamente podrá registrarse cuando esos procesos requieran una modificación o una serie de ajustes espacio/temporales profundos (Harvey, 2007), destinados a dar vida a una nueva forma de reproducción que, por consiguiente, requiere la inauguración de lógicas y praxis diferentes y la desvalorización de las anteriores.

Las espacialidades del fordismo, por lo tanto, estuvieron determinadas por la constitución de perímetros y polígonos que definieron escalas concretas y lugares específicos, que ordenaban tanto al sistema de producción como al de circulación, además de que contenían, literalmente, a la mano de obra que se clasificaba y jerarquizaba mediante una división internacional del trabajo claramente establecida conforme a la producción de regiones productoras de distinta índole, así como también grandes mercados consumidores (Mezzadra y Neilson, 2014). Esta característica imprimió la imagen de una división de espacios homogéneos y estables, delimitados por soberanías bien establecidas.

La crisis de sobreacumulación de la década de 1970 trajo consigo una profunda reestructuración que inauguró también otras articulaciones espacio-temporales altamente complejas, las cuales requirieron de la modificación del propio régimen biopolítico/geopolítico que, no obstante, jamás abandonó sus anteriores formas y contenidos, sino que formó una yuxtaposición con otros nuevos.

Mayumo Inoue y Steve Choe (2019) han afirmado que pensar la dimensión estética inherente a la (geo)política implica observar cómo “pueblos fundamentalmente heterogéneos son organizados dentro de una malla jerarquizada de naciones, razas y poblaciones” y, en ese sentido, cómo las “modalidades biopolíticas de dominación”, específicamente la estadounidense, han requerido de “la producción de culturas y pueblos presuntamente únicos como su condición de posibilidad”. Sin embargo, el tránsito hacia nuevas modalidades de dominio, en este caso emparentadas con otro régimen de acumulación de capital, se han basado en “el cambio gradual desde un énfasis previo en el poder represivo hacia un nuevo énfasis en el régimen productivo policial a través de un régimen estético por el cual cuerpos, culturas y localidades son particularizados y codificados” (Inoue y Choe, 2019, p. 1).

Con los reajustes introducidos a partir de la crisis de sobreacumulación, una nueva dimensión estética-política también se inauguró, privilegiando, como afirman los autores, las particularizaciones y codificaciones individualizadas, como forma de una nueva forma de legibilización, que contrasta con aquella que había imperado hasta entonces. El proceso de legibilización consiste precisamente en las codificaciones sociales y poblacionales en general que son instauradas para producir ordenamientos y modos de circulación que puedan ser “leídos” por las relaciones de poder vigentes en su praxis cotidiana (Scott, 1998), por lo que la estética-política resulta fundamental. De esta manera, el tránsito hacia un nuevo régimen de acumulación y de regulación, conllevó la inauguración de otro tipo de codificaciones y una nueva legibilidad.

Así, las anteriores perimetrizaciones y la malla jerarquizada de naciones, razas y poblaciones “presuntamente únicas”, se vio suplantada por una malla mucho más compleja, donde las particularidades y las fragmentaciones se transformaron en la regla y no más en la excepción, dando paso a un régimen biopolítico/geopolítico de la fragmentación, pero unido mediante procesos muy complejos de articulación de lo diverso y lo heterogéneo (Smith, 2008; Harvey, 2019).

En este, las formaciones orgánicas ya no solamente se circunscriben a las representaciones espaciales producidas a finales del siglo XIX y principios del XX, en consonancia con las reflexiones de Kjellén y otros, sino que se asemejan más a la noción de integración orgánica esférica que fuera planteada en términos de la seikatsu ken, pero potenciadas en su alcance y magnitud. En un complejo de desarrollos desiguales que conforman las grandes mallas espaciales del capitalismo fragmentario contemporáneo, el régimen biopolítico/geopolítico produce representaciones distintas y se basa en una praxis también diferente.

La fragmentación de la cadena de producción y la reformulación del sistema de circulación en escala mundial, derivó en la formación de nuevas concepciones y praxis geopolíticas y de seguridad, que se han basado en la articulación de lo diverso pero, ante todo, en el funcionamiento de las grandes cadenas de valor que se han venido forjando desde cuando menos sesenta años atrás. La seguridad global ha transitado hacia el control y vigilancia de estas enormes cadenas, con sus corredores, infraestructuras y núcleos de producción, aprovisionamiento, almacenaje y distribución, que son el andamiaje del sistema de producción y de circulación en el mundo (Cowen, 2010, 2014).

Como analiza Deborah Cowen en el primer capítulo de este mismo volumen, el imperialismo siempre se ha organizado “a través de la operación cotidiana de las infraestructuras”, lo que se ha intensificado, sin duda, en las últimas décadas, cuando la lógica capitalista ha encontrado en la producción diferencial y estratégica del espacio, un sustento fundamental para su propia reproducción (Smith, 2008). De esta manera, y como también enfatiza Cowen, debemos centrar la mirada en los “sistemas socio-técnicos como fuerza material clave a partir de la cual la geopolítica se constituye y es disputada”.

Las infraestructuras, como producción socio-espacial compleja, que históricamente ha servido a la praxis y el ejercicio del poder, se encuentra en el centro del régimen biopolítico/geopolítico. En el capítulo de Deborah Cowen puede observarse claramente cómo las infraestructuras son a menudo referidas como “el esqueleto” del cuerpo político, así como parte del “sistema circulatorio” del mismo. En el Japón de la posguerra, las alusiones al “sistema nervioso de la ciudad” y a la “integración metabólica” del entorno urbano, se emparentan con la integración orgánica y el espacio vital que acompañaron al imperialismo del periodo entreguerras y de la propia conflagración bélica, si bien no puede afirmarse que sea una herencia lineal y directa, como tampoco que sea su única referencia, al haberse vinculado también con toda una corriente de la cibernética y las comunicaciones (Furuhata, 2019).

Estas representaciones de las infraestructuras como parte del “esqueleto”, el “sistema circulatorio”, el “sistema nervioso” y el “metabolismo” del “cuerpo político”, sin embargo, denotan la centralidad de aquello que, por consiguiente, ha sido también denominado como “sistemas vitales” (Collier y Lakoff, 2015), consistentes en un complejo de infraestructuras estratégicas del cual depende la reproducción total de las formas de reproducción (del capital y la vida) en un determinado espacio-tiempo.

A finales del siglo XIX, ciertos complejos infraestructurales comenzaron a ser identificados como “vitales” para el funcionamiento de las ciudades y, luego, de los Estados en general, por lo que la denominación biopolítica de “sistemas circulatorios” y otros, no es de sorprender. La experiencia de las revueltas y levantamientos populares, así como de las dos guerras mundiales ya durante el siglo XX, llevó la reflexión hacia el ámbito de la seguridad de estos sistemas vitales, que podían ser objeto de sabotaje y ataque interno, pero también de ataques externos, afectando gravemente el funcionamiento del “cuerpo estatal”. De la misma manera, estas reflexiones llevaron a plantear estrategias de inmovilización del enemigo a partir del ataque selectivo a sus propios sistemas (Collier y Lakkoff, 2015).

Durante la Guerra Fría, los esquemas de seguridad estaban centrados en la posibilidad de ataque externo y de sabotaje interno, por lo que, cuando menos en Estados Unidos, los planes de contingencia y administración de riesgos y amenazas se basaban en la necesidad de procurar la producción de una dimensión resiliente que permitiera la rápida rearticulación de los sistemas vitales, aunque estos tuvieran que fragmentarse y constituirse en unidades autónomas (Collier y Lakkof, 2008).

A partir de la década de 1960, comienza una reflexión más profunda sobre la posibilidad de que las disrupciones no solamente puedan darse como consecuencia de un acto intencionado, sino que fueran resultado de las propias contradicciones civilizatorias, como las afectaciones derivadas del cambio climático y del surgimiento de patógenos con alta capacidad de propagación y, por ello, de propiciar alteraciones severas (Collier y Lakkof, 2015). La reflexión sobre los patógenos y no ya solamente sobre las formas sociales patológicas, amplía sin duda el espectro de la incorporación de la vida como centro de la actividad política.

Con la conformación de un capitalismo fragmentario, estas preocupaciones se ubicaron en el centro de las ecuaciones de seguridad, dando paso a nuevas representaciones y praxis geopolíticas sobre el funcionamiento y el control de los sistemas vitales que ahora ya no se limitaban al ámbito de los “organismos políticos” sino que se extendían por todo el mundo (Cowen, 2010). Así también, otras formas de autoridad y gobierno fueron requeridas, como parte de estos procesos.

[…] la seguridad de los sistemas vitales posee una geografía en forma de red en lugar de la forma territorial nacional. Estos sistemas vitales funcionan en virtud de su conectividad, que es a menudo supranacional. Ello se encuentra en marcado contraste con las viejas formas –”soberanía estatal” y “seguridad poblacional”– ambas engendradas por el espacio nacional […] Las cadenas de aprovisionamiento juegan un papel único en la reorganización de la seguridad debido al cálculo de mercado dentro del gobierno neoliberal (p. 603).

La nueva dimensión estética-política, por lo tanto, se basa ya no únicamente en la diferenciación de espacios pretendidamente homogéneos de culturas únicas y jerarquizados a partir de una diferenciación racial, sino también, y de manera yuxtapuesta, de grandes mallas espaciales compuestas por nodos altamente jerarquizados que definen una conectividad de diversos desarrollos desiguales, en las cuales, los sistemas vitales juegan un papel central. Ambas representaciones coexisten en una tensión contradictoria, en la cual no puede afirmarse, con toda seguridad, que una tenga la preeminencia por sobre la otra, sino que se articulan dialécticamente.

Las formas de autoridad, gobierno, administración y regulación poblacional, por ello, también se modifican, por una parte, mientras por la otra se confrontan con aquellas pertenecientes a la etapa precedente. En la conformación fragmentaria de las grandes mallas espaciales, articuladas mediante los sistemas vitales, se inauguran procesos de “subyugación territorial, explotación laboral y experimentación de nuevas formas de gobernanza” (E.G., 2018) que se encuentran en tensión con aquellas formas de gobierno y de regulación poblacional instauradas durante el fordismo y aún vigentes en su funcionalidad (Cowen y Gilbert, 2008).

Las “fronteras del capital”, que no siempre han coincidido con las fronteras políticas (Arrighi, 1999; Mezzadra y Neilson, 2014), ahora se desdoblan en toda su complejidad instaurando nuevas coherencias espaciales, en las cuales, entre otras cosas, también multiplican las formas de regulación de la mano de obra, una “multiplicación del trabajo” (Mezzadra y Neilson, 2014), así como numerosas tecnologías de disciplinamiento del cuerpo y las poblaciones (Cowen, 2014). La vida, de esta manera, se encuentra en el centro de las tecnologías de control, vigilancia y regulación, así como de los propios sistemas vitales.

De esta manera, el régimen biopolítico/geopolítico se desdobla en una tensión permanente entre distintas escalas. Por una parte, la mundial, en donde los sistemas vitales y las mallas espaciales se despliegan por numerosos territorios, articulando desarrollos desiguales mediante complejas tramas infraestructurales, de administración y gobierno, que representan una excepcionalidad en un sistema definido por la lógica interestatal. Por la otra, esta última define a su vez formas biopolíticas y lógicas geopolíticas que aglutinan y concentran la autoridad, administración, regulación y gobierno en la escala estatal-nacional y en otras que, como la urbana, se debaten entre las formas extendidas por las grandes mallas y aquellas pertenecientes a la regulación de la formación estatal. La resiliencia, antes concebida en una lógica nacional, se transforma en la piedra angular del buen funcionamiento de las mallas espaciales esparcidas por todas las escalas y en todo el mundo.

En cualquier caso, habrá que comprender la manera en cómo el régimen biopolítico/geopolítico ha transitado desde la fijación en el proceso de consolidación del Estado y las formas de gobierno y regulación territorial/poblacional, que se observan a finales del siglo XIX, hacia esta tensión característica de un capitalismo fragmentario que requiere desdoblarlo en múltiples escalas y en una lógica multi-territorial.

Visto de esta manera, el estudio de la geopolítica, que siempre demandó de una enorme complejidad, aunque pocas veces atendió a esta, requiere por fuerza comprender tanto sus orígenes desmitificados como la forma en cómo ha avanzado el proceso histórico, para ubicarse como un producto y productor de su espacio/tiempo y la dinámica que le caracterizan. La biopolítica que, como hemos visto, siempre acompañó a la geopolítica, no puede más que hacerse presente en un análisis trans-escalar que la lleve más allá del foco que se ha puesto en las escalas nacional y urbana.

En última instancia, la “zoé” continúa siendo producida como centro de administración de estas formaciones complejas en las cuales las nuevas formas de autoridad y gobierno, las excepcionalidades que inauguran nuevas normalidades, ubican a la vida como eje de toda la lógica de administración, regulación, control y vigilancia, pero esta vez en la tensión entre distintas escalas y diversas formas de gobierno.

CONCLUSIONES

Aunque observadas normalmente de forma separada e incluso sin relación entre ellas, la geopolítica y la biopolítica tienen un origen y una trayectoria comunes, no solamente por haber sido planteadas por Kjellén en su Staten som Lifsform, sino porque, en la realidad concreta, se han consolidado como un verdadero régimen biopolítico/geopolítico que ha tenido expresiones diferenciadas dependiendo de las escalas y el espacio-tiempo específico en que se ha producido.

La Geopolitik, la Geopolitics y las praxis geopolíticas/biopolíticas que se han observado en diversas latitudes, como en Japón durante el periodo de las reformas Meiji y luego, durante el periodo entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, incluso ya en la década de 1960 y posterior (Furuhata, 2019), no deben ser consideradas como distintas versiones de la geopolítica o derivaciones de esta, como tampoco deben ser comprendidas como simples imitaciones de representaciones elaboradas en Alemania y Suecia, sino que deben ser concebidas como racionalidades de gobierno del espacio social en sus distintas expresiones escalares, relacionadas con la hegemonía concreta que ha sido producida en diversos territorios y en distintos momentos.

Vistas de esta manera, puede comprenderse la producción de un régimen biopolítico/geopolítico cuya función ha sido la conformación de conglomerados territoriales-poblaciones y de formas de autoridad y gobierno, en distintas escalas, que no solamente se corresponden con la experiencia occidental sino que, como ha tratado de ser mostrado en este capítulo, ha consistido en una serie de expresiones múltiples y plurales (Nishiyama, 2012) que, no obstante, tienen como centro la incorporación del “bíos”, la producción de una “zoé” y de un “geo”, que funge como mediación estratégica de los procesos de dominación y de reproducción del sistema de relaciones sociales vigente.

Es también posible comprender, a partir de este acercamiento, que el régimen biopolítico/geopolítico no tiene una forma definida y, de hecho, no puede tenerla, al no responder a una teorización o forma de reflexión específica, sino a la propia dinámica histórica que, por otra parte, también se ve influenciada por él. A diferencia de los debates sobre geopolítica, que plantean la existencia de un pensamiento “clásico” que le dotaría de una estabilidad, un contenido y una dimensión estables, creemos que la geopolítica es una formación histórica que es producto y productora de su tiempo, al estar conformada por representaciones espaciales (Lefebvre, 2013) cuya función es la de dar una forma y un sentido al espacio social en sus distintas escalas, acorde con el modo de producción y las relaciones de dominación (clase, raza y género) que le acompañan.

De esta manera, y advirtiendo su indisoluble vinculación con la biopolítica, la geopolítica jamás podrá ser entendida desde una visión estática y simplificadora, que la reduce a formulaciones ya dadas y que, por lo demás, ni siquiera son bien comprendidas, como es el caso de las nociones derivadas del pensamiento organicista (biopolítico) del fin de siécle. La “erosión” de esa geopolítica, deviene de la propia “erosión” de las formas sociales que le daban sentido y a las cuales también sostenía, inaugurándose nuevas formaciones político-espaciales (Cowen y Smith, 2009) que, por tanto, se hicieron acompañar de otras representaciones y racionalidades geopolíticas, como hemos tratado de argumentar en el último apartado. La estetización geopolítica, muestra esos cambios profundos pero así también las continuidades persistentes.

Como también hemos planteado, que se hayan presentado múltiples modificaciones, reajustes espacio-temporales y nuevas articulaciones socio-espaciales, jamás querrá decir que las anteriores formaciones han desaparecido o se han extinguido sin dejar huella. Todo lo contrario, y como se desprende de las reflexiones de Lefevbre (2013), nos encontramos ante yuxtaposiciones complejas de procesos variados que conforman dinámicas contradictorias y dialécticas. De esta manera, el régimen biopolítico/geopolítico en realidad refiere, como se ha insistido, a esas manifestaciones diversas y plurales que configuran a las escalas como dispositivos de regulación, contención, control y vigilancia (Smith, 2008) pero que, al mismo tiempo, confrontan a las posibilidades mismas de que todo estalle y que, en ese sentido, las formaciones vigentes viren hacia otras que van surgiendo ya en el mundo que perece.

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PARTE II

DESARROLLO GEOGRÁFICO DESIGUAL

DESARROLLO GEOGRÁFICO DESIGUAL, JUSTICIA ESPACIAL Y ASIMETRÍAS TERRITORIALES

LILIANA LÓPEZ LEVI

Desde los años noventa del siglo pasado, en México se puso sobre la mesa de la discusión la diversidad de la población. Particularmente hubo movimientos sociales que reivindicaron la compleja pluralidad sociocultural. Entre ellos estaban quienes diferían de las ideas homogeneizadoras en cuanto a lo que significaba ser parte de la población nacional o de quienes asumían géneros que trasgredían las dicotomías establecidas. Entonces, se destacaron las condiciones de vulnerabilidad de estos grupos, cuyas diferencias no podían caracterizarse solo a partir de la clase social en el sentido económico. Junto con el reconocimiento, vino la demanda por los derechos humanos y civiles.

La cuestión no es solo destacar la desigualdad y sus implicaciones en términos socioculturales, sino en su dimensión espacial. Desde este punto de vista, los grandes megaproyectos, entre los que se encuentran las mineras, los macro desarrollos inmobiliarios, los turísticos y los proyectos eólicos o hidroeléctricos se han convertido en instrumentos del despojo para poblaciones que de pronto se vuelven ajenos en su propia tierra. La crisis migratoria que se hizo patente en años pasados es una demostración de las asimetrías territoriales y de la violencia, en todas sus dimensiones, así como de los procesos de expulsión y atracción de los lugares.

Aunado a lo anterior, en los últimos años, ha habido un auge en la discusión sobre el cambio climático. La concientización sobre el peligro ambiental se ha esparcido por el mundo, predominantemente bajo el paradigma del desarrollo sustentable. Esta preocupación por el medio ambiente entra en congruencia con la discusión académica que cuestiona el concepto de desarrollo, con los movimientos sociales que reivindican los derechos de las personas y la problemática del despojo territorial.

La actual pandemia de Coronavirus (Covid-19) muestra que la vulnerabilidad no es aleatoria, sino socialmente construida y territorialmente diferenciable. Es ahí donde se hace patente lo que desde hace décadas se ha nombrado como desarrollo geográfico desigual.

La desigualdad social es un tema que ha acompañado la discusión sobre los derechos humanos y la justicia social desde hace mucho tiempo. Si nos ubicamos en la modernidad, el momento seminal fue la Revolución Francesa y la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789). Si nos situamos en la perspectiva espacial, las propuestas de los geógrafos marxistas, en particular Neil Smith y David Harvey, dieron la pauta. Desde su liderazgo académico, el análisis se ha configurado bajo el concepto de desarrollo geográfico desigual. El término sigue vigente y ha demostrado ser particularmente útil para un gran número de investigaciones. Sin embargo, considero que desde una perspectiva crítica es siempre necesario cuestionar, replantear los conceptos y dialogar con otros términos. En este sentido, quisiera discutir la pertinencia, tanto del concepto de desarrollo, como del de desigualdad.

Pensar en la crisis ambiental y el deterioro social del siglo XXI, en el marco de la reflexión sobre las escalas y el desarrollo geográfico desigual, nos lleva a recuperar las ideas de Neil Smith sobre el capitalismo como productor de la naturaleza y de las condiciones sociales, que a la sombra del neoliberalismo parecen agravarse. Sin embargo, en la actualidad, las nuevas discusiones hablan de pluralidad y no de homogeneidad, de equidad y no de igualdad, de desaceleración y de defensa del territorio, en lugar que de desarrollo. Esto nos lleva a cuestionar si ¿sigue siendo adecuado utilizar los términos que sirvieron para explicar la realidad en el siglo XX?, si ¿aún es pertinente hablar de desarrollo geográfico desigual?

Por otro lado, desde el liderazgo de Edward Soja y la llamada Escuela de los Ángeles se propone el análisis de las asimetrías geográficas con base en el concepto de justicia espacial. El reclamo político, en términos de justicia, ya se había consolidado desde la escuela marxista en geografía. Lo mismo ocurre con el espacio como concepto central de la disciplina, que incluso viene desde la escuela de análisis espacial. Esto me lleva también cuestionar la pertinencia de los conceptos de justicia y espacio, para las problemáticas territoriales enmarcadas en lo que inicia por ser la segunda década del siglo XXI y desde México.

Con base en lo anterior, el presente capítulo busca reflexionar sobre la pertinencia de los conceptos desarrollo geográfico desigual y justicia espacial, así como establecer un diálogo entre ambos y reflexionar en torno a su carácter alternativo o complementario en el debate teórico-metodológico y para el análisis de la compleja problemática socio-territorial actual.

DEL DESARROLLO GEOGRÁFICO DESIGUAL A LA JUSTICIA ESPACIAL

El desarrollo, desde la teoría neoclásica, se construyó como un concepto que aludía a un proceso lineal y evolutivo. Esencialmente, se partía de la idea que las sociedades pasaban por diferentes fases, como quedó plasmado en el texto de Rostow, publicado en 1960, The stages of economic growth: a non communist manifesto, donde se contraponía la existencia de sociedades tradicionales y sociedades modernas. El crecimiento económico y el bienestar social se adquirían durante un proceso civilizatorio cuyo ideal se construía a imagen y semejanza de los ideales europeos. Para Rostow, el capitalismo era la consecuencia necesaria del desarrollo (Gregory et al., 2009, p. 721).

Según esta teoría, los distintos grupos sociales, organizados en regiones o países, transitarían por medio del crecimiento económico. Sus avances darían cuenta de su estado civilizatorio. Unos estaban más adelante, otros más atrás. De esta forma, al concepto de desarrollo, se asociaron los de modernidad, urbanización, industrialización y tecnología.

La idea tiene varios supuestos implícitos. Se asume que los imaginarios occidentales son los que deben marcar el camino, se niegan los procesos históricos de dominación y dependencia, se asume que tanto los recursos naturales, como los económicos son infinitos y que existen independientemente de que ya hayan sido apropiados.

El concepto de desarrollo tuvo un auge después de la Segunda Guerra Mundial. En su nombre se implementaron diferentes acciones; prácticas políticas y económicas que derivaron en diversas formas de intervención hacia los países y regiones consideradas más pobres. Estas políticas fueron criticadas en su época desde la teoría de la dependencia y desde la visión de pensadores críticos como Frantz Fanon (1965).

En contraposición con las teorías desarrollistas, la tradición marxista elaboró su discusión. Entonces, el concepto de desarrollo geográfico desigual fue central. Con base en él, se nombró la disparidad que produce el sistema capitalista, desde su dimensión espacial. Para ello se utilizaron indicadores económicos que evidenciaban cuestiones tales como las diferencias regionales, la división internacional del trabajo, la reproducción de pobreza y la marginalidad. Desde el punto de vista de los geógrafos marxistas, entre los que destacaron Neil Smith (1988) y David Harvey (2006), el desarrollo desigual es una consecuencia intrínseca del capitalismo, a la vez que la condición necesaria para su reproducción.

David Harvey afirma, en su libro Los límites del capital (2006), publicado por primera vez en 1982, que la acumulación de capital ha sido siempre un asunto profundamente geográfico. La expansión territorial, la reorganización y el desarrollo desigual, en términos espaciales, han sido esenciales para el funcionamiento del capitalismo como sistema político-económico (Harvey, 2000, p. 23).

Neil Smith considera al desarrollo desigual como un fenómeno característico del siglo XX, que se gestó a partir de las formas de capitalismo decimonónico. Para él se trata de “la expresión geográfica de la más fundamental contradicción entre valor de uso y valor de cambio” (Smith, 2018, p. 21).

En una genealogía del concepto, Smith (2018, pp. 20-21) distingue entre la tradición política y la geográfica. La primera deriva de la discusión sobre el desarrollo desigual que se hizo presente en lucha la política entre Trotsky y Stalin en la década de los años veinte. Eran debates en torno al internacionalismo, al socialismo, a la lucha de clases y a la necesidad de desafiar al capitalismo mundial. El proceso también fue analizado por Lenin, quien esbozo algunas cuestiones económicas y geográficas del mismo. Con la derrota de Trotsky, el concepto pasó por algunas décadas a la obscuridad y sobrevivió solo entre los militantes del movimiento trotskista. Después, el desarrollo desigual resurgió en el marco del pensamiento marxista en el mundo capitalista de los años sesenta.

Desde la tradición geográfica se parte del hecho que la desigualdad es una característica esencial para garantizar el funcionamiento de la economía global capitalista, a cualquier escala; es una consecuencia inevitable del sistema. “La supervivencia del capitalismo depende fundamentalmente de la producción del espacio” (Soja, 2018, p. 143). El capitalismo no busca la disminución de las desigualdades, sino su reproducción. En otras palabras, la desigualdad geográfica se construye y se reproduce porque es la base de la acumulación de capital y a su vez es también el resultado de la relación dialéctica entre desarrollo y subdesarrollo. En otras palabras, implica la creación de entornos normados por la discriminación y la organización restrictiva del espacio. La desigualdad es la base y el producto del desarrollo capitalista (Smith, 2018, pp. 75, 168).

Los escenarios concretos del desarrollo desigual han sido analizados con base en la teoría de la dependencia, la teoría centro-periferia y el análisis del desarrollo / subdesarrollo. Diversos autores han cuestionado los procesos de industrialización, de urbanización, de gentrificación; las condiciones de producción, inversión, y expansión del capital.[1] Desde la perspectiva de la producción social del espacio, se asume que la desigualdad le da coherencia al capitalismo, precisamente en la integración territorial de las diferentes escalas espaciales y bajo el principio de la articulación entre las regiones en el marco de un sistema mundo. No se puede tener regiones/países avanzados sin la existencia de otros atrasados; la riqueza de unos implica necesariamente la pobreza de los otros.[2]

En su libro sobre el desarrollo geográfico desigual, Neil Smith (2018, p. 179) retoma a Harvey[3] e introduce la idea del desequilibrio espacial que, de alguna manera, se equipara a la idea de desigualdad; sin embargo, la palabra es otra. Aunque el desequilibrio pudiera ser un concepto más pertinente, no lleva necesariamente al ámbito de los derechos, pero si construye una metáfora más cercana a la de justicia. El desequilibrio espacial se explica a partir de las ventajas y desventajas de localizaciones específicas. Con ello se enfatiza en el hecho que la ubicación es una fuente de valor para las mercancías y, por ende, el sistema capitalista saca provecho de las localizaciones más ventajosas.

La desigualdad y el desequilibrio espacial son tanto instrumento como consecuencia del capitalismo, en tanto que, configuran procesos territoriales y dejan huellas en el paisaje a partir de las condiciones de producción, distribución y consumo de la riqueza y del bienestar social (Perrons, 2004, en Gregory et al., 2009). Ambos conceptos son útiles para describir la situación, en el marco de un sistema dominante. Sin embargo, más allá del funcionamiento económico, la diferenciación, que yo llamaría territorial más que espacial, conlleva una implicación moral, que funge como motivación para la crítica. En este sentido, y dado que vivimos una época en la cual se reivindica la diferencia y la diversidad, los desequilibrios producidos a partir de los modos de producción y de despojo dominantes podrían replantearse desde la perspectiva de la justicia social, justicia espacial o justica territorial.

La justicia espacial fue un concepto desarrollado por Edward Soja (2014), que remite fuertemente a la discusión que planteó David Harvey en su libro de 1973 Social Justice and the City.[4] La justicia espacial de Soja no descarta, sino retoma, el concepto del desarrollo geográfico desigual; lo engulle y lo actualiza.

En el libro En busca de la justicia espacial,[5] Soja (2014) se aboca a los aspectos geográficos vinculados con la justicia/injusticia, sin dejar de reconocer la existencia de otras dimensiones del problema, que considero complementarias. Si bien el texto habla de varios problemas concretos, parte del caso de la lucha social en contra de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Los Ángeles, para obtener mejores condiciones de movilidad. El caso del Bus Riders Union se usa como ejemplo para explicar la dimensión espacial de la organización inequitativa del espacio urbano.

Al igual que con lo que fue planteado por Neil Smith sobre la espacialidad del sistema capitalista, la (in)justicia espacial es a su vez causa y consecuencia de procesos productivos y de distribución, que generan patrones territoriales (in)justos tales como la discriminación locacional, la desigual organización política del espacio, la mala distribución de los sistemas urbanos para las actividades cotidianas y el desarrollo desigual.

Soja (2014, p. 41) retoma el desarrollo geográfico desigual. Afirma que la distribución injusta de desigualdades obedece a decisiones discriminatorias de las personas, instrumentadas también desde las empresas e instituciones y ejemplifica con las zonas de exclusión, aquellas donde se asientan instalaciones tóxicas o la organización espacial restrictiva, como lo fue el Apartheid. Se trata de emplazamientos territoriales concretos, de escala media.

DESARROLLO, IGUALDAD Y JUSTICIA

El desarrollo ha sido un concepto central, tanto en términos académicos, como del discurso político. Remite a un movimiento para mejorar y está estrechamente vinculado a la idea de progreso. A lo largo del siglo XX, ambos conceptos se asociaron con el crecimiento económico, el bienestar social, la modernidad, la tecnología, la industrialización, la urbanización y, después, también con la sustentabilidad (Arévalo y López, 2020). En su dimensión temporal, el desarrollo implica que hay un avance positivo desde un pasado (primitivo, bárbaro, atrasado) hacía un futuro (civilizado, adelantado y con mejores condiciones de vida) (Moliner, 2007; Nisbet, 1980, p. 19).

Gregory et al. (2009) afirman que el desarrollo se estableció conceptualmente desde cuatro perspectivas: el liberalismo, que defiende al libre mercado; el darwinismo social que se plantea desde nociones evolutivas; el marxismo que cuestiona la lucha de clases y el imperialismo; y la postura anticolonial, en la cual los estructuralistas latinoamericanos y los autores de la teoría de la dependencia plantearon el principio de la autodeterminación de los pueblos.

En la praxis de la economía capitalista, los gobiernos latinoamericanos instrumentaron políticas desarrollistas, durante la segunda mitad del siglo XX, siguiendo los lineamientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Lo cual, de acuerdo con Escalante (2015), cimentó la transformación del capitalismo hacia el modelo neoliberal actual. Las políticas públicas y sus instrumentos de planeación se orientaron principalmente bajo el enfoque del desarrollo regional, con el argumento que era un mecanismo para reducir las asimetrías territoriales, incrementar los niveles de bienestar, la calidad de vida, la equidad y el crecimiento económico (Arévalo y López, 2020).

Los proyectos de desarrollo regional instrumentados partían del principio que los recursos naturales y sociales tenían un potencial interno y una demanda externa. Entonces, se promovió la construcción de polos de desarrollo mediante la urbanización, la industrialización y los megaproyectos, asumiendo que los beneficios económicos se diseminarían y extenderían hacía las zonas periféricas. Sin embargo, la estrategia derivó en una centralización de la economía capitalista y sus efectos quedaron focalizados. Lo anterior llevó a plantear un cambio de paradigma y se propuso el desarrollo local, con el argumento que ofrecía potencializar las posibilidades de cada lugar a partir de sus recursos naturales y humanos; mismos que debían gestionarse desde los actores locales (Stöhr y Taylor, 1981; Klein, 2006). Sin embargo, dicha estrategia tampoco ha demostrado resolver las asimetrías políticas, económicas y sociales. En América Latina existen múltiples movimientos de defensa del territorio, que parten de concebir dichos proyectos de desarrollo como mecanismos de despojo.

Desde la economía socialista, el desarrollo regional también fue un paradigma de progreso. Sin embargo, después de la caída del muro de Berlín se cuestionó fuertemente los resultados. Los llamados países socialistas no fueron efectivos en el combate a las desigualdades espaciales ni alcanzaron una justicia espacial, a pesar de evitar la polarización social tan fuerte que caracteriza al mundo capitalista. Lo que nos permite afirmar que, si bien las desigualdades territoriales son esenciales para el capitalismo, no son exclusivas de éste, porque todos los modos de producción han generados sus propias formas de violencia y desigualdad.

La igualdad es un valor que, como dije anteriormente, se estableció de manera importante en la cultura occidental después de la Revolución Francesa, cuando se reconocieron los derechos de distintos grupos sociales y se estableció la ciudadanía como una condición de justicia civil. Por lo que la igualdad quedó asociada con la libertad, la justicia y el orden. Todos ellos aceptados como parte de los derechos civiles, políticos y sociales y, sobre todo, con un componente de pertenencia territorial.

Abbagnano (2010, p. 576) define a la igualdad como una “relación de sustitución entre dos términos”. Cuando ésta se nombra en un marco jurídico o moral implica que dos sujetos tengan las mismas condiciones o que éstas sean sustituibles, en un contexto semejante. Se trata de un concepto importante que se establece como derecho y que asociado con la libertad y con ciertos deberes son atributos esenciales de la ciudadanía (Abbagnano, 2010, p. 168). Otros autores, como Marshall (1950) y Rubio (2007) también reconocen a la igualdad como uno de los principios básicos de la ciudadanía y de los derechos civiles.

Ahora bien, la igualdad como un derecho del ciudadano no puede desvincularse del sistema espacial en donde se inserta. Los niveles de desarrollo, las disputas territoriales, las oportunidades y las amenazas ocurren en un lugar. La configuración de espacios diferenciados depende de las relaciones específicas, que se someten a ciertas estructuras de poder, modos de producción y consumo, imaginarios culturales y prácticas sociales. Desde el punto de vista territorial no existe la igualdad, propiamente dicha.

En tiempos de estandarización cultural por la diseminación de patrones de consumo homogéneos, o por la instrumentación de prácticas económicas globalizadas, la igualdad no es un elemento al que aspiremos, sino a la justicia y la dignidad. Sin embargo, desde la perspectiva económica, desde la tradición francesa y en el sentido que se utiliza en la escuela marxista, la igualdad conlleva una equidad de condiciones, que sirven de base para hablar de justicia.

Ahora bien, la idea de justicia también tiene sus complejidades. La justica social se asocia con una buena repartición de bienes sociales, con el respeto a los derechos humanos y civiles y con la adecuada distribución de las oportunidades, lo que incluye favorecer a los grupos más necesitados. A diferencia de la desigualdad, es más subjetiva de evaluar y conlleva una valoración cualitativa.

Retomando a Gregory et al. (2009), la justicia implica una evaluación moral y se refiere a un tratamiento equitativo e imparcial del individuo, a una adecuada aplicación de la ley, al derecho y al reconocimiento, ya sea de las personas, grupos sociales o comunidades. La justicia social aparece vinculada a las demandas de muchos movimientos sociales, que visibilizan la injusta distribución de la riqueza, de los beneficios, de las oportunidades, de la toma de decisiones e incluso del cumplimiento de las normas.

La reflexión sobre la justicia y la igualdad, desde una perspectiva espacial, remite a la organización territorial del Estado-nación y a la ciudadanía como figura política dominante en la actualidad. La ciudadanía es una condición de pertenencia política en la cual se atribuye, a quienes son reconocidos como tales, de una igualdad ante la ley, así como de los mismos derechos y obligaciones; definidos como universales y establecidos jurídicamente (Toscana, 2019, p. 92). Si bien los derechos del hombre y del ciudadano han sido la pauta para hablar de derechos universales, la ciudadanía en el marco del Estado-nación ha llevado a la exclusión de importantes sectores sociales, como en su momento fueron las mujeres, después las comunidades LGTB+ y hoy en día son los migrantes.

La justicia, según Harvey (2018, pp. 27-28, 425) es un terreno de lucha anticapitalista, de búsqueda de cambio político, económico, social y ecológico. Como concepto está vinculado con la emancipación, la autorealización y a la libertad.

La “justicia” es un conjunto de creencias, discursos e institucionalizaciones socialmente construidas que expresan, durante un tiempo, relaciones sociales y configuraciones de poder discutidas que están totalmente relacionadas con la regulación y el ordenamiento material de prácticas sociales en determinados lugares y durante un tiempo. Una vez constituida, la huella de una particular concepción discursiva de la justicia a lo largo de todos los momentos del proceso social se convierte en un hecho objetivo, cuyo alcance llega a todo el mundo. Una vez institucionalizado, un sistema de justicia se convierte en una “permanencia” a la que tienen que enfrentarse todas las facetas del proceso social (p. 426).

Cabe destacar que la justicia social es un concepto polisémico que no tiene un significado único. El sentido es relativo desde el punto de vista espacial y temporal. Se trata de una idea que oscila entre el discurso establecido en la universalidad de la cultura dominante y los intereses locales y particulares. La relatividad del concepto se hace presente cuando nos preguntamos ¿qué pasa si los intereses económicos se oponen a los culturales, a los sociales o a los políticos?, ¿qué grupos sociales tienen prioridad?, ¿quién juzga?, ¿bajo qué circunstancias?, ¿deben prevalecer las condiciones materiales sobre las culturales?

Una coincidencia en la definición deriva de una relación de poder y tiene dos implicaciones, desde el punto de vista político. Por un lado, podemos considerar que son los grupos hegemónicos y las clases dirigentes los que nombran y establecen las normas, quienes deciden y distinguen lo correcto de lo incorrecto, lo necesario de lo innecesario, lo aceptable de lo inaceptable. Por otro lado, la justicia puede también ser producto de las luchas sociales, así como un instrumento poderoso para la acción política, como ocurrió con la Revolución Francesa (Harvey, 2018, p. 427), la misma que colocó a la igualdad en el centro del debate.

Más allá de los referentes etimológicos a la palabra latina jus que significa tanto ley como derecho, Edward Soja, en concordancia con Harvey, habla de la justicia en términos de un símbolo que favorece el activismo y la sensibilización política. Es una “fuerza movilizadora y objetivo estratégico en la política contemporánea” (Soja, 2014, p. 40). La injusticia espacial se produce a cualquier escala y afecta la vida de los individuos como de las sociedades, creando espacios diferenciados, distribuidos de manera inequitativa. Sin embargo, se trata de realidades que pueden transformarse mediante la acción social (Soja, 2014, p. 52).

EL ESPACIO, EL TERRITORIO Y LA SUPERFICIE DE LA TIERRA

Tanto el desarrollo geográfico desigual como la justicia espacial centran su análisis en la crítica a los procesos sociales que ocurren sobre la superficie terrestre. Ambas plantean su reflexión utilizando al espacio como concepto central.

El espacio es una palabra polisémica, cuya tradición puede llevarnos hacia diversas perspectivas. Sin embargo, tanto Neil Smith como Edward Soja abrevan de la tradición marxista. Ahora bien, para hacer después un vínculo hacia los planteamientos latinoamericanos, partiré de la definición de Milton Santos (2000, p. 18), quien afirma que el espacio es “un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones”[6]. La explicación después incorpora categorías internas, como “el paisaje, la configuración territorial, la división territorial del trabajo, el espacio producido o productivo, las rugosidades y las formas-contenido”.

En la superficie terrestre se configura una realidad material en la cual el autor le otorga un lugar central a la técnica. En el espacio inciden “la técnica, la acción, los objetos, la norma y los acontecimientos, la universalidad y la particularidad, la totalidad y la totalización, la temporalización y la temporalidad, la idealización y la objetivación, los símbolos y la ideología” (Santos, 2000, p. 19).

En su libro Técnica, espacio y tiempo, Santos (1998, p. 49) agrega que en la actualidad dicho sistema de objetos y de acciones es cada vez más artificial. Las nuevas tecnologías desplazan los objetos preexistentes. Aludiendo a la globalización y al desarrollo tecnológico afirma que las acciones responden a fuerzas ajenas y distantes a los habitantes de los lugares. “Esos sistemas técnicos actuales se forman de objetos dotados de una especialización extrema. Esto es sobre todo válido para los objetos que participan en los sistemas hegemónicos, los que han sido creados para responder a las necesidades de realizar acciones hegemónicas dentro de una sociedad” (Santos, 1998, p. 50).

Ahora bien, siguiendo esta línea de argumentación, el desarrollo geográfico desigual y la injusticia espacial son producto de la asimetría en el sistema de relaciones y del componente ético de las acciones. Dichas acciones se ejercen sobre los elementos del sistema terrestre, que tradicionalmente han sido analizados como si existiesen dos sistemas: el humano y el natural.

Neil Smith (2018) inicia su análisis sobre el desarrollo geográfico desigual con una reflexión sobre la naturaleza y su relación con la historia social. Este punto de partida es importante en tanto que el medio ambiente y la actividad humana son elementos primordiales, desde los cuales se suele concebir a la superficie del planeta. Todo fenómeno, proceso o acontecimiento ocurre sobre la Tierra. Si hablamos de asimetrías espaciales, de conflictos territoriales, implicamos dinámicas donde inciden factores ambientales, económicos, culturales, políticos y sociodemográficos. Después la transformación conlleva las acciones, el trabajo y la técnica. Es a partir de todo ello que se producen el espacio, sus asimetrías e injusticias.

Si pensamos en la superficie terrestre, en los objetos y sujetos que encontramos en el paisaje, naturaleza y la sociedad ocupan un lugar central. Neil Smith parte de una crítica a la conceptualización universal de la naturaleza, como si ésta fuese externa, independiente y separada de los procesos sociales, como si obedeciera únicamente a las leyes universales establecidas desde la física y la biología; leyes que, por cierto, fueron formuladas bajo imaginarios científicos, por investigadores en contextos específicos. Después, el autor recupera el análisis que hizo Alfred Schmidt sobre el concepto de naturaleza en Marx y afirma que no tiene sentido hablar de una naturaleza separada de la sociedad, en tanto que “la naturaleza que precedió a la historia humana no existe ya en nuestros días” (Smith, 2018, p. 46). Con base en ello, y retomando a Hegel, hace la distinción entre primera y segunda naturaleza. Si bien puede pensarse en una primera naturaleza como ajena a los seres humanos, la segunda naturaleza aparece moldeada por el Estado, la ley, la sociedad y la economía (Smith, 2018, p. 46). Con la implementación del capitalismo como sistema hegemónico trabajo y naturaleza se convierten en dos factores clave en la producción de valor.

Desde el ámbito científico, cultural y económico, el ser humano nombra, estudia, interpreta y utiliza; construye oposiciones como lo natural y lo artificial, la naturaleza y la civilización. Durante siglos, las acciones sociales se encaminaron al dominio y transformación de aquello que había sobre el planeta y, si bien, en un principio había que protegerse de la naturaleza como amenaza, con el tiempo fue domesticada a tal punto que “las connotaciones de hostilidad son reservadas para acontecimientos extremos e infrecuentes, como las mareas altas, las inundaciones y los huracanes” (Smith, 2018, p. 42).

Ahora bien, el dominio y utilización de la naturaleza sustenta la idea del progreso. El desarrollo de los países se dio en gran medida a partir de la apropiación territorial, tanto de la naturaleza como de las personas, ambas entendidas como recursos. Eso fue la base del sistema colonial, de los imperios y de la dicotomía desarrollo/subdesarrollo.

Lo mismo ocurre con la máquina, cuyo uso está asociado a la idea de niveles superiores o más avanzados de la humanidad. En la visión de Marx sobre el futuro “hombre y naturaleza viven en armonía y no en conflicto” y “el desarrollo progresivo de la maquinaria en el capitalismo resultaría en la humanización del proceso de trabajo y llevaría, al fin, hacia el socialismo” (Smith, 2018, pp. 49 y 50). Schmidt se opone a esta visión y considera que “el desarrollo tecnológico, en tanto parte del metabolismo con la naturaleza, es fuente de dominación y no de emancipación” (Smith, 2018, p. 50).

El desarrollo geográfico desigual, la justicia social y la justicia espacial son conceptos acuñados desde la teoría geográfica anglosajona, que asume su dimensión espacial predominantemente desde el concepto de espacio y no desde el territorio. En el caso particular del marxismo, éste enfatiza en las condiciones materiales de la realidad, por lo cual muchos autores enmarcados en esta tradición, entre ellos Milton Santos, no hacen una distinción clara entre espacio y territorio y los usan como sinónimos.

El espacio fue desarrollado como concepto geográfico a partir de la geografía cuantitativa y por la escuela de análisis espacial. Bajo esta perspectiva se trata de una entidad abstracta que permite el modelaje matemático y la conceptualización de esta dimensión como estructura y como sistema. Si retomamos las ideas anteriores, las dinámicas económicas, políticas, culturales y ambientales que ocurren sobre la superficie del planeta se relacionan de manera tal que producen territorios diferenciados y asimétricos. Los vínculos, interacciones y acciones que coexisten en un momento determinado, configuran procesos terrestres, a partir de relaciones de causa-consecuencia o de la correlación de fuerzas. Atributos espaciales como la localización, la proximidad, la vecindad, las ventajas comparativas, la posición, distribución, entre otros desempeñan un papel fundamental.

Aunque las teorías del desarrollo desigual y de la justicia espacial no lo digan expresamente, retomarlas para hacer una crítica de la realidad latinoamericana, implica de alguna manera asumir los imaginarios de progreso y de justicia social construidos desde la cultura europea y diseminada también desde América del Norte. En este sentido, se encuentran tanto los imaginarios marxistas asociados al socialismo, como los de la economía neoclásica que operan en el capitalismo neoliberal, ambos con una concepción evolutiva de la historia, donde por ende cabe pensar en términos de progreso y de desarrollo.

En América Latina, las luchas por la defensa de la tierra han tenido una gran influencia en el ámbito académico y han llevado a diversos autores a recuperar de manera importante al territorio como concepto central bajo el argumento que se trata de una categoría más concreta. Tal es el caso de Emilio Pradilla (1984; 2011) y Rogerio Haesbaert (2011).

Las disputas territoriales se han intensificado a lo largo del siglo XXI. La apropiación de los bienes naturales por parte de las grandes corporaciones y a las empresas privadas, en contubernio con los gobiernos neoliberales, conllevan el despojo de las tierras de los pueblos y comunidades. Todo a nombre del desarrollo, ya sea inmobiliario, por megaproyectos de infraestructura, por los enclaves turísticos, por las concesiones para la extracción de minerales, de biodiversidad o de energía (Rodríguez, 2015, pp. 15-16).

Desde mi punto de vista, cuando hablamos de un modelo abstracto de distribución de la riqueza y los derechos, en el marco de la economía capitalista, el concepto adecuado sería el espacio, pero cuando nos referimos a las condiciones concretas que atañen a sociedades particulares ubicadas en una porción de la superficie terrestre, la cuestión debiera expresarse en términos de territorio.

El territorio remite a un caso concreto y a una realidad particular. Como categoría analítica permite una mayor concreción para estudiar las condiciones materiales y simbólicas específicas, que desempeñan un papel relevante en los procesos locales. Los sistemas de objetos y de acciones, antes mencionados, se traducen en materialidades específicas. Con base en ello, propongo hablar de justicia territorial y no de justicia espacial; de asimetrías territoriales en lugar que de desarrollo geográfico desigual.

Tanto la (in)justicia territorial como las asimetrías territoriales implican una relación de poder desequilibrada y sesgada en términos de derechos humanos, civiles y sociales; una inequidad en el acceso a los bienes comunes y una relación de tensión con la superficie terrestre en donde se hacen patentes las dinámicas de apropiación/desplazamiento/despojo, y en las que los grupos dominantes operan en función de imaginarios que oponen lo natural y lo social; la cultura y la barbarie; lo salvaje y lo civilizado.

En este sentido, el territorio implica no solo a la superficie terrestre, sino a las formas de vinculación que personas, sociedades, empresas, gobiernos, organizaciones, movimientos e instituciones establecen con ella. De manera tal que se producen procesos de apropiación, desplazamiento, despojo y recuperación que implican a un grupo de individuos. Estos pueden darse en términos materiales o simbólicos y el resultado de la dinámica puede ser valorada en términos de desequilibrios, injusticias o inequidades.

CONCLUSIONES

El desarrollo geográfico desigual fue un concepto importante para el análisis académico que se plateó como un instrumento para la resistencia. Después la justicia, social y espacial, entraron de forma importante al debate. Estos conceptos se usan desde diferentes enfoques, para nombrar procesos geográficos semejantes. Sin ser determinantes, podríamos afirmar el desarrollo desigual nombra una situación concreta y la justicia a un ideal.

En tiempos del neoliberalismo, el marxismo se asienta como una teoría válida para el análisis crítico de los espacios del capitalismo. Sin embargo, en el siglo XXI se han visibilizado nuevas reivindicaciones socio culturales que han cambiado nuestra forma de analizar la realidad. En tiempos de heterogeneidad, diversidad y pluralidad, la sociedad ya no pretende la igualdad, sino la equidad en derechos y la justicia. En este sentido, el concepto de desarrollo geográfico desigual presenta limitaciones en el marco del reconocimiento de una realidad multidimensional.

Si aceptamos que los recursos no son infinitos, entonces ni siquiera podemos aceptar al desarrollo como un paradigma. Ante los desastres ambientales que derivan del modelo civilizatorio, el desarrollo es un concepto fuertemente cuestionado. Propuestas como la desaceleración o el buen vivir marcan otros horizontes que buscan una mayor coherencia con nuestras relaciones territoriales.

En vista de las críticas que se han hecho al concepto de desarrollo y de los movimientos en favor de la diversidad inicié este trabajo con la hipótesis de que podríamos desplazar el concepto de desarrollo geográfico desigual y retomar el de justicia espacial. Sin embargo, después de hacer un análisis de las implicaciones de las palabras considero que no es así. Ambos conceptos remiten a dos dimensiones del problema. La primera es más fácil de cuantificar u operativizar, desde el punto de vista metodológico, pero la segunda es la que le da sentido y construye la problemática. Por ende, no son sustituibles la una por la otra.

Si bien el desarrollo igualitario no es la meta, no podemos negar que ciertas condiciones de equidad, que suelen asociarse al concepto, son la base de la justicia. En este sentido, el desarrollo geográfico desigual es un instrumento conceptual útil para describir las condiciones asimétricas del mundo a nivel regional. La justicia espacial no lo sustituye.

La justicia espacial tiene sus propias problemáticas. Sería fácil valorar la injusticia espacial si las normas fueran éticamente aceptadas por todas las comunidades, si no estuviera permeada de los imaginarios del poder, si la impartición de la justicia no se cuestionara. Sin embargo, la injusticia espacial ocurre dentro de las normas, leyes y reglas de una organización social y territorial dominante. La idea hegemónica de justicia produce lugares diferenciados y asimetrías territoriales.

Desde la geografía, considero que examinar la oposición/complementariedad del desarrollo geográfico desigual y de la (in)justicia espacial desde los conceptos de espacio y territorio permite ir más allá de la crítica a las ideas de desarrollo y de desigualdad o de la relatividad de la justicia. En este sentido, me parece que el concepto de espacio remite a una dimensión abstracta de los procesos, útil para hablar de sistemas y modelos. Por ejemplo, del capitalismo o del Estado-nación como estructura geopolítica. Sin embargo, cuando hablamos de lugares, de regiones concretas sobre la superficie terrestre o de luchas sociales específicas, el concepto de territorio me parece más apropiado.

El territorio permite señalar y dar un marco para la discusión concreta, en términos de las asimetrías locales y regionales, expresadas a partir de las fuerzas económicas, sociales y culturales (clase, género, color de piel, nacionalidad, etcétera) que desempeñan un papel importante en los desequilibrios del poder. De ahí la idea de hablar en términos de asimetrías territoriales o de justicia territorial.

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NOTAS

[1] Ejemplos de algunos trabajos que destacan el desarrollo geográfico desigual son los siguientes: Agnew, J.A. (2001) “The new global economy: time-space compression, geopolitics and global uneven development” en: Journal of World-Systems Research 7: 133-54; Duncan, S. and Goodwin, M. (1988) The local state and uneven development. Cambridge. Polity Press; Hudson, R. (2007) “Regions and regional uneven development forever?” en: Regional Studies 41(9): 1149-60; Mann, S. (1984) “Sharecropping in the cotton South: a case of uneven development in agriculture”. Rural Sociology 49: 412–29; Manzo, K. (2005) “Exploiting West Africa’s children: trafficking, slavery and uneven development”. Area 37: 393-401; Marshall, J.N., with Wood, P., Daniels, P.W., McKinnon, A., Bachtler, J., Damesick, P., Thrift, N., Gillespie, A., Green, A. and Leyshon, A. (1988) Services and uneven development. Oxford: Oxford University Press; Marston, S.A. (2004) “Space, culture, state: uneven developments in political geography”. Political Geography 23: 1-16.

[2] En el caso particular de Neil Smith, el análisis del desarrollo desigual le abrió la pauta para sus dos líneas centrales de investigación: la gentrificación y la producción de la naturaleza. Él argumenta que la naturaleza o el mundo no humano también es una producción del desarrollo desigual capitalista (Smith, 1988, p. 20).

[3] En particular la obra de 1982. Los límites del capital.

[4] En 1996, David Harvey actualizó sus planteamientos en el libro Justice, nature and the geography of difference, donde incluyó también el problema ambiental y la cuestión de la diferencia.

[5] La version original, Soja Edward (2010), Seeking spatial justice, University of Minnesota Press, Minneapolis.

[6] Como puede observarse en la bibliografía de La naturaleza del Espacio, Milton Santos fue lector de Neil Smith y de Edward Soja. Smith y Soja, por su parte, no registran a Milton Santos.

DESARROLLO GEOGRÁFICO DESIGUAL: ANDAMIOS PARA UN ESQUEMA COMPRENSIVO

FABIÁN GONZÁLEZ

Lo que sucede es que la geografía de las relaciones sociales está cambiando. En muchos casos, estas relaciones se han ampliado de manera efectiva a través del espacio. Las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas, cada una llena de poder y con estructuras internas de dominación y subordinación, se expanden por el planeta a muy diferentes niveles, desde el hogar a la esfera local y a la internacional.

Doreen Massey

Uno de los rasgos definitorios de las geografías del capitalismo es su carácter intrínsecamente diferenciado y jerarquizado, por lo que indicar que el desarrollo no se efectúa en todos los lugares y con los mismos ritmos puede resultar una generalidad sin mayor capacidad comprensiva e, inclusive, una obviedad que no aporta profundidad en la reflexión más allá de una descripción, más o menos densa, de las condiciones superficiales de producción y reproducción social, sin embargo, si se transita a una aproximación de dicha desigualdad como una racionalidad que ordena las formas de realización del modo de producción y de articulación de las relaciones sociales permite plantearla como un fundamento sistémico del proyecto histórico concreto del capitalismo (Smith, 2002).

Es decir, si se trasciende un enfoque de la desigualdad como forma-efecto, para posicionarla como un proceso en constante formación que implica y afirma una lógica de reproducción específica, entonces, la articulación de una mirada sobre el desarrollo desigual se constituye como una clave epistémica para aproximarse al desenvolvimiento histórico del capitalismo y sus contradicciones principales, y también, como una posibilidad de interpelación –a la desigualdad– en el ámbito de la praxis social.

En esta dirección, los argumentos y planteamientos que aquí se exponen se encuadran dentro de la premisa de la teoría como posicionamiento epistémico a la vez de afirmación de lo político en la definición y entendimiento de los acontecimientos histórico-geográficos. Al respecto David Herrera et al. indican:

[…] consideramos que la reflexión teórica es central en esa batalla por dotar de contenidos a las formas políticas que se presentan y representan de confrontaciones múltiples y estratégicas que se han consolidado como una hegemonía de la “forma de valor” que se reproduce de manera sumamente naturalizada y que ha conseguido absorber y contener, en ocasiones incluso eliminar, la efectividad de la oposición que se le presenta en cada instante (2020, p. 10).

Con base en lo anterior, las siguientes líneas tienen dos objetivos, el primero es poner en discusión avances de investigación en relación con la construcción y desenvolvimiento de una mirada teórica sobre el desarrollo geográfico desigual que permita incorporar a la geopolítica como estrategia metodológica de aproximación comprensiva a las reconfiguraciones del poder en y a través de sus despliegues espaciales; el segundo es argumentar sobre la relevancia de la propuesta teórica del desarrollo geográfico desigual como eje de articulación tanto al interior de la geografía como en su diálogo interdisciplinario, buscando desdoblar y ampliar el llamado “giro geográfico” (Smith, 2002). Estos objetivos tienen una doble finalidad, en primer lugar, plantear al pensamiento geográfico crítico, como posibilidad de interpelación a los discursos y materialidades del poder, y por el otro, como un fundamento para debatir sobre el propio papel de la geografía –y sus tradiciones epistémicas– dentro de la praxis social, es decir, como reflexión y cuestionamiento de los discursos de saber como imposiciones de sentido de verdad, aspecto que necesariamente implica tomar en consideración el papel productivo e histórico de toda actividad científica.

Para la realizar lo anterior el punto de partida es que:

La cuestión de la teoría del desarrollo geográfico desigual es crucial y persistente en las ciencias geográficas, territoriales y ambientales. Es crucial en la medida en que es el fundamento epistemológico del desarrollo del campo disciplinario, manifestándose de muchas formas, algunas más descriptivas y otras más explicativas y comprensivas, en todas las corrientes o tradiciones. Las diferencias geográficas y, sobre todo, los procesos naturales y prácticas culturales que producen tales diferencias constituyen el fundamento social y epistemológico de las ciencias geográficas. También es crucial en otros campos disciplinarios, expresados en los persistentes “meandros” de los desarrollos inter, trans y supradisciplinarios, de los que son tributarios expresiones tales como “el giro cultural de la geografía” y el “giro geográfico de las ciencias sociales (Di Cione, 2007, p. 3).

Con la intención de destacar la pertinencia de la construcción y desenvolvimiento de una mirada teórica y metodológica del desarrollo geográfico desigual, en el texto se busca articular un esquema comprensivo de éste que coadyuve en el debate de la producción de espacio como clave estratégica del despliegue de la dominación en y a través de las geografías de la desigualdad, por un lado, y de las formas de resistencia e interpelación por el otro, enfatizando la relevancia de dicho debate en la estructuración de un pensamiento geográfico crítico. Este aspecto no sólo recupera al espacio como agencia estructurante social, sino que también implica la discusión y reflexión de éste como afirmación política, señalando la necesidad de involucrar a la producción de escala como estrategia dialécticamente complementaria a la producción de espacio en las configuraciones de la praxis social, en sus diferencias y jerarquías. David Harvey[1] mencionó en una entrevista que “no puede haber justicia social sin prestar atención a la forma de organización espacial que se tome y a las maneras en que la organización espacial se convierte en un medio a través del cual la desigualdad de clase puede perpetuarse” (2012, p. 26).

No sólo recupera al espacio como agencia estructurante social, sino que también implica la discusión y reflexión de éste como afirmación política, señalando la necesidad de involucrar a la producción de escala como estrategia dialécticamente complementaria a la producción de espacio en las configuraciones de la praxis social, en sus diferencias y jerarquías.

En esta dirección, el texto se divide en cuatro apartados, en el primero se aborda el giro geográfico como desenvolvimiento del giro espacial que coloca a la producción de espacio en el corazón del pensamiento geográfico. Este último aspecto, junto con un planteamiento básico de geopolítica como apuesta metodológica es lo que se recupera en el segundo apartado. En el tercero se delimita la propuesta del desarrollo geográfico desigual y sus retroalimentaciones dialécticas con la escala, para que en el último, a manera de conclusión y síntesis de la principal propuesta de este diálogo, se posicionan al desarrollo geográfico desigual como reescalamiento de clase, a la organización espacial como despliegue de la afirmación del Estado y al desarrollo desigual como vaciamiento de lo político en las geografías del capitalismo como los tres ejes básicos en la articulación de un esquema comprensivo de las geografías desiguales del capital. Por supuesto que no se trata de un modelo cerrado ni acabado, todo lo contrario, es un planteamiento de apertura, pero que igualmente se considera fundamental para el desarrollo de un programa de investigación sobre la espacialidad, la dominación y la violencia.

EL “GIRO GEOGRÁFICO” COMO INTENCIÓN Y AFIRMACIÓN EPISTÉMICA

La búsqueda de una geografía crítica que trascienda una identificación lineal entre el conocimiento geográfico y la razón instrumental pasa necesariamente por la articulación de un trabajo disciplinar como crítica al poder en sus distintas formas de realización y manifestación. Se trata, por lo tanto, de reconocer que la generación de cualquier tipo de conocimiento no solamente es una interpretación, más o menos detallada y precisa, sobre algún suceso, sino que es parte constitutiva del propio desenvolvimiento de la praxis social, por lo que la construcción de conocimiento es también un posicionamiento político y ético, aspecto que no puede ser ignorado en el propio quehacer científico.

En este sentido, la geografía crítica debe mantener un continuo trabajo de reflexión que le permita ampliar y profundizar en una serie de planteamientos conceptuales que además de dar cuenta sobre las formas específicas de realización espacial del capitalismo, proporcione herramientas de intervención, se busca del desenvolvimiento de una disciplina que supere cualquier rasgo contemplativo para interpelar de manera activa a las (re)configuraciones geográficas del poder en sus múltiples escalas.

La premisa base de esta propuesta se encuentra en el desarrollo del pensamiento teórico conceptual, ya que éste no solo ayuda a aprehender y comprender los diferentes procesos y fenómenos de la vida cotidiana, sino que también posibilitan interpelar al orden hegemónico y deslocalizarse de los patrones dominantes de enajenación. La capacidad de articular esquemas comprensivos de la realidad que desvelen las contradicciones de la espacios tiempos de la modernidad realmente existente se sustenta, necesariamente, en el pensamiento teórico. De acuerdo con Jacques Rancière (1996), la posibilidad de la emancipación se basa en la capacidad de participar en varios mundos de experiencia que permitan la construcción de diversas formas de sentido (de ser y existir) que significan modos de pensamiento y acción colectiva donde se producen las condiciones de la subjetivación política.[2] De esta manera, la conformación de un pensamiento científico crítico constituye un acción política, de producción de un nosotros como apertura de sentidos, algunos de ellos como contestación a las formas de dominación.

Al respecto, es importante recuperar el comentario de David Harvey referente a superar los peligros de caer en la trampa del discurso posmoderno del “todo se vale” y de la diferencia como estrategia de moda que se queda en la superficialidad expresiva de los procesos que se abordan, para poder arribar a una geografía pertinente y significativa, tanto en términos epistémicos y político-sociales:

[…] uno de los problemas que existen en muchas disciplinas, donde la geografía no es una excepción, es una cierta inclinación a los direccionamientos, a la moda, a las ‘nuevas ideas’ de cualquier clase, de cualquier manera. Por un lado, pienso que es muy esperanzador y muy útil pero a menudo lleva a la disciplina a una dogmatización y baja curiosidad intelectual. Me refiero a que la gente que está trabajando en la disciplina debe dispararse a todo tipo de asuntos y creo que debiéramos tratar de construir una geografía que esté sólidamente basada en las preguntas económicas políticas y sociales, las que por supuesto son preguntas de clase y de género, de raza, de preferencias sexuales y así sucesivamente (2012, p. 27).

Por lo tanto, se asume que una tarea fundamental en el quehacer geográfico es la de articular esquemas comprensivos cuya base conceptual no solo permita aprehender los procesos que configuran nuestras prácticas cotidianas, sino que oriente formas de praxis social, de intervención en los órdenes histórico-geográficos. Estas reflexiones apuntan a colocar en tensión al conocimiento, no sólo por la manera en la que éste se produce, sino también como se instrumentaliza, situación que permite reconocer a las distintas agencias en donde se pone en juego al propio conocimiento dentro de la reproducción del orden social, así:

Existe una importante diferencia entre los conocimientos geográficos manejados en las diversas ramas del saber académico y los manejados en distintos entornos institucionales (como los aparatos de Estado, El Banco Mundial, el Vaticano, los medios de comunicación, la CIA, el conjunto de la ciudadanía, las fuerzas militares, las ONG, la industria turística, las corporaciones multinacionales y las instituciones financieras). La tensión entre la geografía entendida como disciplina autónoma y la geografía entendida como una forma de reunir, utilizar y entender cierta clase de conocimiento en diversos entornos institucionales es palpable (Harvey, 2017, p. 151).

El “giro espacial” colocó la discusión teórica sobre la dimensión espacial como un eje fundamental en la reconfiguración del entendimiento de las realidades sociales y no como un simple marco interpretativo (Soya, 1995), aspecto que además de impulsar el desarrollo de diferentes proyectos de investigación con temas espaciales o con metodologías que apelaban directamente al espacio como agencia social (González, 2010), en la geografía esto impactó abriendo diferentes líneas de reflexión epistémica y marcando su estructuración teórica interna, así:

El redescubrimiento del espacio en la teoría social crítica y el énfasis en la diferencia proviene de la discordancia intelectual y de las raíces políticas - la geografía se abandera contra las rígidas estructuras del historicismo y se contrapone a los discursos totalizadores del modernismo. Citando los trabajos de Berger y Foucault así como los de Giddens, Sartre, Althusser y muchos otros, en Postmoderm Geographies, Edward Soja (1989), nos ofrece la más sustancial y esclarecedora reflexión sobre “la reafirmación del espacio en la teoría social crítica”. Durante la mayor parte del siglo XX la teoría social y la geografía siguieron agendas sumamente diferentes, la primera especialmente indiferente a la espacialidad de la experiencia y la última (con mayor visibilidad en Estados Unidos) se aisló, de manera defensiva, de la principal corriente científica social.

Sin embargo, en las últimas dos décadas, se ha iniciado un acercamiento. Lo que en principio fue una tentativa hoy se encuentra en franca expansión. De un lado, los marxistas entrenados en una geografía provocadoramente pionera en conectar con la teoría social; del otro, un amplio abanico de teóricos sociales que han redescubierto el espacio como algo realmente problemático en un discurso cultural y social dominado por la historia y, en última instancia, por el historicismo (Smith, 2002, p. 131).

Lo anterior no es un punto menor dentro del pensamiento geográfico, ya que como señala Raffestin (2015), éste se ha caracterizado por su cercanía y funcionalidad al Estado como proyecto político de dominación. Se puede observar, por lo tanto, las formas de colonización del espacio social por los mecanismos y necesidades de (re)producción del poder del capital, incorporando como estrategia aproximativa la afirmación estatal como un proceso fundamentalmente espacial.

Dentro de los diferentes “rompimientos”, “reposicionamientos” y “aperturas” que se dieron en el marco de la crítica posmoderna,[3] el desplazamiento del espacio al centro de los debates epistémicos, rompiendo con la primacía del tiempo y el esencialismo de la historia, se reconoce como uno de los más relevantes para el propio pensamiento geográfico, permitiendo abrir posibilidad de trascender las visiones dicotómicas entre tiempo y espacio, y asumir que ambos son procesos dialécticos producidos por las relaciones sociales, que a su vez condicionan los procesos históricos, es decir, como estructuras – estructurantes.[4]

Con base en esta preeminencia analítica y metodológica del espacio, Neil Smith (2002) plantea la emergencia, a finales del siglo XX, de un “giro geográfico” como un reconocimiento del papel que puede desempeñar la geografía, siempre en un constante diálogo interdisciplinario, en el desarrollo de andamiajes teóricos y metodológicos sobre la espacialidad como agencia social, pero también del propio papel de la disciplina en las configuraciones del poder. De esta manera el “giro geográfico”:

[…] se dirige hacia la búsqueda de maneras de expresar temas sobre diferencia y diversidad, fragmentación y disociación. Concebido durante mucho tiempo como muerto, fijo e inmóvil, el espacio se está colocando como la metáfora fundamental y al mismo tiempo se está redescubriendo como producido, mutable, como una intrínsecamente compleja expresión de las relaciones sociales. No sólo es la fragilidad y transitoriedad de las relaciones sociales contemporáneas expresa “en” el espacio, la producción del espacio es cada vez más el medio/recurso a través del cual la diferencia social se construye y se reconstruye (Smith, 2002, p. 134).

Se puede establecer que el “giro geográfico” se constituye como proyecto científico (y por lo tanto, también político) dentro de la geografía, y como base para su interacción con otras disciplinas, a partir del desenvolvimiento de la propuesta lefebvriana de producción de espacio, buscando no solo reconocer que el capital sobrevive y domina por medio de la instrumentalización de la producción espacial, sino también analizar y dar cuenta de cómo lo hace de manera específica, qué tipo de configuraciones concretas se generan. Así, se asume al pensamiento geográfico en un doble sentido, como propuesta de entendimiento del mundo y sus diferencias (no de forma absoluta ni homogénea) por un lado, y como posicionamiento político por el otro, es decir, se trata de apostar por una geografía como mirada crítica a nuestras realidades, como posibilidad de incidencia y también como forma de significación de nuestra experiencia cotidiana que puede posicionarse como una herramienta desde abajo.

Esta geografía significa una apuesta de visibilización del poder, de sus formas de realización en las prácticas espaciales y sus anclajes en los imaginarios sociales. Linda McDowell lo plantea de la siguiente manera:

Lo que define el lugar son las prácticas socioespaciales, las relaciones sociales de poder y de exclusión; por eso los espacios se superponen y entrecruzan y sus límites son variados y móviles (Massey, 1991; Smith, 1993). Los espacios surgen de las relaciones de poder; las relaciones de poder establecen las normas; y las normas definen los límites, que son tanto sociales como espaciales, porque determinan quién pertenece a un lugar y quién queda excluido, así como la situación o emplazamiento de una determinada experiencia (2000, p. 15).

En este sentido, se asume la necesidad de ampliar y profundizar el desarrollo del “giro geográfico” para articular y desdoblar una disciplina crítica y comprometida con las desigualdades sociales, que no solo busque comprender al poder, sino que también interpelar y contrarrestarlo como disenso a las geografías del y para el capital y sus formas de realización del valor. Lo anterior, sin lugar a duda, pasa por la discusión y depuración de la conceptualización de espacio y el desenvolvimiento de categorías de análisis y propuestas teóricas al respecto (Santos, 1996). Se reafirma a la geografía como una práctica social y no como un especie de entidad que se encuentra por fuera de la propia vida social, y, por lo tanto, como un saber y un discurso que (re)produce la realidad material y simbólica de la cotidianidad.[5]

PRODUCCIÓN DE ESPACIO Y GEOPOLÍTICA EN EL DESARROLLO DESIGUAL

Hay un reconocimiento explícito de que la incorporación del espacio como una agencia social, y no solo como un marco referencial o un escenario, significa uno de los ejes centrales del andamiaje epistemológico a partir del cual desarrollar la práctica de la geografía (como actividad de construcción, sistematización y divulgación de conocimiento que incide en la praxis social), aspecto que demanda la generación de diálogos interdisciplinarios. Así, ni la geografía se reduce al espacio, ni éste a la primera, dejando atrás perspectivas tradicionales que planteaban la articulación y coherencia disciplinar a partir de la delimitación y definición de un objeto de estudio cerrado y con pretensiones universalistas.

Sin negar la realidad ontológica del espacio como producto social, la apuesta se orienta a conformar un andamiaje teórico conceptual sobre éste como estrategia metodológica que permita dar cuenta de las relaciones sociales que lo producen y sostienen, se trata de pensar la espacialidad en términos relacionales que se ancla en formaciones materiales y en representaciones, y no como un objeto acabado por fuera de la propia praxis social. “Desde esta perspectiva, el espacio no constituye tan sólo un soporte, un marco sobre el que se desarrollan las acciones humanas, sino que produce a su vez significados y reproduce mecanismos sociales y económicos” (Gintrac, 2013, p. 57).

De acuerdo con Doreen Massey (2012b) en la historia del pensamiento geográfico se identifica el interés sobre tres relaciones que han sido fundamento de la articulación disciplinar: entre los procesos sociales y la formación / organización espacial; entre lo social y lo medio ambiental; y entre la geografía y otras disciplinas (con especial énfasis en la historia). De estas tres, en esta discusión se recupera la primera como clave epistemológica en la conformación de un esquema sobre el desarrollo geográfico desigual. Respecto a la relación entre los procesos sociales y la formación / organización espacial la propia Massey explica que:

Las distribuciones espaciales y la diferenciación geográfica pueden ser el resultado de los procesos sociales, pero también afectan al funcionamiento de esos procesos. “Lo espacial” no es solo un resultado, es también parte de la explicación. Reconocer las causas sociales de las configuraciones espaciales que se estudian, no solo es importante para los geógrafos; también es importante para que otras ciencias sociales tengan en cuenta el hecho de que los procesos que estudian se construyen, reproducen y cambian de una manera que necesariamente implica distancia, movimiento y diferenciación espacial (2012b, p. 101).

En esta misma línea argumentativa Henri Lefebvre (1976a) señala que el espacio no es el principio ni el final de la explicación, y que, por lo tanto, no puede ser planteado como un objeto, se trata de un proceso dinámico y relacional. En complemento, el mismo Lefebvre (1976b) señala que la producción del espacio tiene un sentido estratégico fundamental en términos políticos, ya que en propia producción se incluye algo decisivo: la reproducción de las relaciones de reproducción, es decir, el espacio está implicado como una estructura-estructurante[6] de las condiciones objetivas y subjetivas de reproducción de la vida social en todas sus formas. La espacialidad materializa la contradicción, representa la condición y resultado del orden hegemónico, pero también son la expresión de las rebeliones y las resistencias:

El espacio no es un objeto científico separado de la ideología o de la política; siempre ha sido político y estratégico. Si el espacio tiene apariencia de neutralidad e indiferencia frente a sus contenidos, y por eso parece ser puramente formal y el epítome de abstracción racional, es precisamente porque ya ha sido ocupado y usado, y ya ha sido el foco de procesos pasados cuyas huellas no son siempre evidentes en el paisaje. El espacio ha sido formado y modelado por elementos históricos y naturales; pero esto ha sido un proceso político. El espacio es político e ideológico, es un producto literalmente lleno de ideologías (Lefebvre, citado en Oslander, 2002, p. 4).

De esta manera, el espacio es la objetivación de las relaciones sociales y es simbolizado y representado intersubjetivamente, y como tal condiciona la forma en que se (re)producen las propias relaciones sociales. Retomar al espacio como un sistema de objetos y acciones permite plantearlo como un hecho social (Santos, 2000), vinculado en su fundamento con el conjunto de instancias sociales, pero también permite tratarlo como una estructura en constante formación que impacta a dichas instancias. De acuerdo con Doreen Massey:

[…] el significado pleno del término “espacial” incluye un registro completo de aspectos del mundo social. Incluye distancia y diferenciaciones en la medición, en las connotaciones y en la apreciación de la distancia. Incluye movimiento. Incluye diferenciación geográfica, la noción de lugar y de especificidad y de las diferencias entre lugares. E incluye el simbolismo y el significado que se vincula a todas estas cosas en diferentes sociedades y en diferentes partes de estas sociedades.

Todos estos aspectos de “lo espacial” son importantes en la construcción, el funcionamiento, la reproducción y el cambio de las sociedades en su conjunto y de los elementos de la sociedad (2012, p. 103).

El espacio como producto-productor de las relaciones sociales solo puede realizarse dentro del marco de las condiciones generales de (re)producción dentro del sistema capitalista, del tal manera que “el proceso de producción y reproducción de la sociedad es al mismo tiempo el proceso de producción y reproducción del espacio geográfico, en la medida en que la producción de la vida de la sociedad, no solo es producción de bienes para la satisfacción de las necesidades” (Alessandri, 2008, p. 24).

El espacio significa un factor fundamental para la afirmación y despliegue del proyecto capitalista, ya que necesita de su producción de espacio para sobrevivir, y es partir y por medio del espacio producido que el capitalismo puede dominar (Lefebvre, 2003). De acuerdo con Neil Smith, para el propio Lefebvre, la distinción crucial:

se encuentra entre el espacio social constituido por la actividad de la vida cotidiana y un espacio abstracto desarrollado por la acción del Estado y las instituciones económicas del capital. La reproducción de las relaciones sociales del capitalismo se logra a través de una lucha constante entre estos diferentes modos de reproducción del espacio (2002, p. 140).

Ampliando la recuperación de los planteamientos lefebvrianos para el desarrollo conceptual y metodológico del espacio señala que:

Para Lefebvre, quien centra su interés en el espacio social, el espacio es abstracto y al mismo tiempo concreto; abstracto puesto que no tiene existencia sino en virtud de la intercambiabilidad de todas sus partes componentes, y concreto puesto que es socialmente real y como tal está localizado; el espacio es por consiguiente homogéneo, aunque al mismo tiempo diferenciado, es decir, constituye una contradicción dialéctica (Delgado, 2001, p. 52).

Se trata de pensar al espacio en términos de constitución de la praxis social intrínsecamente desigual y jerarquizada, para buscar dar cuenta de la manera en que la formación espacial (entendida como una continua producción de espacio dinámica y contradictoria) representa una dimensión fundamental en la realización del mundo de la vida y, por supuesto, en sus disputas materiales y simbólicas. Para lo anterior, una de las tesis más recuperadas dentro de los abordajes al espacio es la propuesta de Lefebvre (2013) de entendimiento de la producción de espacio a partir de sus tres momentos interrelacionados dialécticamente (cuya distinción es metodológica, no ontológica): a) prácticas espaciales (y su derivación como espacio percibido); b) representación del espacio (y su derivación como espacio concebido); y c) espacios de representación (y su derivación como espacio vivido).

El espacio percibido refiere a la experiencia cotidiana, a las maneras en que se usan las formas espaciales, incluyendo todo tipo de flujos e interacciones materiales que se efectúan como espacio. El espacio concebido es la manera en que se racionaliza, la forma en que se proyectan los saberes y los discursos dominantes en una serie de significación y simbolizaciones que buscan imponer los modos de codificación e interpretación de la vida, es la racionalidad del poder. Los espacios vividos apelan a las posibilidades de pensar, sentir y dar sentido al espacio desde las emociones, desde una localización diferente –que puede ser contrapuesta– al poder (Harvey, 1998, 2017; Lefebvre, 1976a, 2013). Estos espacios están en una permanente tensión dialéctica, y no se deben pensar en correspondencias directas, por lo que el espacio percibido es la resolución contradictoria del concebido y el vivido, pero a su vez, cada uno de éstos es resultado continuo de la relación dialéctica de los otros.

Estas tres dimensiones, en su lógica dialéctica, permiten aproximarse a identificar como las configuraciones espaciales se naturalizan en las relaciones sociales de los lugares, reconociendo como desde el poder se despliegan y afirman formas de espacio absoluto desde el cual se busca regular el orden material y simbólico, misma que se enfrenta a una heterogeneidad de modos de existir y reproducir la vida. Por consiguiente, se puede plantear que el sistema capitalista, como relación abstracta, se realiza como hegemónico cuando se despliega en un espacio homogéneo vacío expresado en su producción fragmentada. Forma, tamaño, distancia, organización y estructura adquieren sentido en relación con la pulverización y diferenciación que el sistema capitalista impone como espacio absoluto, núcleo de las relaciones de dominación-subordinación.

En esta línea argumentativa es muy importante considerar que:

Las definiciones sociales de espacio objetivo y tiempo objetivo están implicadas en procesos de reproducción social, de manera que una forma particular de representación del espacio y del tiempo orienta la práctica social en un sentido que asegura el orden social. La producción social del espacio y del tiempo es un escenario de lucha política y confrontación social en el que se involucran cuestiones como las diferencias de clase, de género, culturales, religiosas y políticas (Delgado, 2001, p. 50).

Respecto a la relevancia que ha tomado el espacio dentro del desarrollo disciplinar es muy importante no caer en la trampa de su fetichización, es decir, de que la preocupación, interés y esfuerzo explicativo recaigan en el espacio por sí mismo, invisibilizando a las relaciones sociales y, por tanto, a los sujetos, que los producen, disputan, usan, significan y transforman. El objeto de estudio de la geografía no es el espacio en sí –por mucho que sea una frase que dé certidumbre en el quehacer cotidiano de la disciplina–, son las relaciones sociales espacializadas, es decir, la realización espacial de las prácticas materiales y simbólicas, el interés está en el espacio que los sujetos producimos y las maneras que éste nos reproduce. Por esta razón, aquellos modelos espaciales que lo separan de los procesos de sociabilización y que sólo atienden a la cuantificación de su dimensión física, no pueden comprender –si acaso lograrán describir algunas características– al espacio como agencia constitutiva de la vida social y de sus condiciones de reproducción. Cuando el espacio se coloca conceptual y metodológicamente independiente de los sujetos y se cosifica, “las verdaderas relaciones sociales entre las personas son transferidas al espacio y son vistas como relaciones espaciales. Se juzga el producto de las condiciones sociales del lugar en vez de las relaciones sociales, como cuando se utiliza “problemas internos de la ciudad” como un eufemismo para la pobreza” (Smith, 2001, p. 136).

En esta dirección, la incorporación de la espacialidad en la geografía debe abrir la reflexión sobre el propio espacio desde y en lo social, ya que éste:

[…] en tanto que es producido, constituye un medio de gobierno, una herramienta de ordenación espacial de una sociedad desigual. Conviene, por lo tanto, poner en crítica al espacio, es decir, las configuraciones físicas, los discursos sobre el espacio, las prácticas institucionales, las representaciones cartográficas, etcétera. El papel de la geografía no es exclusivamente reflexionar sobre esta variable espacial sino también en oposición a ella, con el objetivo de revelar los modos de producción del espacio que no son sino mecanismos de poder (Gintrac, 2013, p. 57).

El planteamiento y desenvolvimiento de una mirada desde el desarrollo desigual requiere de incorporar al espacio como un producto – productor y, por tanto, como un factor estratégico en la reproducción de cualquier orden histórico social, partiendo de la premisa metodológica de que son los procesos sociales los que determinan la objetivación, y por supuesto también la subjetivación, del espacio y el tiempo. Esta mirada sobre el espacio como clave del despliegue de la dominación se ancla en el desarrollo geográfico desigual como consideración geopolítica. Es decir, lo anterior demanda un construcción de la geopolítica como orientación metodológica tanto para abordar las realidades del ejercicio espacial del poder como para la crítica y contestación a los discursos geopolíticos institucionales, permitiendo pensar en otros espacios de representación (Nogué & Rufi, 2001).

Es muy importante aclarar que:

la geopolítica no puede entenderse en un sólo sentido ni puede dotársele de un único significado, sino que, cuando menos, debe plantearse una primera división entre la geopolítica como elaboración teórica/conceptual orientada a la práctica (en el sentido de una praxis espacial) pero también como una forma de comprensión teórica, académica o no, de esa praxis espacial” (Herrera, 2018, p. 2).

En esta dirección, la geopolítica se encuentra, como praxis y como discurso, entre la tensión entre la política y lo político (Echeverría, 1998), en el contrasentido que se da entre:

una praxis de la dominación, derivada de la estructuración de las relaciones de poder imperantes en las diversas escalas, o si, por el contrario, se trata de una praxis espacial con sentido emancipatorio, aquella que busca negar las propias relaciones de dominio, desestructurarlas, subvertir y desarticular su coherencia socio-espacial (Herrera, 2018, p. 2).

Se parte de la consideración de la geopolítica como una:

metodología [que] implica un análisis de los fenómenos y hechos geopolíticos hasta cierto punto heterodoxa en relación a otras perspectivas. Heterodoxa en sus contenidos, puesto que amplía el interés geopolítico hacia temas tradicionalmente alejados –como el medio ambiente, la cultura o el género–, y en sus formas, al renunciar a las rigideces paradigmáticas (Nogué & Rufi, 2001, p. i26).

De esta manera, como punto de partida la geopolítica:

[…] es en realidad producto y productora de su tiempo, que refiere a esos ensambles y formas espaciales que en cada momento histórico se van configurando de acuerdo con la consolidación y el ejercicio de las relaciones de poder, del modo de producción, de los proyectos societales de dominación y administración de la vida pero, al mismo tiempo y ante todo, también de la contradicción que se presenta entre la dimensión que busca erigirse como única y total –el sentido unidimensional como tal– y aquella que la cuestiona, la reta, la confronta y plantea la posibilidad de desestructurar y eliminar la coherencia de todo aquello que se erige como incuestionable e indiscutible. La geopolítica y lo geopolítico por tanto, refieren a estas contradicciones y tensiones permanentes” (Herrera, 2020, p. 13).

En síntesis, la mirada espacial al poder con base en el desenvolvimiento de una geopolítica implica de una deslocalización disciplinar para interpelar el desarrollo desigual como formulación política reconfigurada en lo espacial, reconociendo como dicho desarrollo se ancla en materialidades específicas y códigos de significación que articulan un orden de sentido del mundo.

LA MIRADA DEL DESARROLLO GEOGRÁFICO DESIGUAL Y LA ESCALA

La geografía del capitalismo es intrínsecamente desigual como condición de realización, de tal manera que las formas, funciones y estructuras espaciales diferenciadas son acordes a las necesidades generales de reproducción sistémica, generando una organización espacial dividida y jerarquizada. La lógica del capital es espacial, despliega su racionalidad en la producción de espacio como medio de control u orientación de las fuerzas productivas, por lo que el espacio tiene que ser sometido, como práctica y como representación por el propio proceso de valorización (Harvey, 2004; Lefebvre, 2013), dinámica que se realiza en y a partir de la desigualdad es todas sus dimensiones. Así, el sistema capital “hereda un mundo geográfico que se encuentra ya diferenciado entre complejos patrones espaciales. Conforme el paisaje cae bajo la influencia del capital… [y] estos patrones son agrupados dentro de una creciente jerarquía sistemática de escalas espaciales” (Smith, 2008, p. 181).

Por lo tanto, el desarrollo desigual es el resultado concreto de la acumulación de las diferencias socio ambientales instrumentalizadas como determinantes desiguales de producción y reproducción. De esta manera:

La experiencia de la diferencia geográfica –es decir, el reconocimiento de que los espacios del mundo se diferencian unos con respecto a otros– está en el corazón de la modernidad capitalista. Aunque la diferencia geográfica no es algo exclusivo de la edad moderna, puede sostenerse que la capacidad de las poblaciones de viajar distancias y, por lo tanto, de enfrentarse a la experiencia de la alteridad se ha intensificado cualitativamente durante la época capitalista. Y sigue profundizándose hoy, a principios del siglo XXI, a medida que los flujos de capital, comercio y migración adquieren densidades y velocidades cada vez mayores (Brenner, 2017, p. 195).

Para Alessandri el:

lugar es construido como condición para la producción y para la vida, y al ser construidas, estas condiciones producen un espacio jerarquizado, diferenciado, dividido, contradictorio que se consubstancia como una modo de vida dado, como formas de relacionamiento, como ritmos cotidianos, como ideología, religión y, fundamentalmente como modo de lucha (Alessandri, 2008, p. 170).

Y en este sentido:

No debe de existir ninguna duda acerca de la convergencia en la comprensión de la amplia variedad de significados sociales, políticos, económicos y culturales dentro de la diferenciación geográfica. El punto de disputa no es una pregunta trivial sobre si las localidades han de ser o no investigadas, si la diferencia geográfica es o no un enfoque de investigación apropiado. Más bien, la pregunta es: ¿cómo construimos conceptualmente las localidades y la diferencia geográfica como foco de investigación, y cómo ellas se relacionan con otras escalas de diferencia geográfica? (Smith, 2002, p. 139).

Respecto al despliegue territorial del capitalismo, entendido aquí como afirmación y realización sistémica, Emilio Pradilla[7] explica que la:

organización territorial del sistema de soportes materiales de la formación social (SSM) y de sus partes constitutivas, como expresión, soporte y parte activa necesaria de las estructuras sociales, manifiesta estas modificaciones, pero lo hace de manera acumulativa y a ritmos diferentes, desiguales, normalmente más lentos que los de las estructuras sociales y sus elementos y procesos fundamentales (Pradilla, 2009, p. 16).

De esta manera se puede sostener que las estructuras de acumulación son constitutivas de la organización espacial incrementando las desigualdades a partir de una fijación diferenciada de infraestructuras y tecnologías, lo cual también afecta las formas de circulación y los lugares donde se fijan las ganancias (Santos, 1996).

La formación espacial tiene la cualidad de significar al mismo tiempo un capital fijo diferenciado tanto para la fase productiva como en el momento de la circulación y consumo, es decir, su condición como recurso implica una apropiación desigual que se convierte en factor de jerarquización social. Harvey (2017) señala que la configuración espacial del capitalismo genera una constelación de desarrollos desiguales que incrementan las tensiones sociales y la inestabilidad política, y que durante el periodo reciente (posfordista) “las diferencias geográficas han adquirido mayor peso porque el capital, extremadamente móvil, está en una posición que le permite moldearlas y aprovecharse de ellas, Asimismo, las tensiones geopolíticas (en incluso las guerras regionales) están tan extendidas como siempre” (2017, p. 154).

El espacio se pulveriza en usos que invisibilizan la enajenación del trabajo sobre su propia producción, conformando una espacialidad hegemónica que se manifiesta en el acceso y uso diferenciado de los propios espacios, afirmando y desarrollando un orden de clase. La forma, función y estructura espacial presentan un desarrollo desigual que es fácilmente identificable en la fragmentación social y sus múltiples formas de segregación, generando una malla espacial de pocos puntos luminosos interconectados verticalmente dentro de un fondo de obscuridad (Santos, 2000). Smith explica que:

Así como la integración espacial es una necesidad para la universalización del trabajo abstracto, en la forma de valor, también la diferenciación de espacios absolutos en escalas particulares de actividad social es una necesidad central para el capital. Como medio para organizar e integrar los diferentes procesos involucrados en la circulación y acumulación de capital, estos espacios absolutos son fijados dentro de un flujo más amplio de espacio relativo, y devienen en el fundamento geográfico de toda la circulación y expansión del valor (Smith, 2008, p. 181).

En este sentido, la propuesta teórica del desarrollo geográfico desigual, partiendo de la premisa del espacio producto-productor, no solo permite dar cuenta de las expresiones históricas de las geografías del capitalismo, sino también de sus fundamentos racionales, por lo que significa uno de los ejes centrales en el desenvolvimiento y articulación de una geografía crítica y comprometida, tanto en el plano político como en el formativo. El desarrollo desigual representa una propuesta tanto en términos teórico-conceptuales como metodológicos.

El desarrollo geográfico desigual como mirada epistemológica permite entender el papel de la diferencia como ordenador social, como medio de significación de la experiencia y de su proyección material, abriendo posibilidades a desentrañar las representaciones espaciales en los tiempos diferenciados, sedimentando discursos que neutralizan a la historia y la geografía. Al respecto, Massey indica que:

Se trata, efectivamente, de convertir el espacio en tiempo, la diferencia geográfica en secuencia histórica. La diferencia entre lugares “en desarrollo” y lugares “avanzados” radica en sus posiciones relativas en una trayectoria imaginada como algo singular. La plenitud de sus alteridades contemporáneas es limitada, reducida a un lugar en la cola de la historia. El futuro de los lugares en desarrollo ya está vaticinado en el presente desarrollado (a pesar de que, dada la dinámica generadora de desigualdad propia de la globalización capitalista, por supuesto no lo este). Su espacio (de manera bastante literal) para imaginar un futuro alternativo esta constreñido por un imaginar el espacio entendido como tiempo (2012a, p. 192).

El desenvolvimiento y aplicación del desarrollo geográfico desigual[8] como mirada epistémica:

tiene por objeto plasmar la distribución profundamente polarizada de los activos socioeconómicos, las formas de influencia geopolítica, la hegemonía ideológica, y las condiciones de la vida cotidiana, no solo entre las distintas poblaciones, sino también entre espacios posicionados diferencialmente en el seno del sistema global capitalista (Brenner, 2017, p. 199).

El desarrollo geográfico desigual se despliega tanto en la trama material de la vida como en los imaginarios colectivos, de tal forma de que se trata de una racionalidad de jerarquización de las condiciones de reproducción que busca auto legitimarse a través de un discurso que presenta como naturales las desigualdades y la escasez invisibilizando su fundamento histórico. Se puede plantear al desarrollo geográfico desigual como la acumulación histórica de formas y procesos instrumentalizados para la subordinación del valor de uso por el valor de cambio, proyectando un proyecto político como evolución natural. Las desigualdades como mediciones sociales en el espacio:

[…] cobran forma a través de una trama densa y compleja de acciones contradictorias de actores enfrentados, territorios que ponen de manifiesto disputas, pujas y luchas de poder donde se dirimen conflictos entre políticas públicas, intereses y vocaciones del capital y necesidades de las poblaciones locales. Estos conflictos, que no son estáticos ni son resueltos unívocamente, adquieren en su reproducción formas inéditas, plantean permanentemente nuevas problemáticas (Granero, 2017, p. 6).

El desarrollo geográfico desigual también es una estrategia de fijación diferenciada de condiciones de acumulación y rentabilidad, posibilitando un sistema de ampliación de espacios para reinvertir capital y generar ganancia, de tal manera que es una forma de solución espacio temporal a las crisis de sobre acumulación (Harvey, 2004). Así, la geografía desigual del capitalismo funciona como un sistema que va depredando las condiciones de vida (socioambientales) en su camino de acumular y de superar los obstáculos que la propia lógica de generación de ganancias produce. En síntesis, el desarrollo geográfico desigual es la formación espacial, como estructura-estructurante, de la destrucción creativa del capital, representando la afirmación de la racionalidad sistémica desplegada en las prácticas espaciales materiales y simbólicas.

Las desigualdades espaciales expresan y son resultado de una histórica acumulación diferenciada de capital y trabajo, dando sentido a la circulación y fijación inequitativa de condiciones de producción, evidenciándose en los paisajes desiguales del capitalismo (Smith, 2008). De esta manera:

el desarrollo histórico es también una progresiva y desigual acumulación de trabajo en la superficie de la tierra. Esta acumulación que desnaturaliza el espacio también lo vuelve complejo. Sobre las desigualdades naturales de la superficie de la tierra se sobreponen las desigualdades de localización del trabajo acumulado (Moraes & Da Costa, 2009, p. 103).

La producción de espacio, y el desarrollo geográfico desigual no se pueden entender sin considerar la escala como factor constitutivo central, ya que como señala Smith:

Las diferentes sociedades no sólo producen el espacio, como Lefebvre nos ha enseñado, ellas también producen la escala. La producción de la escala puede ser la diferenciación más elemental del espacio geográfico y es en toda su extensión un proceso social. No hay nada ontológicamente dado sobre la división tradicional entre hogar y localidad, escala urbana y regional, nacional y global. La diferenciación de las escalas geográficas establece y se establece a través de la estructura geográfica de interacciones sociales. Con un concepto de escala como producido, es posible evitar por una parte el relativismo que trata la diferenciación espacial como un mosaico, y por otra evita la reificación y la acrítica división de escalas que reitera un fetichismo del espacio. En otras palabras, debería llegar a ser posible, insertar las “reglas de interpretación” que nos permitan no sólo entender la construcción de la escala en sí misma, sino la manera en la que el significado se traduce entre las escalas (2002, p. 141).

El espacio se estructura escalarmente, lo cual no significa que ambos conceptos se refieran a lo mismo, más bien indica que la organización espacial de las diferencias sociales se encuentra articulada a través de relaciones horizontales y verticales que toman sentido en cada una de las escalas en las que se despliegan, es decir, en la producción de escala. Las escalas, al ser un anclaje del capital (Harvey, 2004), representan medios de organización y administración del poder, son fijaciones que se transforman de acuerdo a las necesidades productivas. Se trata por lo tanto de abordar la “[…]estructuración del espacio de acuerdo con las diferentes escalas. Quiero proponer que la teoría política de la escala geográfica reside en el corazón de una teoría social geográficamente instruida […]” (Smith, 2002, p. 140).

El planteamiento de desarrollo geográfico desigual, desde una consideración escalar, implica una integración de lo general y lo particular, donde las concreciones materiales singulares son realizaciones de lo abstracto, lo cual obliga a pensar la espacialidad a partir de la totalidad social y no como un conjunto de pedazos, aunque es de esta manera que las formas-funciones espaciales se presentan. Esto es un apunte muy importante para no tratar de comprender las escalas a través de sus expresiones particulares, ya que éstas son parciales y no dan cuenta de la complejidad de los procesos espaciales.

La escala ordena las formas materiales del desarrollo desigual, así como sus formas de significación, permitiendo aprehender a los procesos en sus diferentes articulaciones, de esta manera algún aspecto que en un escala puede aparecer como no desigual, en otra puede estar sosteniendo la diferencia como jerarquía. Pero también las escalas pueden ayudar a invisibilizar procesos de explotación y dominación a partir de la circulación, constituyendo un factor protagónico de la enajenación, así cuando la mercancía es consumida (incluyendo el espacio mercantilizado) esconde los procesos de subordinación en los que se sustenta en las diferentes escalas. Así, en lo que se refiere a la escala como factor metodológico lo:

[…] fundamental es como mantener el control sobre la generalidad de los sucesos, sobre los procesos más amplios que hay tras estos, sin perder de vista la individualidad de la forma concreta en que acontecen. Señalar los procesos generales no explica adecuadamente lo que está sucediendo en momentos particulares o en lugares particulares. Sin embargo toda explicación debe incluir esos procesos generales.

[…] Los “procesos generales” no funcionan nunca de forma pura. Siempre existen circunstancias específicas, una historia particular, un lugar o una localización especifica. Lo que está en juego, por ponerlo en términos geográficos, es la articulación de lo general con lo local (lo particular) para producir resultados cualitativamente diferentes en diferentes localidades (Massey, 2012b, p. 110).

Las características en la producción, apropiación, organización y uso de un espacio dado sólo adquieren sentidos en función de su articulación con otros espacios y escalas, siempre en relación con la totalidad del proceso general de reproducción social. “El espacio, pues, así entendido, no es una simultaneidad ya completada en la que todas las interconexiones ya han sido establecidas, en la que cualquier parte ya está relacionada con cualquier otra parte. Siempre hay cabos sueltos” (Massey, 2012b, p. 196).

A MANERA DE CONCLUSIÓN: TRES EJES PARA UN ESQUEMA COMPRENSIVO DE LAS GEOGRAFÍAS DESIGUALES DEL CAPITAL

En términos de articulación de un esquema comprensivo sobre el desarrollo desde la geopolítica como medio de aprehensión e interpelación de la desigualdad incorporada como dinámica nodal de la praxis social multiescalar, y desde ahí como uno de los ejes fundamentales de articulación disciplinar, se proponen tres ejes o líneas de discusión: 1) el desarrollo geográfico desigual como reescalamiento de clase; 2) la organización espacial como despliegue de la afirmación del Estado; 3) el desarrollo desigual como vaciamiento de lo político en las geografías del capitalismo.

Para poder articular estos tres ejes, se debe considerar cuatro premisas metodológicas: las diferencias geográficas como resultado de los procesos históricos, que incluyen las diversas formas de producción de naturaleza; como la desigualdad es intrínsecamente relacional las diferencias siempre son relativas; la desigualdad es una política espacial, mediada por las formas institucionales formales e informales; el desarrollo desigual se fija en la bases estructurales pero sus manifestaciones son contextuales (Brenner, 2017).

El desarrollo geográfico desigual como reescalamiento de clase, se debe entender como la diferenciación vertical de las relaciones sociales mediada por la organización espacial (Brenner, 2017). Implica la proyección del orden hegemónico como arreglo que dota de sentido a las relaciones sociales y su reproducción, constituyéndose como un marco específico de ejercicio de poder. La producción de escala ordena la asignación de recursos y representaciones, colocando las diferencias históricas en la reproducción política de los sujetos como factores de acumulación, de jerarquización y de control social. Lo anterior se concretiza en la fragmentación y segregación espacial del mundo de la vida, donde la dominación toma sentido en relación con las múltiples escalas. Cada fragmento tiene sentido en función de los otros, en un vínculo dialéctico co-determinante. En esta lógica de argumentación:

Smith entiende la globalización como una estrategia del proceso de acumulación capitalista para poder superar las trabas impuestas por los poderes nacionales y, a la vez, para articular mejor el juego de la competencia y de la colaboración entre el capital y de éste con el poder político.... Neil Smith propone un modelo de análisis de las relaciones sociedad/territorio articulado en siete escalas: el cuerpo, el hogar, la comunidad, la ciudad, la región, el estado-nación y las fronteras de lo global. Aunque se las nombra como “lugares”, las tres primeras escalas se acogen a una caracterización que es más sociológica que geográfica, mientras que las cuatro restantes sí tienen un carácter claramente dependiente del territorio (Nogué & Rufi, 2001, p. 21).

Las relaciones sociales bajo la racionalidad del mercado son representadas como vínculos mecánicos donde las contradicciones de la acumulación capitalista quedan diluidas, así, en el reescalamiento el orden de clase es invisibilizado como medio fundamental de sociabilización. Los subalternos se convierten en los vehículos protagónicos de impulso y mantenimiento de las formas de dominación. Estos procesos de reescalamiento en su forma política dan “lugar a nuevas desigualdades” ya que lleva “al abandono de espacios periféricos, en crisis, marginalizados por la crisis económica, a favor de áreas metropolitanas determinadas” (Jouve, 2007). Es posible comprender que esta teoría se acerca, y también completa, en numerosos aspectos la teoría del spatial fix[9] de David Harvey” (Gintrac, 2013, p, 57). La espacialidad del capitalismo posfordista es contradictorio y aparentemente inconexo, ya que se fundamenta en un constante proceso de valorización – desvalorización, donde el espacio es fragmentado y atomizado como medio de generación y centralización de ganancias; el reescalamiento se impone como un recurso y factor decisivo de acumulación.

En la organización espacial como despliegue de la afirmación del Estado el desarrollo desigual implica la proyección y fijación de un ordenamiento social donde el espacio absoluto del Estado se realiza como dispositivo de regulación y de disciplinamiento. Así, el propio Estado se fija como una representación del espacio como medio continuo de acumulación (ya sea ampliada, por despojo o en las diferentes modos de renta) y de establecimiento de orden social predeterminado. En este proceso:

elementos intangibles como el mito, la memoria, la moralidad, la ética y los derechos desempeñan un papel de primera magnitud en ámbitos que abarcan desde las lealtades afectivas y las comunidades imaginadas hasta los lugares, y tienen consecuencias objetivas a largo plazo en las dinámicas de la lucha política. Las batallas políticas conceptuales libradas en este dominio inmaterial son decisivas (Harvey, 2017, p. 189).

El Estado implica un proceso constante de afirmación del carácter destructivo-creativo del capital (Smith, 2008), imponiendo un horizonte de significación de la experiencia espacial desde los códigos del poder. Se trata de un constante desarrollo de una racionalidad sistémica que proyecta en dualidades el sentido de los lugares, tales como centro-periferia, global-local, adentro-afuera, desarrollo – subdesarrollo, entre otros. Se trata de la representación espacial como consolidación geopolítica de la política como herramienta de degradación y anulación de lo político.

Este despliegue del Estado en la organización espacial puede ser discutido a través de la conceptualización de policía de Rancière como un orden social que establece y delimita:

las divisiones entre los modos del hacer, los modos del ser y los modos del decir, que hace que tales cuerpos sean asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea; es un orden de lo visible y lo decible que hace que tal actividad sea visible y que tal otra no lo sea, que tal palabra sea entendida como perteneciente al discurso y tal otra al ruido (Ranciére, 1996, p. 44).

En estrecha relación dialéctica con los dos ejes anteriores, el desarrollo desigual como vaciamiento de lo político en las geografías del capitalismo refiere a como en la producción de espacio se opera un vaciamiento de recursos de sociabilización para sustituirlos por valores de equivalencia, por condiciones de acumulación que implican la resolución de la contradicción entre capital y vida a favor del primero. La imagen de la racionalidad del capital se despliega como contenido social fundamental.

Tomando prestada la alusión sobre el urbanismo de Amorós (2003) para aplicarla al desarrollo desigual se podría establecer que éste es un dispositivo (conjunto de técnicas) que “hace posible la posesión por parte del capitalismo del espacio social, que se recompone según las normas que dicta su dominio” generando “una acumulación de destrucción acumulada de sociabilidad” (Amorós, 2003, p. 1), aspecto que podría ser leído también como destrucción de lo político como posibilidad de conquista histórica de los subalternos, de anclaje de los espacios de representación sobre los espacios absolutos y vacíos del capital y su forma estatal.

En estas geografías del capitalismo “la vida de los individuos se reduce a movimientos reflejos condicionados por los medios técnicos que la colonizan… En ese cocooning popular el discurso securitario se impone. Una parte de la población se siente desprotegida frente a la otra parte y reclama el control policial de esa zona intermedia” (Amorós, 2003, p. 7). El espacio, como recurso estratégico para la subordinación de la praxis creadora por la acumulación, es reducido a un recurso de valorización, ya sea como medio de acumulación directa o como facilitador de mercantilización de otros recursos sociales (tangibles e intangibles), se trata de un conjunto de formas y funciones espaciales que fijan al desarrollo desigual.

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NOTAS

[1] Entrevista realizada en el marco de la clase magistral impartida por David Harvey en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en el marco del VII Seminario de Resistencia Territorial en América Latina, organizado por la carrera de Geografía durante el año 2011 y publicado como artículo de comentario.

[2] Para este autor la subjetivación política es “la producción mediante una serie de actos de una instancia y una capacidad de enunciación que no eran identificables en un campo de experiencia dado, cuya identificación, por lo tanto, corre pareja con la nueva representación del campo de la experiencia (Rancière, 2017, p. 52).

[3] Más allá de la crítica que se pueda realizar a sus derivaciones teóricas y políticas como forma cultural discursiva encaminada a sostener la acumulación posfordista (Harvey, 1998).

[4] En la manera que lo plantea Pierre Bourdieu (2002).

[5] Esta argumentación corresponde a lo que Michel Foucault discutía respecto a los saberes como prácticas discursivas de verdad que adquirían un estatus superior, de ciencia (Foucault, 1992).

[6] En los términos que Pierre Bourdieu (2002) lo establece.

[7] En su análisis Emilio Pradilla no recupera el concepto de espacio (ni de producción de espacio) y desarrolla su propuesta desde la categoría de territorio, que, aunque aquí no está considerada como sinónimo de espacio, sí se plantea como una realización espacial específica vinculada a un proyecto político.

[8] Es importante indicar que autores como Neil Brenner (2017) hablan de este proceso como desarrollo espacial desigual, y otros como David Harvey (2004, 2017) como desarrollo geográfico desigual, mientras que Neil Smith (2008, 2015) lo refiere como desarrollo desigual, ya que para él en el concepto de desarrollo lo geográfico ya está implícito. En este texto las tres formulaciones se entenderán como sinónimos, aunque el modo recurrente que se utiliza es el de desarrollo geográfico desigual por la referencia disciplinar que interesa destacar.

[9] Se refiere a la solución espacio temporal a las crisis de sobreacumulación, utilizando el juego de palabra con el término fix en inglés como arreglo y como fijación. El capitalismo sobrevive, se ajusta, a través de fijar condiciones de valorización y desvalorización.

EL ESPACIO GLOBAL PARA LA EXPANSIÓN DEL CAPITAL TRANSNACIONAL Y LAS ZONAS ESPECÍFICAS DE INTENSA ACUMULACIÓN (ZEIA) DEL “PROYECTO MESOAMÉRICA”: LOS CASOS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

JUAN MANUEL SANDOVAL

Con un discurso nacionalista, “desarrollista” y anticorrupcion Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ganó las elecciones presidenciales en 2018. Y para concretar su planteamiento, el Jefe del Poder Ejecutivo Federal emitió su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Presidencia, 2019), en el cual se establecieron una nueva política energética y tres proyectos regionales como prioritarios para impulsar nuevamente el desarrollo económico del país. Según este Plan, “Un propósito de importancia estratégica para la presente administración es el rescate de las empresas estatales Pemex y CFE para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional” (Presidencia, 2019, p. 50). Se menciona que ambas empresas recibirían recursos extraordinarios para la modernización de sus respectivas infraestructuras y se revisarían sus cargas fiscales. Finalmente, en el Plan se plantea que “la transición energética dará pie […] para alentar la reindustrialización del país” (Presidencia, 2019, p. 51). En relación a los tres proyectos, el Plan apunta que, “El Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio […] y requerirá de entre 120 mil y 150 mil millones de pesos que provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales” (Presidencia, 2019, p. 53). Pero lo más importante es que con este proyecto el gobierno federal buscaría propiciar el ordenamiento territorial de la región.

El segundo proyecto es el “Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, cuyo objetivo “es impulsar el crecimiento de la economía regional […]. Su eje será el Corredor Multimodal Interoceánico”; para ello se modernizaría el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz; se fortalecería la infraestructura carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria y se construiría un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos. Se crearían zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarían de infraestructura y de los insumos necesarios (Presidencia, 2019, pp. 53-54). Para este proyecto, durante 2019 se invertirían ocho mil millones de pesos en el proyecto. Supuestamente a fines de marzo de 2019, se realizó una consulta libre e informada mediante asambleas regionales, “donde se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región” (Presidencia, 2019, p. 54). Ésta también fue irregular al igual que la consulta sobre el Tren Maya en noviembre de ese año. En el caso del tercer proyecto, denominado “Programa Zona Libre de la Frontera Norte”, éste empezó su aplicación a partir del 1 de enero de 2019 en los 43 municipios fronterizos con Estados Unidos.

Pero esta estrategia para reactivar la economía e impulsar nuevamente el desarrollo del país, bajo una retórica nacionalista y de recuperación de la soberanía nacional, responde en realidad a la estrategia del capitalismo global que desde las décadas de 1980 y 1990 promueve la creación de Espacios Globales para la expansión del capital transnacional (Robinson, 2013; Sandoval, 2017) y, dentro de éstos, las Zonas Específicas de Intensa Acumulación (ZEIA) (Sandoval, 2019); estrategia capitalista donde se ubican la nueva política energética y los tres proyectos regionales.

Hoy en día nos encontramos frente a una nueva fase de expansión del capital transnacional que avanza de manera intensiva, pero también busca hacerlo de forma extensiva en el nivel global, y para ello requiere de nuevas normas, desregulaciones / regulaciones y reformas estructurales que eliminen obstáculos a la producción y al comercio y permitan mayores competencias, como lo hace el tratado renegociado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las reformas estructurales como la energética y la de telecomunicaciones apuntan en ese sentido. Las Zonas Libres (antes Zonas Económicas Especiales) son uno de los mecanismos donde van a conjuntarse diversos aspectos para ello. Pero éstas son sólo una parte de un complejo entramado de infraestructuras establecidas para la expansión del capital transnacional y para su intensa acumulación, en lo que he denominado ZEIA.

En este trabajo me propongo analizar dos casos de uno de los principales mecanismos que impulsan los gobiernos de los Estados nación transformados, el capital y las instancias transnacionales para la realización de ajustes espaciales, en la perspectiva del desarrollo geográfico desigual, denominados oficialmente reordenamientos territoriales, o territorialización y reterritorialización, por algunos enfoques de las ciencias sociales, para la creación de sendas ZEIA en la región sur-sureste de México, la cual forma parte del Espacio Global del Proyecto Mesoamérica, que abarca la región que va del sur-sureste de México hasta Colombia e incluye a la República Dominicana en el Caribe, y en donde se localizan otras ZEIA. Se trata del Istmo de Tehuantepec, donde se establecería un “Corredor Interoceánico” mediante el “Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”; y de la Península de Yucatán, cuyo perímetro recorrería el denominado Tren Maya, el cual es un proyecto de reordenamiento territorial.

LOS ESPACIOS GLOBALES PARA LA EXPANSIÓN DEL CAPITAL TRANSNACIONAL Y LAS ZONAS ESPECÍFICAS DE INTENSA ACUMULACIÓN (ZEIA)

A fines de la década de 1960, pero sobre todo en la de 1970 (1973-1974), el sistema capitalista entró en una profunda crisis estructural, la cual se profundizó con la crisis de la deuda de 1982. Los agentes que encabezan este sistema (grandes corporaciones multinacionales industriales, comerciales y de servicios; grandes bancos privados; instituciones financieras internacionales; instituciones multilaterales; gobiernos de los países económicamente más desarrollados, y muchos otros),[1] impulsaron –a instancias de la naciente Clase Capitalista Transnacional (CCT)–[2] la reestructuración de dicho sistema que dio paso a la fase actual del capitalismo global mediante la dispersión y concentración del capital que globalizaron los circuitos financieros y de producción (Kolko, 1988; Sassen, 2001; Robinson, 2013).

Para Robinson (2013), la fase actual de expansión del capital transnacional que avanza de manera intensiva pero también extensiva en el nivel global está marcado por: 1) el surgimiento de capital verdaderamente transnacional, una nueva producción y un nuevo sistema financiero globales; 2) el surgimiento de una CCT; 3) el surgimiento de aparatos de un Estado Transnacional (ET); y 4) nuevas relaciones de desigualdad, dominación y explotación en la sociedad global.

Para este autor, la globalización de la producción significa la fragmentación y descentralización de complejos procesos de producción, la dispersión en todo el mundo de los diferentes segmentos de estas cadenas, y su integración funcional en vastas cadenas de producción y distribución dentro de nuevos circuitos globalizados de acumulación. Así, la globalización unifica al mundo en un solo modo de producción y un solo sistema global, provocando la integración de los diferentes países y regiones en una nueva economía global. Este proceso ocurre a la par de la centralización del mando y control de la economía global por parte del capital transnacional.

Y en esta nueva economía global, los llamados “bloques” regionales (Estados Unidos, Unión Europea y Este asiático) han formado una “triada” global cada vez más interpenetrada, basada en la interpenetración ampliada del capital entre las principales Corporaciones Transnacionales (CT) del mundo. Robinson plantea que el análisis de los patrones globales de la inversión de las CT indica que cada bloque fue interpenetrado por los otros dos. Y menciona que, “a medida que estos capitalistas se integran, introducen a las redes y cadenas de producción locales dentro de complejas redes transnacionales” (Robinson, 2013, p. 172). En esta perspectiva, “dada una economía global abierta y una movilidad global del capital, un desempeño económico superior en una región particular beneficia sin duda a los grupos de inversionistas (de diversos países) en esa región” (Robinson, 2013, p. 173).

Entonces, más que la competencia geopolítica entre “bloques” regionales, como algunos autores aún sostienen, Robinson apunta que los patrones regionales de acumulación reflejan ciertas distinciones espaciales, complementarias a una configuración del capitalismo global más integrado. Se trata de:

[…] la descentralización de la economía global; su fragmentación y el surgimiento de varias zonas de intensa acumulación global. Una de tales zonas en Europa va del noroeste al sureste, por encima de las fronteras y alcanzando áreas de Europa del Este. Otra, en Norte América, es la zona fronteriza de Estados Unidos y México. Varios de estos ejes entrecruzan el Este asiático (Robinson, 2013, p. 173).

Y plantea que, más que rivales, “son sitios de acumulación intensiva en una economía global que une a capitalistas y elites transnacionales en lugares diversos en todo el mundo, precisamente lo que esperaríamos de una configuración transnacional supranacional y descentralizada” (Robinson, 2013, p. 173).

Y es en estas zonas o sitios de intensa acumulación global donde se crean y desarrollan los espacios globales para la expansión del capital transnacional, que suplantan a los espacios nacionales” (Robinson, 2013, p. 126). Esta suplantación del espacio nacional implica la subordinación de la soberanía de todo el espacio territorial, o de alguna parte de éste, a instancias transnacionales que ejercen su supremacía o control sobre el emergente espacio global, mediante diversos mecanismos impuestos (reformas estructurales, tratados, acuerdos y alianzas comerciales, etcétera).

Sassen (2001), por su parte, plantea que la globalización requiere espacios globales desnacionalizados, producidos por la dispersión-concentración de las actividades económicas, y estos espacios globales son las ciudades globales. Para Sassen, esta dispersión, junto con la integración simultánea, es un factor que alimenta el crecimiento y la importancia de las funciones corporativas centrales, que se vuelven tan complejas que de manera creciente las oficinas centrales de las firmas globales las terciarizan (outsourcing) a firmas de servicios especializados. Y todo esto se lleva a cabo en las ciudades globales. Estas formas requieren proveer un servicio global, lo que significa una red global de afiliados o de otras formas, que se da por medio de transacciones y redes transfronterizas de ciudad global a ciudad global (Sassen, 2002).

Considero que los espacios globales emergen o se producen sobre espacios que previamente han sido claves para las fases anteriores del desarrollo del capitalismo. Por sus características históricas y geográficas, ciertas zonas del planeta son claves para la intensa acumulación global, puesto que previamente han sido zonas que se han producido mediante un desarrollo geográfico desigual, producto de la diversificación, la innovación y la competencia, principalmente durante la fase anterior del capitalismo mundial para beneficiar la acumulación capitalista y por procesos de expansión geográfica del capital, como apunta Harvey (2006).

La frontera México-Estados Unidos, así como otras regiones del Continente Americano (el Istmo centroamericano, la Cuenca del Caribe, la Amazonía, la Cuenca de la Plata, los Andes y la Patagonia) se han desarrollado de esta forma. Y, precisamente es donde se han configurado los espacios globales mencionados.[3] En éstos el capital transnacional coexiste con los capitales nacionales y locales que se reproducen en ciertos sectores, encadenados en muchas ocasiones a los transnacionales a los cuales abastecen de insumos, servicios, transporte, etcétera. Sin embargo, sólo los capitales nacionales y locales que se transnacionalizan mediante fusiones, alianzas estratégicas u otros mecanismos, son capaces de incorporarse a mayores cadenas o a clústers de corporaciones transnacionales. Los espacios globales se insertan al capitalismo global mediante diversos mecanismos, principalmente los establecidos en los tratados de libre comercio (inversiones, propiedad intelectual, etcétera).

Dentro de los espacios globales, el movimiento y reproducción del capital es responsable de la distribución desigual en el espacio y el tiempo de la valorización del trabajo y de los bienes naturales que devienen en recursos naturales al pasar éstos, de un valor de uso a uno de cambio. Por lo tanto, en el espacio global se produce un proceso de desarrollo geográfico desigual y combinado, y es en este proceso que se realiza un “ajuste espacial” (Harvey, 2006) en porciones del territorio para el despliegue y realización del proceso de producción industrial y/o de extracción de excedentes, de explotación de los territorios. En síntesis, dentro de los espacios globales existen espacios menores en los cuales se concentran, vía ajustes espaciales, los megaproyectos de infraestructura para la producción industrial de bienes con alto valor agregado, o para procesos extractivos, o para una combinación de ambos. Son estas porciones de territorio, estos espacios menores, a los que denomino Zonas Específicas de Intensa Acumulación (ZEIA) (Sandoval, 2019a). Aquí utilizo este término como una abstracción analítica, una definición operativa y un instrumento metodológico, para configurar un nivel de análisis de una totalidad concreta que se expresa en las escalas local y regional, de un proceso global. Las ZEIA, comprenden un complejo entramado de infraestructuras establecidas para la expansión del capital transnacional y para su intensa acumulación. Comprenden diversos territorios, microrregiones, localidades y zonas urbanas articuladas por medio de infraestructura de transporte y energética, donde se ha creado y desarrollado la infraestructura industrial para grandes proyectos productivos y/o extractivos, extensivos e intensivos, de corporaciones transnacionales, mismas que son apoyadas financieramente por la banca nacional e internacional y por políticas públicas de todos los niveles de gobierno, así como por acuerdos y tratados internacionales; y sus productos se valorizan en las Bolsas de Valores globales. Estas ZEIA se superponen y expanden sobre territorios y localidades urbanas y rurales, limitando procesos de acumulación locales y afectando, en el caso de comunidades que mantienen aún el valor de uso de sus bienes naturales, su reproducción social. Pero las comunidades urbanas y/o rurales responden a ello organizándose para luchar por sus territorios; y, en el caso de comunidades y pueblos originarios, por sus territorios y sus bienes comunes.

EL PROYECTO MESOAMÉRICA COMO ESPACIO GLOBAL PARA LA EXPANSIÓN DEL CAPITAL TRANSNACIONAL

El espacio global para la expansión del capital transnacional ubicado en la región de la frontera México-Estados Unidos, configurado por varios ZEIA donde se localizan complejos industriales de alta tecnología para la producción de bienes con alto valor agregado y complejos industriales extractivistas dentro de Estados Unidos y México (Sandoval, 2019a), y conectado a otros ZEIA en ambos países mediante infraestructura de transporte terrestre, aéreo y marítimo, requiere de recursos energéticos y otros recursos estratégicos que buscan en los países vecinos del sur mediante grandes inversiones (Centroamérica, Suramérica y el Caribe), principalmente mediante tratados de libre comercio. Pero también los capitales transnacionales de origen europeo y asiático buscan expandirse en estas regiones a través de acuerdos de cooperación económica. Para ello, se impulsó la creación de un espacio global para la expansión del capital transnacional en la región del área conformada por el Proyecto de Integración y Desarrollo del Proyecto Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica), que va del sur-sureste de México (9 estados), hasta Colombia, incluyendo a todos los países centroamericanos y a la República Dominicana (Sandoval, Álvarez y Fernández, 2011). Pero, a diferencia del espacio global en la frontera Estados Unidos-México, donde el estado norteamericano ha sido el impulsor para su creación, como “condensador” de los intereses de la Clase Capitalista Transnacional (CCT) y del Estado Transnacional (ET) (Robinson, 2013); en la producción actual de un Espacio Global del Proyecto Mesoamérica, interviene una densa red de instituciones (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Centroamericano de Desarrollo, la Unión Europea, corporaciones transnacionales, etcétera) que forman parte del Estado Transnacional emergente y las élites de la Clase Capitalista Transnacional (tanto los sectores transnacionalizados de los países miembros del Proyecto Mesoamérica, como de las corporaciones transnacionales que se asientan en este espacio global). Oficialmente,

El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) es un programa mesoamericano de integración y desarrollo que potencia la complementariedad y la cooperación entre nuestros países a fin de ampliar y mejorar sus capacidades y de hacer efectiva la instrumentación de proyectos que redunden en beneficios concretos para nuestras sociedades en materia de infraestructura, interconectividad y desarrollo social (PM, 2019).

Las principales especificidades de este Espacio Global para la expansión del capital transnacional son: a) La interconexión energética); b) Un sistema de infraestructura para el transporte de mercancías mediante: i) Sistema de Transporte Multimodal Mesoamericano (STMM), ii) Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (Ricam), iii) Corredor Mesoamericano de la Integración (CMI o Corredor Pacífico); y, c) Megaproyectos turísticos.

Esta infraestructura carretera y la interconexión energética tiene también una importante conexión con otras infraestructuras extractivistas (gasoductos, concesiones mineras, exploración de hidrocarburos, corredores interoceánicos, etcétera).

Los espacios globales para la expansión del capital transnacional requieren para su creación y desarrollo, de mecanismos de consenso, como los tratados y alianzas de libre comercio bilaterales o multilaterales. En el caso del Proyecto Mesoamérica existen varios de éstos. Pero estos espacios globales requieren para su desarrollo y protección, de mecanismos de “securitización” y militarización. El caso de la frontera Estados Unidos-México, como lo he mostrado en otro análisis (Sandoval, 2017), es muy claro. Y en el caso del Proyecto Mesoamérica se han incorporado diversos aspectos de seguridad regional desde su creación (Sandoval, 2018). A partir de entonces se ha venido incrementando la militarización de la región bajo diversos pretextos (inclusive mediante un golpe de Estado en Honduras), principalmente bajo la forma de guerra contra las drogas y la delincuencia organizada; criminalizando la protesta social y violando y violentando los derechos de los pueblos en resistencia.

EL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL ITSMO DE TEHUANTEPEC Y LA PENÍNSULA DE YUCATÁN COMO ZONAS ESPECÍFICAS DE INTENSA ACUMULACIÓN (ZEIA)

El Istmo de Tehuantepec tiene una historia centenaria, si no es que milenaria, como espacio de tránsito comercial ya que, por su ubicación geoestratégica (la región más angosta del actual territorio mexicano entre dos océanos y paso clave entre la región del sur-sureste, rica en recursos, y el altiplano y norte del territorio mexicano), ha sido objeto de intereses de imperios, potencias económicas y actualmente del capital transnacional. Esta historia ha sido contada por numerosos historiadores y otros científicos sociales,[4] y de la cual sólo mencionaremos un aspecto, a principios del siglo XX (1907 a 1915) el ferrocarril transístmico, tuvo una gran importancia en el transporte de mercancías de un océano al otro, lo cual decayó cuando en 1915 se abrió el Canal de Panamá.

Actualmente, con la expansión del capital transnacional en el ámbito global y el aumento en la producción globalizada de mercancías, también se incrementa la movilización de las mismas globalmente, por lo que el capital transnacional y sus diversas instancias promueven la creación de infraestructuras, jurídica, fiscal y física (carreteras, canales húmedos o secos, ferrocarriles, puertos marítimos, aeropuertos, zonas de almacenamiento, etcétera), que faciliten dicha movilidad cruzando por regiones geoestratégicas, siendo una de las más importantes la región que abarca el Proyecto Mesoamérica que es la más angosta del Continente Americano. En ésta se localiza el Canal de Panamá, el cual resulta ya insuficiente para el creciente tráfico comercial, por lo que se ha impulsado su ampliación; pero también se ha acelerado la creación de otros pasos interoceánicos (canales secos, como el Canal Interoceánico de Colombia, que iría del Golfo de Urabá, en la región caribeña del océano Atlántico, donde hay tres puertos, al de Cupica, y posiblemente al Puerto de Buenaventura, ambos en el Pacífico, pasando por Mutatá, rica zona minera y Medellín, la capital industrial de Colombia; el Corredor Verde Interoceánico de Costa Rica, desde el Puerto Limón en el Caribe a Puerto Moín en el Pacífico; el Canal de Nicaragua –aún con futuro incierto–, el Canal seco de Honduras-El Salvador, que va del Puerto de San Pedro Sula en el Caribe al Puerto de la Unión, en el Pacífico, en ambos países; y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec), y la modernización y ampliación de los puertos que los conectan (Geocomunes, 2020; Sandoval, 2019b).

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 del gobierno mexicano, en el caso del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), “Su eje será el Corredor Multimodal Interoceánico”. Pero, y eso es lo que me permite caracterizar al CIIT como una ZEIA en construcción, además de ser un sistema multimodal para el transporte de mercancías y personas, es un proyecto para la ampliación y modernización de dos puertos (Coatzacoalcos y Salina Cruz); rehabilitación de refinerías (Minatitlán y Salina Cruz); el establecimiento de infraestructura industrial para la producción de bienes con alto valor agregado en Polígonos de Desarrollo e Innovación (PDI) donde se instalarían parques industriales, para lo cual se declaró Zona Libre al CIIT; y para el extractivismo y procesamiento de hidrocarburos y minerales metálicos, así como para la producción de energía eléctrica (aunque estos tres rubros no se mencionan en el proyecto), apoyado por infraestructura jurídica y fiscal, mediante decretos presidenciales y otros (ver Mapa 1: http://geocomunes.org/Mapas_Imagenes/Istmo/Mapa%20Transistmico%20Corredor%20Mercancias.jpg).

Lo anterior está claramente explicitado en el Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyo objeto es:

[...] instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración portuaria que realizan las entidades competentes en los Puertos de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave y de Salina Cruz, Oaxaca y su interconexión mediante transporte ferroviario, así como cualquier otra acción que permita contribuir al desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente, fomentando el crecimiento económico, productivo y cultural (Segob, 2019).

Al efecto deberá realizar, entre otras acciones, las siguientes:

1. Procurar, mediante inversión pública y privada, la construcción de la infraestructura física, social y productiva necesaria para fortalecer la base económica de la región del Istmo de Tehuantepec;

2. Promover, a través de la realización de los actos jurídicos necesarios, la modernización de la infraestructura física y la capacidad productiva de la región del Istmo de Tehuantepec.

Ya desde el 23 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado una inversión pública inicial de 8 mil millones de pesos para el Istmo de Tehuantepec para la aplicación de lo que él denominó Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, sin participación extranjera, lo que contradecía el punto 1 de las acciones establecidas en el decreto mencionado, pero que prevalecería en los hechos (EFE, 2018). El proyecto original del CIIT abarcaba a 79 municipios: 33 de Veracruz y 46 de Oaxaca, pero poco después se amplió a 98 municipios, incluyendo 14 de Chiapas y 5 de Tabasco, para incorporar también la refinería de Dos Bocas y otros proyectos.

El sistema multimodal involucra el transporte ferroviario, portuario, aeroportuario y carretero, aunque se trata principalmente de la ampliación y “modernización” de infraestructura ya existente (Geocomunes, 2020). En las concesiones otorgadas en febrero de 2020 para la renovación de las vías del ferrocarril participa capital transnacional (Geocomunes, 2020; Educa, 2020).

En los planes de inversión del CIIT se prevé la integración de 6 Polígonos de Desarrollo en Innovación (PDI) para atraer inversión para el “desarrollo económico y social de la región” de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Opportimes, 2019). Éstos serían: 1) Acayucan, 2) Minatitlán (Minatitlán y Cosoleacaque), 3) Matías Romero (Matías Romero y el Barrio de la Soledad), 4) Ciudad Ixtepec (El Espinal y Asunción Ixtepec), 5) Coatzacoalcos y 6) Salina Cruz.

Como se puede observar, el CIIT establece las bases para la infraestructura necesaria para la expansión del capital transnacional, que se realizaría mediante las Inversiones Extranjeras Directas (IED) en los PDI, pero también en los sectores de hidrocarburos, minería y producción de energía eléctrica, donde algunas corporaciones ya se habían establecido desde hace unas décadas, y principalmente a partir de la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto (véase Mapa 2 para los hidrocarburos: http://geocomunes.org/Mapas_Imagenes/Istmo/Golfo%20Capital.jpg).

El 7 de junio, durante su gira por la región para supervisar el avance en las obras de este tren, el presidente López Obrador declaró que el Corredor Transístmico iría acompañado de 10 polígonos para complejos industriales con facilidades fiscales (o sea 4 más que los mencionados por la SHCP), y con los cuales se pretende conformar una “cortina” de empleos para reducir la migración en la región (Pérez, 2020). Esta declaración del presidente López Obrador está basada en el Plan de Desarrollo Integral de la CEPAL (2019) para México y los países del Triángulo del Norte, el cual se sustenta en cuatro pilares acordados entre éstos: 1) Desarrollo económico: fiscalidad e inversión; integración comercial, energética y logística; 2) Bienestar social: educación, salud y trabajo; 3) Sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos; 4) Gestión integral del ciclo migratorio con seguridad humana (derechos, medios de vida y seguridad centrada en las personas).

Desde la concepción del Plan Puebla-Panamá (PPP) (y su continuidad en el Proyecto Mesoamérica), se consideró establecer un mecanismo de control, gestión y distribución de las migraciones laborales en la región sur-sureste de México –con un espacio de contención en el Istmo de Tehuantepec– (Sandoval, 2001), para la creación de un mercado laboral subregional, que absorbiera a los migrantes centroamericanos y del sur sureste, para cubrir las necesidades de mano de obra en la infraestructura y los megaproyectos establecidos en esta región y particularmente en las ZEIA del Corredor Interoceánico y la Península de Yucatán (Sandoval, 2019c).

Diversas organizaciones de los pueblos y comunidades indígenas, agrupadas en el frente “El Istmo es nuestro” (2020), se habían opuesto a este megaproyecto desde que se anunciara su creación, y aún desde antes contra el PPP y otros que lo antecedieron. Con motivo de la gira de López Obrador mencionada (5-7 de junio), en una carta firmada por todas las organizaciones, éstas manifestaron que esa visita era inoportuna porque el país se encontraba en una crisis sanitaria y se aprovechaba de ello para anunciar la reconstrucción del tren transístmico (Manzo, 2020), una obra plagada de irregularidades y abusos, entre ellas las consultas irregulares y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se otorgó condicionada (Infobae, 2020) después que la presentada por la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) para conseguir el permiso para comenzar las obras de remodelamiento había sido rechazada en un primer momento (La Coperacha, 2020). Las comunidades lograron que Semarnat abriera un período de audiencias en el cual algunas organizaciones presentaron análisis de la MIA mostrando las irregularidades de la misma. La posterior autorización condicionada de la MIA por parte de Sermanat fue cuestionada por las comunidades y organizaciones sociales, de académicos y ambientalistas.

Es importante mencionar que toda la región que abarca el CIIT está militarizada, con la Armada/Marina controlando todos los puertos de ambos océanos y cuarteles militares a lo largo del Istmo, y con una base militar aérea en Ixtepec.

En el caso del proyecto denominado Tren Maya, considero que éste no puede analizarse de forma aislada de otros megaproyectos que se desarrollan en la Península de Yucatán, en particular, y en el sureste en general, pues es parte clave de los mecanismos mediante los cuales se impulsa una política de Estado de “reordenamiento territorial”.

En este marco, ubico a la Península de Yucatán como una ZEIA en construcción, dentro del espacio global del Proyecto Mesoamérica, donde se inserta el megaproyecto denominado Tren Maya, el cual articulará a otros proyectos de gran escala: megaproyectos turísticos e inmobiliarios; ampliación de puertos marítimos; megaproyectos de monocultivos y pecuarios; parques eólicos y solares; parques industriales donde se fabrican autopartes y aeropartes para la industria militar transnacional y a los cuales el T-MEC dará mayor impulso. Además, el Tren Maya transportará hidrocarburos (véase Mapa 3: https://www.facebook.com/geocomunes.carto/photos/a.331480727038593/1462169757303012/?type=3&theater).

Como se muestra en el mapa 3,

[…] el trazo del proyecto del Tren Maya articula los procesos de acumulación de capital agroindustriales de Campeche-Yucatán y Quintana Roo, el tsunami turístico-inmobiliario de Mérida y Cancún-Riviera Maya y el modelo de generación de energía del norte de Yucatán. Si bien estos tres ejes de acumulación fueron impulsados por la expansión de una infraestructura de transporte basada en autopistas de cuota entre 1990 y 2018 y por los mecanismos de privatización de la propiedad social impulsados por PROCEDE entre 1992 y 2006, al aumentar la velocidad de circulación de mercancías y disminuir la fricción de la distancia mediante la reducción de los costos de transporte, el proyecto del Tren Maya dinamizará la expansión de estos tres procesos de acumulación a costa de (o sobre) la propiedad social de la tierra y los procesos comunitarios que sustenta (Geocomunes, 2020).

De acuerdo con Deniau y Rosas (2019), además de lo anterior, los gasoductos y las líneas de transmisión eléctrica transportan la energía necesaria para el abastecimiento y funcionamiento de estos sectores. Vemos cómo la construcción de cada nuevo proyecto ha sido precedida por una expansión previa de la infraestructura de transporte de personas, mercancías y energía. Y el Tren Maya expresa un nuevo impulso a la expansión urbana, turística, agroindustrial e industrial.

El Tren Maya estará articulado también con aeropuertos nacionales e internacionales y con el tren Interoceánico (véase Mapa 4: http://geocomunes.org/Mapas_Imagenes/Istmo/Mapa%20Sureste.jpg).

La región que cubre el Tren Maya ya se encuentra militarizada con cuarteles del ejército y la Marina/Armada en todos los puertos marítimos. La Guardia Nacional también ya está presente. Y los ingenieros militares llegarán a construir el último tramo del Tren Maya, al terminar de construir el aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”.

La apuesta del gobierno federal por el Tren Maya es muy alta, pues está vinculada a la llegada de capitales transnacionales desde la construcción del mismo y luego, para aprovechar las ventajas del reordenamiento territorial y de los megaproyectos en marcha, llegarán muchos más. Los primeros tres tramos fueron concedidos a consorcios transnacionales para la construcción del Tren Maya: 1) Palenque a Escárcega (227 km) Mota Engil México, 52%, China Communications Construction Company (CCCC) 35%, Eyasa, Grupo Cosh y Gavil Ingeniería el resto. 2) Escárcega a Calkiní (234 km) Operadora CICSA, propiedad de Carlos Slim Helú, con la española FFC Construcción (Olvera, 2020). 3) Izamal a Cancún (520 kilómetros de doble vía férrea y la ampliación de la autopista a cuatro carriles que Ingenieros Civiles Asociados (ICA) ya tiene la concesión hasta 2050 (La Jornada, 2020).

El presidente López Obrador decretó que el 18 de mayo de 2020 empezaría la “nueva normalidad”, sin importar que la pandemia del COVID-19 aún estaba en “pleno pico”. El 28 de mayo decidió salir de gira mencionando que “es muy importante que yo vaya a dar esos banderazos para iniciar la construcción del Tren Maya, porque se necesita reactivar la economía para generar empleos” (Urrutia y Méndez, 2020). El mismo día, la Calificadora Moody´s le dio su visto bueno al Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas. Una analista de esta agencia indicó que en un contexto complicado para los estados, por menores transferencias federales e ingresos propios por la crisis del COVID-19, los grandes proyectos de infraestructura como los dos mencionados, pueden tener un impacto positivo en las economías regionales, pero depende de la velocidad con las que la terminen (Rodríguez, 2020). Es por ello que López Obrador tenía prisa para que comenzaran las obras para terminar en 2024 (La Jornada, 2020).

Este megaproyecto ha sido rechazado por diversas organizaciones sociales y comunitarias desde que se anunció su construcción, manifestándose con diversas formas de protesta y lucha, logrando incluso amparos contra las obras. Pero el proyecto avanza a paso veloz pasando por encima de leyes y pandemia; y, por supuesto, por encima de las propias organizaciones y comunidades. Durante la contingencia, 100 organizaciones y comunidades mayas (la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujily otros), colectivos en defensa del ambiente y los derechos humanos, además de muchos académicos especialistas emitieron un pronunciamiento pidiendo al presidente López Obrador que detuviera las obras del Tren Maya durante la contingencia y al término de ésta se abriera un debate sobre la pertinencia del Megaproyecto. No hubo respuesta. Sin embargo, las organizaciones han continuado con su lucha mediante diversas formas de resistencia; y frente a las acusaciones del presidente López Obrador en su alocución del 28 de agosto en la cual descalificó a las organizaciones indígenas y sociales, así como cooperación internacional de instancias que las apoyan, por oponerse al megaproyecto Tren Maya, el CRIPX, la Cemda y otras organizaciones emitieron un boletín el 31 de agosto donde denuncian estas acusaciones (CRIPX/Cemda, 2020).

A MANERA DE CONCLUSIONES

El gobierno del presidente López Obrador declaró la contingencia por la pandemia del COVID-19 el 23 de marzo de 2020 y aunque se había considerado que ésta se levantaría hacia la tercera semana del mes de mayo cuando la pandemia supuestamente comenzaría a declinar, ya para el 6 de mayo anunció que había que ir pensando en reabrir las actividades productivas. Y es que el gobierno estadounidense y las grandes corporaciones transnacionales presionaban y exigían el retorno a las actividades productivas de las abastecedoras mexicanas de las industrias automotriz, aeroespacial, de defensa y otras, así como para arrancar los trabajos del Tren Maya y otros megaproyectos.

Para Estados Unidos el retorno a las actividades económicas productivas era una cuestión de seguridad nacional, como bien se muestra en la carta al Secretario de Estado, Mike Pompeo, del 29 de abril de 11 senadores estadounidenses pidiéndole que presionara al gobierno mexicano para que estableciera sectores esenciales de conformidad con los intereses de Estados Unidos (La Jornada, 2020), pues son claves del Complejo Industrial Militar del cual México ya es abastecedor estratégico (Sandoval, 2017). Si bien es cierto que desde que se estableció el régimen de la Industria Maquiladora en México, algunas plantas ensamblaban partes de equipo militar, para ser un abastecedor mayor de productos militares, México ingresó en 2012 al Acuerdo de Wassenaar (2017), cuyos miembros deben “ser un productor/exportador de armas o equipo industrial, respectivamente”. Con ello, la producción de partes para la industria militar y de uso dual (comercial y militar) podría extenderse por todo el territorio nacional, principalmente en las ZEIA de los espacios globales de la frontera México-Estados Unidos y del Proyecto Mesoamérica.

Entre las empresas que reanudaron labores en la primera etapa de entrada a la “nueva normalidad”, el 18 de mayo, estaban algunas fábricas en Mérida y Baja California que son proveedoras de la industria militar estadounidense, así como empresas del sector automotriz en los estados de San Luis Potosí y Aguascalientes. En Mérida fue la fábrica Precision Castparts Airfoils que da tratamiento a turbinas para aviones civiles y militares (piezas de cazas de combate como el F-5, el F-16, el A10 Warthog y el Eurofighter Typhoon). En Baja California fueron las empresas aeroespaciales que proveen a Northrop Gruman, Boeing y Honeywell, vinculadas al Complejo Industrial Militar (Reza y Barquet, 2020).

Las y los trabajadores de las maquiladoras en la frontera fueron obligados a trabajar durante la contingencia. Y, en algunos casos, desde el 6 de abril las y los trabajadores estuvieron llevando a cabo paros laborales en Durango, Yucatán, y en la franja fronteriza norte, Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros (Hernández, 2020). En Baja California, hubo paros laborales en varias empresas como Honeywell Aerospace, Gulfream Aerospace y Skyworks.

Las y los trabajadores fabriles, las comunidades, pueblos y organizaciones de diverso tipo, están enfrentando de manera cada vez más creciente el avance de la superexplotación del capital transnacional y de los megaproyectos de las corporaciones transnacionales. La disputa por los territorios se vuelve cada vez más conflictiva y en ocasiones violenta, así como la lucha de clases que la expansión del capital transnacional profundiza.

ANEXOS

Mapa 1. El Transístmico es más que un ferrocarril interoceánico

Mapa 2. El Golfo de México en manos del capital petrolero

Mapa 3. Tenencia de la tierra y megaproyectos en la península de Yucatán

Mapa 4. Reacomodo territorial en el sureste mexicano

REFERENCIAS

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CARTOGRAFÍA

Mapa 1. El Transístmico es más que un ferrocarril interoceánico. http://geocomunes.org/Mapas_Imagenes/Istmo/Mapa%20Transistmico%20Corredor%20Mercancias.jpg

Mapa 2. El golfo de México en manos del capital petrolero. http://geocomunes.org/Mapas_Imagenes/Istmo/Golfo%20Capital.jpg

Mapa 3. Tenencia de la tierra y megaproyectos en la península de Yucatán. https://www.facebook.com/geocomunes.carto/photos/a.331480727038593/1462169757303012/?type=3&theater

Mapa 4. Reacomodo territorial en el sureste de México. http://geocomunes.org/Mapas_Imagenes/Istmo/Mapa%20Sureste.jpg

NOTAS

[1] Todas estas instancias conforman un incipiente Estado Transnacional (ET), que Robinson (2013, p. 122) define como una extensa red todavía emergente, conformada de organizaciones y foros económicos y políticos trans y supranacionales, junto con Estados nacionales transformados y externamente integrados, y que aun no adquiere una forma institucional centralizada, pero que funcionan para organizar las condiciones para la acumulación transnacional y, a través de la cual, la Clase Capitalista Transnacional intenta organizar y ejercer institucionalmente su poder de clase.

[2] La Clase Capitalista Transnacional (CCT), dice Robinson (2013, pp. 135-136), es un grupo de clase asentado en mercados y circuitos de acumulación globales. Este grupo de clase ha atraído sus contingentes de la mayoría de países del mundo, del norte y del sur, y ha intentado posicionarse como una clase gobernante global. Lo que distingue a esta clase de las fracciones capitalistas nacionales o locales es que ella se vincula a la producción globalizada y maneja circuitos globales de acumulación que le confieren una identidad y una existencia de clase objetiva, espacial y políticamente, en el sistema global por encima de territorios y políticas locales.

[3] En el grupo de trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), del cual soy uno de los 3 coordinadores, y que está conformado por más de 180 investigadoras/es de 17 países, desarrollamos el proyecto colectivo “Espacios globales para la expansión del capital transnacional en el continente americano”, donde hemos propuesto la existencia de 6 espacios globales formados o en construcción: 1) Frontera México-Estados Unidos; 2) Proyecto Mesoamérica; 3) Cuenca del Caribe; 4) Amazonia; 5) Cuenca del Río de la Plata; y, 6) Andino del Sur-Patagónico.

[4]Algunos aspectos de la historia del Istmo de Tehuantepec estarán incluídos en un libro que sobre el espacio global y las ZEIA para la expansión del capital transnacional del espacio global en el Proyecto Mesoamérica estamos preparando Marcela Orozco, del GT Clacso y yo.

PARTE III

ESCALA URBANA: GEOPOLÍTICA

Y ESPACIO URBANO

ESTRATEGIAS DE LA GUBERNAMENTALIDAD EN LA GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA IDENTIDAD INDÍGENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

LUISA RODRÍGUEZ

FERNANDA TEJADA

El espacio público es un tema que ha generado amplias discusiones y debates en los últimos años. Las diversas perspectivas y aproximaciones a este concepto por sí mismas dan cuenta de su importancia y centralidad en las ciudades, tanto como medio de reproducción social como materialidad que ordena la vida urbana. En este sentido, el espacio público es un objeto urbano-arquitectónico y, a la vez, es un objeto político. Este trabajo camina hacia la segunda de estas acepciones, tomando como punto de partida que el ordenamiento y la gestión del espacio público sintetizan mecanismos y expresiones del ejercicio de poder en las ciudades. Así, se parte de que el espacio público es en sí mismo un medio de producción y reproducción del orden social, mediante la promoción de prácticas, usos e identidades acordes con el modelo de ciudad contemporánea. Desde esta perspectiva, en el espacio público se definen marcos para las relaciones sociales entre diferentes grupos sociales con base en un proyecto de ordenamiento social más amplio.

En específico, este capítulo propone una reflexión sobre las formas del ejercicio del poder en el espacio público a fin de aproximarse a las expresiones de la geopolítica en las ciudades, entendida ésta como “proyecto de dominación –de clase, raza y género– [que] produce espacialidades que se convierten en el medio y en la estructura de la reproducción social en los proyectos societales vigentes” (Herrera, 2020, pp. 9-42). En esta línea, se recupera la perspectiva de gubernamentalidad de Foucault, a fin de revisar el ejercicio de poder en el espacio público con respecto a un grupo particular de la población: las comunidades y pueblos indígenas habitantes de la Ciudad de México. El enfoque de la gubernamentalidad permite aproximarse a las contradicciones y ambivalencias que se plasman en el espacio público, así como sus implicaciones, efectos y manifestaciones a luz de un grupo particular de la población, aquellos definidos como indígenas u originarios.

En el trabajo se explora de manera puntual la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios, evento organizado anualmente por el Gobierno de la Ciudad de México, desde 2014, con el propósito de visibilizar las culturas indígenas presentes en la ciudad, promover el reconocimiento de sus derechos y generar espacios de inclusión para estos grupos. Esta Fiesta se seleccionó debido a la importancia que ha tenido en la agenda de gobierno de los últimos años, las campañas de difusión, los recursos destinados, así como la cantidad de los asistentes y comunidades participantes. Se entiende que la organización de un evento de esta magnitud trastoca las funciones y jerarquías presentes en el espacio público, a la vez que se refuerzan, directa o indirectamente, los dispositivos y mecanismos de control sobre las identidades y prácticas de aquellos definidos como “otros”. La metodología del estudio de caso se basó en la revisión de archivo, principalmente documentos generados desde las instancias de gobierno, tales como notas informativas, convocatorias, reglamentos, leyes y programas sociales, entre otros, y se complementó con el análisis de notas de prensa, en particular de los últimos años.

El capítulo se organiza en cuatro apartados, además de la introducción. En el siguiente apartado se realiza una revisión de la noción de gubernamentalidad y su relación con el espacio, tomando como base el trabajo de Foucault en el Curso en el College de France (1977-1978) sobre seguridad, territorio, población, y en diálogo con lecturas posteriores y de otros autores sobre este trabajo. En la tercera sección, se profundiza en el vínculo entre gubernamentalidad, espacio público e identidad, con el objetivo de construir las herramientas analíticas para revisar el caso de estudio en la Ciudad de México. En particular se identifican tres contradicciones en la gestión de la identidad indígena en el espacio público: a) la homogeneidad-diversidad; b) lo individual-colectivo; c) la inclusión-comercialización. Posteriormente, en la cuarta sección, se aborda con detalle la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios, sus implicaciones en la gestión del espacio público y de lo “indígena” en la ciudad, haciendo énfasis sobre las contradicciones previamente identificadas. Para cerrar, se incluyen conclusiones generales que buscan articular la gubernamentalidad, el espacio público y la gestión de la identidad como instrumentos mediadores de la concreción del espacio público dominante.

UNA MIRADA DESDE LA GUBERNAMENTALIDAD AL ESPACIO PÚBLICO

El concepto de gubernamentalidad surge en el contexto de finales de la década de los 70 y principios de los 80, desarrollado por Michel Foucault. Sin embargo, la gubernamentalidad en sí misma, como Foucault lo menciona, existía desde antes. Esta hace parte de la configuración propia del Estado desde el siglo XVIII y es resultado de la vinculación entre la soberanía del territorio, la gestión gubernamental y un sistema de disciplinamiento que permitieron la continuidad del ejercicio del poder (Foucault, 2014, pp. 135 y 193).

De tal manera, la gubernamentalidad se configura como una nueva forma de ordenamiento estatal que se materializa en dispositivos de seguridad que rebasan el sistema jurídico y penitenciario tradicional. Este modo de ejercicio del poder no se refiere a acciones concretas hacia la población, sino que está conformada por un conjunto de estrategias y relaciones que permiten gestionar las formas existentes dentro del territorio en diferentes escalas. En pocas palabras, la gubernamentalidad se refiere al conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones que constituyen una forma de gobierno en la que se tiene como “blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad” (Foucault, 2014, p. 136); o como lo ha resumido Silvia Grinberg, constituye “las estrategias, finalidades, pensamientos y conflictos que, en un momento determinado, definen el núcleo problemático de la conducción y autoconducción de la conducta” (Grinberg, 2007, pp. 95-110).

Este modo particular de gobierno, la gubernamentalidad, conjuga dos estrategias para su despliegue que permiten que el ejercicio del poder sea indirecto. Por un lado, se encuentra la homogeneización de un sistema de relaciones de poder a través de la producción de una realidad determinada, que permite un adecuado funcionamiento de la articulación de la totalidad del Estado; por el otro lado, toma forma la producción de la individualidad por medio de diferentes formas de disciplinamiento y autodisciplinamiento que funcionan como un punto de apoyo de la acción política y económica del Estado (Energici, 2016). Esta doble dinámica conlleva el surgimiento de la noción de población, entendida no solamente como la suma de individuos en el territorio, sino como un conjunto de elementos en donde se pueden identificar, medir y conocer regularidades (Foucault, 2014); y, al mismo tiempo, da pie a un proceso de individualización en el que los sujetos quedan inscritos en un campo denso de relaciones entre personas, personas-cosas, personas-eventos, sobre las cuales el gobierno actúa a partir de estrategias y tácticas para asegurar el bienestar de todos y cada uno (Rose, O’Malley y Valverde, 2009).

Cabe señalar que la noción de población funciona como un instrumento que se encuentra en diferentes escalas y que, a su vez, está estratégicamente fragmentada y vinculada con diferentes puntos de apoyo dentro del espacio, lo que le permite una organización que da certeza y garantiza la permanencia del ejercicio del poder estatal y su papel en la globalidad imperante. Los puntos de apoyo que permiten la articulación y función de estas relaciones de poder propias de la gubernamentalidad no sólo corresponden a un ámbito público, sino que también atraviesan lo privado y se nutren de las confrontaciones y consensos que existen en estos espacios. Con base en lo anterior, se puede argumentar que la gubernamentalidad alude a diversos mecanismos de intervención que son espacializados para producir una realidad dominante, la cual toma forma a través de la instrumentalización y normalización de determinadas conductas, pensamientos, aspiraciones y decisiones, por medio de regulaciones, procedimientos, entre otros, que permiten alcanzar objetivos deseados (Miller y Rose, 2006, p. 8).

Es así que la gubernamentalidad no sólo se define como cualquier relación de poder, sino que se refiere a diversas y complejas técnicas de gobierno que sirven para la securitización de las formas estatales que se llevan a cabo a través de la sistematización de órdenes y de la disposición de lugares y poblaciones, de acuerdo con diferentes escalas y ligados, íntimamente, con procesos de homogeneización y diferenciación. Entender los ámbitos de acción del ejercicio de poder requiere, entonces, reconocer los recursos materiales, técnicos o institucionales que necesita y en los que se apoya a diferentes escalas y ámbitos (Avellaneda, 2015, pp. 93-120).

Es de resaltar que el ejercicio de gobierno emplea diferentes estrategias o tecnologías a partir de la escala y del sector de población a la que se dirija. Aunque Foucault habla de la gubernamentalidad sin hacer referencia a la interacción con lo global, no se puede ignorar que el Estado forma parte de un sistema más amplio, el cual tiene injerencia en las relaciones de producción y reproducción social al interior de cada territorio y funciona a partir de clasificaciones y jerarquizaciones sobre los sujetos y espacios. En esta medida, las escalas de lo que se define como gobernable mutan y responden a los ámbitos del ejercicio del poder, por lo que no están definidas de antemano y se ajustan a los territorios y las poblaciones (Avellaneda, 2015).

En este punto, es plausible también considerar los límites y alcances de los dispositivos y tecnologías propias del ejercicio de poder. La intervención estatal no tiene la misma intensidad para todos los sectores de la población, sino que intervienen allí consideraciones sobre la clase, la etnia y/o el género como ejes reguladores y articuladores en las estrategias de gobierno. Lo anterior no quiere decir que la gubernamentalidad no se ejerza sobre estas poblaciones, por el contrario, la construcción de nociones como pobreza, desempleo, crimen, enfermedad, indígenas, negros, entre otras, como problemas sociales hace parte del proceso por el cual se define el dominio de lo gobernable como un campo inteligible para el ejercicio del poder (Miller y Rose, 2006), así como de las resistencias y tensiones que allí se concretan. Aquí es adecuado recuperar el argumento de Procacci, quien señala que el ejercicio de gobierno no siempre sigue el esquema de relaciones en el marco de dominación y sumisión, sino que se compone de una multiplicidad de islas sociales tratadas a nivel local y una pluralidad de comportamientos diversos que necesitan ser combatidos, alentados o promovidos, de acuerdo con un marco discursivo de gobierno (Procacci en Burcher, Gordon y Miller, 1991, p. 152).

Un aspecto adicional por señalar es que en la medida en que la gubernamentalidad supone la “incorporación de los fenómenos vitales de la especie humana al interior de los cálculos del Estado” (Ramírez y Hernández, 2018, pp. 35-58), se incluye allí a la dimensión espacial como elemento central de la regulación y el ordenamiento social. De acuerdo con Ramírez y Hernández (2018), la gestión del espacio es un aspecto medular en el sistema de regulación, tanto a partir de estrategias pensadas y dirigidas hacia los individuos y poblaciones, como a través de modos específicos de planeación, ordenamiento y gestión del propio espacio. Así, la gestión del espacio se concreta tanto en los sujetos de manera individual (el/la habitante de la calle, el/la vendedora, el/la indígena), como en poblaciones (los pobres, los comerciantes, las comunidades indígenas), a partir de la definición de formas, funciones, tiempos que regulan quiénes pueden estar dónde y cuándo.

El espacio posibilita la funcionalidad de las estrategias gubernamentales, por eso, es un elemento indispensable para sostener las diferenciaciones de la planificación espacial, mediante las cuales se definen las relaciones entre espacios centrales y periféricos,[1] públicos y privados, de sociabilización o exclusión, entre otros. Como ejemplo de esto, se puede mencionar que la ubicación de las avenidas, centros de trabajo, conjuntos habitacionales, espacios recreativos y de posible concentración, etcétera, son más que meras infraestructuras, responden a jerarquías sociales y espaciales y están inscritos en ordenamientos más amplios que buscan regular y dirigir la conducta de los habitantes urbanos.

Así, el espacio como producto de la actividad social, con sus respectivas jerarquías y articulaciones, representa una realidad concreta (González, 2018), mediante la cual es posible administrar el desenvolvimiento del sujeto en el campo social. Una de las principales divisiones del ordenamiento espacial parte de la organización de la vida social en dos esferas la privada y la pública, con base en la cual se diferencian: lo común (colectivo) y lo individual, como aquello que atañe a todos y su dimensión político-estatal; lo visible y lo oculto; y lo accesible o abierto a todos y lo exclusivo (Rabotnikof, 1998, pp. 3-13). Dicha separación, flexible y mutable, se reproduce en y mediante el espacio en las ciudades, de acuerdo con diferentes intensidades que marcan la distinción entre sujetos, poblaciones y sus prácticas espaciales.

En este marco, el espacio público no se refiere de manera exclusiva a plazas, jardines, calles o parques, sino que es la manifestación de un orden social (Monnet, 1996, pp. 11-256), por lo que no puede concebirse como un objeto neutro o inanimado, absoluto o abstracto, sino que sus características están amarradas a la conformación de la sociedad en distintos momentos históricos, las interacciones cotidianas y a la organización y significación del espacio urbano en su conjunto (Filipe, 2014, pp. 113-137). El espacio público puede entenderse, entonces, como un espacio que ejerce poder desde su propia economía y materialidad, siguiendo el argumento de Ramírez y Hernández, éste constituye un tipo de espacialidad en la cual el “poder adquiere volumen y consistencia a partir de la misma arquitectura, espacios que presentifican el poder ya desde el modo en que están construidos” (Ramírez y Hernández, 2018, p. 37). Como en otro tipo de construcciones urbanas y edificios, tales como hospitales, escuelas, cárceles, que están construidos para vigilar y regular la conducta, en el espacio público se reproduce el ejercicio de poder sobre los sujetos y las poblaciones en el marco de una “civilidad deseable”, que promueve la exclusión de grupos no deseados, mientras atrae a personas deseadas (consumidores, turistas, etcétera) (Sequera, 2015, pp. 69-82).

En este marco, es posible entender el espacio público como un dispositivo de poder en el “núcleo problemático de la conducción y autoconducción de la conducta” (Grinberg, 2007), que en red y en conjunto con otros dispositivos, como la arquitectura, el urbanismo, los equipamientos públicos, dan sentido al lugar, a las subjetividades y los saberes (Sequera, 2015). En el espacio público se definen los marcos de acción y relación para los distintos sujetos, definiendo y alimentando subjetividades mientras se excluyen conductas e individuos. De esta manera, el espacio público como dimensión, física y social, se reproduce desde el conflicto propio de la convergencia de grupos, clases y actores que disputan entre sí su uso y control a partir de necesidades concretas, demandas y prácticas que pueden ser incluso irreconciliables (Ramírez, 2013, pp. 287-314). Aun así, de acuerdo con Springer, la imposición de una visión particular, ordenada y, podemos agregar limpia, del espacio público se puede entender como una forma de violencia y las resistencias como aquellas que, desde abajo, buscan generar “espacios democráticos radicales de interacción espontánea” (Springer, 2019, p. 118).

Para cerrar, se puede señalar que el espacio público, a luz de la gubernamentalidad, se configura como parte de los dispositivos de ejercicio de poder, por lo que tiene efectos directos en la promoción o bloqueo de prácticas y conductas, así como en la aceptación o negación de determinadas identidades. En el siguiente apartado se busca profundizar en la relación entre espacio público e identidad con el objetivo de entender cómo se materializa y concreta el espacio público como mediación de la gubernamentalidad.

LA GESTIÓN DE LAS IDENTIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO

La vida urbana se establece de forma fragmentada, pero con una distribución y planeación definida a partir de las relaciones de producción y reproducción que se articulan, concretan y legitiman en el espacio, ocultando los desarrollos desiguales que estas mismas crean. En este sentido, no es posible que una sola forma de gobierno se desenvuelva en el espacio público, por lo que se puede hablar de una multiplicidad de dispositivos, instrumentos, mecanismos que están dirigidos al control, regulación y disciplinamiento de diferentes territorios y sectores de población de manera diferenciada.

Estas formas de regulación y control sobre el espacio público no se refieren exclusivamente a la aplicación de medidas represivas, sino, por el contrario, se fundamentan en “la extensión del control de sí, una búsqueda constante de la perfecta civilidad neoliberal” (Sequera, 2015, p. 72). Así, las expresiones de la gubernamentalidad en el espacio público adquieren formas tanto concretas y objetivas (jardineras, sillas, accesos restringidos y controlados, entre otros) como simbólicas y sutiles (estigmas negativos, actividades permitidas, horarios, etcétera) que operan en las prácticas, usos, tiempos y apropiaciones que se hacen de estos espacios. Por ende, en el espacio público se plasma, de modo directo e indirecto, aquello que se reconoce como legítimo/ilegítimo, lo válido/inválido y lo incluido/excluido.

Se debe considerar que en las ciudades actuales el espacio público tiene un papel estratégico como una de las expresiones propias del interés especulativo del capital (Sequera, 2015, p. 72), lo que requiere de la implementación de un conjunto de sistemas de vigilancia, que se manifiestan en una estética particular, en determinados usos y prácticas espaciales, así como en el control y disciplinamiento de los sujetos. A manera de ejemplo, las formas de limpieza y políticas de tolerancia-cero que se instauraron exitosamente en diferentes países de la región y que se materializaron en la expulsión del espacio público de determinados grupos sociales, como habitantes de la calle, vendedores ambulantes, indígenas, pobres, entre otros (Smith, 2012, p. 93), constituyeron un ejercicio de gobierno centrado en la generación de ganancias para el sector privado.

Mediante sistemas de vigilancia, directos e indirectos, normalizados que reproducen tanto sentimientos de seguridad como de temor y miedo (Sequera, 2015), se definen límites y se condiciona cómo, cuándo y dónde habitar el espacio público, excluyendo a grupos estigmatizados como violentos, sospechosos, peligrosos, etcétera, por representar una otredad que no concuerda con la civilidad neoliberal. En este contexto, el espacio público se vacía de contenido social, de su uso colectivo y se privatiza tomando forma en espacios para lo privado y la generación de ganancias, en actividades como el turismo, ocio, el comercio, etcétera (Borja, 2012).

Como dispositivo, el espacio público no sólo sintetiza relaciones de poder y autoridad, sino que, al mismo tiempo, y siguiendo los argumentos de Dean sobre las formas del ejercicio del poder (Dean, 2010), allí se producen los marcos para el entendimiento del yo (self) y de la identidad. En igual dirección, Sequera argumenta que la producción de subjetividades en relación con el espacio puede entenderse, por una parte, mediante las prácticas disciplinarias relacionadas con el proceso de aislamiento de los espacios en el que se materializan los dispositivos de dominación y, por la otra, mediante dispositivos de seguridad que en el contexto de la ciudad neoliberal se materializan en sistemas de videovigilancia que promueven determinados comportamientos, prácticas, funciones, entre otros (Sequera, 2015). Así, las formas de control sobre el espacio son también formas de control sobre los sujetos y la subjetividad, no se tratan de aspectos separados, sino que se retroalimentan y se reproducen a partir de prácticas, usos y exclusiones. Recuperando los argumentos de Foucault, “toda relación de poder pone en marcha diferenciaciones que son al mismo tiempo sus condiciones y sus efectos” (Foucault, 1988, p. 17).

En consecuencia, se produce una doble dinámica en la que, por una parte, el ejercicio de poder conlleva el reconocimiento de formas de identidad individual y colectiva mediante las cuales opera y, por la otra, las identidades se recrean y forman a partir del conjunto de prácticas y programas de gobierno (Dean, 2010). Esto no quiere decir que desde el gobierno se determinen las identidades de los individuos, pero sí que las prácticas y programas de gobierno promueven, provocan y atribuyen capacidades, cualidades y estatus a agentes particulares, y el éxito (o no) de estos programas y prácticas radica en que los sujetos se vean a sí mismos en esas capacidades, cualidades y/o estatus (Dean, 2010); lo que no quiere decir que sea de manera inmediata así.

A través del ejercicio gubernamental se reproducen sistemas de diferenciación que conllevan la negación de formas alternativas de concebir la identidad, tanto individual como colectiva, a la vez que excluyen y niegan prácticas políticas que podrían fundamentar una definición distinta a la producida desde el propio ejercicio de poder estatal (Corrigan y Sayer, 2007, pp. 39-116). Como se señaló anteriormente, esto no implica que dichas identidades no puedan ser cuestionadas y disputadas, ya que se ubican en la intersección entre los discursos de gobierno (como racionalidad y tecnología) y las formas culturales y sociales, y no pertenecen, exclusivamente, a ninguno de los dos ámbitos.

En conjunto, en el espacio público se evidencia la magnitud y los efectos del disciplinamiento y control propios de la gubernamentalidad, los cuales son dirigidos tanto hacia las poblaciones como un conjunto uniforme, como hacia los individuos, y tienen efectos en la configuración de identidades tanto como en la reproducción de exclusiones. Un caso específico sobre el cual centraremos la mirada en lo que resta del documento corresponde con las comunidades y pueblos indígenas que residen en la ciudad y quienes se relacionan con el espacio público de acuerdo con marcos finamente establecidos, directa e indirectamente, por el ejercicio de gobierno local.

Las manifestaciones étnicas en el espacio público han adquirido en los últimos años una doble delimitación, de un lado, se promueve la diversidad cultural y el reconocimiento de la diferencia mientras, por el otro, se excluye o niega la presencia cotidiana de estos grupos en dichos espacios. Al respecto es útil recuperar los argumentos de Mukherjee (2006) sobre comunidades negras en Estados Unidos, al señalar que la contradicción en el Estado neoliberal consiste en que mientras busca normalizar la desracialización, al mismo tiempo se fundamenta en una red de saberes y premisas principalmente sobre la raza y la diferenciación racial como una disciplina internalizada y de control de los sujetos. En el caso de la Ciudad de México, dicha racialización toma forma en el espacio público a partir de la reproducción de nociones negativas sobre los sujetos y la identidad indígenas, sus prácticas, y usos del espacio, las cuales chocan la espacialidad y racionalidad urbana dominante, pero también se hace presente en la visibilización y promoción de lo “indígena” como parte del patrimonio de la ciudad.

Esta contradicción que opera sobre las comunidades y pueblos indígenas en cuanto a su presencia en el espacio público se puede entender a partir de tres ámbitos en tensión: a) la diversidad- homogeneidad; b) lo individual-colectivo; y, c) la inclusión-comercialización.

Con respecto al primer ámbito, durante las últimas tres décadas ha habido un avance importante en el reconocimiento de derechos de las comunidades indígenas habitantes de las ciudades del país, lo que se ha traducido en la ampliación del sistema de derechos, la creación de un andamiaje institucional, así como la puesta en marcha de programas sociales dirigidos a aquellos definidos como indígenas. En particular, en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada en 2017, se plantearon, entre otros: i) el reconocimiento de la composición pluricultural de la ciudad; ii) el reconocimiento de los pueblos originarios y las comunidades indígenas de residentes como sujetos de derecho; y, iii) los derechos de autogobierno y autodeterminación, por enumerar solo unas cuantas.

Sin embargo, el reconocimiento de la presencia e importancia de los grupos indígenas en la ciudad choca con los procesos de homogenización que se materializan bajo la noción de “lo indígena” que se genera y reproduce desde las agencias estatales. En este escenario, la imagen de lo que es “indígena” u “originario” se representa de forma homogénea, omitiendo la diversidad de las naciones y pueblos en todos sus sentidos (cosmogonías, formas de organización, lengua, vestimenta). Así, el reconocimiento de derechos y de la diversidad cultural conlleva, de manera simultánea, la producción de la noción de la población indígena que aglutina y borra las diferencias históricas, culturales y sociales existentes entre los pueblos y comunidades habitantes de la ciudad.

De tal manera, el reconocimiento a la diversidad cultural en la ciudad se inscribe en lo que algunos autores han denominado como un “multiculturalismo neoliberal”, que se caracteriza por la instauración de “políticas de reconocimiento de la diferencia étnica (siempre limitadas y orientadas a la integración nacional), mientras ensombrece las condiciones de desigualdad en que se inscriben las realidades indígenas” (Antileo, 2013, p. 137). En este caso no sólo se omiten las desigualdades socio-económicas, sino que se invisibilizan también las diferencias culturales y particularidades propias de estas comunidades.

Por consiguiente, la promoción cultural que muchas veces se produce derivada del reconocimiento de derechos y que se amplifica en el espacio público conlleva un vaciamiento político y reproduce una identidad (lo indígena) que es completamente ajena a aquellos migrantes u originarios náhuatl, mixtecos, otomíes, mazatecos, por nombrar unos pocos. Como lo ejemplifica Yásnaya Aguilar (2017), lingüista e investigadora ayuujk, “la conciencia de ser indígena nace cuando se llega a la ciudad, allí se aprende que el denominador genérico de lo indígena y allí se experimentan sus implicaciones” (pp. 17-23). La representación de lo indígena es romantizada en el espacio público, bajo un discurso de defensa del pasado y promoción de la cultura material (sintetizada en artesanías), pero desvincula las creaciones de sus creadores, a la vez que estas son apropiadas por el Estado y puestas a circulación en el mercado (Aguilar, 2018). Este choque entre diversidad y homogeneidad toma forma en las prácticas y usos del espacio público por parte de estos grupos, y se refuerza mediante diversos mecanismos de control y disciplinamiento directos e indirectos, que reproducen una forma específica de lo indígena urbano.

El segundo ámbito de análisis sobre las contradicciones que operan en el espacio público con relación a las comunidades y pueblos indígenas y originarios se refiere al choque entre lo individual y lo colectivo. Las discusiones sobre el espacio público han estado directamente vinculadas con la ciudadanía, en donde las condiciones materiales y simbólicas impactan en la participación los sujetos en la vida pública como ciudadanos (Portal en Ramírez, 2016, pp. 365-388); sin embargo, este razonamiento impone de manera directa la individualidad como principal instrumento para el uso, práctica o apropiación de estos espacios. Subirats plantea que el debate sobre el espacio público nos lleva a pensar la ciudadanía y, en ese marco, el autor identifica tres polos que deberían encontrar el equilibrio en estos espacios: a) “el máximo de autonomía individual, y por lo tanto capacidad de contener usos heterogéneos y personalizados”; b) las mínimas restricciones en el acceso y, por lo tanto, el uso no discriminatorio de los espacios […]”; y c) “la capacidad de recoger las diferentes concepciones del espacio que se proyecten desde diferentes perspectivas (de género, culturales, opciones vitales)” (Subirats, 2016, pp. 73-98).

En esta perspectiva, pone de manifiesto que los espacios públicos se definen y piensan para el uso y aprovechamiento de ciudadanos y/o consumidores de manera individualizada. Las formas de participación, apropiación y prácticas aceptables en lo público parten de sujetos individualizados, convertidos en ciudadanos, que se relacionan con las instituciones mediante un esquema de derechos individuales y/o que participan en el mercado como consumidores. Esto choca de manera directa con otras espacialidades y formas de vida pública que parten desde lo colectivo y donde la participación, usos y/o apropiaciones de la ciudad están sujetas a núcleos familiares, redes de parentesco y otras formas organizativas que se sobreponen a los individuos, como es el caso en muchos de los grupos y comunidades indígenas y originarios.

Frente a la individualización de la ciudad y, en particular del espacio público, se hacen presentes otras formas de ser y estar en el espacio urbano. Los procesos y formas organizativas, por una parte, son un mecanismo para acceder a bienes y servicios públicos y, por la otra, son espacios de construcción de lazos sociales, de redes de apoyo, de solidaridad y confianza que generan formas de inclusión social para los sujetos que enfrentan condiciones de alta pobreza y vulnerabilidad. Así, la presencia en el espacio público de comunidades y grupos indígenas se expresa en múltiples modalidades de colectividad que se enfrentan tanto con las finalidades para las que están pensadas estos espacios (consumo y generación de ganancias), como a los dispositivos y mecanismos que regulan y promueven dichas finalidades.

El tercer ámbito de análisis se encuentra en la tensión entre los procesos de inclusión y la comercialización de lo definido como “indígena”. Al respecto, cabe señalar que aun cuando han existido barreras significativas, físicas y simbólicas, para borrar la presencia de las comunidades y pueblos indígenas del espacio público de la ciudad, sin duda estos grupos han utilizado, participado y disputado de estos espacios de manera continua, principalmente, mediante actividades asociadas al comercio informal. La presencia de vendedores ambulantes y la venta informal en el espacio público ha generado diferentes respuestas por parte de las autoridades locales, dirigidas tanto a la reubicación y/o a la prohibición de sus actividades en la vía pública –implementadas mediante medias persecutorias y de hostigamiento para controlar y/o expulsar su presencia en estos espacios– (CNHDF, 2007), como al reconocimiento y promoción de la venta de artesanías en espacios y tiempos delimitados.

No obstante, si bien las actividades comerciales en el espacio público constituyen, en muchas ocasiones, la única manera de acceder a recursos económicos (la mayoría de las veces insuficientes) y de inclusión laboral (precaria), la forma como se lleva a cabo esta práctica puede implicar la descontextualización y mercantilización de elementos culturales e identitarios. La manera como los objetos culturales entran al mercado, quiénes obtienen las ganancias y cómo se relacionan con el discurso de lo “indígena” son elementos centrales que permean los efectos que este proceso tiene sobre los grupos y comunidades. De tal manera, no se trata en sí de la venta de productos y artículos tradicionales, sino de la forma como se insertan en el mercado, los discursos asociados y la reproducción de jerarquizaciones y categorización que mantienen la estructura de poder y opresión sobre determinados grupos sociales, lo que hace que este proceso sea problemático. Aquí se puede recuperar la definición de Aguilar sobre la apropiación cultural indebida, la cual “se da cuando el privilegiado se apropia de ciertos elementos culturales de otras poblaciones para su beneficio o disfrute, pero manteniendo intacta una relación opresiva. Es más, esta apropiación “actualiza” la opresión, una manera de aprovecharse y seguir con prácticas extractivistas de elementos que se consideran valiosos, mientras que el resto desprecia y violenta” (Aguilar, 2020).

En este contexto, la comercialización de productos culturales puede servir como medio de inclusión y de acceso a un ingreso, pero en la medida en que se instala y reproduce un orden jerarquizado racialmente también constituye un medio de profundización de las desigualdades y la discriminación frente a los pueblos y comunidades indígenas en la ciudad. Además, debe considerarse que los objetos artesanales, musicales, literarios, alimenticios, entre otros, producidos por personas y comunidades indígenas entran al mercado a partir de destacar su singularidad, autenticidad, originalidad, etcétera, que les otorga un valor agregado generando rentas de monopólicas (Harvey, 2007, p. 418), sin embargo, en este caso su mercantilización también ha implicado, en muchas ocasiones el mantenimiento de estructuras de pobreza y exclusión. Dicha comercialización se materializa en el espacio público y allí se concretan las contradicciones propias de un acceso precario al mercado laboral, la falta de ingresos, los controles a una actividad económica básica, así como la promoción y realce de lo indígena sintetizado en espacios y tiempos determinados de acuerdo con lineamientos oficiales.

En la Ciudad de México las expresiones de las contradicciones y tensiones en el espacio público frente a personas y grupos indígenas son múltiples. Las personas indígenas han sido invisibilizadas sistemáticamente, pero al mismo tiempo se produce un discurso sobre su importancia como parte del pasado histórico y se promociona su cultura, material y simbólica, como mecanismo para el posicionamiento turístico y cultural de la ciudad. Las dimensiones analíticas presentadas anteriormente buscar servir de guía para revisar los procesos derivados del ejercicio de gobierno en el espacio público sobre este grupo particular. En esta dirección se profundiza en el análisis de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios originarios de la Ciudad de México, como tiempo y espacio en el que se sintetiza la gubernamentalidad sobre el espacio público.

EXPRESIONES DE LA GUBERNAMENTALIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LA LUZ DE UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

A partir de la década de 1990, a través de diferentes organismos internacionales, se empezó a promover y reconocer la diversidad y los derechos de los pueblos originarios y de las minorías, lo que generó una ola de procesos de visibilización que se materializó, a nivel nacional y local, en la modificación de marcos jurídicos, en programas sociales, campañas publicitarias, entre otros. En el caso particular de la Ciudad de México, estos esfuerzos se realizaron de manera paulatina durante las últimas dos décadas y los avances más significativos se plasmaron en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México.

En este marco, desde 2014, uno de los programas que se ha llevado a cabo en la ciudad es la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, evento cultural organizado anualmente por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Cultura (Secult), la Secretaría de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi, antes Sederec), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad (PUIC-UNAM), entre otros. Esta fiesta tiene como objetivo “dignificar y visibilizar los saberes, las prácticas culturales y artísticas, así como las formas de producción y aportaciones a la medicina y herbolaria tradicional de las comunidades indígenas y de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México” (GOCDMX, 2017, pp. 4-5). El evento dura alrededor de 10 días y cada año cuenta con invitados de otras regiones del país y de otras partes del continente. Desde su creación se ha realizado entre los meses de agosto y septiembre con un horario de 11:00 a 20:00 h, tenido como sede principal el Zócalo de la Ciudad de México.[2]

De manera inicial, esta Fiesta se creó para atender una solicitud de parte de los mismos pueblos indígenas y barrios originarios de la Ciudad de México por tener espacios formales donde vender sus productos, pero de acuerdo con el Secretario de Cultura también se planteó con la finalidad de hacer visible su presencia en la ciudad, exaltar la pluriculturalidad, en favor de su inclusión y de la justicia social, como resultado de un proceso participativo y como un “claro ejercicio de gobernanza democrática” (Secult, 2017). Aunque la Fiesta ha venido realizándose desde el 2014, fue hasta el 2017 que se institucionalizó como un evento cultural de la ciudad, por medio del “Acuerdo por el que se establece la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México”, aprobado por Miguel Ángel Mancera, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (GOCDMX, 2017). En este Acuerdo, se estipula, además, que su celebración anual estará apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Fiesta incluye dos tipos de actividades diferentes, por un lado, están los espacios de expo-venta y, por el otro, hay actividades culturales de acceso gratuito (Secult, 2017). A través de los espacios de expo-venta se busca promover la producción y visibilización de formas culturales artesanales, culinarias y medicinales que existen en la ciudad y, al mismo tiempo, apoyar la economía de las familias; mientras las actividades complementarias (talleres, poesía, música, exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, etcétera) buscan difundir y promover otros aspectos de la cotidianidad indígena, de los pueblos y barrios originarios de la ciudad (PUIC, 2015).

Esta Fiesta ha ganado reconocimiento reuniendo a un público importante y ha requerido una inversión significativa por parte del gobierno de la ciudad. Como ejemplo en el 2017 se invirtieron 7 millones de pesos y participaron 800 expositores, representando a 30 grupos indígenas y 60 pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México (Secult, 2017). Aunque no fue posible encontrar los datos de la inversión económica para los siguientes años, sí se evidencia la importante asistencia del público en general con 900 mil personas en el 2018 y 510 mil en 2019 (Secult, 2018; 2019).

La participación de los pueblos indígenas y/o barrios originarios como expositores o vendedores en la Fiesta es gratuita y por concurso, esto quiere decir que no todas las personas solicitantes son elegidas para ocupar algún espacio de expo-venta. Los requisitos para la participación han variado muy poco desde la primera versión 2014, las principales diferencias entre las convocatorias radican en que algunas han buscado ser más específicas que otras en cuanto a las categorías de participación. Entre los requisitos generales que deben cubrirse para ser considerado en el proceso de selección se identifican: a) contar con documentos oficiales que acrediten su residencia en la Ciudad de México; b) comprobar ser miembro de algún pueblo o barrio originario o comunidad indígena;[3] c) elaborar fichas técnicas de los productos que se pondrán a venta en la Fiesta; además, para la participación se establece que sólo podrá permanecer un miembro de cada grupo doméstico en módulos de expo-venta y sólo es posible realizar una actividad o giro por espacio asignado (GOCDMX, 2019, pp. 11-16). Cabe señalar que en la última convocatoria de 2019 también se incluyó como requisito inscribirse previamente en el Registro Único de Personas Artesanas, Artistas, Productoras y Transformadoras Indígenas de la Sepi y presentar su solicitud directamente en la sede de la Secretaría de Cultura, lo que significa un esfuerzo adicional para los interesados en concursar por un lugar en este evento.

Las solicitudes son revisadas por un comité evaluador que está formado por especialistas de las categorías establecidas (ver Cuadro 1), representantes de las dependencias de gobierno convocantes, un grupo de cinco consejeros del Comité Consultivo de Equidad para las Comunidades[4] y cinco consejeros del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, los cuales realizan las entrevistas y evaluaciones de los participantes y eligen aquellos que cumplan con características de pertinencia cultural, representatividad cultural, diversidad cultural, además de tomar en consideración la equitativa representatividad de género (GOCDMX, 2019).[5] De acuerdo con la Convocatoria de 2019, por pertinencia cultural se consideran las expresiones cotidianas que caracterizan a los pueblos indígenas, pueblos y barrios originarios, tales como su organización, la concepción de su entorno y del mundo, las prácticas medicinales y la fabricación de objetos. Representatividad cultural se refiere a la relación que se tiene entre lo material con lo espiritual, como la concepción de una enfermedad y su tratamiento a partir de las relaciones entre humanos y divinidades o la forma de representación en lo que producen. La diversidad cultural se centra en las manifestaciones que hagan visible que existen diferentes culturas, etnias y lenguas que residen en la CDMX. Finalmente, la representatividad de género, que se incluyó en el 2019, y alude a la igualdad y equidad de los hombres y las mujeres en la participación de la Fiesta (GOCDMX, 2019).

Las categorías de participación se concentran en cinco ejes: artesanía, medicina tradicional mexicana, herbolaria, cocina tradicional y productos transformados (ver Cuadro 1). Adicionalmente, cada año se establece un tema transversal que es el que se toma como referencia para la selección de los participantes. La definición de las categorías de participación tiene un papel central en la realización del evento, ya que de manera previa delimitan las actividades asociadas con lo indígena urbano, mientras niegan u excluyen otras expresiones.

Cuadro 1. Categorías de participación para la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios en el Zócalo de la Ciudad de México

Categorías de participación

Especificidades

Artesanía

Deben de tener técnicas indígenas, representar el lugar de origen y/o residencia, se privilegian a las que representan tradiciones artesanales.

Las técnicas que se pueden usar son orfebrería, joyería, pintura popular, lapidaria, escultura, cartonería, papel, talabartería, peletería, vidrio, alfarería, textil, cestería y carpintería.

Medicina tradicional

Deben de ser practicantes de medicina tradicional como parteras, hueseros, sobadores, chupadores, sahumadoras, curanderos, graniceros, yerberos, herbolarios, así como también productores de plantas medicinales y aromáticas.

Se priorizan las prácticas que visibilicen saberes indígenas, derecho a la salud y los derechos indígenas en el contexto urbano.

Herbolaria

Deben de ser personas productoras de plantas medicinales y aromáticas y/o dedicadas a su transformación.

Las categorías son: venta de plantas medicinales y aromáticas (plantas vivas) y venta de productos herbolarios (tinturas, pomadas, jabones, micro dosis, té jarabes y licores medicinales).

Cocina tradicional mexicana

Los platillos deben de promover procesos culturales nativos (cocción, técnicas de moler, ingredientes y utensilios).

Se prioriza a los platillos poco conocidos, y los que promuevan cultivos indígenas (chinanas, nopaleras, milpas, huertos urbanos y productos agrícolas en riesgo de desaparición). También se les privilegian a los que promuevan los valores tradicionales como comida ceremonial, comida de mayordomías o asociada al trabajo comunitario, a las cocinas basadas en el sistema milpero (maíz, frijol, jitomate, calabaza y chile), a los platillos asociados a la producción y modo de vida chinampero, a la innovación y creatividad culinaria pero que las técnicas y los procesos sean de raigambre indígena).

Productos transformados

Se priorizan productores autónomos, los que tengan materia prima producida en la CDMX, pueden participar productos relacionados con la historia y tradición de las comunidades indígenas, pueblos y barrios originarios producidos en la CDMX.

Las categorías son: Productores de materias primas y derivados (miel, amaranto, nopal, maíz, semillas, café, cacao y chocolate) y productos transformados (moles, bebidas tradicionales, dulces, dulces cristalizados y confitería, fruta seca, nieves).

Fuente: elaboración propia con base en las convocatorias para la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México del 2016, 2017, 2018 y 2019, emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con las entidades participantes, y publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (énfasis de las autoras).

Cabe señalar que en la definición de algunas de las categorías se reproduce un esencialismo de lo “indígena”, que se refleja en nociones como “técnicas indígenas”, “saberes indígenas” y “procesos culturales nativos”. En este sentido, se entiende la necesidad de recoger las actividades bajo un denominador común, lo indígena, sin embargo, éste se sintetiza como un sujeto y una expresión cultural que está anclada en el tiempo y que es estática, ajena a los cambios y ritmos del resto de la sociedad. De tal manera, en las categorías definidas como permitidas en la Fiesta se produce un primer ejercicio de homogenización que, si bien tiene como objetivo resumir la diversidad, conlleva a su vez una mirada sobre el “otro” anclada en un esencialismo cultural que se aleja de la realidad que viven los miembros de estos pueblos y comunidades en la ciudad.

En igual dirección, en las convocatorias para participar en la Fiesta se definen un conjunto de prohibiciones que evitan la inclusión de productos que no se consideren “indígenas” o “tradicionales”. En particular, se prohíbe la venta de alimentos como pizzas, hot dogs, papas fritas, etcétera, es decir, productos que no son meramente artesanales o tradicionales.[6] Esto va de la mano con las categorías que se establecen en el proceso de selección, mediante las cuales se sientan las bases para la reafirmación y delimitación del debe ser de “lo indígena” u “originario” en la ciudad.

De este modo, en la realización de la Fiesta se hacen latentes las contracciones ancladas a la presencia y participación de los pueblos y comunidades étnicos u originarios en el espacio público. La organización de la Fiesta permite dar visibilidad y cabida a la exposición y promoción de conocimientos, prácticas y productos realizados con técnicas artesanales y saberes ancestrales, lo que en teoría contrarresta las dinámicas imperantes de homogeneización. Sin embargo, se reproducen allí dinámicas sutiles que limitan los alcances de dicho reconocimiento y dignificación de las diferencias culturales propias de estos grupos y comunidades.

Asimismo, el objetivo de reunir en la Fiesta la representatividad y diversidad cultural contrasta con los espacios de expo-venta, en donde la multiculturalidad se concretiza en un espacio homogéneo en el que se borran las diferencias y se omiten las desigualdades. En esta medida, si bien se logra tener amplia representación de los grupos y comunidades indígenas y de los pueblos originarios, es una diversidad escenificada que toma forma de acuerdo con un conjunto de lineamientos que de antemano definen qué es y qué no es lo indígena (ver Imagen 1). La Fiesta constituye una mediación de la gubernamentalidad a través de la cual se establecen y reproducen los marcos de quiénes son gobernados y cómo deben ser gobernados. Dicho ejercicio se plasma en la apertura temporal a la presencia del “otro”, de la diversidad canalizada, fundamentada en un discurso de la inclusión que omite y choca con otras formas de apropiación o participación por parte de estos grupos en el espacio público. Allí, se evidencia un contraste en el formato que precede a la diversidad de las culturas que habitan la ciudad, donde prima la homogeneización del ordenamiento del espacio público y la predefinición de lo “indígena”.

Imagen 1. Pabellón de Expo-ventas Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios

Fuente: Fotografía recuperada de la página de Facebook de la VI Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX. Disponible en: https://www.facebook.com/FiestaCulturasIndigenas/photos/734151893706525 [24 de febrero de 2021].

El segundo aspecto por considerar es la tensión entre las dinámicas individuales y colectivas que se hace presentes en la realización de la Fiesta. Por una parte, como lo han señalado diversos autores, el comercio informal en la vía pública se respalda de manera importante en organizaciones (formales e informales), asociaciones y otros colectivos que sustentan redes de apoyo y solidaridad (Jaramillo, 2007, pp. 137-153; Silva, 2006). En el caso de las comunidades y grupos indígenas u originarios, esto se ve asociado a la importante participación de las redes familiares en las actividades productivas, incluido el comercio. Lo que se contrapone al hecho de que en la convocatoria de la Fiesta se estipula que la participación debe realizarse de manera individual –se especifica como una de las restricciones para ocupar alguno de los espacios de expo-venta que no puede participar más de un miembro por grupo doméstico–. Además, las solicitudes se llevan a cabo de forma individual y, a excepción de los colectivos que participan en presentaciones, la relación que se establece desde las instituciones organizadoras y los participantes es de modo individual. Por lo anterior, la dinámica de la Fiesta pone en primer lugar una visión del espacio público centrado en los individuos que se aleja de las formas y relaciones propias de las comunidades. La gestión del espacio público y la presencia de lo indígena se realiza de manera fragmentada, si bien la Fiesta está pensada para visibilizar la diversidad cultural que existe en la Ciudad de México, estas formas de inclusión al espacio público son contrarias a la organización colectiva lo que se traduce en una ocupación del espacio público limitada y desarticulada.

Por la otra, la noción misma de Fiesta que se recupera para la organización de este evento cultural conlleva la apropiación de marcos de referencia tradicionales de pueblos y comunidades indígenas. Yásnaya Aguilar (2019) explica que las fiestas en el ámbito tradicional a pesar de que pueden tener una participación individual son una actividad de reafirmación de lo colectivo, por lo que tienen en sí mismo un carácter político. En cambio, en el caso del evento que se realiza en el Zócalo, destaca la individualización que difieren de las formas comunales con las que se organizan los pueblos y barrios originarios, pero además resalta la ausencia del contenido político de aquello que se define como indígena. La apertura del espacio público no logra incluir las disputas por el reconocimiento de derechos, de autonomía y libre determinación o bien las necesidades imperantes que viven muchas de estas comunidades en la ciudad, tales como acceso a vivienda, educación en respeto con sus conocimientos y lenguas, acceso a servicios de salud, etcétera. En esta dirección, la Fiesta conlleva la gestión de un espacio público neutralizado que bajo una sombrilla de lo cultural excluye contenidos colectivos e individualiza la “otredad”, lo que promueve una noción del espacio público como forma de reconstitución del orden social jerarquizado y no como medio para cuestionarlo.

Un último ámbito por revisar se refiere a los procesos de inclusión económica y comercialización que se generan en el marco de la Fiesta. La Fiesta además de estar planteada para fomentar y visibilizar prácticas y expresiones culturales, también busca apoyar la generación de ingresos para las familias comerciantes o de bajos recursos. La Fiesta es en sí misma una plataforma para la venta y promoción de productos elaborados por pueblos originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad. Dicha apertura hacia la diversidad y lo diferente se inscribe en el límite entre la búsqueda por la generación de rentas monopólicas basadas precisamente en la especificidad de las tradiciones de múltiples pueblos y comunidades indígenas –lo que requiere de la inversión importante en tiempo, materiales y mano de obra para la elaboración de determinados productos– y la homogenización productiva para la venta masiva a bajo costo. En esta dirección, sucede un proceso claramente identificado por David Harvey, quien señala que “la contradicción a este respecto es que cuanto más comercializables se vuelven dichos artículos, menos singulares y especiales parecen. En algunos casos, la propia comercialización tiende a destruir las cualidades singulares (en especial si dichas cualidades dependen de la cualidad salvaje, la lejanía, la pureza de una experiencia estética, etcétera)” (2007, p. 419).

En este contexto, la producción y venta de artesanías y productos transformados a mediana y gran escala para el público masivo de la Fiesta no necesariamente contribuye al mantenimiento de tradiciones, saberes y/o técnicas de estos pueblos y comunidades. No se trata aquí de re-esencializar a la producción tradicional, sin embargo, la visibilización de la diversidad cultural centrada en la comercialización conlleva una gestión de la otredad basada en la generación de ganancias que limita sus impactos en los ámbitos de la reproducción cultural. Mientras el foco de los apoyos siga siendo la comercialización y no la producción y reproducción cultural, los alcances en cuanto al ejercicio de derechos será escaso.

De manera paralela, los mecanismos de inclusión que se ponen en juego en un espacio como la Fiesta son ambivalentes. Si bien se crea un marco discursivo sobre la incorporación progresiva a la dinámica de la ciudad de grupos y comunidades definidos como originarios o indígenas –a partir un proyecto que apoya a la economía familiar–, a su vez su presencia en el espacio público sólo es posible en los límites de una gestión controlada y vigilada por las instituciones estatales. Esto se evidencia, por contraste, en el hecho de otras expresiones similares, venta de artesanías o alimentos por personas originarias o miembros de comunidades indígenas en el espacio público generen respuestas totalmente contrarias. Ejemplo de lo anterior fueron los acontecimientos de octubre de 2020, cuando se hicieron populares algunas notas en medios de información (Rodríguez, 2020) sobre el desalojo de mujeres indígenas por parte de los policías ya que se encontraban vendiendo en la “informalidad” en las calles del Centro Histórico de la Ciudad.[7] Medidas que han sido ejercidas por el gobierno históricamente, pero frente a las cuales la realización de la Fiesta permite una pausa, una reconfiguración del espacio público, que es canalizado y gestionado desde el ejercicio gubernamental para admitir la presencia de la otredad urbana.

En suma, la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios constituye un claro ejemplo de la gubernamentalidad del espacio público y la gestión de la otredad. Los efectos reales para las familias y comunidades de aquellos que acceden a un módulo para vender sus productos no son objeto de esta investigación, ni es así el examen del cumplimiento de los objetivos planteados en el programa. Por el contrario, se trató de mostrar algunas de las implicaciones de una forma de ejercicio de gobierno, o de gubernamentalidad, en la gestión del espacio público y sus efectos en la presencia de aquellos definidos como indígenas en la ciudad. Los ámbitos que se analizaron (diversidad-homogeneidad, individualidad-colectividad e inclusión-comercialización) no están separados ni son ajenos entre ellos, sino que son resultado de estas contradicciones y choques existentes que se difuminan en el espacio como parte de este ejercicio de gestión. Este proceso conlleva la puesta en marcha de marcos discursivos, mecanismos e instrumentos para “conducir la conducta” bajo tiempos y espacios claramente establecidos, pero asimismo implica la emergencia de adaptaciones y resistencias –venta de productos no autorizados, presencia de varias personas en los módulos, venta de productos por fuera de los pabellones, entre otras– que hacen parte fundamental e histórica de la forma como se manifiestan las comunidades y pueblos originarios o indígenas en la ciudad.

REFLEXIONES FINALES

El espacio público se puede entender como un dispositivo para el ejercicio del poder que participa de manera importante en la gestión de las identidades a partir de prácticas cotidianas que reproducen ordenamientos y articulaciones propios de la ciudad contemporánea y el capitalismo global. Dichos ordenamientos y articulaciones están ligados a una lógica que tiene a la ciudad como núcleo central para la producción y absorción de excedentes (Harvey, 2013), lo que requiere de una forma de gobierno fundamentada en la gestión de la libertad o la proactividad, más que en la represión (Rose, O’Malley y Valverde, 2009; Sequera, 2015). En esta dirección, el ejercicio de poder en y por el espacio público no se refiere a formas de control directo, sino a sutiles mecanismos de disciplinamiento y normalización de conductas, prácticas y subjetividades mediante las que se jerarquizan y discriminan sujetos e identidades (etnia, clase y género), que no responden o que son contrarios a las formas de reproducción del capital y a la “civilidad neoliberal deseable” (Sequera, 2015).

Bajo este marco, es preciso señalar que dentro del espacio público se concretan las estrategias geopolíticas del espacio dominante, refiriéndonos a este concepto como a las formas de reproducción de una espacialidad estratégica que garantiza la reproducción sistémica. Es decir, en éste se sintetizan organizaciones espaciales de otras escalas, menores y mayores al Estado nación, a través de las cuales se da certeza a la gestión y control de los flujos que atraviesan la ciudad, permitiendo la articulación/desarticulación con los ámbitos sociales, políticos, y económicos y reproduciendo formas de disciplinamiento dirigidas a los sujetos y a las poblaciones.

En esta línea, el establecimiento de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios permite reflexionar sobre cómo la gubernamentalidad opera en el espacio público a través de diferentes dispositivos que gestionan y securitizan ordenamientos que no sólo responden a los límites del Estado, sino también a otras escalas más grandes. Por una parte, este evento evidencia la manera cómo el ejercicio del poder se reproduce mediante estrategias y dispositivos que son dinámicos y se modifican a partir de los intereses y/o fines de la reproducción capitalista, lo que en este caso en particular se manifiesta en la idea de la inclusión de los pueblos y barrios originarios para la promoción cultural y turística de la ciudad. Por la otra, se observa cómo se configura un marco discursivo para insertar en el espacio público otras narrativas que existen en la Ciudad de México, trastocando la homogeneización imperante y la sistemática exclusión hacia estos pueblos y comunidades, respondiendo a lineamientos internacionales sobre el reconocimiento de derechos y garantías para estas comunidades.

Sin embargo, la puesta en práctica de un evento como este también da cuenta de las formas de inclusión parcializada que son gestionadas desde el ejercicio gubernamental local. Si bien el momento de la Fiesta permite la venta de productos y la promoción cultural y de la diversidad, se da bajo una tendencia al disciplinamiento, controles y normalizaciones que regulan los usos y prácticas del espacio público, es decir allí se reafirma el ordenamiento espacial imperante basado en su uso homogéneo, individualizado y comercializado del mismo.

En síntesis, derivado del análisis planteado, se puede afirmar que la apertura del espacio público constituye un mecanismo para la gestión de la inclusión parcializada de la diversidad en la ciudad, con menores efectos en la convivencia, coexistencia y reconocimiento de otras narrativas y sus derechos. Más bien, las nuevas modalidades de gestión del espacio público y de la otredad están dirigidas, como se mencionó anteriormente, hacia un multiculturalismo neoliberal que, por un lado, promueve la diversidad de la cultura folklorizándola y apropiándosela, haciéndola pasar como patrimonio nacional, mientras al mismo tiempo, determina la forma cómo se debe organizar y presentar lo indígena en el espacio urbano. En este sentido, la Fiesta no constituye necesariamente una forma de apropiación del espacio público por parte de los pueblos y barrios originarios, sino una reafirmación de un ordenamiento imperante, bajo el cual en otros momentos y espacios se permiten y fomentan formas de expulsión de estos grupos del espacio público, mediante su criminalización y la violencia directa o indirecta.

Es así que no se puede hablar de una apertura del espacio público sino de nuevas formas de homogeneización y de reafirmación del orden social que se concretizan mediante estrategias gubernamentales que permiten la gestión de la diversidad y la otredad en la ciudad. De este modo, se incorporan en marcos discursivos otras existencias que históricamente han sido invisibilizadas, pero se promocionan bajo los lineamientos de un espacio público vaciado políticamente y alineado con las necesidades de reproducción del capital. Esto es posible a partir de la articulación estratégica entre las dinámicas cotidianas locales y otras escalas, lo que permite y garantiza la cohesión del propio sistema, permitiendo y asegurando su reproducción.

En conjunto, la reflexión sobre la gubernamentalidad y el espacio público puede abonar a entender los matices y escalas de la geopolítica como medio de la reproducción de la espacial dominante en las ciudades, a partir del análisis del espacio público como dispositivo de reproducción y disciplinamiento del espacio homogéneo, fragmentado, individualizado y comercializable.

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NOTAS

[1] Cabe señalar que la definición de centro y periferia no hace alusión a su localización, sino al papel que tienen en el marco de las relaciones de poder espacializadas.

[2] Cabe señalar que en 2020 la fiesta se llevó a cabo por medios virtuales.

[3] Sin embargo, en la convocatoria no se define los lineamientos para cubrir este requisito.

[4] Este órgano se creó en 2007 como uno de los subcomités del Consejo Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, órgano auxiliar de la Comisión Interdependencial de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas del Distrito Federal.

[5] Estos criterios de selección se establecieron a partir de la IV edición.

[6] Existen otras restricciones dentro de la convocatoria como ser mayor de edad para solicitar un espacio, no vender bebidas alcohólicas y no usar materias primas que se encuentren en Norma de Protección ambiental de especies de flora y fauna silvestres mexicanas.

[7] Cabe señalar que la exposición de estas situaciones ha sido a partir de la inmediatez de los medios de comunicación y su amplio público en las ciudades.

GEOPOLÍTICA Y PRODUCCIÓN DISCURSIVA DEL ESPACIO PÚBLICO EN GOBIERNOS PROGRESISTAS DE AMÉRICA LATINA: DESPOLITIZACIÓN Y TRANSFORMACIONES SOCIOESPACIALES

CARLA FILIPE NARCISO

Con más de 5,000 empleados, Gensler es fácilmente una de las firmas de arquitectura más grandes del mundo, a menudo encabezando las listas anuales de firmas de arquitectura con los ingresos más altos. Fundada por Art Gensler en San Francisco en 1965, la firma ahora tiene 46 oficinas en 4 continentes. Gensler enmarca la formación y consolidación del capitalismo económico global desde la producción de nuevos “espacios públicos” y como este ha entrañado en las distintas esferas en que “la economía es el método (…) pero el objetivo es cambiar el alma” (Harvey, 2009, p. 29), a través del diseño de experiencias en las distintas escalas geográficas. Como producto y productor, Gensler se establece a partir de la conformación geopolítica que incide directamente en la construcción de las relaciones sociales y sus interacciones, reguladas por normas que procuran modificar las conductas sociales dentro de los procesos de territorialización, que se reconocen a través de formas sutiles de vigilancia, supremacía y actividad disciplinar. A su vez, la dirección en la producción espacial se sistematiza a través de la interacción del poder, produciendo espacios únicos, los cuales cumplen con un propósito fundamental: proveer relaciones entre individuos o entre grupos donde unos ejercen el poder sobre otros, manifiesto dentro de un espacio construido específico con el objetivo de satisfacer las necesidades que suponen estas interacciones. El suceso de Gensler se da a partir de los años 80, con el giro cultural y la consolidación de una política neoliberal, en que el espacio público se vuelve un concepto dominante tanto del mundo académico como político, ya que su asociación con el bien común, un estado de derecho y un sentido totalitario de democracia lo convierte la solución a todos los males. Sin embargo, poco o casi nada se ha reflexionado sobre la configuración geopolítica que está implícita en el concepto y las implicaciones que este ha tenido en términos territoriales, y ello porque las dimensiones de lo público y el espacio que lo configuran no son neutrales, y se constituye en un dispositivo de dominación y control (en los términos de Foucault), y en un aparato ideológico del Estado (en términos de Althusser). En este sentido, el espacio público gana otra dimensión, se vuelve el elemento central de un proyecto de nación, como aquel que tiene la capacidad de construir ciudad y ciudadanía, y un instrumento primordial de la arquitectura y el urbanismo por la capacidad de materializar las estructuras de poder que el mismo potencializa, a partir de la imposición del capital internacional y las grandes firmas de arquitectura y urbanismo. En América Latina, esta configuración del espacio público ha sido especialmente relevante, pues ha permitido condensar las estructuras de poder hegemónicas internacionales bajo la bandera del desarrollo y progreso, y su contraparte ha exponenciado las diferencias sociales, como el aumento de la pobreza y la marginación. En este sentido, ¿Por qué hablar de una geopolítica del espacio público? o ¿en qué medida la geopolítica del espacio público nos permite entender su configuración, uso e implicaciones espaciales en América Latina?

De este modo, nos parece pertinente analizar las condiciones y los instrumentos que dan especificidad al espacio público en América Latina a luz de un análisis geopolítico de las principales teorías y ajustes estructurales que se han producido sobre el mismo. Entendiendo aquí el espacio público como la dimensión político-ideológica que viabiliza, legitima y fortalece el discurso político, que “homogeneiza” a las clases sociales a través de la acción del Estado y de los grupos de poder, a partir de una neutralización conceptual, que al contrario de lo planteado desde la despolitización política de la teoría, lo que podemos observar es un repliegue de la teoría como marco politizado de gobiernos progresistas y un instrumento que legitima y oculta ciertos padecimientos de orden estructural como la fragmentación y segmentación socio-espacial.

CONTEXTO Y PUNTO DE PARTIDA

“Acción climática a través del diseño”, “Creando un futuro justo y equitativo”, “Crear lugares y espacios equitativos e inclusivos”,[1] son algunos de los eslóganes que define Gensler como una firma preocupada por el bien común y la justicia social, y que se materializa en el diseño que integra desde grandes edificios corporativos, hoteles, departamentos, tiendas departamentales, centros comerciales, estadios y todo tipo de “espacio público” ya sea en su individualidad o integrado a cualquier de las obras descritas, lo cual justifica los mismos lemas. En este sentido Gensler no vende arquitectura o urbanismo, vende experiencias de vida, experiencias que se legitiman a través de la producción espacial que configura elementos socialmente correctos dentro del ámbito de lo público, defendiendo la necesidad de resolver los problemas ambientales, sociales y de gobernanza emergentes. Gensler claramente elucida la instrumentalización neoliberal del concepto de espacio público, como la forma perfecta de establecer “productos” en un mercado altamente competitivo, a partir de una acción responsable que integra la cultura local. ¿Pero por qué el espacio público se vuelve tan importante como parte de un proyecto de mercado? ¿Como se integra el discurso de mercado con el discurso político en la producción del espacio público? ¿En qué medida se puede hablar de una relación geopolítica entre Gensler y el espacio público? ¿y que tiene que ver todo esto con América Latina?

En los últimos 20 años, el concepto de espacio público se ha vuelto dominante tanto en los discursos gubernamentales como académicos, sobre todo en regímenes políticos progresistas y democráticos de América Latina, y que dado su arbitrio ideológico y abstracto de lo público, del orden democrático y de la opinión pública moderna, ha sido determinante como marco legitimador de prácticas geopolíticas y discursos hegemónicos que determinan un status quo que ha permitido al sistema capitalista seguir reproduciendo a partir de las estructuras urbanas y el desarrollo urbanístico en contextos de dominación y dependencia. Ese espacio público se reconoce como la esfera de deliberación pública; posibilidad de integración de iguales en el ejercicio de la democracia; dominio de la vida social – donde la opinión pública podría conformarse a través de la razón, la igualdad y la libertad. Esos valores de la esfera pública se configuran en los años 80 en un espacio público que materializa formas propias del urbanismo moderno y que se llevan al ámbito del nuevo urbanismo, un urbanismo estratégico (empresarial) neoliberal disipado bajo un discurso hegemónico de la izquierda intelectual europea, que determina y legitima un nuevo patrón en que la variable espacial se vuelve determinante dentro de la nueva lógica de acumulación, estableciéndose una reconfiguración y reestructuración del urbano y de la vida pública.

[…] en todo el mundo capitalista desarrollado, las ciudades se han transformado en lugares estratégicamente centrales para el avance irregular de los proyectos reestructuradores neoliberales, para su constitución y resistencia tendencial. Las ciudades definen algunos de los espacios en que echa raíces el neoliberalismo, un proyecto geográficamente variable, pero interconectado translocalmente (Theodore et al., 2009, p. 3)

En este sentido, el espacio público se vuelve determinante en las políticas públicas internacionales, como la panacea capaz de producir y alterar el orden desigual (estructural) que el mismo sistema ha determinado y conducido, cuyo valor está implicado en formas de financiamiento, que para obtener hay que estar aliñado.

Así, la historia colonial y la globalización juega un papel fundamental ya que interpelan los intereses de los gobiernos hegemónicos en controlar y dominar los territorios subdesarrollados, para beneficio de los Estados (a nivel interno y externo), de las empresas transnacionales y de las organizaciones multilaterales, que han construido un discurso de manipulación a partir de estructuras indicativas de cómo debe ser el espacio y las formas de su desarrollo, y en este sentido, el espacio público ha sido determinante, porque toda la carga ideológica de lo público como reflejo de una sociedad organizada políticamente, permite materializar y fijar las necesidades del capitalismo, mediante la “expansión geográfica y la reestructuración geográfica” (Harvey, 2001, p. 25). Lo que hemos podido observar es que el mercado se disfraza de espacio público entrañado en las distintas esferas en que “la economía es el método […] pero el objetivo es cambiar el alma” (Harvey, 2009, p. 29), a través de un discurso ideológico que se materializa a través del diseño de experiencia enmarcado en formas enajenadas al servicio del capital.

Así, como producto y productor, el espacio público se establece a partir de la conformación geopolítica que incide directamente en la construcción de las relaciones sociales y sus interacciones, reguladas por normas que procuran modificar las conductas sociales dentro de los procesos de territorialización, que se materializan a través de formas sutiles de vigilancia, supremacía y actividad disciplinar.

En este sentido, en América Latina el espacio público ha asumido un papel protagónico, construido bajo una estrategia geopolítica colonialista de dominación y control, que arropa una serie de transformaciones ideológicas, sociales y culturales en/de las ciudades, en que su ubicación sub desarrollista y sub alterna en relación a los sistemas de explotación hegemónicos, ha permitido convertir las ciudades de América Latina en nodos clave para las estrategias neoliberales de desmantelamiento, por su significado estratégico como loci de innovación y crecimiento y como zonas de gobernanza delegada y experimentación institucional local hacia al “desarrollo”.

Ese carácter ambiguo y abstracto de la significación y representación del espacio público ha sido acaparado en el nuevo orden neoliberal, transformándolo en una fuente inagotable de un sin fin de pragmatismos ideológicos, convirtiéndose en un elemento central de los discursos políticos de gobiernos progresistas, que al contrario de lo que especulan como una práctica o proyecto de transformación social que se dirige hacia los sectores empobrecidos y desfavorecidos, lo que han hecho es el afirmar de una economía capitalista mercantilizada, estructurada en la “más pura política gubernamental neoliberal” (Sierra, 2011).

Claramente estos postulados abren nuevas premisas que obligan a pensar el espacio público desde diferentes paradigmas tanto epistemológicos como ontológicos, así como de diferentes perspectivas analíticas y empíricas, en su transición como marco de la filosofía política (Habermas, 1984; Arendt, 1993) a una configuración discursiva-ideológica, procurando entender lo que ha representado la producción del espacio público enmarcado en el llamado “giro a la izquierda” de gobiernos llamados progresistas en América Latina.

De este modo, nos parece pertinente hacer un recorrido genealógico por las condiciones y los instrumentos que dan especificidad al espacio público a luz de las principales teorías y ajustes estructurales que se han producido sobre el mismo desde el norte global.

DE CATEGORÍA IDEOLÓGICA A CATEGORÍA ANALÍTICA

Como la conjunción de lo que hoy comúnmente se conoce como espacio público –espacio de la ciudad, espacio de todos, espacio de la democracia, espacio de socialización y que se materializa en el urbano convirtiéndose en plazas, parques y jardines, pero no calles–, el espacio público es un concepto relativamente reciente y que se ha viralizado tanto en el ámbito académico como gubernamental. Desde este último se ha vuelto un concepto dominante como formación discursiva de legitimidad política de los proyectos de renovación urbana, lo cual ha permitido fijar cierto tipo de capital, generar anclas que destituyen formas urbanas diferenciales hacia las zonas marginadas y empobrecidas. Este uso del espacio público ha tenido particular incidencia en gobiernos progresistas de América Latina, posteriormente a que se dan cambios importantes en Europa –la caída del muro de Berlín, final de la guerra fría, disolución de la Unión Soviética, y la vitoria de las democracias liberales, lo cual se establece a partir de un proceso de transición doble, se pasa de un régimen autoritario a una democracia, y de una economía planificada a una economía de mercado–, así como en Estados Unidos, y las crisis en América Latina, como en Argentina, Perú, Brasil, Venezuela y México y el consenso de Washington, abrió las puertas para que esta región sucumbiera bajo la hegemonía de gobiernos y organismos internacionales y se alineara a los postulados dictados por ellos a distintas dimensiones. En este sentido, la configuración del espacio público como la idea de una espacialización que enmarca los nuevos principios de cambio democrático se vuelve determinante como proyecto político que establece y configura las relaciones de poder. Esto lleva a cuestionar: ¿Qué es el/lo/del público? ¿Cómo se ha construido la dimensión pública y de lo público en la actualidad? ¿Por qué se ha vuelto tan importante el ámbito de lo/del público en los discursos y procesos de subjetivación académicos y políticos de gobiernos neoliberales, dichos democráticos y progresistas? ¿En qué medida la construcción del espacio público en América Latina se establece desde la universalización de una geopolítica disciplinar a través de un repliegue de condiciones de sometimiento socioespacial?

Estas preguntas se organizan bajo cinco analogías constitutivas que organizan el discurso en torno a la construcción actual de lo que se reconoce como espacio público: a) la construcción de una esfera pública en el siglo XVIII, que se diferencia de la privada y que constituye el ámbito de conformación y dominación de una sociedad capitalista burguesa moderna; b) en la disipación de un discurso ideológico opresor que oculta las formas enajenadas de existencia bajo un régimen biopolítico de regulación y control a través de estructuras y mecanismos políticos y de poder que se visibilizan en el espacio público urbano; c) en los marcos hegemónicos de la izquierda europea traducidos en las directrices de la planeación estratégica (planeación empresarial-Harvard Business School); d) en la construcción de un nacionalismo que se enmarca en la proyección ideológica de una cultura –que se promulga y se hace visible en la construcción de una consciencia de crisis–, y finalmente; e) en el uso instrumentalizado y enajenante de un discurso socialmente correcto de la justicia y la igualdad, que oculta formas urbano-arquitectónicas que funcionan como dispositivos de acumulación y de mayor diferencia social. Ello ha visibilizado que el espacio público se establece como una construcción discursiva-ideológica; que se ha institucionalizado dentro de los marcos estratégicos del desarrollo como un instrumento de legitimación social de gobiernos progresistas anclado en discursos globales homogéneos y como un elemento de sumisión a las estrategias hegemónicas neoliberales que permita fijar un modelo de explotación a distintas escalas, y en ese sentido se convierte en un mecanismo actual de politización por la neutralización de la teoría dentro de la cual se ha construido. En este sentido, se busca a través de una ruta histórica entender como se ha constituido el espacio público en el espacio tiempo, para así poder tejer un aparato critico que ponga en tela de juicio la instrumentalización política de este.

Empezando por el primer punto, es importante partir de entender la conformación de un espacio público, como un proyecto de la modernidad, en una “tendencia civilizatoria dotada de un nuevo principio unitario de coherencia o estructuración de la vida social civilizada y del mundo correspondiente a esa vida, de una nueva ‘lógica’ que se encontraría en proceso de sustituir al principio organizador ancestral, al que ella designa como “tradicional” (Echeverría, 2005).

En el establecimiento de nuevas reglas y un nuevo orden socioespacial, el surgimiento de una sociedad capitalista burguesa moderna fue determinante para la demarcación entre la esfera del público y de lo privado, así como la constitución de una sociedad civil, en que se genera una privatización de un orden de la economía capitalista, como defensa del liberalismo clásico y a su vez una expansión y consolidación de la burguesía como clase hegemónica.

Esta nueva clase social, fue conformada por una serie de formas de pensar y actuar que se impusieron como deseables y socialmente correctas, a las cuales se les reconocía valor y que parecían estar encarnadas especialmente en miembros de este grupo social, como el grupo dominante. Se instituye en nuevas formas de espacialización social, así como principios de orden institucional y un modo de producción que se conforma en la idealización de una esfera de deliberación pública, o bien en la reproducción de un espacio público a distintas escalas geográficas. Cabe mencionar que esa conformación de la esfera pública en los marcos regulatorios e ideológicos actuales surge de la posibilidad de integración de iguales en el ejercicio de la democracia, que era al mismo tiempo el dominio de la vida social en que algo como la opinión publica podría conformarse. Las personas privadas se reunían en público y deliberaban sobre los asuntos que concernían a toda la ciudadanía, a partir de un movimiento de renovación científica y filosófica que cobra plasmación con la ilustración en el siglo XVIII, llamado el “siglo de las luces”. Este movimiento procuraba destituir la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento, a través de la razón, la igualdad y la libertad.

La clase social burguesa (ilustrada) que, animada de un espíritu nuevo, donde priman el individualismo, el esfuerzo personal, la innovación y el afán de lucro, transformó el mundo feudal en el que nació hasta lograr la plena implantación del capitalismo y el Estado liberal. A partir de ahí se establece lo que serían los principios modernistas del mundo físico soportados por la propiedad privada, el orden, la limpieza y el control. Estos principios se volvieron determinantes en lo que hoy se asumen como los ideales de la modernidad plasmados en una reestructuración de las formas de acumulación capitalista neoliberal y las estructuras de poder, que constituyen procesos de subjetivación de construcción socio-espacial fragmentados y, al mismo tiempo, legitimados por la conformación de una esfera pública democrática y un tipo de razón que instrumentaliza al ser humano, convirtiéndolo en un objeto a dominar por los intereses del libre mercado a partir de la reestructuración de las formas urbanas y la militarización de la vida cotidiana.

Esa idealización actual se ha construido en base el análisis de la filosofía política lo que ha llevado a la acepción de un espacio público que es considerado como aquel que, siendo del uso común y posesión colectiva, pertenece al poder público y como tal existe para el uso de todos, dentro del territorio urbano tradicional, especialmente en las ciudades capitalistas donde la presencia de lo privado es predominante.

De esta forma, se identifica por espacio público todos los espacios que pertenecen a algunos de los diversos niveles de administración, Estado, comunidades autónomas o administración local, los cuales, por lo tanto, serán abiertos, administrados por los ciudadanos o su representante que es el Estado. Esta relación y definición del espacio público a partir del privado es una constante en diversos estudios sobre el tema.

Los valores de la esfera pública son replegados al espacio público de las ciudades modernas sobre todo en los países industrializados, defendiéndose la necesidad de construir espacios controlados, espacios domesticados donde todo tiene un orden y una “posición”, a partir de los valores morales del espacio doméstico de las clases ilustradas. Se trata de la proyección a la esfera del espacio público urbano de valores morales y, con ello, de la disciplina y la organización de la calle y de sus usuarios pertenecientes a las clases populares, de acuerdo con dichos valores. Esos valores se hicieron efectivos en el poder que las nuevas clases burguesas adquirieron, el cual también se reflejó en un nuevo orden socioespacial y en la reproducción de la fuerza de trabajo. Sin embargo, hubo elementos que más tarde permitieron “abrir” o democratizar los espacios públicos, principalmente en los países occidentales a partir de una política o modelo de Estado y de organización social que aprovisionaría diversos servicios a todos los habitantes de un país (vivienda pública, salud y educación). Pero que en América Latina se quedó sobre todo en un constructo ideológico, y en el momento actual, el espacio público acentúa las diferencias de clase, que por un alto maximiza las rentas y la plusvalía de los lugares y por el otro mantiene controlada la población de bajos recursos.

En este sentido, el espacio público gana nuevos contornos y pasa ser un elemento central que define la producción de las ciudades. Y eso, porque las ciudades se han convertido en blancos geográficos cada vez más importantes, y también en laboratorios institucionales para diversos experimentos de políticas neoliberales, como el marketing territorial, la creación de zonas empresariales, la reducción de impuestos locales, el impulso a las asociaciones público-privadas y nuevas formas de promoción local (Theodore et al., 2009). Esto se refleja en: sistemas de prestaciones sociales condicionadas, planes de desarrollo de las propiedades, nuevas estrategias de control social, acciones policiales y de vigilancia, y una batería de otras modificaciones institucionales al interior del aparato estatal local (Theodore et al., 2009). Se empieza a movilizar espacios de la ciudad tanto para el crecimiento económico orientado al mercado, como para las prácticas de consumo de las elites, asegurando al mismo tiempo el orden y el control de las poblaciones excluidas.

PERO ¿QUÉ HA CAMBIADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL NUEVO ORDEN NEOLIBERAL?

Como estructura ideológica ha permeado su conformación histórica –y que coincide con la historia del capitalismo–, pero –como lo dice Neil Smith– al combinarse y expresar una nueva identidad de las ciudades en la economía global neoliberal, expresa una nueva etapa del desarrollo desigual, desplazando o en una dinámica geografía a otras escalas, a través de una refuncionalización y resignificación del espacio urbano y las infraestructuras urbanas, en que la ciudad a través de su espacio público se vuelve una empresa-mercancía, un anclaje espacial del capitalismo, producido por nuevos instrumentos de planeación, como el marketing urbano denominado ahora de Planeación estratégica; una forma más sutil del cambio del patrón tecnocrático-centralizado-autoritario apoyado en la planificación empresarial. A su vez, apoyado por servicios de consultoría y de organizaciones internacionales.

¿Entonces de que espacio público hablamos? No deja de ser oportuno pensar sobre estos supuestos teóricos y conceptuales, hasta porque hay una persistencia en argumentar una crisis del espacio público que no puede ser debatida si no cuestionamos la historia del espacio público, pero también como el mismo sentido del concepto cambia y se modifica de acuerdo con los contextos geográficos, aunque operado bajo las mismas lógicas y estrategias (o microestrategias) de poder. Por otra parte, es importante tener presente como esa conformación ideológica se fue perpetuando en el espacio-tiempo y en las distintas escalas geográficas, a partir de usos, apropiaciones, transformaciones y la percepción que la sociedad en sus diferentes latitudes geográficas tiene actualmente del espacio público, pero también como se le ha construido desde el poder político y las implicaciones sociales del mismo.

Situar estas perspectivas no tuvo como objetivo mostrar con exhaustividad las condiciones de análisis, sino rescatar y utilizar elementos de su argumentación para dar cuenta de lo que representa uno de los principales problemas que caracterizan actualmente el espacio público, en las ciudades contemporáneas en América Latina o en los discursos académicos y políticos: la carencia de perspectivas empíricas de análisis del concepto y su construcción frente a las diferencias geográficas, pero sobre todo la imposición de un modelo que proviene de la modernidad capitalista y que se ha perpetuado como modelo hegemónico de reproducción socio-espacial a partir de distintos mecanismos y objetivos de poder espacializado en los lugares en un contrato social de derecho, o sea, un contrato de dominación y que ha tenido particular incidencia en América Latina, y eso porque como dice Foucault:

habría que escribir toda una historia de los espacios —que sería al mismo tiempo una historia de los poderes— desde las grandes estrategias de la geopolítica hasta las pequeñas tácticas del hábitat, de la arquitectura institucional, del salón de clase o de la organización hospitalaria, pasando por las implantaciones económico-políticas (2001, p. 190).

En este sentido, entender la historia del espacio es a su vez entender la historia de su conformación como estructura ideológica que refleja una disposición propia de un poder en un “espacio-tiempo” (Wallerstein, 1998) concreto, y al mismo tiempo, entender cómo éste se ha perpetuado y mutado a través de formas discursivo-ideológicas diferenciadas, aunque siempre están subordinadas al poder de clase. Esto nos sitúa en el establecimiento de la modernidad y la sociedad capitalista burguesa como el punto de inflexión que establece los principios de organización del espacio, principios determinantes en las formas de organización, adiestramiento y disciplina de los individuos, que se han perpetuado desde la sociedad liberal burguesa hasta los regímenes totalitarios, gobiernos progresistas y finalizan en el marco actual de la sociedad neoliberal. Esta configuración de la modernidad y de la sociedad capitalista –y su reproducción en distintas formas en la historia– como menciona Foucault (1980), es el reflejo del esquema del panóptico, ya que éste exige el máximo rendimiento al menor costo posible, pero lo que podemos observar es la importancia y el refuerzo del espacio en la configuración del poder a distintas escalas e ideologías políticas. Esa idealización actual se ha construido en base el análisis de Habermas y Arendt ha llevado a la acepción de un espacio público que es considerado como aquel que, siendo del uso común y posesión colectiva, pertenece al poder público y como tal existe para el uso de todos, dentro del territorio urbano tradicional, especialmente en las ciudades capitalistas donde la presencia de lo privado es predominante. Esta dimensión de lo público como marco de decisiones del Estado –que se recoge desde el ágora griega y el fórum romano– se configura en el marco de la sociedad capitalista burguesa, en su defensa de la democracia y abolición del absolutismo, configurada en una nueva clase social que se vislumbra a través de la reestructuración del urbano, y que va definir los principios del urbanismo moderno: las grandes avenidas, los bulevares, los paseos públicos, la división de la ciudad para la burguesía y la ciudad para el proletariado. “Los centros del dominio mundano y espiritual de la burguesía encontrarían su apoteosis en el marco de las grandes vías públicas, que se cubrían con una gran lona antes de estar terminadas, para luego descubrirlas como si se tratara de un monumento” (Benjamin, 2005, p. 47).

El urbanismo de Haussmann define un cambio importante al desplazar a la ciudad tradicional (la ciudad absolutista) bajo un proyecto dinámico de renovación funcional que consolidaba los intereses de una nueva clase social a una ciudad moderna, que otorgaba espacios de vida tugurizados para las clases obreras y espacios del flaneur para la burguesía, siendo al mismo tiempo espacios de control hegemónico y detención de las clases obreras, en su discurso ideológico de crítica a la desigualdad social, defendiendo la libertad del individuo, la igualdad de los seres humanos y la igualdad del derecho. Así, el urbanismo de la primera modernidad metropolitana se caracterizó por conformar el espacio de lo que hoy retrospectivamente se nos presenta como tipo ideal de la modernidad urbana: Orden y Progreso; Libertad y Desarrollo; Domesticación de la calle;[2] Separación entre el espacio privado (protección de la propiedad privada) y el espacio público; uso intenso, espacio libre tránsito, recreativo, de circulación; acceso directo de las ofertas de consumo. Esto establecido desde la zonificación.

Estas dimensiones de análisis se trasladaron a un discurso que, según autores como Duhau y Giglia (2008), construyó una suerte de tipo ideal que remite a un conjunto de atributos propios de los espacios públicos de la ciudad moderna, a saber: espacios asignados al uso del público, es decir, no reservados para nadie en particular. De esta forma, se identifica por espacio público todos los espacios que pertenecen a algunos de los diversos niveles de administración, Estado, comunidades autónomas o administración local, los cuales, por lo tanto, serán abiertos, administrados por los ciudadanos o su representante que es el Estado. Esta relación y definición del espacio público a partir del privado es una constante en diversos estudios sobre el tema, y que se diferencia como un bien común, sin embargo: “Las ideologías del bien común tienen la función de ocultar el carácter clasista de la sociedad, contribuyen a manipular la conciencia de la clase explotada y son funcionalmente necesarias para mantener las relaciones de poder existentes” (Schultze, 2014, p. 161), en ese sentido el bien común expresa siempre el interés de la respectiva clase dominante y que el espacio público expresa como un sentido de una unificación de los sujetos, cuando en realidad, es la más pura ideología clasista.

Así, en el espacio público convergen la dimensión de la esfera pública como la esfera del Estado, lo que pertenece a los ciudadanos; y el bien común, como la dimensión que recalca una configuración del todo. Y se ve materializado en el espacio, como la dimensión urbano-arquitectónica que organiza y ensambla la ideología que permite perpetuar en el espacio-tiempo estructuras de poder, organizadas bajo el discurso del desarrollo.

Ese discurso del desarrollo legitima los nuevos procesos de renovación, recualificación, revitalización y recuperación, que se presentan a distintas escalas teniendo como componente principal el espacio público, pero que en el contexto latinoamericano ha servido como una cortina de humo que ha llevado a procesos de mayor exclusión, pobreza y marginación. En este sentido podemos afirmar que el espacio público es un producto de la sociedad capitalista moderna, que se establece imbricado dentro de los principios del urbanismo moderno; y que el urbanismo neoliberal se ha hecho valer para perpetuar formas enajenantes de dominio espacial bajo nuevas directrices, y en ese sentido es un producto hegemónico que subyace un propósito de control y dominación hacia a América Latina.

GOBIERNOS PROGRESISTAS Y EL “GIRO A LA IZQUIERDA” EN AMÉRICA LATINA: EL ESPACIO PÚBLICO EN LA (DES)POLITIZACIÓN DE LA CONFORMACIÓN POLÍTICA Y LAS RELACIONES DE PODER

La Gran Depresión del año 1929, se constituyó como el activo antecedente para las propuestas keynesianas en EEUU, las propuestas socialdemócratas en Europa y las teorías desarrollistas en América Latina, así como el momento clave que permitió conformar los “nuevos” marcos geopolíticos de regulación y flexibilización de los mercados neoliberales, donde las estructuras urbanas se volvieron imperativas para acumulación del capital, sin que eso a su vez haya generado una serie de contracciones socio-espaciales, ya que presupone la organización de la sociedad desde una perspectiva espacial que permite fijar y controlar a los individuos, con el objetivo inmediato de “abrir nuevas oportunidades de mayores ganancias, para encontrar nuevas maneras de mantener el control social, y estimular los incrementos en la producción y el consumo” (Soja, 1989, p. 34).

América Latina como territorio experimental y de reserva (humana, natural, económica) de la hegemonía capitalista, se ha construido bajo sistemas de reproducción antagónicos de legitimación de los mismos grupos dominantes, y que han sido los constructores de la misma izquierda que a su vez se ha enclaustrado en discursos progresistas hegemónicos pero que han servido a un mayor control y dominación geopolítica.

Esto con especial incidencia a partir de los años ochenta, cuando se empieza a hablar de un giro a la izquierda. “Luego de la transición desde las dictaduras en los ochenta y el peso de las reformas estructurales neoliberales de los noventa (la doble transición), parece registrarse entre los nuevos gobiernos un sesgo progresista o popular, que ha sido registrado bajo el rótulo de “giro a la izquierda” (Cantamutto, 2013).

Pero ¿qué ha representado en realidad el giro a la izquierda?, ¿cómo se identifican los cambios en términos socioespaciales del “giro a la izquierda” en América Latina? “Es cada vez más difícil entender lo que denota el término desde que el grueso de los partidos socialistas y las organizaciones de centroizquierda comenzó a dejar de lado sus resistencias a la economía de mercado y a desechar paulatinamente el lenguaje de la lucha de clases, la liberación nacional, el internacionalismo, la soberanía westfaliana estricta y demás” (Arditi, 2009: 233).

A cuando de un discurso que procura un corte y ruptura con las políticas neoliberales; y aun cuando se reconoce, el desarrollo de políticas sociales, como el caso de Brasil aun cuando estaba Lula del programa fome cero y que beneficiaron algunos sectores empobrecidos de la sociedad brasileña. Sierra (2011) reconoce que se produce una continuidad con las mismas, analizando cuatro narrativas que reconoce como la base discursiva de esa secuencia y de una ruptura ideológica. Son ellas la recuperación y fortalecimiento del Estado; Políticas de intervención; Intervención estatal para crear las condiciones de una agricultura mercantil; y las políticas sociales.

De forma sutil (deliberadamente o inconsciente), los distintos gobiernos en América Latina (sobre todo en las principales capitales, como Sao Paulo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogotá, San José y Ciudad de México,[3] han incorporado a sus sistemas de planeación las directrices internacionales (como parte de una pertenencia ideológica al circuito de ciudad global, pero que más que trae beneficios hacia a dentro se genera una capitalización en los grupos de poder hacia afuera), lo cual ha generado problemas socio-espaciales en un aumento de la pobreza sobre todo en la ciudades.

A su vez, la forma de construir una base discursiva que busca instaurar y constituir los derechos, vincular las minorías, establecer una política social y un sistema democrático; con un valor diferenciado es propia de gobiernos de izquierda, y que subyace cierta resistencia con las elites. En este sentido, los gobiernos de izquierda fácilmente incorporaron a su política gubernamental la planeación estratégica, en que el espacio público fue el elemento ideológico que permitió establecer un marco de actuación diferencial, ensamblado en la narrativa de la democracia liberal proveniente del siglo de las luces y de la representación espacial de una sociedad capitalista burguesa.

Como parte de la restructuración política que enmarca los distintos ciclos económicos, los conceptos y las teorías se vuelven así parte fundamental de legitimidad, control y dominación de los países desarrollados en relación con los subdesarrollados, por la carga ideológica que transportan en su devenir de grupos “progresistas” hegemónicos. Sobre todo, en un periodo geopolítico neoliberal, la conformación ideológica de los conceptos es determinante, porque son adaptados a los distintos objetivos políticos, construidos bajo una intersubjetividad que se transforma acorde a los momentos, neutralizando su concepción histórica volviéndolos estancados, posibilitando una estatización de los procesos socioespaciales.

En este sentido, el espacio público ha ganado especial énfasis en las agendas políticas como concepto legitimador de políticas sociales y la narrativa democrática, por la carga ideológica que el mismo ha arrastrado a partir de los años 80, ensamblando en los marcos teóricos de la filosofía política (los trabajos de Hannah Arendt y Jurgen Habermas), y que han sido determinantes en la reestructuración de las nuevas formas de acumulación de capital, ensambladas en lo que Neil Smith (2005, p. 59) define del “nuevo urbanismo”, un urbanismo que implica la reestructuración de los Estados – desregulación y descentralización.

Claramente esto no ha sido una determinante desde América Latina, pero una producción que se construyó desde las hegemonías capitalistas, y que se implementó con el apoyo de las distintas “agencias multilaterales (BIRD, ONU-HABITAT) y consultores internacionales” (Vainer, 1999).

En este sentido, y como parte de toda la estrategia de cambio a partir de la reestructuración urbana capitalista, el espacio público adquiere un papel determinante como espacio de la democracia, pluralista e integrador, y empieza a integrar las agendas políticas gubernamentales en América Latina a distintas escalas.

Claro que esa incorporación, no es neutral, porque es una forma de imposición, de entrada y sumisión de los estados hegemónicos hacia a los subdesarrollados en una forma de explotación. Esto ha implicado dos procesos en simultaneo, por un lado, la despolitización política de la teoría cuando esta parece neutralizar los procesos socioespaciales, ya que se aboca a la representación de un término común, pero que expresa una interpretación errónea. Y, por otra parte, ese mismo proceso se puede a su vez, visualizar como caso de extrema politización, ya que los conceptos y la teoría son utilizados como mecanismos políticos de control y dominación socioespacial.

Esta conformación ideológica representa un ideal que ha generado formas hegemónicas de reproducción a través de mecanismos de dominación y empoderamiento con consecuencias adversas en América Latina. Más que formas discursivas del espacio público, los distintos mecanismos geopolíticos conforman espacios de desigualdad a través de la creación de infraestructuras sociales y físicas que respaldan la circulación de capital, que permite que la vida cotidiana se reproduzca eficazmente.

Esto ha concentrado la atención en las formas materiales sintetizadas de la espacialidad urbana, muy a menudo dejando de lado sus cualidades más dinámicas, generativas, explicativas y relativas a su desarrollo, y esto porque el espacio era un ente infinito estructurado según las leyes matemáticas, construido a través de la racionalización de las formas físicas. Es un espacio homogéneo, pensado desde una perspectiva inductiva (objetiva) con la finalidad de dar respuesta a presupuestos meramente formales y generar un mundo en donde las diferencias se redujeran lo más posible y en donde todos los hombres del mundo participaran de sus beneficios. Sin embargo, esta idea de espacio lo que ha llevado es a una represión de lo espacial, así como a una represión de la posibilidad de otras temporalidades, porque se acaban reproduciendo modelos anclados a una representación icónica e imágenes estáticas, que neutralizan las posibilidades de entender las especificidades de los lugares y homogeniza la escala de reproducción en términos de clase social.

Esa arquitectura, establece formas específicas de relaciones sociales, despertando emociones a través de las distintas modalidades de la experiencia actuando directamente en la mente a través de un consumo conceptual que a su vez retoma los paradigmas de la arquitectura panóptica. En este sentido el presente trabajo procura entender como se ha espacializado la construcción de experiencias de naturaleza afectiva espacial desde el mercado corporativo, en consecuencia de orientar ciertas decisiones específicas de diseño, a partir de tres ejes de análisis: desde la territorialización de las representaciones subjetivas de la experiencia misma del diseño como base de la producción geopolítica; desde las formaciones corporativas de la globalización y un re-escalamiento de las relaciones espacio-tiempo y las relaciones de producción; y finalmente a partir de entender como la arquitectura del placer se establece a partir de la división espacial del trabajo y la simulación de estilos de vida.

Pero esta arquitectura no viene sola, y no solo permite posicionar las grandes firmas de arquitectura en el contexto global, si no, que permite a las grandes constructoras establecer acuerdos multimilionarios en sociedad con los gobiernos federales y locales, firmado contratos de las grandes obras de renovación urbana a cambio de apoyo monetario para sus campañas políticas, tal es el caso de Odebrecht, la constructora más grande de América Latina, con mayor volumen de ventas anuales y que ha detenido los principales y mayores proyectos de la región. En el caso de México, encabeza la lista empresas ICA del financiero David Martínez y la familia Quintana y que ha estado detrás de muchas de las grandes obras de infraestructura encargadas por los distintos gobiernos federales.

De esa forma, la reproducción del espacio en/de la ciudad, no sucede sin nuevas posibilidades para los intereses políticos-económicos de determinada hegemonía, al mismo tiempo, por supuesto, no sin contradicciones. Esta reproducción llega a las diferentes prácticas espaciales de la ciudad a partir de procesos y estrategias de ajuste del capital en ciertas áreas, enmarcadas en la construcción de marcos institucionales que mejoran el rendimiento del sistema capitalista, pero que llevan a un aumento de las desigualdades urbanas y sociales de la ciudad. En este sentido, el énfasis de orden es la renovación, que se espacializa a través de intervenciones escalonadas, con el objetivo de transformar ciertas zonas en espacios imaginarios y espectaculares, alienados del contexto territorial en el que operan. A menudo, estos espacios no tienen características experimentales, sino sólo visuales y relucientes cultivando una concepción del tejido urbano necesariamente fragmentada, un palimpsesto de formas del pasado superpuestas unas a otras, y un collage de usos corrientes muchos de los cuales pueden ser efímeros.

Parece ser así que la ciudad pierde su sentido historicista frente a estos nuevos procesos de urbanización, los lugares reciben nuevas identidades y el propio concepto de lugar pasa a tener alguna resistencia a su identidad, ya que como refiere Castells (1996), la sociedad-red construye una nueva espacialidad, donde los espacios de flujos predominan sobre los espacios de lugares, cambiando su forma, función y significado. Sin embargo, estas posturas pueden ser realmente cuestionables ya que suprimen las desigualdades sociales que los mismos procesos han constituido y aniquilan su espacialidad, en la que las diferencias espaciales pierden toda la posibilidad de autonomía por su arreglo discursivo en una secuencia temporal, omitiendo mucho sobre la construcción de tiempo-espacios a través de las relaciones de poder social.

Cabe destacar que aun cuando la globalización neoliberal evoca la imagen de un proceso no diferenciado sin agentes geopolíticos claramente demarcados o poblaciones objetivas; en realidad oculta la alta concentración de las fuentes de poder de donde emana y fragmenta las mayorías a las que impacta. Este ocultamiento es posible a través a intervenciones urbanas determinadas por discursos políticos ideológicos encauzados sobre una idea universal del bien común. En América Latina la expansión de modelos hegemónicos de Europa y Estados Unidos, llevaron a gobiernos llamados “progresistas” a asumir las consignas del progreso y la modernidad (bajo la óptica imperialista), aun cuando su discurso ofrecía acabar con la doctrina neoliberal, apoyados por movimientos sociales y la población de bajos recursos. “La esperanza de cambiar la situación social (miseria y exclusión) resultado del ajuste estructural que se aplicó en todo el subcontinente, movilizaron a la población en apoyo a proyectos políticos que ofrecían dicho cambio. La utopía capitalista parecía desempolvarse y mover nuevamente el deseo por Otro Mundo” (Welti, 1998). Sin embargo, lo que pasó fue un ajuste y un reafirmar de la economía capitalista neoliberal, y el caso de Brasil es un ejemplo claro de eso en su necesidad de afirmarse globalmente a través de eventos internacionales (como el mundial y los juegos olímpicos), pero también de legitimar gobiernos derecha en el debilitamiento de la izquierda y como su proprio producto. Lo que es reflejo de lo que está pasando en la actualidad en dichos países que dieron el giro a la izquierda, que se ven en el giro a la ultraderecha.

Pero a distintas escalas, la representación ideológica del espacio público se manifiesta por ejemplo en “el redesarrollo de frentes ribereños (Puerto Madero en Buenos Aires; Rivera Norte en Concepción, Chile); la refuncionalización de áreas ferroviarias, viejos aeropuertos o zonas industriales en declive (Puerto Norte en Rosario; Proyecto Retiro en Buenos Aires, el proyecto Tamanduatehy en Santo André, Brasil, o el proyecto Bicentenario en el Gran Santiago de Chile) o simplemente la expansión de zonas (Santa Fe en México o la zona del Canal de Panamá) son algunos ejemplos” (Cuenya, 2009, p. 231). O un caso paradigmático de esta relación es el Parque la Mexicana, en la Ciudad de México, “El Parque de Todos” , que surge de una operación público-privada (cedencia de terrenos públicos) a privados, que buscaban rentabilizar una área de altos ingresos, legitimado por una “ciudadanía” ávida de espacios públicos de convivencia, pero altamente controlado a una “ciudadanía” que no se integre dentro de la del orden social establecido.

Imagen 1. Parque la Mexicana. Vista área de la zona de emplazamiento

y en entorno de edificios de vanguardia arquitectónica

Fuente: https://www.dondeir.com/ciudad/parque-la-mexicana-lucira-nueva-imagen-skatepark-y-reserva-natural/2020/06/

Esas intervenciones justificadas por el discurso de la modernidad (orden, libertad, derecho), se han vuelto un verdadero estado de guerra socialmente abierto, que oprime y destituye toda posibilidad de los grupos más vulnerables de reproducirse.

Imagen 2. Vista desde la favela de la inauguración de los juegos olímpicos de Río 2016.

Los que no son parte del proyecto de renovación de ciudad, los que no son parte

de un orden ciudadano

Fuente: https://elclarinweb.com/fotos-del-dia/escenas-inolvidables-de-rio-2016/

Los proyectos de renovación urbana (emancipados desde el urbanismo moderno impulsado por Haussmann y los principios del higienismo), ha implicado una modernización del espacio geográfico y un largo proceso de urbanización espacial, a partir de la reubicación de excedentes de capital, que modifican los espacios geográficos, y a su vez los estilos de vida. En este sentido, los proyectos de infraestructura y renovación urbana son los principales canales de ajuste que permiten el crecimiento urbano orientado al mercado, y al mismo tiempo una arquitectura –en términos literales– de control. Asimismo –y como parte de los mismos principios de la modernidad–, las estrategias de renovación llevan a la expulsión de los moradores, sobre todo de las clases trabajadores o populares, ya que constituyen una amenaza al orden social. Así, el espacio público es un espacio de expresión política que busca la riqueza y el poder, sobre todo desde la hegemonía (desde afuera hacia adentro y de adentro hacia adentro).

REFLEXIONES FINALES

Entendiendo aquí el espacio público como la dimensión político-ideológica que viabiliza, legitima y fortalece el discurso político, que “homogeneiza” a las clases sociales a través de la acción del Estado y de los grupos de poder, a partir de una neutralización conceptual, que al contrario de lo planteado desde la despolitización política (Bourdieu, 2001) de la teoría, lo que podemos observar es un repliegue de la teoría como marco politizado de gobiernos progresistas –no necesariamente deliberado, pero con cierta imposición– y un instrumento que legitima y oculta ciertos padecimientos de orden estructural como la fragmentación y segmentación socio-espacial, aun cuando lo principal impacto de dichos gobiernos ha sido en la política social –sobre todo en la reivindicación de los derechos–, el fracaso en la economía ha beneficiado a los más poderosos dejando a los excluidos, invisibilizados en aparatos estadísticos.

En ningún momento con el presente ensayo se procura reducir los cambios que se generaron en los gobiernos de izquierda en América Latina, ya que se establecieron mudanzas importantes sobre todo desde el ámbito social, tampoco se procura poner la dependencia como un proceso de victimización, sino más bien, entender como el espacio público se vuelve un elemento determinante en los discursos políticos de los gobiernos “del giro a la izquierda”, y en ese sentido, la carga ideológica que emana el espacio público como un producto de la sociedad capitalista moderna –a partir de las cuatro analogías constitutivas que se menciona en el inicio–, ha sido determinante en el nuevo urbanismo o el urbanismo neoliberal, pero también como un producto hegemónico que subyace un propósito de control y dominación hacia a América Latina. El espacio público como elemento central de los procesos de desregulación ha sido importante para los monopolios extranjeros –tanto capital como financieros–, así como por la disciplina del mercado se fijar sobre todo en las principales capitales de los países de América Latina. Esto a su vez, parece contradictorio, ya que se incrusta en gobiernos que defienden una oposición al sistema neoliberal, en un discurso anti-neoliberalismo. Pero como bien comenta Foucault (2004):

El problema del neoliberalismo, al contrario, pasa por saber cómo se puede ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado. En consecuencia, no se trata de liberar un lugar vacío sino de remitir, referir, proyectar en un arte general de gobernar los principios formales de una economía de mercado (p. 157).

Y en ese sentido se ha podido aliar a gobiernos dichos de izquierda. En este mismo proceso, hay un retorno al espacio de forma ideológica –por parte de la izquierda– y desde la derecha conservadora, que se apropia de la negación de la política, reforzando una historia conservadora y democrática. Esto muestra la importancia de verlo desde adentro para que se pueda pensar en la representación de la izquierda en las propias estructuras internas de cambio en sus contradicciones. Así, hay un despliegue de la teoría como instrumento de politización que permite sustentar las actuaciones prácticas que se establecen en los marcos internacionales de lo que debe ser la política urbana internacional y que muchas veces poco o nada tiene que ver con la realidad de las ciudades en los países de América Latina, lo que

[...] generado mutaciones importantes en los procesos de reproducción y recomposición social de la ciudad generando una mayor segregación y exclusión social, así como una división y separación más aguda de clase y de los distintos grupos sociales. En esta línea de pensamiento las palabras de orden tanto de gobiernos progresistas como de derecha son renovación, reestructuración, regeneración y recualificación urbana, ya que se les consideró como instrumentos políticos e idearios hegemónicos que contribuyen a la cohesión social y a la integración de los sectores excluidos o vulnerables, capaces de contrarrestar la incontrolable fluidez y el desarraigo territorial del capitalismo tardío en distintas escalas espaciales (Filipe, 2018, p. 41).

Cabe destacar que aun cuando la globalización neoliberal evoca la imagen de un proceso no diferenciado sin agentes geopolíticos claramente demarcados o poblaciones objetivas; en realidad oculta la alta concentración de las fuentes de poder de donde emana y fragmenta las mayorías a las que impacta (Massey, 2008). Esa ocultación es posible a través de intervenciones urbanas determinadas por discursos políticos ideológicos encauzados sobre una idea universal de justicia social y del bien común y para el bien común. Así, el bien común más que una realidad social es una idea reguladora hacia países dependientes, ya que las grandes firmas de arquitectura como Gensler y las grandes constructoras tienen la capacidad de materializar formas discursivas a través de dispositivos de eliminación, exclusión y control social que oculta y neutraliza la dominación que ejerce o pretende ejercer una parte de la sociedad, al declarar que los intereses particulares de ese sector son idénticos, igualitarios y democráticos.

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NOTAS

[1] Véase, [https://www.gensler.com/].

[2] Este punto es de particular relevancia en términos ideológicos, ya que la calle no es parte de este espacio público ideológico, pero como calle se construye como espacio de la decadencia, lo cual se vuelve imperativo en términos de la opresión y criminalización de los sujetos.

[3] Se considera la Ciudad de México por la importancia que tiene en el contexto nacional y la centralización económica y financiera, aun cuando hablamos de escalas distintas, existe la construcción nacional y de ciudad.

PARTE IV

ESCALA INTERNACIONAL

LOS INTERESES GEOPOLÍTICOS DE RUSIA

ANA TERESA GUTIÉRREZ DEL CID

Después de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), los ocho años que Boris Yeltsin permaneció en el poder constituyeron un periodo oscuro para la historia de Rusia, tal vez nunca el gobierno ruso fue tan antinacional y estuvo tan aliado a los intereses de potencias extranjeras. Este gobierno apostaba a transformar a Rusia en un país moderno y como se caracterizaba en aquella época “civilizado”, lo cual pareciera incluso ofensivo, con respecto a la suma de logros de la Unión Soviética, a nivel interno e internacional. Los pilares de este cambio, Yeltsin los consideraba la inversión extranjera occidental y los préstamos cuantiosos de los organismos financieros internacionales, a cambio de implantar los instrumentos de la democracia occidental y del mercado.

Sin embargo, ni lo uno ni lo otro se plasmó en la realidad. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional fueron a cuenta gotas, inmensamente más pequeños de lo prometido y sirvieron para asegurar los pagos de los intereses de la deuda externa rusa.

Ante el fracaso del proyecto yeltsiniano, el presidente Yeltsin tuvo que renunciar antes de tiempo, presionado por los oligarcas rusos que no querían perder las inmensas riquezas que constituyeron el reparto del enorme botín soviético, e impulsaron al poder a un desconocido en la escena política, llamado Vladimir Putin, que inició una nueva era en Rusia: la utilización de los Servicios de Seguridad y el poderío militar para defender el interés nacional que el gobierno de Yeltsin tanto descuidó, so pretexto de una asociación con Estados Unidos y Occidente en general, esperando a cambio recibir préstamos e inversiones que nunca llegaron.

Desde este momento, enero del año 2000, Rusia empezó a tener nuevamente una visión de interés nacional y una visión geopolítica, ya que la época de Yeltsin desdibujó por completo el interés nacional de Rusia y su esfera geopolítica.

SEGURIDAD NACIONAL Y POLÍTICA MILITAR DE RUSIA

El nuevo curso, a cargo de Vladimir Putin, sugirió una política exterior más asertiva y nacionalista, que no se subordinaba ya a la política occidental y era más afín a la élite militar rusa desde el año 2000.

La seguridad nacional de Rusia empezó a definirse como la protección a su nación multiétnica, portadora de la soberanía y la única fuente de poder en la Federación Rusa (FR).

El Consejo de Seguridad de la FR es el órgano constitucional que prepara las decisiones del presidente de la FR para garantizar los intereses vitales del individuo, la sociedad y el país frente a las amenazas internas y externas y lleva a cabo una política unificada en la esfera de seguridad.

Una de sus funciones principales es la elaboración de las directrices fundamentales de la estrategia de seguridad de la FR y la organización de la preparación de los programas federales para su garantía. Además, el Consejo de Seguridad prepara las recomendaciones al presidente de la FR para la toma de decisiones sobre política interna y externa.

INTERESES NACIONALES DE RUSIA

Los intereses nacionales de Rusia en la esfera internacional desde el cambio de gobierno con Vladimir Putin, consisten en garantizar la soberanía, el fortalecimiento de las posiciones de Rusia como una gran potencia, constituirse en uno de los centros de influencia en el mundo multipolar para el desarrollo de relaciones justas y provechosas con todos los países y promueve las uniones de integración, sobre todo con los países exsoviéticos, integrantes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y los socios tradicionales de Rusia.

Los intereses nacionales de Rusia en la esfera militar consisten en la defensa de la soberanía, independencia, integridad territorial y gobernabilidad, en evitar una agresión militar contra su territorio y sus socios y en la garantía de condiciones para un desarrollo pacífico y democrático.

AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL DESPUÉS DE LA DESINTEGRACIÓN SOVIÉTICA

Durante la década de los 90, el estado de la economía nacional, el inacabado sistema de organización del poder gubernamental y la sociedad civil, la polarización social y política de la sociedad y el aumento del crimen organizado, del terrorismo y la complejidad de las relaciones internacionales crearon un amplio espectro de amenazas internas y externas a la seguridad de Rusia.

En el ámbito económico, las amenazas tenían un carácter complejo y se debían básicamente a la sustancial reducción del Producto Interno Bruto (PIB), la disminución de las inversiones y de las actividades de innovación y del potencial científico-tecnológico, de la tendencia a la predominancia de las exportaciones de energéticos y de partes para esta industria y a la importación de alimentos y de los productos indispensables para el consumo.

El debilitamiento del potencial científico-tecnológico, la reducción en investigaciones sustancialmente importantes de desarrollo científico-tecnológico, la migración de especialistas y de propiedad intelectual, amenazaban a Rusia con la pérdida de posiciones avanzadas en el mundo, la degradación de la producción, el aumento de la dependencia tecnológica del extranjero y la fractura de la seguridad nacional.

Los procesos negativos en la economía se derivaron de las aspiraciones separatistas de una serie de sujetos de la FR, como Chechenia, lo que condujo a la inestabilidad política, al debilitamiento del espacio económico unificado de Rusia, de las empresas productivas y sus vínculos de transporte e importantísimas partes como la estructura bancaria y financiera, los créditos y el sistema impositivo.

Como consecuencia de la desintegración de la URSS, Rusia tuvo muchas pérdidas de carácter geopolítico:

- Se perdió un gran territorio de la antigua URSS y ocurrió un giro del espacio territorial al norte y al este.

- Se perdieron las salidas al Mar Báltico y al Mar Negro (antes de la reintegración de Crimea). En cuanto a recursos, se perdieron los de los lechos de los mares Negro, Báltico y Caspio.

- Alrededor de Rusia aparecieron varios países económicamente débiles, a los cuales, Rusia aún dona recursos como en los tiempos soviéticos, a pesar de sus propias condiciones económicas difíciles. En el vector sur, Rusia prácticamente es la defensora de Europa con respecto a la agresión del fundamentalismo islámico.

- Al oriente en Siberia, Rusia se enfrenta con las consecuencias de la crisis demográfica, una carencia de población en condiciones de una economía poco desarrollada.

- Rusia, además, quedó con fronteras poco definidas.

- Se perdieron los caminos terrestres con respecto al centro y al Occidente de Europa por el conflicto con Ucrania.

Los aliados geopolíticos de Rusia son los que se esfuerzan por construir un mundo multipolar. El pasado y el presente de estos países está vinculado principalmente con sistemas de orientación social y religiosa como el islam, la ortodoxia cristiana y otros modelos con ideologías laicas. Entre estos aliados están las repúblicas de Asia Central, Cuba, Nicaragua, Venezuela, India y fundamentalmente China (Salitskii, 2019, pp. 143-147).

LOS INTERESES GEOPOLÍTICOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) EN LOS PAÍSES VECINOS DE LA FR

El programa de Asociación 1999-2000 entre Ucrania y la OTAN firmado en agosto de 1999 por el Consejo permanente de la OTAN apuntó como objetivos:

- Garantizar la compatibilidad entre las fuerzas armadas de Ucrania y las de la OTAN a cuenta del aumento de la cooperación militar.

- Desarrollo de la cooperación militar.

- Intercambio de información en el plano del escudo antimisil estadounidense.

- Cooperación de la OTAN con la reorganización de las fuerzas militares de Ucrania, del sistema de planeación militar y financiera, elaboración de una política de defensa.

- Desarrollo de la cooperación en la esfera de planeación y actividad de las fuerzas civiles en situaciones extraordinarias.

Desde 2004, Ucrania ha intentado ingresar a la OTAN, sin embargo, Rusia hasta la fecha ha utilizado su carta del gas natural para impedir que ésta ingrese a la organización militar, incluso después del derrocamiento del presidente Víctor Yanukovich en 2014, Ucrania sigue sin pertenecer a este pacto, pero está confrontada con Rusia y esta posición le da dividendos económicos y políticos. Pero, al liberarse como lo ha hecho, de la cercanía de Moscú, enfrenta una serie de retos como un gran empobrecimiento de la población, el surgimiento de grupos ultranacionalistas de corte neonazi, un gran endeudamiento e incapacidad para modernizar su economía. Por lo que, Ucrania no ocupará el papel de puente entre Europa y el Medio Oriente y hacia la región de Asia-Pacífico, porque este lugar lo ocupa firmemente Turquía.

En el caso de Georgia, la élite gobernante georgiana ha preparado una agenda para el siglo XXI con el objetivo de romper con la histórica relación entre Georgia y Rusia y con este objetivo ha reorientado sus intereses externos y prioridades hacia el acercamiento con los países de Occidente y sus organizaciones político-militares y económicas para crear un nuevo balance de fuerzas en el Cáucaso. Esa agenda pretendía en 2008 basarse en la ampliación de la OTAN para ingresar en ésta y tener vínculos militares bilaterales de Georgia con Estados Unidos, UE, Israel y algunos países exsoviéticos como Ucrania, Azerbaiyán y Moldova.

La doctrina de política exterior de Georgia se combinaba con la doctrina Madeleine Albright, ex secretaria de Estado de Estados Unidos que tenía como objetivo el total aislamiento de Rusia en sus nuevas fronteras y con el otro objetivo del abastecimiento de petróleo y gas desde el Mar Caspio al mercado mundial, rodeando el territorio de Rusia y evitar así el renacimiento de un fuerte flanco en el sur de Rusia y también para prevenir y bloquear las iniciativas políticas y militares de Rusia e Irán para que estos países no puedan influir en la región del Mar Negro y del Caspio en las cuestiones de la extracción de recursos energéticos y la elección de las rutas para transportarlos.

ASPECTOS DE LA FORMACIÓN DE LOS INTERESES GEOPOLÍTICOS Y GEOESTRATÉGICOS DE RUSIA

Desde el siglo XIX, uno de los padres de la Geopolítica, Sir Halford Mackinder, planteaba la importancia estratégica de Rusia: “¿No es la región eje de la política mundial aquella gran región euroasiática inaccesible a barcos y hoy a punto de ser cubierta por una red de ferrocarriles?... Rusia reemplaza al Imperio mongol... En el mundo, en general, ocupa ella la posición central, estratégica, de Alemania en Europa…” (Mackinder, 1942 [1919], p. 150).

Más tarde, Karl Haushofer, el geógrafo que trazó en el Instituto de Múnich los diseños para los planes de conquista de Hitler, argumentó la importancia de la conquista de Rusia: “La posesión de un cuerpo terrestre tan vasto y rico que no lo pueda abarcar el poder naval…La imaginaba como una poderosa unidad que hiciera insignificantes las bases navales británicas situadas a sus bordes” (Rousek, 1956, p. 56).

Haushofer, inspirado en los estudios de Mackinder planteaba que:

comenzaría con una unión de Alemania y Rusia, voluntaria o provocada por la conquista alemana de este país. La victoria alemana sobre Rusia significaría para Alemania la posesión de una riqueza enorme, toda la riqueza del corazón continental, de la región-eje del mundo. Ningún poder naval angloamericano sería capaz de levantarse contra tal poderío (Rousek, 1956, p. 56).

Al reflexionar sobre la historia de Rusia, la formación del Imperio Zarista a lo largo de los siglos demostraba el poderío de su visión geopolítica. Posteriormente, después de la Primera Guerra mundial, los bolcheviques no perdieron el territorio del imperio, como le sucedió al Imperio Austrohúngaro, que se fragmentó en países por medio del principio de las nacionalidades, expuesto en los catorce puntos de Woodrow Wilson y que sirvieron de base para la fundación de la Sociedad de Naciones en 1920.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la extensión territorial del gobierno soviético llegó hasta la partición de Alemania y controlaba Europa central y del Este. Aunque en la escuela soviética, el término Geopolítica se consideraba una disciplina asociada a los nazis y se estigmatizaba, lo cierto es que como nunca Moscú ejercía influencia en varios territorios.

Sin embargo, desde la caída de la URSS, la Geopolítica como se transforma en una disciplina necesaria para el Estado Ruso, en la cual se pude construir la representación de los intereses nacionales que estaban debilitados como nunca, producto de la pérdida de una gran parte del territorio soviético y de su bloque europeo.

Uno de los principales postulados de esta disciplina consiste en que el espacio geográfico es no sólo el territorio de los países, sino un atributo de su fuerza. Así, una relación de protección sobre su espacio debe ser el contenido principal de la concepción geopolítica de la FR en la etapa post soviética (Maruev, 2009, p. 1).

Maruev, experto ruso, plantea que actualmente, el aspecto geográfico de esta ciencia tiene un importante, pero no un único significado: “En el siglo XXI y en el marco de la globalización, el parteaguas en el ramo de las tecnologías de la información y la exploración del espacio cósmico hace que los intereses geopolíticos estén en menor medida atados a la geografía y cada vez más se caracterizan por las concepciones sobre el espacio” (Maruev, 2009, p. 2).

Por lo que, examinando a la Geopolítica como una ciencia que opera con diferentes características del espacio, se pueden representar los intereses geopolíticos como una suma de intereses balanceados de la sociedad y el Estado en las esferas económica, política, internacional, informativa, militar, fronteriza y en otras, “que permiten resolver tareas para la expansión espacial del Estado. Los intereses geopolíticos se definen por la situación de los países y su entorno. En suma, con el potencial militar y económico, estos contenidos forman la capacidad geopolítica del país” (Maruev, 2009, p. 2).

El análisis de la concepción “intereses geopolíticos” se lleva a cabo a través de la revisión de sus componentes: políticos, económicos, militares, informativos y de recursos. En este contexto, los intereses militares de Rusia se traducen en la construcción de un sistema de seguridad militar, capaz de garantizar una defensa efectiva del país y la defensa armada de los intereses vitales de Rusia. La FR no puede pretender a un espectro global como, por ejemplo, lo hace Estados Unidos, pero a la vez, muchos de sus intereses tienen una medida global.

En lo que corresponde a sus intereses regionales, sobre todo en el espacio post soviético y en zonas de presencia tradicional de Rusia, el significado aumenta, porque en estos espacios surge una cantidad de nuevas tareas, que, si Rusia no resuelve, tiene el riesgo de quedar en un aislamiento irreversible en el espacio geopolítico mundial y lo más importante, en el espacio geoeconómico y debilitar significativamente sus posiciones en la arena mundial. Desde este punto de vista, los intereses geopolíticos de Rusia se pueden agrupar en cuatro vectores geopolíticos: el occidental, el oriental, el sur y el norte.

Los intereses geopolíticos en el vector occidental idealmente eran: la participación de Rusia en un sistema estable de seguridad paneuropeo, por medio de la negociación en procesos de limitación y reducción de fuerzas armadas convencionales. Una acción activa en las estructuras económicas, políticas y en otras estructuras paneuropeas con la perspectiva de lograr un acuerdo de paz europeo y también en la interacción con la OTAN. Sin embargo, estos objetivos planteados, debido a la reintegración de Crimea al territorio ruso, ya no son posibles, por el enfrentamiento de intereses de Rusia con la Unión Europea (UE) y a las sanciones de Estados Unidos y de Europa sobre este país y por la expansión armamentista en Europa del Este y en Europa central, bordeando las fronteras de Rusia desde las Repúblicas bálticas hasta el sur de Europa central y del este.

Los intereses geopolíticos en el vector oriental son el fortalecimiento de la cooperación político-militar y económica con los países de Asia Central y de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Desde el momento de su independencia, Asia Central se ha convertido en la arena de competencia de intereses de grandes potencias y en una zona de procesos de integración e iniciativas como la Unión Económica Euroasiática (UEE) liderada por Rusia y más recientemente, China incluyó a esta región en el proyecto de la Ruta de la Seda o BRI (Belt and Road Initiative) (Serioeshkin, 2019, pp. 48-65).

En los primeros años de la desintegración de la URSS, Estados Unidos empezó a tener un gran interés en la zona y trazó una estrategia para atraer a estas repúblicas. Esta estrategia se denominó Proyecto de la Gran Asia Central, que además incluía como parte fundamental a Afganistán (Starr, 2004).

Washington ha evitado utilizar los ductos rusos y ha roto el monopolio energético ruso sobre el petróleo en la región. Pero no ha tenido éxito con respecto al gas natural. Simultáneamente Estados Unidos ha buscado aislar a Irán de los energéticos de Asia Central propiciando que estos Estados construyan oleoductos y gasoductos que no pasen por Irán y aplicando sanciones a los Estados y firmas que están comerciando con Irán (BBC, 2006).

En suma, esta estrategia intenta apartar a las repúblicas ex soviéticas de Rusia para que no sigan transportando sus energéticos a través del territorio ruso por medio de la red de gasoductos y oleoductos que posee Rusia y que son los oleoductos y gasoductos heredados de la Unión Soviética.

Dicha situación afectaría mucho a Rusia, ya que ésta compra gas, sobre todo a Turkmenistán y lo transporta a Europa revendiéndolo a un precio mucho mayor y este comercio es uno de los pilares fundamentales de la economía rusa, por lo que Asia Central es uno de los intereses geopolíticos más importantes de Rusia.

Por lo que, en condiciones de agotamiento de recursos naturales, Asia Central que posee una buena posición geopolítica se convierte en una de las regiones fundamentales en el plano geoeconómico. Petróleo y gas, reservas de oro, tierras raras y metales y un punto muy central para las vías de comunicación en donde convergen muchos países desarrollados, organizaciones internacionales y alianzas. Así, la realización de nuevos proyectos de transporte entre Europa y Asia aumentan aún más el papel de Asia Central como un puente entre dos partes del planeta. Asimismo, crece desde la desintegración de la URSS el significado militar de esta región y más para Rusia, debido a su vecindad, ya que Asia Central juega a largo plazo un importante papel para garantizar la seguridad nacional de Rusia, ya que las repúblicas exsoviéticas del Asia Central son miembros del Tratado de Seguridad Colectiva que encabeza Rusia en la CEI y son un punto de seguridad para la frontera sur de Rusia.

Además, garantizan la seguridad militar de Rusia, porque se encuentran en el cruce de tres teatros de operaciones militares: el europeo, el de Medio Oriente y el del Lejano Oriente de Rusia, que es la Siberia del este, regiones en donde se construyeron una serie de objetivos militares rusos. También aquí se encuentra, en la república de Kazajstán, el cosmódromo Baikanur y una serie de polígonos de pruebas.

En el aspecto geoeconómico, los recursos de materias primas de la región son importantes, tanto para la economía de Rusia como para la realización de su estrategia energética, como ya se anotó. Esta estrategia permite a Rusia evitar el chantaje o las sanciones de parte de las potencias occidentales, en caso de una agudización de contradicciones entre Moscú y Washington o Bruselas.

Por lo que, conservar la prioridad en el abastecimiento de los recursos energéticos de Asia Central en dirección a Occidente, le permite a la FR una mayor independencia con respecto a los gobiernos problemáticos en Europa, que además son países de tránsito de los energéticos rusos a Occidente (Ucrania, Polonia, países del Báltico) y deja sin atractivo económico a una serie de proyectos energéticos propuestos a estos países por Estados Unidos y la Unión Europea.

Asimismo, otro objetivo de Rusia en esta región es el fortalecimiento de la cooperación militar y tecnológica y el objetivo de creación de condiciones para la venta de armamento del Complejo Militar Industrial ruso a los países del Asia-Pacífico. También es un objetivo propiciar la interacción con los principales países de la región para resolver problemas de seguridad en la región de Asia Pacífico y evitar la proliferación nuclear en la región. La relación con China es prioritaria, aunque el Partido Comunista Chino desaprueba la desaparición del orden soviético.

Sin embargo, la cooperación de gran envergadura entre China y Rusia se sigue desarrollando. Ambas partes siguen demostrando una asociación estratégica, que incluye ejercicios militares conjuntos, una posición consensuada en muchas cuestiones de geopolítica, una serie de proyectos económicos y la resistencia a las falsificaciones sobre la Segunda Guerra Mundial (Chichkin, 2020, pp. 2-3).

China aconseja a Rusia una reindustrialización completa del país para su fortalecimiento y para que deje de depender tanto de la venta de energéticos, que, al bajar sus precios en el mercado mundial, afectan severamente los ingresos y la economía rusa (Chichkin, 2020).

Es suficiente señalar que la participación de materias primas y producción de bajo valor agregado que Rusia exporta a China tiene la cifra de 70%. Mientras que de la década de 1950 a la de 1980, la exportación soviética a China era de alta tecnología, incluso en el periodo de confrontación entre Moscú y Pekín. Por parte de China, la actual exportación a Rusia tiene un contenido de alta tecnología del 70% del total de sus exportaciones a este país.

Un tercer objetivo es el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Rusia para evitar acciones de los contrincantes políticos en Asia Pacífico que puedan afectar a la seguridad nacional de Rusia.

Los intereses geopolíticos en el sector sur son: conservación de la paz y la estabilidad en la región del Cáucaso, favorecer las buenas relaciones con los países del Cáucaso (exrepúblicas soviéticas como Armenia, Georgia y Azerbaiyán), tomando en cuenta los intereses mutuos. En este contexto, se busca el fortalecimiento de relaciones políticas y militares con Armenia, que es un aliado estratégico de Rusia en la región del Cáucaso. También resolución de situaciones conflictivas con Georgia por las repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur en una base jurídica y de acuerdos con la participación de la ONU, apoyando a la posición pro rusa en Osetia del Sur y Abjasia. Con Azerbaiyán existen buenas relaciones económicas y diplomáticas.

Asimismo, Rusia tiene el objetivo de controlar el aumento de la influencia económica, política y militar de terceros países en los países del Cáucaso que, a su vez, tienen el objetivo de excluir a Rusia de la región.

Los intereses geopolíticos de Rusia en el vector norte son: apoyo de la capacidad del ejército ruso en la región norte, incluido el complejo militar nuclear marítimo. Se necesita una definición exacta de las fronteras de Rusia en el Ártico y la neutralización de los problemas de pretensiones territoriales de parte de países vecinos como Noruega y Finlandia.

Se necesita, además, la construcción de una geoestrategia prospectiva capaz de adaptarse a las condiciones externas, en la base de una perspectiva sobre el pronóstico de la situación mundial desde el enfoque militar, que se lleva a cabo en tres aspectos, en los cuales están presentes los componentes militares: desarrollo de la situación político-militar en el mundo, la tendencia al desarrollo en el ámbito de la defensa y la seguridad en las zonas de conflicto.

En el primer bloque, desde esta perspectiva, deben revisarse variantes de situaciones en los países desarrollados y también en las organizaciones internacionales como la OTAN, la UE y la ONU. Más minuciosamente se deben valorar las perspectivas de la evolución en los países de la CEI, una zona de intereses estratégicos de Rusia y sobre todo se debe analizar la situación en Estados Unidos, China y las perspectivas de la Unión Europea. Así, la Geoestrategia puede definirse como la línea de actividad de Rusia, orientada a la realización de sus intereses geopolíticos en el espacio mundial.

Las armas continúan siendo un importantísimo instrumento de política exterior en la mayoría de los países desarrollados. “Sin importar lo que afirmen los gobiernos occidentales, la ampliación de la OTAN al este, sobre todo, está dirigida contra Rusia y el principal líder de esta estrategia es Estados Unidos” (Maruev, 2009, p. 5).

DIRECCIONES PRINCIPALES DE LA GEOESTRATEGIA DE RUSIA

Los expertos rusos en 2013 estaban muy interesados en aspectos internacionales de cooperación y ponían especial atención al papel de los Estados en la conformación de la estrategia y se enfocaban principalmente en aspectos económicos de cooperación, aunque los aspectos de seguridad también estaban muy presentes en su agenda. De esta manera, los expertos rusos utilizaban los conceptos de realismo e institucionalismo, aunque prevalecía el enfoque realista.

Después del conflicto con Ucrania por Crimea en 2014, el enfoque de muchos expertos rusos es neorrealista, siguiendo la teoría de Kenneth Waltz y de John Mearsheimer. Así, la visión rusa está basada en la concepción de estos expertos en que los intereses nacionales son centrales, económicos y estratégicos. Es preponderante la preservación de la soberanía rusa sobre los territorios, los recursos naturales y las rutas marítimas son de mayor cuidado y protección y el Derecho Internacional es principalmente un instrumento para resistir embates foráneos sobre los derechos soberanos de Rusia (Mearsheimer, 2010; Waltz, 2000).

Así, Aleksander Maruev, experto ruso ya citado, basándose en Waltz y Mearsheimer considera que: “las relaciones internacionales deben apegarse a una posición pragmática realista, esforzándose por tener relaciones favorables con las potencias mundiales, evitando dudosas asociaciones estratégicas, así el pragmatismo nacional y el esfuerzo del realismo para crear esferas de influencia propias debe ser la norma de la política exterior (Maruev, 2009).

“Para Rusia es prioritario construir relaciones con países del cercano y lejano extranjero en una base bilateral, sin tratar de elaborar una determinada estrategia para cada uno. El paradigma debe ser el pragmatismo nacional para crear una esfera de influencia propia” (Maruev, 2009).

De esta manera, el pensamiento estratégico ruso plantea que en las repúblicas exsoviéticas se deben construir relaciones de ganancia mutua y evitar una desmedida influencia de la UE, la OTAN y Estados Unidos que pueda afectar los intereses de Rusia.

Además, Rusia debe activar su participación en la esfera del multilateralismo, por medio del Derecho Internacional, utilizando su posición como miembro permanente del Consejo de Seguridad, apelando a la negociación en los foros internacionales y en primer lugar en la ONU, atrayendo a los países afines a las posiciones de Rusia. Su voz independiente en las cuestiones internacionales debe sonar cada vez más segura y con el acento en los intereses nacionales propios.

Rusia debe fortalecer su integridad territorial, contraponer los intentos de otros países dirigidos a separar territorio de sus actuales fronteras, evitar la división del país por medio de una política balanceada hacia los diferentes sujetos territoriales de la FR y aumentar la atención del centro hacia las regiones, sobre todo a las menos desarrolladas económicamente y que se hallan en las fronteras.

Este experto considera también muy importante crear una ideología gubernamental que en la esfera internacional esté dirigida a convertir a Rusia en una potencia mundial, capaz de ejercer influencia en los procesos mundiales, partiendo de sus intereses nacionales.

DECISIÓN DE AUMENTAR LA DEFENSA DE LOS INTERESES GEOPOLÍTICOS DE RUSIA POR MEDIO DE NUEVAS ARMAS

La decisión de la defensa de los intereses geopolíticos de Rusia como factor de contención de posibles amenazas a la integridad territorial de la FR, fue una prioridad del gobierno de Vladimir Putin desde su inicio. Después del fracaso de la política prooccidental llevada a cabo por Boris Yeltsin, el nuevo presidente, Vladimir Putin comenzó a seguir una pragmática política de consecución del interés nacional ruso. La “diferencia entre el círculo de Putin y el de Yeltsin es que la fracción de la elite postsoviética que lidera Putin cree en el proyecto de Estado nación, mientras que los oligarcas tienen como objetivo primordial sus intereses económicos” (Stratfor Forecasting, 2003, p. 1).

El principal significado de la defensa “es la capacidad de una decisiva máxima respuesta y rápida reacción y golpe de respuesta al surgimiento de una amenaza nuclear externa, lo cual es un factor de contención del contrario” (Ignatovsky, 2008).

Debido a este planteamiento, la FR hizo innovaciones en su armamento. El total de paridad nuclear y equilibrio entre la URSS y Estados Unidos se estableció casi después de la Segunda Guerra Mundial y en el inicio de la Guerra Fría. Este equilibrio estaba garantizado prácticamente por la capacidad de destrucción nuclear mutua asegurada de sus territorios.

Posteriormente hubo un 30% de mayor capacidad de destrucción unilateral y creciente violación del equilibrio en el rubro nuclear, por parte de Estados Unidos, que inició con la derrota de la URSS en la Guerra Fría en los años noventa. Al calcular la diferencia de capacidades, Estados Unidos en 2008 podía destruir el territorio de la Federación Rusa diez veces y ésta sólo podía destruir siete veces el territorio de Estados Unidos.

En 2008 la Federación Rusa desapareció prácticamente sus sistemas nucleares más efectivos e incluso vendió a Estados Unidos una parte significativa de sus recursos estratégicos de plutonio. Es decir, que irreversiblemente perdía su capacidad en materia prima para restablecer la paridad nuclear, aunque la amenaza nuclear de Estados Unidos permanentemente crecía con la instalación de los sistemas de escudo antimisiles (Gutiérrez, 2001).

Hoy, el armamento de Estados Unidos está cerca de las fronteras de la FR, en las Repúblicas Bálticas y en países de Europa central y del este, por lo que evidentemente esta amenaza exige el aumento de la cantidad de misiles nucleares y medios actuales para conseguirlos para la restauración y conservación de la paridad con Estados Unidos.

Era evidente que las declaraciones de Estados Unidos del 20 de marzo de 2007, sobre la aceptación del ingreso de Ucrania y Georgia a la OTAN y la expansión de elementos estratégicos del denominado escudo antimisil estadounidense, de misiles Patriot en Inglaterra, República Checa, Polonia, los Bálticos, Ucrania, Kazajstán, Georgia y Azerbaiyán amenazaba las zonas de influencia geopolítica de la Federación Rusa y el gobierno ruso considera que violaban las condiciones de paridad nuclear (Starostenko, 2020).

Asimismo,

para la FR es absolutamente legítima su participación en operaciones policíaco-militares para localización de conflictos internos de tipo étnico y conflictos económico-sociales en los territorios de los países de la Comunidad de Estados Independientes. Conflictos que cada vez más tienen un carácter anti ruso y la tendencia de expansión al territorio de la Federación Rusa (Kaukenov, 2013, pp. 7-18).

También Rusia considera muy importante la creación del espacio eurasiático, un espacio geopolítico que constituye un espacio de unidad económica, jurídica, gubernamental y geopolítica que debe integrarse en el espacio económico mundial.

La crítica de la esfera militar a parte de la élite de la FR, considera que no espera en absoluto un ataque de Estados Unidos. Sin embargo, los hijos de los altos funcionarios y de los oligarcas acaban siendo rehenes de las potencias de otra forma, debido a las propiedades que compran en el extranjero y en donde se establecen fuera de Rusia. No es confiable esperar que estos funcionarios o sus hijos realicen una reconstrucción del Complejo Militar Industrial de Rusia.

Además, esta élite no cree en la participación del Estado en el manejo de la economía y la política económico-social. Se ignora la existencia de un 70% de la población rusa que está debajo de la línea de la pobreza, población que está frente al surgimiento de decenas de millonarios en el país, como consecuencia de la desintegración soviética.

Por lo que, se ignora la exigencia real de una defensa completa de los recursos y territorios de la posible intervención de Estados Unidos y del extranjero (la población de Estados Unidos que constituye 5% de la población planetaria usa hasta el 50% de los recursos planetarios).

Se ignora, también, la aparición desde el extranjero de problemas geopolíticos, ideológicos, de terrorismo e interétnicos en las regiones de la FR, el problema de la crisis del Cáucaso norte y problemas, como la participación de Georgia en las hostilidades de Estados Unidos hacia Irán, que pueden provocar un flujo mal controlado y agresivo de migrantes de Georgia a la FR.

Se desatiende, asimismo, el surgimiento de una migración ilegal proveniente de países de la CEI a la FR. Esta migración ilegal puede atraer actos militares terroristas por parte de Afganistán y de Pakistán, país que posee la bomba nuclear.

En caso de una intervención de Estados Unidos a Irán es posible una seria y peligrosa agudización de migraciones que podrían atraer operaciones policíaco militares en el territorio de la FR o conflictos nucleares con Estados Unidos y los países de la OTAN.

Desde Azerbaiyán fluye hacia la FR una corriente de migrantes armados, iraníes de etnia azerí, en una cantidad 2 a 4 veces mayor que la actual cantidad de la población de Azerbaiyán.

Esta serie de problemas políticos, demográficos e interétnicos puede tener gran significado para la seguridad geopolítica de Rusia y para la elección de conceptos y estrategias de la actividad de todas las ramas del poder y de los órganos judiciales de Rusia, que son capaces de garantizar la localización de todas las amenazas y provocaciones que provienen de los países fronterizos.

El sector nacional patriótico de Rusia señalaba antes de la política estatista de Vladimir Putin, que cerca del 50 por ciento de las fuentes de gas y petróleo en la FR eran propiedad de las compañías transnacionales, por lo que sus ganancias financiaban sólo el desarrollo de Estados Unidos, de los países de la OTAN y nunca garantizarían el restablecimiento de la paridad nuclear de la FR en los rubros industrial, económico o nuclear con Estados Unidos.

El surgimiento y la existencia de la propiedad transnacional en la FR constituye

una causa formal para que un ejército extranjero pudiera intervenir en el territorio ruso, si hubiera un intento de nacionalización por parte del gobierno ruso, o si hubiera levantamientos sociales de protesta y también para exportar a la fuerza abastecimientos de recursos al extranjero, en caso de operaciones policíaco-militares de la OTAN y Estados Unidos (Maruev, 2009, p. 54).

Se utilizarían armas de neutrones o armas exactas, podría ser aniquilado hasta el 85% de la población que no esté ocupada en la extracción y el transporte al extranjero de materia prima y recursos energéticos.

También hay que anotar que en el presupuesto de la FR ingresa no más del 5% de las riquezas materiales y energéticas extraídas en la FR. En cinco años –a partir de 2008, cuando fue planteada esta situación– se puede esperar una fuerte caída de los precios del petróleo y el gas y también una catástrofe de los campos petroleros de la FR en el Mar Caspio (Maruev, 2009).

El abastecimiento de petróleo y gas a los países de la OTAN fortalece mucho a los competidores geopolíticos y económicos de Estados Unidos en Europa.

El fortalecimiento económico de los países de la CEI en cooperación con Rusia disminuirá la aversión de sus poblaciones hacia Rusia y los riesgos que provengan de Estados Unidos para debilitar a la FR desde estos países.

En 2008 la FR perdió la iniciativa geopolítica, el momento del conflicto nuclear se elegía en Estados Unidos de acuerdo con la “estrategia de acciones indirectas de Estados Unidos”.

En 2007 iniciaron programas de escalada geopolítica financiados por el Fondo de Estabilización de la FR:

- Desarrollo de infraestructura para la unión de Bielorrusia con Rusia, lo que fortaleció la posición geopolítica de Rusia.

- Restablecimiento del potencial gubernamental económico industrial de alta tecnología del potencial del Complejo Militar Industrial Ruso.

- Inicio de la elaboración de alternativas energéticas (reactores de uranio y plutonio).

- Recuperación de la efectividad militar de la FR.

- Despliegue del complejo nuclear de pequeño y mediano alcance para la destrucción de bases militares y estructuras del escudo antimisil en el territorio del Báltico, en Asia Central, Ucrania, Azerbaiyán y Georgia.

- Aumento de las capacidades militares y de defensa de la FR.

- La migración ilegal de China y de etnias de Georgia y de los países de Asia Central a la FR debe disminuir en 20 veces y no aumentar de más de un millón de personas al año.

Debido a todas estas amenazas, en 2019, el complejo militar industrial de Rusia creó armas de nueva generación para evitar ser atacada y para disuadir la desintegración territorial.

ACUERDOS NUCLEARES

En lo que respecta a los acuerdos nucleares, el 2 de agosto de 2019, por iniciativa de la parte estadounidense, el tratado entre la URSS y Estados Unidos sobre la eliminación de misiles de mediano y corto alcance (Intermediate-Range Nuclear Forces, INF), firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987, fue cancelado. El Tratado INF prohibía los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5,500 kilómetros. Rusia también suspendió, en respuesta, su compromiso con este Tratado, dejando claro, al mismo tiempo, que no desea implicarse en una carrera armamentista, mantiene sus propuestas de desarme y esperará a que Estados Unidos esté dispuesto a entablar conversaciones al respecto.

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Moscú responderá de modo simétrico a la decisión de Washington de abandonar el Tratado INF y que también suspende su participación en este tratado.

En ese momento, tras confirmar que las propuestas rusas sobre el desarme siguen vigentes, el presidente ruso al mismo tiempo, pidió a los Ministerios de Exteriores y de Defensa que no iniciaran negociaciones algunas con Estados Unidos sobre esta problemática.

“La retirada de Estados Unidos del Tratado INF es una medida planificada de antemano y su reclamación sobre el misil ruso 9M729 no es más que un pretexto”, declaró el director del Centro de Estudios Militares y Políticos del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladímir Batiuk (Sputnik, 2019).

“Está claro que se produjo (…) una salida planificada de Estados Unidos del Tratado INF”, dijo Batiuk al añadir que está “totalmente claro que el misil 9M729, que es objeto de las reclamaciones de Estados Unidos, no es más que un pretexto para retirarse del Tratado” (Sputnik, 2019).

En opinión del analista, en realidad Washington sale del Tratado INF para “quedar con las manos libres en la lucha contra la amenaza de China” (Sputnik, 2019), que cuenta con una gran cantidad de misiles de alcance intermedio, “destinados a neutralizar los grupos de ataque de portaviones estadounidenses en la zona de los mares de China Oriental, Amarillo y de China Meridional” (Sputnik, 2019).

EL ÁRTICO RUSO

Una especial atención en los intereses geopolíticos de Rusia va aumentando en la región del Ártico Ruso. La asimilación de las regiones árticas de Rusia tiene más de mil años de historia. Ya en 1616-1620, los decretos zaristas convirtieron en zonas de derechos excepcionales de Rusia una serie de regiones del Ártico. Por iniciativa del científico ruso Mijaíl Lomonósov y con el apoyo del gobierno zarista en 1765-1766, fueron organizadas dos expediciones al Ártico a la isla Shiptzbergen o Islas Grumantsky en búsqueda de un camino marítimo del puerto de Arjanguelsk a través del Océano Ártico a las costas de América del Norte (Antonova et al., 2014).

Actualmente, la asimilación del Ártico constituye una de las prioridades vitales de Rusia y esta prioridad está asentada en el documento: “Las bases de la política gubernamental de Rusia en el Ártico en el periodo hasta 2020” en donde se formula la estrategia ártica de Rusia que ha venido desarrollándose en estos años. Sobre todo, es importante el significado geopolítico de esta región para Rusia y otros países.

La situación geopolítica alrededor del Ártico, sus recursos actuales y su perspectiva han creado una situación compleja en las relaciones internacionales y concretamente en esta región. Las contradicciones geopolíticas generadas por la dependencia de recursos energéticos para la economía mundial han activado nuevas estrategias organizativas de desarrollo, geopolíticas e incluso militares, según los intereses contradictorios entre sí de los países árticos y de las compañías transnacionales.

La crisis económico-financiera mundial, la sobrevaloración de las perspectivas de desarrollo de las regiones tradicionales de extracción de recursos energéticos, sobre todo de los países del Golfo Pérsico, sirvieron para el surgimiento de un nuevo interés de la geopolítica actual en relación con el Ártico y la existencia en su interior de riquísimas reservas de energéticos, ha constituido la base material de su significado geopolítico.

En el Ártico existe no menos de una tercera parte de todas las reservas mundiales de gas natural, enormes reservas de petróleo –la quinta parte de las reservas petroleras no exploradas–, carbón, metales y otros recursos y los mares árticos son ricos en fauna marina, caviar y otros recursos.

Sin embargo, no están resueltas las cuestiones legales de la propiedad de la zona, lo que activa los intereses geopolíticos de varios países y algunos de éstos consideran que el Ártico no pertenece a nadie.

La desintegración de la URSS que poseía una gran autoridad política y un no menor potencial militar en esta región cambió la posición geopolítica de Rusia, debilitándola.

Otro factor que ha contribuido al aumento de la importancia de la zona es el calentamiento global que permitirá que la zona pueda ser transitada por vías comerciales. Rusia en este sentido adquiere una gran importancia, debido a la longitud de sus costas árticas, pero a la vez carece de infraestructura suficiente para llevar a cabo estos proyectos. La falta de desarrollo de la infraestructura ártica y de su economía y demografía, más las difíciles condiciones climáticas, fueron siempre un freno a las inversiones y al desarrollo de estos gigantes espacios de Rusia.

Las tareas de largo plazo de la actividad marítima en esta región se definen por la Doctrina Marítima de la FR:

- Exploración y asimilación del Ártico con orientación al desarrollo de ramas exportadoras de la economía.

- Garantía de los intereses nacionales de Rusia con relación al camino del Mar del Norte, administración gubernamental centralizada de este sistema de transporte, autorización para que barcos de otros países tengan un acceso igual.

- Conservación del liderazgo mundial y construcción y explotación de barcos rompehielos atómicos.

- Renovación y explotación segura de una flota de rompehielos atómicos.

- Consolidación de los esfuerzos y recursos del centro federal y de los sujetos de la FR para el desarrollo de los navíos del ártico, construcción de puertos en mares y ríos.

El desarrollo de rutas marítimas de transportación de energéticos en forma de gas lutitas, permitirá evitar grandes costos en la ampliación de la capacidad de tránsito de los ductos en toda la extensión de Yamal, a través de la parte europea de Rusia y disminuir la dependencia de Rusia de las tarifas de los países de tránsito. En el mar de Barentz se han descubierto más de diez campos de petróleo y gas, el más grande denominado Stokmanovsky, siete grandes, dos medianos y un pequeño.

Un país que colaborará con Rusia es China, ya que abrirá la Ruta de la Seda del Norte.

CÓDIGOS GEOPOLÍTICOS DE RUSIA

El código geopolítico ruso es la cuestión de su pertenencia a Europa o a Asia. Este debate tiene su origen a mediados del siglo XV, cuando la identidad cristiana post romana (fronteras de su expansión que incluyeron a la antigua Rusia), se complementaba con la característica del espacio, que formaban las modernas fronteras de la civilización europea. Este periodo se relaciona con la casi contemporánea reconquista de España y la caída de Constantinopla en los Balcanes, que tuvo como resultado que el mundo cristiano comenzó a coincidir con las fronteras geográficas del continente. Al mismo tiempo, había la necesidad de definir la frontera oriental de la civilización europea, que sólo puede ser mental, no geográfica.

Entre el yugo tártaro-mongol en Rusia y los intentos de creación de una idea nacional del nuevo estado de Moscú, a través de su posicionamiento en calidad de heredero de Bizancio, fueron los factores que formaron esta frontera mental que se extendía entre la Europa occidental católica y el cristianismo ortodoxo de Rusia, creando una zona de amortiguamiento en los territorios de los eslavos, pueblos bálticos y escandinavos.

Así, el discurso sobre la confrontación de Europa y Rusia, importado a ésta en el siglo XVIII se convirtió en una dicotomía clave de la política exterior rusa (el ejemplo es el debate de los occidentalistas y los eslavófilos rusos en el siglo XIX).

El especialista Andrei Tzigankov, al describir la historia de la ciencia rusa sobre las Relaciones Internacionales, la divide no en las escuelas tradicionales del realismo, liberalismo y el constructivismo, sino en escuelas occidentales de las grandes potencias y la escuela de la tercera Roma que es la rusa.

El curso ruso entonces se convirtió en cíclico y dependiente de las fluctuaciones de la identidad nacional. Por una parte, Rusia no se considera Europa, incluso puede ser antieuropea y conflictúa con esta posición y crea valores antagónicos a ésta.

Sin embargo, debido a la identidad espacial rusa que es dual, también se percibe como parte del continente europeo y tal vez en su vanguardia y entonces se acerca a Occidente. Pero esta atracción no dura mucho, hasta que percibe que Europa no la toma como suya. Y entonces se afirma que Rusia no es totalmente europea y tal vez de ninguna manera es Europa, e inicia un nuevo ciclo de aislacionismo.

CONCLUSIÓN

Para la FR es totalmente legítima la creación de zonas de seguridad geopolítica, cercanas en sus dimensiones a las de la influencia geopolítica que tenía la URSS y que puedan defender sus sistemas de armamento nuclear en el régimen de mutua expansión de los sistemas nucleares.

Actualmente debido a los sucesos de Crimea y a las sanciones que Estados Unidos y la UE impusieron a Rusia, ésta se encuentra en el ciclo antioccidental. Así, Rusia intenta imitar a Occidente hasta casi unirse y al sentir el rechazo y la amenaza por parte de Occidente, se aleja y se contrapone a todo el Occidente.

Además, desde la reabsorción de Crimea, Rusia ha dado un giro al Este, pero este cambio no era lo planeado. Sin embargo, este movimiento se orienta a Medio Oriente y es en esencia geopolítico, no económico y se debe a una disminución de su actividad de política exterior, ya que antes Rusia intentaba tener influencia global, repartiendo más sus intereses económicos en todos los continentes, pero ahora se concentra en los puntos más importantes para su interés nacional: Siria y sus regiones aledañas, los países de la Unión Económica de Eurasia, China, Venezuela y Europa Oriental.

REFERENCIAS

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EL DISEÑO GEOPOLÍTICO DE LA HEGEMONÍA ESTADOUNIDENSE A VEINTE AÑOS DEL SURGIMIENTO DE LA DOMINACIÓN DE ESPECTRO COMPLETO

CESARI IRWING RICO

En el año 2000, el Departamento de Defensa a través del Joint Chiefs of Staff publicó un texto en la revista Joint Force Quarterly –enfocada a la divulgación y debate de los asuntos militares de mayor relevancia–, titulado Joint Vision 2020: America´s Military Preparing for Tomorrow. El objetivo de este documento fue impulsar una transformación amplia en las fuerzas armadas estadounidenses, proyectada hacia las dos primeras décadas del siglo XXI, la cual urgía en la necesidad de una mayor articulación entre los distintos cuerpos militares para controlar espacios estratégicos del globo y asegurar la victoria ante cualquier enemigo, sin importar lo difuso que este fuera, a través de “la creación de una fuerza que sea dominante a través del espectro completo de operaciones militares –persuasiva en la paz, decisiva en la guerra y preeminente en cualquier forma de conflicto–” (JFQ, 2000, p. 58).

El documento inaugura el concepto de “dominación de espectro completo” como una nueva estrategia necesaria para la rearticulación de las fuerzas armadas estadounidenses –y aliadas–, los sistemas de inteligencia y espionaje, así como diversas instancias de la sociedad civil; diseñada para la construcción de una nueva articulación y reposicionamiento de las fuerzas militares estadounidenses para controlar cielo, mar y tierra en favor de un posicionamiento estratégico que le permita a la superpotencia asegurar la victoria en cualquier terreno y contra cualquier enemigo.

Con la llegada a la presidencia de George W. Bush y el advenimiento de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la dominación de espectro completo sería instrumentada como planteamiento estratégico dentro de los despliegues globales de la militarización estadounidense. La revolución de los asuntos militares que se venía dando desde la década de los ochenta y las proyecciones estratégicas planteadas por el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano en los noventa, llevarían a la implementación de esta estrategia como un intento de rearticulación no sólo de las fuerzas militares, sino de los despliegues geoestratégicos de la hegemonía mundial en su totalidad.

La dominación de espectro completo se presenta, entonces, como una estrategia militar que busca la producción de un nuevo espacio global, totalmente articulado por el poder estratégico de Estados Unidos. Así, esta estrategia se ha convertido en un nuevo paradigma espacial de la dominación hegemónica mundial, el cual representa un nuevo diseño geopolítico instrumentado por el grupo de poder estadounidense –principalmente desde los círculos de poder militares– para asegurar los recursos, espacios e interacciones estratégicas en el sistema global frente a un contexto de crisis sistémica mundial y declive relativo de la hegemonía estadounidense.

A veinte años de los inicios de la implementación de esta estrategia, los retos, los riesgos y las amenazas no han hecho más que complejizarse, determinando una necesidad estratégica de replanteamiento de los despliegues militares y las acciones estratégicas de la hegemonía mundial. Esta cambiante realidad y la complejidad paradójica del mundo contemporáneo lleva a preguntarnos lo siguiente: 1) ¿Estados Unidos ha logrado consolidar una dominación de espectro completo sobre los destinos del mundo?; 2) ¿las fuerzas militares estadounidenses están preparadas para responder ante cualquier enemigo en cualquier escenario de conflicto; y, 3) ¿la dominación de espectro completo ha sido exitosa, o se suma a una ya nutrida lista de fracasos y vulnerabilidades estratégicas que Estados Unidos ha venido cosechando desde la Guerra de Vietnam?

En el presente capítulo, se buscará reflexionar sobre la dominación de espectro completo como estrategia de dominación espacial, así como en torno a sus alcances y limitaciones hacia la segunda década del inicio de su implementación. La hipótesis general de la que partimos, refiere a que, a lo largo de los últimos veinte años, la dominación de espectro completo no solamente ha representado un nuevo esquema militar de seguridad para Estados Unidos y sus intereses en el mundo -probablemente ni siquiera lo ha buscado-, sino que constituye todo un nuevo diseño geopolítico para la hegemonía mundial cuyo objetivo es la producción de un nuevo modelo espacial que permita asegurar la reproducción, rearticulación y ampliación de la hegemonía a través de ejercicios de poder en torno a la regulación, vigilancia y disciplinamiento de los sujetos sociales y la competencia global para mantener avante la hegemonía de Estados Unidos.

Por lo tanto, realizar una evaluación significativa de los avances de la estrategia, necesitaría transcender la propuesta de rearticulación militar contenida en el Joint Vision, para observar tres elementos centrales que Estados Unidos ha perseguido a través de esta rearticulación, a saber: 1) el acceso irrestricto a recursos estratégicos; 2) el control de la competencia geoestratégica mundial; y 3) evitar el surgimiento de movimientos sociales o sujetos colectivos que pongan en cuestionamiento su papel en el mundo.

Para ello, el presente texto se dividirá en tres secciones. En la primera de ellas, se analizarán los principales postulados del documento Joint Vision para la comprensión de la dominación de espectro completo como planteamiento estratégico. En la segunda parte, se profundizará en la implementación de la estrategia durante las primeras dos décadas del siglo XXI, a partir del cumplimiento de los tres objetivos expresados en el párrafo anterior. En la última sección del texto, se buscará realizar un balance de las acciones emprendidas para evaluar el éxito o fracaso de esta estrategia, a veinte años de su surgimiento.

LA DOMINACIÓN DE ESPECTRO COMPLETO COMO PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

La visión estratégica global de Estados Unidos que había permeado durante las primeras décadas de la Guerra Fría (1945-1975), se modificaría drásticamente a partir de la Guerra de Vietnam. En este enfrentamiento, la representación del poderío militar de la gran potencia en la que se había convertido Estados Unidos quedó imposibilitada por un grupo de campesinos que, a través de la organización social y el aprovechamiento táctico de su territorio, lograron impedir la victoria estadounidense, dando pie a uno de los episodios más sangrientos de la historia mundial contemporánea. De acuerdo con Howard Zinn:

Entre 1964 y 1972, la nación más rica y poderosa de la historia del mundo hizo un esfuerzo militar máximo –recurriendo a todo menos a la bomba atómica– para derrotar a un movimiento nacionalista revolucionario en un diminuto país de campesinos. Y fracasó. Cuando Estados Unidos luchó en Vietnam, fue una confrontación entre tecnología moderna organizada y seres humanos organizados. Y vencieron los seres humanos (Zinn, 2011, p. 434).

A partir de ese momento, los planteamientos estratégicos de la gran potencia dejarían de centrarse solamente en la figura de la “amenaza comunista” representada por Unión Soviética, para enfocarse en la denominada guerra de cuarta generación, la cual “hace referencia a fuerzas irregulares y tácticas no convencionales y sin grandes batallas” (Rodríguez, 2017, p. 419).

La principal característica de este tipo de guerra responde a que atraviesa las disputas por el control de la sociedad civil a través del ejercicio del poder militar en contra de las agrupaciones sociales “amenazantes”, como lo pueden ser los grupos terroristas, el narcotráfico, las guerrillas, las insurgencias y demás formas de asociación social. Por lo tanto, la amenaza se desplaza de la figura del Estado hacia el mismo cuerpo social.

A partir de la década de los ochenta, los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush impulsaron una nueva iniciativa para la defensa estratégica, la cual contemplaba un aumento desmedido del gasto militar (51% con respecto a la administración Carter, alcanzando los 296,000 millones de dólares); el uso del espacio aéreo y espacio exterior para la vigilancia (introduciendo los drones y aviones no tripulados como tecnología militar) para el control y disuasión de “amenazas asimétricas”; la iniciativa conocida como “guerra de las galaxias”, por la cual se buscaba crear un escudo defensivo, tanto en tierra como en el espacio, que permitiera detener los misiles nucleares enemigos en su tránsito por el aire; y un aumento en la presión sobre países del sur global donde se habían organizado movimientos contrarios a la hegemonía estadounidense a través del apoyo económico y armamentista a “guerrillas de derecha”, conocidas como grupos contrainsurgentes (Delgado, 2010, p. 410).

Con base en esas nuevas estrategias, surge en Estados Unidos un movimiento político-corporativo conocido como la revolución neoconservadora, la cual retoma las bases conceptuales del conservadurismo y las fusiona con el individualismo y liberalismo económico, basada en la existencia de una figura estatal fortalecida en los ámbitos jurídico y militar, a la par de un debilitamiento institucional en los ámbitos económico y social. Este nuevo impulso del neoconservadurismo llevaría a la conformación del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, tanque de pensamiento estratégico que buscaba renovar un liderazgo global de Estados Unidos a través de una política exterior militarista, y una política interior orientada a las corporaciones. Los objetivos que perseguía esta organización eran 1) asegurar las capacidades militares suficientes para disuadir o ganar la guerra; 2) promover el crecimiento económico y apertura política a través del libre comercio; 3) renovar las alianzas estratégicas para disuadir posibles competidores y; 4) enfrentar cualquier sujeto colectivo (Estado o sociedad) que apoyan el terrorismo y las armas de destrucción en masa (Donelly, Kagan & Schmitt, 2000).

Con todo ello, se comienza a dar la rearticulación del diseño geopolítico global de la hegemonía estadounidense, en favor de un esquema mucho más militarizado, en donde las sociedades se convertirían en el principal punto de control. Como parte de estas propuestas estratégicas, en 1996 la oficina del Estado Mayor Conjunto (Joint Chiefs of Staff) publicó un documento titulado Joint Vision 2010, el cual proponía una reorganización de las fuerzas armadas estadounidenses en una nueva articulación estratégica frente a la amenaza de la guerra moderna, la cual era concebida como un reto global que exigía una visión conjunta de los riesgos y las estrategias de un mundo mucho más desafiante e incierto (JFQ, 1996).

La estrategia buscaba que las fuerzas armadas fueran persuasivas en la paz, decisivas en la guerra y preeminentes en cualquier forma de conflicto; y la forma en la que estos objetivos serían alcanzados implicaba establecer una dominación completa en todo el espectro de operaciones militares, tanto unilaterales como aliadas, para derrotar a cualquier adversario y controlar todo tipo de situación a través de una amplia gama de operaciones militares. Esta idea fuerza suponía que, a través de las acciones conjuntas entre los distintos cuerpos militares, se pudiera asegurar la victoria en todo tipo de espacios.

Por lo tanto, la pretensión del Joint Vision era construir un mando de “fuerzas conjuntas” que pudiera sumar lo mejor de cada departamento y traducirlo en un cuerpo militar de avanzada, que encontrara en la visión conjunta una directriz para la victoria. Por ello, la articulación de todos los departamentos que conforman a las fuerzas armadas de Estados Unidos implicaba conglomerar, en un mismo circuito de operaciones militares, todas las capacidades armamentistas, tecnológicas, científicas, de espionaje, inteligencia, intelectuales y más en una misma red estratégica de dominación espacial completa, articulando así una verdadera dominación de espectro completo.

Esta estrategia encontró un nuevo impulso en el año 2000, gracias a las pretensiones neoconservadoras del Partido Republicano a través de la presidencia de George W. Bush. Así, en enero de 2000 se publica un nuevo documento llamado Joint Vision 2020: America´s military preparing for tomorrow, en donde se amplía e instrumentaliza la estrategia, teniendo como nuevo horizonte el año 2020. Una de las principales novedades en este documento es el reconocimiento de la necesidad estratégica de ejercer un dominio completo sobre la información, los recursos y los espacios estratégicos como elementos centrales para el mantenimiento de la supremacía estadounidense.

Este documento plantea un nuevo contexto estratégico en el que Estados Unidos sigue manteniendo intereses globales de gran potencia, así como diversos compromisos con diferentes actores estatales y no estatales. Por lo tanto, las fuerzas armadas estadounidenses necesitan del mejoramiento en su flexibilidad de actuación y de negociación a partir del control sobre los procesos logísticos globales y las tecnologías de la información. Tales controles resultan cruciales para los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos, por lo que las fuerzas conjuntas deberán estar preparadas para operar con fuerzas multinacionales y coordinar operaciones militares con otros gobiernos y organizaciones internacionales (JFQ, 2000, p. 59).

En ese sentido, las fuerzas conjuntas toman conciencia de la existencia de potenciales adversarios con acceso al comercio global, la industria estratégica y tecnología de punta; por lo que la superioridad tecnológica, el control de armamento y las comunicaciones estratégicas a través del globo se convierten en un elemento central de la estrategia. Aunado con lo anterior, la capacidad de adaptación de los adversarios ha permitido que las llamadas “amenazas asimétricas” y su creciente capacidad militar signifique un obstáculo importante para la superioridad estadounidense. Estos sujetos han operado territorialmente en las distintas latitudes del planeta, promoviendo la creación de condiciones para retrasar, disuadir o contrarrestar la aplicación de las capacidades dominantes de la hegemonía mundial. Es por ello por lo que el documento reconoce que “el potencial de esos mecanismos asimétricos es, probablemente, el peligro más serio que enfrenta Estados Unidos en el futuro inmediato, y este peligro incluye cohetes balísticos de largo alcance y otras amenazas directas para los ciudadanos y territorios estadounidenses” (JFQ, 2000, pp. 59-60).

El documento define a la dominación de espectro completo como:

La habilidad de las fuerzas armadas estadounidenses ya sea en operaciones unilateriales o en combinación con aliados multinacionales o inter-agencias, para derrotar a cualquier adversario y controlar cualquier situación a través del espectro completo de operaciones militares. Esta gama completa de operaciones incluye el mantener una postura de disuasión estratégica, compromiso con actividades estratégicas en el agua, el empleo de fuerzas estratégicas y armas de destrucción masiva, guerras contra “amenazas mayores”, conflictos regionales y contingencias de menor escala. También incluye aquellas situaciones ambiguas que se debaten entre la paz y la guerra, las operaciones de mantenimiento de la paz y las actividades humanitarias no-combativas, así como el apoyo a las autoridades nacionales (JFQ, 2000, p. 61).

Este documento estratégico fue bien recibido por las grandes élites militares, y a partir de los atentados terroristas de 2001 comenzó a implementarse de forma sistemática. Como puede observarse en lo descrito anteriormente, uno de los principales objetivos de la Dominación de Espectro Completo ha sido dotar a las fuerzas armadas de las capacidades necesarias para disuadir, derrotar y defenderse contra cualquier adversario que busque desestabilizar la seguridad internacional de Estados Unidos a través de un “enfoque asimétrico”. Por tanto, cuando el documento hace referencia a conquistar una dominación de espectro completo en toda la gama de operaciones militares, no solamente está haciendo referencia al aseguramiento de las condiciones materiales-objetivas para “asegurar la victoria” en el ámbito militar, sino también al establecimiento de las condiciones necesarias para el mantenimiento de un ordenamiento social y geopolítico adecuado a los intereses de la hegemonía estadounidense en aquellos espacios en donde ésta sea cuestionada.

Con base en ello, el Joint Vision 2020 establece una serie de elementos estratégicos que deberán ser cubiertos por las fuerzas armadas para la consecución de esta dominación completa, los cuales tienen que ver con 1) la consecución de una superioridad en la recolección, procesamiento y divulgación de la información estratégica a través de las tecnologías de la información y el conocimiento; 2) la interoperabilidad de sistemas y unidades para la operación eficiente en el terreno; 3) la organización de operaciones conjuntas multinacionales o inter-agenciales, con distintos sectores de la sociedad civil; 4) el control táctico-estratégico de las condiciones espaciales y tecnológicas para el logro de tareas militares diversas; 5) desarrollar una habilidad de precisión para localizar, vigilar, percibir y perseguir objetivos estratégicos, así como seleccionar, organizar y utilizar los sistemas correctos para generar los efectos deseados en toda la gama de operaciones militares; 6) consolidar y asegurar todos los flujos logísticos necesarios para el correcto funcionamiento de las operaciones militares, a partir del método just-in-time (Cowen, 2010) que asegure el acceso a suministros en el lugar y tiempo adecuados, y; 7) lograr una protección multidimensional dentro y fuera de los teatros de operación militar (JFQ, 2000, pp. 65-71).

LA DOMINACIÓN DE ESPECTRO COMPLETO COMO DISEÑO GEOPOLÍTICO

Más allá de la estrategia militar propuesta por el Joint Chiefs of Staff, la dominación de espectro completo se ha convertido, desde una perspectiva geopolítica amplia, en un nuevo diseño estratégico para el despliegue de las capacidades militares de Estados Unidos en el mundo, el cual ha buscado establecer una serie de dominios estratégicos, espacios y formas de control global que han dirigido la rearticulación mundial de la hegemonía en su conjunto.

Estas estrategias pasan, necesariamente, por la producción estratégica de un espacio para la hegemonía mundial, cuyo principal objetivo es seguir manteniendo los intereses de la superpotencia como enlaces articuladores de la vida internacional en su conjunto, de acuerdo con Herrera:

La producción de este espacio estratégico global es lo que en gran medida define a Estados Unidos como un poder estratégico, es decir, aquel que vive a través de ocupar diversos espacios colonizando distintas relaciones –incluso otras relaciones de poder–, aquel que produce sus efectos de normalización y sus propias verdades y concepciones de mundo. Su despliegue diverso, heterogéneo, específico y concreto es parte integral, no obstante, de una estrategia global, de una producción diferenciada de un espacio global (2017, p. 45-46).

En este sentido, la dominación de espectro completo relaciona dos ámbitos vitales para la hegemonía estadounidense en el siglo XXI, los cuales son: 1) la disuasión y derrota de cualquier adversario que ponga en riesgo los intereses hegemónicos de la superpotencia, y 2) un nuevo despliegue global de elementos militares, comandos, flotas, operaciones especiales, drones y demás tecnologías móviles; dispuestas para la derrota de cualquier adversario y el control de riesgos y amenazas. Es por ello que Ana Esther Ceceña encuentra en esta estrategia una clave para la comprensión de la visión estratégica del hegemón, la cual busca:

Abarcar todos los espacios, todas las dimensiones de la vida, todos los lugares; no dejar resquicios para el enemigo real o potencial, no darle tiempo de recuperar fuerzas, de recomponerse; perseguirlo en los subsuelos, la tierra, aire y mar; vigilarlo, disuadir cualquier iniciativa contestataria, cualquier transgresión de las reglas tácticas del poder y en su defecto aniquilarlo; esto es: dominar todo el espectro (2004, p. 47).

Durante los gobiernos de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump; la dominación de espectro completo jugó un papel relevante dentro de las acciones al exterior y las proyecciones militares globales, las cuales siempre tuvieron como objetivos principales los siguientes elementos: 1) el acceso irrestricto a recursos estratégicos; 2) el control de la competencia geoestratégica mundial; y 3) evitar el surgimiento de movimientos sociales o sujetos colectivos que pongan en cuestionamiento su papel en el mundo.

El primero de estos objetivos responde a la necesidad de control sobre el motor del desarrollo del capitalismo como sistema hegemónico, a través de la industria energética y todos sus derivados. En un momento histórico en el cual son cada vez más necesarios grandes volúmenes de recursos estratégicos para hacer funcionar la gran maquinaria capitalista en su conjunto, ha sido Estados Unidos el sujeto colectivo que mayor preocupación ha tenido a este respecto, al ser el principal consumidor de energía en el mundo y depender de la explotación y transformación de combustibles fósiles (principalmente) para mantener la reproducción de su hegemonía mundial.

Para ilustrar tal situación, cabe mencionar que Estados Unidos preside la lista de los países con mayor consumo de petróleo diario, teniendo una cifra aproximada de 19,400 millones de barriles de petroleo al día, seguido por China con 10,300 millones y Japón con 4,700 millones (CIA, 2019). Tal magnitud de consumo energético ha llevado a que, en la actualidad, las condiciones de reproducción del capitalismo histórico encuentren una mucho mayor dificultad para realizarse. Con base en ello, las preocupaciones estratégicas de Estados Unidos llevaron a la necesidad de incluir el acceso irrestricto a una serie de recursos que, más allá del petróleo, significarían el motor central de la producción económica estadounidense.

Así, una de las principales prioridades de la dominación de espectro completo como diseño geopolítico ha sido la de establecer una serie de perímetros geoestratégicos alrededor de los espacios clave para el abastecimiento energético, principalmente sobre la región de Eurasia, la cual significó un nuevo espacio abierto para los intereses hegemónicos estadounidenses a partir de la implosión de Unión Soviética, a pesar de que en la Cumbre de Malta celebrada por George Bush y Mijaíl Gorbachov en diciembre de 1989 ambos presidentes pactaron que “los espacios que dejara el retroceso geopolítico de Unión Soviética no serían ocupados por Estados Unidos” (Gutiérrez, 2014, p. 105).

Este nuevo despliegue global no solamente se dirigió al aseguramiento del acceso a hidrocarburos como el petróleo y el gas natural, sino que también se incluyeron en los planes estratégicos recursos minerales y metales esenciales para la producción mundial, ante los cuales Estados Unidos cuenta con una mayor vulnerabilidad que con los hidrocarburos. Tal es el caso de los llamados metales de alta tecnología, como el cadmio, cobalto, galio, germanio, indio, molibdeno, paladio, renio, escandio, selenio, telurio y vanadio; los cuales son útiles para la producción de computadoras, sistemas de defensa, grandes aleaciones para la industria aeroespacial y microprocesadores. Aunado a ellos, los “metales puerta” resultan estratégicos para fines de la producción capitalista global, ya que estos son necesarios para la extracción y explotación de los metales de alta tecnología. Entre estos metales puerta se encuentran el cobre, zinc, aluminio, estaño y níquel (Herrera, 2016, p. 448)

Finalmente, otros elementos de grandísima importancia estratégica son las llamadas tierras raras, compuestas por toda la familia de los lantánidos: escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, turbio, itelio y lutecio. Estas son empleadas en componentes de alta tecnología (civiles y militares) incluyendo procesadores, ordenadores, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tabletas electrónicas, equipos de localización, etcétera (Herrera, 2016, p. 448).

Con respecto al segundo objetivo estratégico, “el control de la competencia geoestratégica mundial”, Estados Unidos ha promovido una serie de estrategias globales para contener el surgimiento de China como gran potencia, así como la consolidación de Rusia como potencia media y la ampliación de la competencia intercapitalista con la Unión Europea, Japón y el sudeste asiático. Proyectos de infraestructura global como la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China o las proyecciones estratégicas de Rusia en el Ártico, se han convertido en elementos de gran preocupación para la hegemonía mundial de Estados Unidos, dado que amenazan con la configuración de espacios cerrados para los intereses económicos de la superpotencia.

Es en ese sentido que Zbigniew Brzezinski había advertido en 1997 sobre los peligros que una alianza entre Rusia y China podría significar para los intereses estadounidenses en Eurasia, pues el cierre espacial de esta región significaría que Estados Unidos quedará fuera de una zona de definición mundial donde se localizan los países más dinámicos del globo. De acuerdo con Brzezinski:

Después de Estados Unidos, las seis economías más importantes y los seis mayores inversionistas en armamento militar están localizados en Eurasia. Todos excepto uno de los Estados con armamento nuclear comprobado […] están localizados en Eurasia. Los principales aspirantes a una hegemonía regional y a la influencia global son eurasiáticos. Acumuladamente, el poder de Eurasia opaca de manera vasta a Estados Unidos. Afortunadamente para este, Eurasia es demasiado grande para estar políticamente unida (1997, p. 18).

Por lo anterior es posible afirmar que, de perderse el dominio sobre este pivote geopolítico, la hegemonía estadounidense entraría en una fase de declive abierto, ya que perdería el control estratégico más de la mitad de las actividades internacionales de todo tipo presentes en el globo. Para evitar ello, Estados Unidos tendría que seguir tres pasos básicos para el mantenimiento de su dominación en la zona:

1) Mantener el espacio euroasiático abierto a Estados Unidos, a través del acceso directo a Europa y Japón, Corea del Sur y Taiwán.

2) Penetrar la masa euroasiática, a través de los denominados Balcanes Globales que incluyen a Asia Central, el Cáucaso Sur, Afganistán y Pakistán, desde donde se buscará el control efectivo sobre Medio Oriente, en donde Irak es una pieza clave.

3) Fragmentar la alianza entre el principal actor oriental (China) y el actor medio (Rusia) (Brzezinski, 1997, p. 18).

Una de las principales preocupaciones para los círculos de poder en Washington D.C. fue la conformación de una alianza estratégica entre China y Rusia, derivada de la firma en 1996 de la Organización para la Cooperación de Shanghái, pues estos sujetos internacionales, debido a sus capacidades políticas, económicas y militares, representaban una verdadera amenaza en el ámbito de la competencia para la superpotencia estadounidense. Si bien esta alianza no prosperó en el tiempo, las estrategias individuales que estos actores han llevado a cabo sobre espacios de gran importancia global como el Sudeste Asiático, el Mar de China Meridional, Asia Central, Europa del Este, el Ártico, África y América Latina han representado un verdadero peligro para la hegemonía mundial de Estados Unidos, en un mundo que crecientemente da signos de transición hacia un multipolarismo que no necesariamente sería definido por Estados Unidos como potencia global, pues “a largo plazo, las políticas globales tenderán a ser cada vez más incompatibles con la concentración de poder hegemónico en manos de un único Estado. De ahí que Estados Unidos no sólo son la primera y la única verdadera superpotencia global, sino que, probablemente, serán también la última” (Brzezinski, 1997, p. 212).

Para este autor, este tipo de transformaciones no solamente se da por la permeabilidad misma de la figura política del Estado Nación, sino por la cada vez mayor difusión del poder entre los sujetos de la sociedad global, así como por las redefiniciones de los territorios, las fronteras y las estrategias de seguridad. Frente a todo ello, la dominación de espectro completo ha funcionado como un elemento central para el control de la competencia geoestratégica mundial, no en un sentido del llamado “siglo americano”, en donde Estados Unidos era una potencia con supremacía absoluta sobre todos los destinos del planeta, sino más bien a partir del control sobre ciertos elementos estratégicos que coadyuvan a la definición del ordenamiento geopolítico mundial en su conjunto.

Uno de los principales espacios de acción sobre los cuales Estados Unidos ha redoblado su poderío militar son los denominados dominios estratégicos, los cuales pueden comprenderse como espacios sobre los cuales se hace necesaria una acción constante para el mantenimiento de una superioridad táctica, estratégica y logística en todo momento, pues de ello dependerá la eficaz contención y eliminación de cualquier posible amenaza (Carafano, 2018). Dentro de los dominios estratégicos más relevantes, se encuentran los espacios comunes (altamar, fondos marinos, espacio aéreo no nacional y espacio exterior), el ciberespacio y el dominio de las comunicaciones internacionales.

Por espacios comunes, entendemos aquellas zonas que se extienden más allá de los límites de la soberanía estatal, y que constituyen el patrimonio común de la humanidad. A partir de distintos instrumentos jurídicos internacionales, los espacios comunes han sido determinados como espacios libres de militarización, que no son susceptibles de apropiación, y cuyo conocimiento, aprovechamiento y utilización debe hacerse exclusivamente con fines pacíficos y no militares, mediante la cooperación y el beneficio mutuo (Hernández-Vela, 2013, p. 2170).

De acuerdo con Barry Posen, una de las principales estrategias de Estados Unidos en los últimos años, ha sido el mantenimiento de un control militar sobre estos espacios, lo cual les ha permitido controlar rutas de acceso, yacimientos probables de recursos estratégicos y posiciones geopolíticas clave en el espacio global. La estrategia, denominada como command of the commons, implica que Estados Unidos debe mantener una superioridad táctica y estratégica con respecto a los demás competidores, para lograr ser preeminente en cualquier conflicto sobre estas zonas del planeta. De acuerdo con Posen, este control debe ser leído de la siguiente manera:

El control de los espacios comunes no implica que otros Estados no puedan usarlos en tiempos de paz. Tampoco significa que los otros no puedan tener asentamientos militares que puedan moverse a través de ellos o incluso explotarlos cuando Estados Unidos no signifique un obstáculo para hacerlo. El command of the commons implica que Estados Unidos tenga muchísimo más ventajas militares en el uso de los mares, el espacio exterior y el espacio aéreo que los demás; y que ésta puede ser utilizada como una amenaza creíble para negar su uso para otros; y que cualquier otro competidor perdería competencias militares por los comunes si se atrevieran a negar el acceso a Estados Unidos. Habiendo perdido esa batalla, no podrían ser capaces de intentar otro esfuerzo en un largo tiempo, y Estados Unidos preservarían, restaurarían y consolidarían su control después del enfrentamiento (2003, p. 8).

En este tenor es que, en los últimos años, Estados Unidos ha buscado apuntalar este dominio en los espacios comunes a través de una mayor inversión en tecnología, armamento y transporte para el control de estos. Las innovaciones tácticas y estratégicas sobre los espacios comunes son respuesta a la complejización de los riesgos y amenazas a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, y la dominación de espectro completo ha servido como visión estratégica para estos esfuerzos.

En el espacio marítimo, la reactivación de la Cuarta Flota en 2008 como mecanismo para el aseguramiento de la región latinoamericana desde el espacio común del Atlántico y el Caribe, frente a los crecientes movimientos socioterritoriales y el surgimiento de regímenes de izquierda que han buscado confrontar a la hegemonía mundial estadounidense (Mardonés, 2018, p. 422) y la reactivación de la Segunda Flota diez años después, dispuesta para redirigir las fuerzas armadas estadounidenses en un mundo de gran rivalidad entre poderes como lo son Rusia y China (Marcus, 2018); han significado esfuerzos para mantener las aguas internacionales como un espacio abierto para la influencia estadounidense en el mundo.

Por otro lado, los recientes esfuerzos sobre el espacio exterior pueden verse reflejados en el establecimiento de la Fuerza y el Comando Espaciales en 2019, los cuales parten del reconocimiento de que el espacio exterior es vital para los intereses de Estados Unidos –tanto en el modo de vida americano como en la seguridad nacional–, que la superioridad espacial permite a las fuerzas conjuntas una rápida transición entre la competencia y el conflicto para prevalecer en una batalla global, la importancia de los transportes de guerra espaciales para ganar las guerras y las ventajas táctico-estratégicas que el espacio exterior provee para la victoria en cualquier terreno (US Space Commmand, 2020). Por lo que la presencia militar constante de Estados Unidos en el espacio exterior se vuelve crucial para el mantenimiento de la hegemonía.

Todos estos esfuerzos reflejan la importancia de los espacios comunes como accesos globales, es decir, como puertas de ingreso a procesos económicos, políticos, sociales y geoestratégicos de todo tipo que les permiten mantener una superioridad táctica con respecto al resto de los competidores. Esto se puede ver reflejado en estrategias como la Antiaccess area denial (A2/AD), la cual busca propiciar un acceso operacional de las fuerzas armadas para asegurar la capacidad de penetración de Estados Unidos en regiones que potencialmente puedan ser negadas para el comercio, la economía, la logística global, etcétera; propiciando que estas regiones clave puedan ser penetradas a pesar de formas de resistencia política, económica, estratégica, militar o tecnológica (Herrera, 2017, p. 47).

Por tanto, el control de los espacios comunes evoca a la tragedia enunciada por Garret Hardin, la cual refiere a que, cuando el acceso legal o ilegal a un recurso, o espacio, que es libre para todos es aprovechado para su sobreexplotación por alguno o algunos de los competidores en cuestión, entonces lo común deja de serlo y da paso a la constitución de lo privado (Hardin, 2005). Estas formas privativas de acceso a lo “común”, determinan formas dominantes de producción de espacios globales y locales, en función de las necesidades geopolíticas de la hegemonía mundial.

A la par de estos dominios estratégicos, el ciberespacio y el control de la información y la comunicación se vuelven un elemento operacional básico para la dominación de espectro completo. De acuerdo con María José Rodríguez: “la información y los procesos de obtención de información están asociados a las concepciones de guerra preventiva y guerra permanente, donde el potencial enemigo puede ser cualquiera” (2017, p. 147).

De esa manera, el control del ciberespacio en el siglo XXI, se ha convertido en un elemento central para la articulación de la defensa y las proyecciones de poder en escala global, frente a tres potenciales peligros: 1) la intervención de los sectores de inteligencia y espionaje de competidores internacionales, los cuales han invertido grandes cantidades de recursos y tecnología para incidir en el espectro político de Estados Unidos en los últimos años (véase lo acontecido en las elecciones presidenciales de 2016, en donde se señaló una posible intervención rusa en las campañas electorales a través de las redes sociodigitales); 2) el surgimiento de actores sociales que, a través del ciberespacio, han vulnerado los intereses de centros de gran importancia para el gobierno estadounidense como el Departamento de Estado, la CIA o portales de noticias de gran importancia, y 3) las posibilidades de asociación que habilitan las redes sociodigitales en el ciberespacio, las cuales se han configurado como herramientas de gran importancia para la amplificación de mensajes de protesta, imágenes y narrativas contrarias al poder (por ejemplo, la masificación que tuvo el asesinato de George Floyd a través de las redes, y las grandes protestas que tuvieron lugar en distintas ciudades del mundo).

Es por lo que, para los círculos estratégicos de Estados Unidos, el espacio cibernético representa una de sus grandes prioridades, ya que es a través de éste que las llamadas “nuevas amenazas” han logrado proyectar mensajes y acciones sociales que, de una forma subversiva, han desafiado la vigencia de la hegemonía mundial en su conjunto. Ante tales amenazas, conceptos estratégicos como el de “ciberseguridad social” han cobrado importancia en los documentos oficiales, toda vez que:

La ciberseguridad social representa un subdominio de la seguridad nacional que se encarga de caracterizar y entender los cambios que han provocado las innovaciones tecnológicas en las ideas y pensamientos de las sociedades, los cuales pueden influir de manera significativa en los campos de batalla y en todos los niveles de la guerra. En ese contexto, las fuerzas estadounidenses deben proteger los intereses de Estado en el ciberespacio para mantener la superioridad en el campo de batalla. Asimismo, la guerra de información permite ampliar las posibilidades asimétricas para disminuir el potencial de combate del enemigo. Anteriormente, los objetivos de las guerras de información eran exclusivamente tecnológicos, sin embargo, actualmente son las sociedades (Beskow & Carley, 2019, p. 118).

Este último elemento conecta con el tercer gran objetivo de la dominación de espectro completo como diseño geopolítico, que es “evitar el surgimiento de movimientos sociales o sujetos colectivos que pongan en cuestionamiento el papel de la hegemonía mundial”. Ana Esther Ceceña reconoce que:

Los pueblos en la fase neoliberal han sido efectivamente arrojados hasta las últimas fronteras. Geográficamente se les niega la territorialidad y política o culturalmente se les borra del imaginario social. La ambición de poder absoluto que busca perseguir sin descanso al dominado, humillarlo y aplastarlo de manera implacable e inhumana, que intenta arrebatarle toda dignidad, que es pilar de la ideología y sentido común del pensamiento militarista de los dominadores, se expresa elocuentemente en el comportamiento de las tropas estadounidenses en cualquier parte del mundo –comportamiento criticado incluso por algunos asesores del Pentágono porque contribuye a incrementar la inseguridad del ejército frente a las poblaciones ocupadas (2017, p. 55).

Por tanto, la dominación de espectro completo no solamente ha significado un mecanismo de articulación de las fuerzas armadas estadounidenses y aliadas en torno a una nueva lectura estratégica de la guerra y el conflicto, sino que ello ha servido de base para la producción de todo un diseño geopolítico que ha buscado producir un espacio estratégico a través del desdoblamiento del sujeto hegemónico en todos los espacios del planeta, por lo que su éxito o fracaso deberá evaluarse en función de estos objetivos amplios.

PERSPECTIVAS DE LA GEOPOLÍTICA Y HEGEMONÍA DE ESTADOS UNIDOS A 20 AÑOS DE LA DEC

A 20 años de su implementación, la dominación de espectro completo sigue siendo motivo de debate en los círculos académicos y militares de Estados Unidos. En un momento en que las crisis internas parecen carcomer buena parte de la legitimidad global del proyecto militarista de Estados Unidos, diversos sectores políticos del país norteamericano han señalado la necesidad por una reducción relativa de los gastos militares, así como un progresivo abandono de la presencia militar alrededor del mundo.

Para autores como Andrew J. Bacevich, la estrategia ha tenido muchos reflectores y poca sustancia, dado que no existe –ni existió nunca– una estructuración metodológica apropiada para el seguimiento de las tácticas y el alcance de los objetivos planteados en el documento:

En lugar de considerar la posibilidad de que las guerras vengan asumiendo una multiplicidad de formas y conllevando una variedad de respuestas, JV2020 prescribe una plantilla única universalmente aplicable a todos y cada uno de los conflictos futuros. Al adherirse a ciertos dictados específicos, promete el documento, las fuerzas estadounidenses se volverán “persuasivas en la paz, decisivas en la guerra y preeminentes en cualquier forma de conflicto”. De ese modo lograrán un “dominio de espectro completo”, quizás la frase más loca que aparece en cualquier publicación militar oficial de Estados Unidos desde que se ofreció la “destrucción mutua asegurada”, como fórmula para la paz mundial (Bacevich, 2020).

Este tipo de evaluaciones responden a la imposibilidad que han presentado las fuerzas armadas estadounidenses para cumplir con las metas sobre la persuasión en la paz, decisivas en la guerra y preeminentes en toda forma de conflicto, cuando la realidad de las intervenciones y conflictos en los que se ha involucrado Estados Unidos en los últimos veinte años demuestran una serie de incapacidades estratégicas que han evitado que salgan airosos de territorios como Afganistán, Irak o Siria, donde se ha demostrado que las formas de contrainsurgencia y las estrategias militares del hegemón están muy lejos de ser infalibles, y en diversas ocasiones han llevado a relativos fracasos de sus objetivos estratégicos.

Con base en lo anterior, una de las principales críticas que Bacevich hace a la estrategia, es la asunción que hace de la tecnología, las lógicas militares y las pretensiones de panoptismo que envuelven a este diseño geopolítico como elementos suficientes para sortear la incertidumbre del mundo, así como para asegurar la victoria ante cualquier adversario. Aunado con ello, las cada vez mayores presiones al interior del Congreso estadounidense en favor de la reducción del presupuesto de defensa y las operaciones militares al exterior han vuelto más complicado el cumplimiento de la estrategia. Personajes del Partido Demócrata como Bernie Sanders, Kamala Harris o Alexandria Ocasio Cortés han reiterado la necesidad de repensar el papel global de Estados Unidos en el mundo, sobre todo en lo concerniente a los asentamientos militares permanentes y las políticas de intervención. En un discurso frente al Congreso el 19 de diciembre de 2013, Sanders sentenció de forma muy clara:

me parece que es importante ordenar adecuadamente nuestras prioridades. Una de las prioridades que deberíamos estar abordando de inmediato es que no podemos entregar al Departamento de Defensa todo lo que quiera. Ha llegado el momento de echar a ese presupuesto un vistazo muy detenido que, hasta este momento, todavía no hemos echado (Sanders, 2013; Tasini, 2015, p. 150).

Este tipo de visiones ha llevado a que cada vez más congresistas, políticos, académicos, especialistas, asesores y demás personas involucradas con la toma de decisiones en Estados Unidos esté optando por repensar las estrategias militares alrededor del mundo y, por lo tanto, las pretensiones de dominio de espectro completo que las acompañan.

Sin embargo, una evaluación integral –y no solo formal, a partir de la información contenida en el Joint Vision– de la dominación de espectro completo a veinte años de su instauración, deberá contemplar las transformaciones que el mismo Estados Unidos ha tenido como sujeto hegemónico en los últimos años, y la aparente dirección que estos cambios han tenido en el ámbito de la dominación militar global, las cuales parecen estar reconfigurando el despliegue estratégico de la superpotencia hacia una visión más relacionada con la tecnología, la especialización, la división mundial de las actividades y los controles sociales a través de las comunicaciones y la logística global.

En los últimos años se ha registrado un descenso en el número de tropas y efectivos militares de Estados Unidos en el mundo, lo cual ha llevado a pensar en un repliegue militar como nueva tendencia de la hegemonía mundial. Aunado con ello, el desmantelamiento de diversas bases militares en territorios extranjeros ha llevado a que, de las 2,000 bases militares que Estados Unidos tenía en el periodo de la Guerra Fría, actualmente se mantengan sólo 800 de ellas, y con una tendencia a la baja (Vine, 2015).

No obstante, esto no necesariamente refiere a una renuncia por parte de Estados Unidos como sujeto hegemónico, ni a un retiro de su presencia militar en espacios estratégicos. De acuerdo con Sasha Davis, a la par del desmantelamiento de instalaciones militares en lugares como Manta en Ecuador, Okinawa en Japón, Vieques en Puerto Rico o Seúl en Corea del Sur –los cuales se dan principalmente por protestas sociales y/o gubernamentales en contra de la presencia militar estadounidense en estos territorios–, vienen acompañados de una relocalización de asentamientos en territorios “coloniales” de Estados Unidos, tales como las islas Hawái, Guam o Diego García. Esto permitirá que Estados Unidos actúe militarmente sin tener que negociar con gobiernos aliados ni lidiar con protestas sociales, además de tener una mayor concentración en los flujos estratégicos que atraviesan el globo (Davis, 2011, pp. 215-216).

Esta situación ha resultado relevante, ya que la existencia de resistencias sociales en contra de la presencia estadounidense en estos y otros territorios, es reflejo de que la militarización, como proceso estratégico, responde a un sistema de producción espacial en distintas escalas que, al tiempo que busca vaciar de contenido los espacios donde se asienta, produce nuevas territorialidades altamente jerarquizadas y comandadas por la misma hegemonía. Las resistencias, pues, son expresiones de que este vaciamiento social no puede darse de manera absoluta, por lo que estas luchas son fruto del descontento frente a toda esta geografía del poder propia de la red de asentamientos militares que se expresan localmente a través de violaciones de derechos humanos, violencias, abusos de poder y formas de opresión en contra de los sujetos presentes en cada espacio intervenido.

El tránsito de estas bases militares en territorios extranjeros hacia posesiones insulares estadounidenses, responden a los grandes obstáculos que pueden llegar a significar la presencia de civiles cerca de las bases, sus actividades económico-administrativas, así como todos los elementos que envuelven la vida cotidiana de las personas. Las operaciones especiales, los controles del espectro radioeléctrico y la infraestructura estratégica, así como las formas de articulación logística de estos asentamientos requieren de una estabilización del terreno, situación que se vuelve cada vez más complicada para las fuerzas armadas estadounidenses.

Aunado a ello, las transformaciones tecnológicas de las fuerzas armadas también han llevado a nuevas estrategias de despliegue y diversas posibilidades de penetración territorial. Los sistemas de geolocalización remota, drones, aviones no tripulados –cargados de misiles y diversos tipos de armamento– y demás infraestructura militar hoy se nutren de la información obtenida por las redes sociales, los bancos de datos, los seguros médicos, los registros escolares y demás ventanas de información.

Esto comienza a determinar una transición geopolítica de los espacios estratégicos para el enquistamiento militar, los cuales van desplazándose de las bases militares en tierra hacia la militarización de otros dominios estratégicos, con el objetivo de controlar los accesos globales que representan a rutas comerciales, centros de aprovisionamiento de recursos, tecnologías de la información y la comunicación, procesos globales de operación logística, etcétera. Estos dominios pueden ser representados por los espacios comunes (altamar, espacio aéreo, espacio exterior y ciberespacio); la nueva infraestructura militar móvil y oculta (lily pads) y la introducción de la militarización de la vida social a través de las nuevas tecnologías.

Todo esto se encuentra representado en el uso de nuevas tecnologías de poder en el ámbito militar, como las bases rotativas y los denominados “lily pads”, que configuran una nueva infraestructura militar móvil, cuya intención es abarcar más territorio en zonas de difícil acceso y control como el continente africano, Oriente Medio y el Mar de China Meridional. Según David Vine:

la guarnición del planeta por parte de Washington va en aumento, gracias a una nueva generación de bases que los militares llaman ‘nenúfares’ [lily pad] (como en una rana que salta a través de un estanque hacia su presa). Estas son instalaciones pequeñas, secretas e inaccesibles con un número limitado de tropas, comodidades espartanas y armamento y suministros predispuestos (Vine, 2012).

Con todo esto, se revela una creciente vinculación de la militarización con el desarrollo científico y tecnológico, lo cual ha permitido una mucho mayor injerencia del sector militar en la vida cotidiana de las sociedades a través de las tecnologías de la información y el conocimiento, los algoritmos de las redes sociales, el papel activo de la tecnología de drones en la seguridad pública y las zonas fronterizas, así como las industrias culturales que promueve la misma militarización.

A la par de estos procesos de cambio, Deborah Cowen ha identificado que la seguridad nacional, para Estados Unidos, está transitando desde una forma progresiva de acciones, políticas y doctrinas en función del territorio nacional, hacia un proyecto de protección de sistemas supranacionales que implica todo el gobierno del espacio económico integrado –de capitales tanto públicos como privados–, así como un replanteamiento fronterizo y el establecimiento de sanciones a nuevas formas de cercamiento (Cowen, 2010).

En ese sentido, las agencias civiles y militares de Estados Unidos han repensado la seguridad en un contexto de producción y comercio, impulsando que las fronteras encuentren una nueva lógica de definición, ya no como “límites lineales”, sino como “espacios estratégicos”. Estas transformaciones han puesto al descubierto la existencia de una tensión entre los fundamentos de la seguridad nacional (desde su proyección estatocéntrica) y las necesidades de las cadenas globales de valor y sus articulaciones logísticas, dando pie a que “la seguridad, cuando se conceptualiza como un proyecto para el reforzamiento de las fronteras, amenaza a los flujos estratégicos comerciales” (Cowen, 2010, p. 602).

En otras palabras, si tradicionalmente la geopolítica de la seguridad nacional había hecho una diferencia entre el “afuera y el adentro”, ahora lo que se prioriza es la problematización entre la simultaneidad de las formas “sociales y espaciales”. Esto responde a las formas de articulación del capitalismo y la hegemonía en escala global, las cuales demuestran claramente que la geopolítica, la seguridad y las formas de militarización que la acompañan “jamás se trató, únicamente, de las relaciones externas del Estado [involucrando] […] una geopolítica social más amplia, que tanto atraviesa como moldea la distinción entre el adentro y el afuera de las fronteras estatal-nacionales” (Cowen & Smith, 2009, pp. 23).

En los últimos veinte años, la logística se ha convertido en un elemento crítico para el aseguramiento del abastecimiento global del capital como sistema de producción, pero también en un reto para las lógicas políticas y espaciales de la geopolítica territorial, ya que cualquier cosa que interfiera con estos flujos es considerada una amenaza a la seguridad, incluyendo a las políticas securitarias de fortalecimiento fronterizo.

Esta situación ha alcanzado un grado de complejidad tal que, en los años recientes, la logística ha transformado la geografía de la producción capitalista y su distribución en escala global (poniendo al costo-beneficio al centro de su organización) y, del mismo modo, ha modificado la geografía de la seguridad nacional e internacional, impulsando un replanteamiento de las fronteras estratégicas más allá del territorio nacional, determinando así que cualquier elemento disruptivo frente al ordenamiento de los flujos logísticos se convierta de manera cuasiautomática en una amenaza para la seguridad internacional (Cowen, 2010, p. 602).

Esto ha desdibujado cada vez más la línea entre lo militar y lo civil, creando al espacio fronterizo como una “zona liminal entre el afuera y el adentro, en donde las viejas divisiones pierden sentido, borrando las divisiones entre lo policiaco y lo militar, el crimen y el terrorismo, el riesgo y la amenaza” (Cowen, 2010, p. 603). De este modo, las estrategias antiterroristas, contrainsurgentes y contrarias a la asociación social han convertido a la sociedad en un sujeto colectivo cuyo control, regulación y disciplina son necesarios para el mantenimiento del orden hegemónico promovido a escala global (Turse, 2012, pp. 1-10). En este sentido, la tecnología de drones ha sido una mejora en el ámbito de la vigilancia y la seguridad espacial, como considera Volker:

Al mismo tiempo –y a partir del 11 de septiembre–, ha sido debido a este entendimiento y a la relectura de los gobiernos sobre la soberanía, la constitucionalidad y las fronteras que la ‘guerra permanente’ y la ´policía permanente´ ha incluido el despliegue de drones no sólo como un “dispositivo de caza aérea” tecnológicamente más avanzado (comparado con las ventajas verticales provistas anteriormente por el helicóptero en las guerras de Corea y Vietnam), sino también como el dispositivo que permite extender la visión alrededor, más allá y dentro del espacio fronterizo (Volker, 2019, p. 813).

Estas transformaciones, impulsadas a través de la dominación de espectro completo como nuevo paradigma de articulación de las fuerzas militares, han incidido profundamente en los procesos de militarización como elemento central de la vida internacional, dado que muchas de las ventajas operativas que promueven estas modificaciones tienen que ver con el mantenimiento de la hegemonía mundial en su conjunto, así como con la necesidad de establecer un espacio controlado para el desarrollo y articulación de los flujos globales de capital.

Por lo tanto, la dominación de espectro completo no solamente es una estrategia militar que pueda ser evaluada por sus éxitos o fracasos en el campo de batalla, sino que se ha configurado como un diseño geopolítico que ha integrado, a lo largo de veinte años, los principales esfuerzos militares en un mismo esquema de espacialidad y dominación a los procesos estratégicos de nuestro mundo.

CONCLUSIONES

De acuerdo con Zbigniew Brzezinski, no existe en el mundo actual ninguna potencia con las capacidades de llegar al nivel de influencia que Estados Unidos han mantenido a lo largo de gran parte del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, por lo que, si bien la crisis de hegemonía global tiende cada vez más a la configuración de un mundo multipolar, paradójico y complejo; la estructura rizomática de la hegemonía mundial estadounidense aún juega un papel definitorio en los grandes procesos globales.

La dominación de espectro completo ha buscado preservar este sostén rizomático, articulando toda una serie de despliegues militares y proyecciones estratégicas en favor del mantenimiento, reproducción y rearticulación de esta hegemonía frente a los riesgos, amenazas y obstáculos presentes en un mundo cada vez más complejo.

A veinte años de su instauración, esta dominación de espectro completo no es un proyecto acabado, ni un elemento que efectivamente suponga que Estados Unidos puede asegurar la victoria en cualquier conflicto y ante cualquier adversario. De hecho, la misma proyección de totalidad que envuelve a la estrategia a partir de sus documentos fundacionales la convierte en un objetivo imposible de alcanzar, dado que ninguna forma de dominación puede llegar a ser total, y no existe posibilidad alguna de proyección de una hegemonía sin límites.

No obstante, estrategias como el control de los espacios comunes, la proyección de seguridad en el ciberespacio, la dronificación de la seguridad en espacios estratégicos, las nuevas infraestructuras móviles de la militarización y la redefinición del espacio fronterizo a partir de las cadenas globales de valor son producto de un nuevo paradigma de espacialidad global que, efectivamente, persigue un dominio de todo el espectro de las operaciones militares para el control de los accesos globales a los flujos estratégicos más importantes en el mundo actual, los cuales siguen celosamente resguardados por el despliegue militar más importante de toda la historia de la humanidad.

Por lo tanto, sería un error asumir a la dominación de espectro completo como un “plan maestro” para controlar los destinos del mundo desde un enfoque militar, sino que este debe interpretarse como un diseño geopolítico que, a través del aseguramiento del acceso a recursos estratégicos, el control de la competencia geoestratégica mundial y la disuasión/eliminación de sujetos insurrectos en contra de la hegemonía, ha coadyuvado de manera muy importante a la producción de un espacio global que, al día de hoy, sigue reproduciendo formas de gobierno y regulación en favor de la hegemonía mundial de Estados Unidos, a pesar de la crisis por la que indudablemente atraviesa en la actualidad.

REFERENCIAS

BACEVICH, Andrew J. (2020). Grading The Pentagon’s Joint Vision 2020-20 Years Later. En The American Conservative. https://www.theamericanconservative.com/articles/grading-the-pentagons-joint-vision-2020-20-years-later/

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LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN. NUEVA YORK Y LA PRODUCCIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE EN EL SISTEMA-MUNDO

FEDERICO SARACHO

Tanto la Geografía Política como la Geopolítica han pasado por una larga trayectoria de transformación. Si se trazan las líneas genealógicas de ambas disciplinas, hasta el punto en que en la actualidad se hacen indistinguibles en varias corrientes de pensamiento, encontraremos que lejos de hallar un avance positivo, toparemos con una extensa serie de enfrentamientos y entrecruzamientos desde su inicio. En más de una ocasión observamos que las diferentes expresiones son completamente incompatibles, como el caso de la geopolítica clásica al ser enfrentada con las nuevas corrientes emancipatorias de pensamiento geopolítico que se construyen en América Latina, donde ni siquiera son concurrentes o comparables los objetos de estudio. Sin embargo, hay un elemento de imaginación geográfica que perdura como metáfora explicativa, a pesar de que sea construido conceptualmente según la corriente de pensamiento lo requiera: es la idea de Centro/Periferia.

Este escrito no es una excepción. En él pretendemos explicar la forma en que se produce una región, ampliada a las necesidades de la globalidad neoliberal. Dichas regiones también han sido caracterizadas como “internacionales” (Ballesteros, 2018). Sin embargo, este trabajo también pretende explicar el papel de las ciudades globales, que representan nodos instrumentales para la articulación de la economía global. Su principal aporte es procurar ilustrar como ambas espacialidades no sólo están relacionadas, sino que su producción es interdependiente. Para ello es necesario observar la forma en que las diferentes escalas son constituidas dentro del Sistema-Mundo capitalista. Ellas se encuentran interconectadas en un “anidado” simultáneo (como una muñeca rusa) que es parcialmente jerárquico (Swyngedouw, 2004). Cada una cuanta con su política propia, una política de escala, que manifiesta algún aspecto de la organización socioespacial dentro de un ámbito geográfico que se representa autocontenido, generalmente denominado: local, urbano, regional, nacional, etcétera.

Como bien señala Neil Brenner (2001), en la producción de las escalas, estas se constituyen materialmente más bien como mosaicos, no como pirámides. En virtud de los objetivos de este escrito, hemos optado por estudiar a la ciudad de Nueva York como caso de estudio, pues tiene la particularidad de ser una espacialidad en donde el anidado de escalas se profundiza de manera significativa. Ello se debe a que se mantiene como uno de los pivotes principales, si no el que más, de la globalización moderna. Sin embargo, para comprender a ésta como ciudad global, es preciso caracterizar a la región internacional que la alimenta. Por ello, es que es necesario explicar el surgimiento de América de Norte como espacio producido y su relación con dicha ciudad. Entre ambos niveles, al ser relacionalmente producidos, es imposible se genere una jerarquía “única”. Incluso es difícil hablar de una condensación progresiva de jerarquías. La transescalaridad en términos espaciales como global, nacional, regional y urbano diferirá cualitativamente en función del proceso socioespacial en cuestión, dando como resultado un “efecto caleidoscopio” (Smith y Dennis, 1987).

De un escrito anterior, donde planteábamos un modelo teórico para comprender la producción de las escalas, planteábamos las siguientes dinámicas que se presentaban dentro de su constitución (Saracho, 2020):

- Por un lado, su territorialización dentro de los límites autocontenidos, en donde la producción de espacios permite la implantación de dispositivos de control que puedan reproducir el sistema capitalista, garantizando la soberanía de una élite sobre un polígono terrestre definido mediante acuerdos (Saracho, 2019).

- También la delimitación de cada uno de sus ‘niveles’ escalares dentro de las unidades jurisdiccionales demarcadas territorialmente. La producción de un espacio estructurado para el capital desarrolla una sociedad administrativa, con diferentes expresiones de gubernamentalidad, según el nivel y el actor que lo demarque, lo que finalmente tiene como meta principal el control de la población: su ordenamiento y vigilancia aras de maximizar sus potencialidades a través de la economía política y dispositivos de seguridad (Foucault, 2006). De no desarrollarse la gubernamentalidad, la escala no puede encontrar ni sus especificidades políticas ni económicas, ni su rol en el sistema de la división del trabajo.

- La centralización espacial de las relaciones de poder dentro de un territorio, Cuanta con una doble dinámica: la formación de un “topos”, un lugar que contiene sistemas institucionales, y una “tensión” que se genera por la asimetría que existe entre las centralidades y los lugares periféricos de la escala.

La región de América del Norte es un ejemplo ideal para la observación de estas dinámicas. A pesar de que es un fenómeno relativamente reciente, se encuentra inmerso en una larga cadena de relaciones hegemónicas dentro del Sistema-Mundo. Como bien señala Juan Carlos Barrón:

La iniciativa de crear una región administrativa, económica y militar en América del Norte ha seguido distintos procesos que tienen sus principales antecedentes en la expansión de las antiguas colonias británicas a lo largo y ancho del territorio que hoy conocemos como Estados Unidos, y se desarrolló principalmente durante el siglo XIX. Como bien sabemos, esa expansión colonial incluyó la captura militar de territorios que antes administraba la corona española y que con la independencia de México quedaron en el limbo administrativo y la indefensión militar (2018, p. 102).

Por tanto, consideramos que vale la pena desarrollar una suerte de genealogía de la producción de América del Norte, estableciendo la formulación de su capilaridad reticular, sus nodos de centralización, a la par que tomamos en caso de Nueva York como eje central de la argumentación.

LA CONSOLIDACIÓN DE LAS REDES Y PODER INFRAESTRUCTURAL

Una manera de abordar el estudio de la producción de las retículas espaciales que exponen la medida geopolítica del capital (Veraza, 1999; Saracho, 2018), es hacerlo a través del poder infraestructural que se vierte en el desarrollo de las rutas y vías de movimiento de los factores del capital. La “revolución en la logística” –como la denomina Deborah Cowen– ha cambiado la forma en que se concibe y representa el espacio, lo cual nos permite observar cómo históricamente la aplicación de esta tecnología -de origen militar para la guerra y el colonialismo- dentro de la producción de espacios, se traduce en el desarrollo de trazados estratégicos que consolidan las relaciones de poder propias del diseño geopolítico hegemónico (Cowen, 2014). Los bienes y el dinero son más o menos móviles según sus cualidades materiales y su capacidad para ser transportados. Esto no se puede decir de la producción en sí, ya que generalmente se ubica en un punto específico durante mucho más tiempo, dependiendo del sector productivo y sus necesidades tecnológicas. Esto provoca que exista una transformación continua de la cuadrícula, o red, desde la que se generan las comunicaciones. Las medidas para profundizar la interconexión van desde la búsqueda de formas de liquidez para facilitar las transacciones, hasta el desarrollo de carreteras o vías ferroviarias, la consolidación de rutas marítimas o aéreas, la producción de infraestructuras, la reordenación de espacios enteros o el desplazamiento de poblaciones para rearticular la forma en que se espacializa el capital a favor de acumulación.

Esto provoca que la red sea proteiforme, móvil y continuamente se encuentre en transformación. Al respecto, Raffestin señala: “De esta condición inacabada obtiene su fuerza en el espacio y en el tiempo: se adhiere a las variaciones del espacio y a los cambios que se dan en el tiempo. La red hace y deshace las prisiones del espacio convertido en territorio: libera al mismo tiempo que aprisiona. Por eso es el ‘instrumento’ por excelencia del poder” (2013, p. 144).

En el caso de los territorios que conformarían América del Norte, encontramos la forma en que las diferentes elites gubernamentales diseñaron dichas redes. Si bien en el periodo colonial y los primeros años de independencia de Estados Unidos las rutas principales para la comunicación se basaban en el sistema de ríos y vías fluviales (Johnson, 2001), para el siglo XIX la aparición de los ferrocarriles revolucionó las posibilidades de movimiento de los factores de capital, extendiendo las capacidades reticulares del control espacial estadounidense al permitir una mayor aniquilación del espacio por el tiempo gracias a su mediación. Por ejemplo, en 1790 el viaje entre Nueva York y Maine tardaba alrededor de una semana, mientras que para 1860, podía ser realizado en un día a través de las vías (Cross y Szostak, 2005).

A razón del comercio inter-Atlántico y del ordenamiento histórico del espacio norteamericano, las vías ferroviarias se desarrollaron principalmente a partir de rutas y nodos a lo largo de la costa atlántica, siendo Nueva York –debido a su próspera condición portuaria– el nodo central. Ello permitía aprovechar al máximo las brechas a través de los Apalaches, desembocando en cuerpos de agua como los Grandes Lagos o el río Ohio, fortaleciendo así a ciudades como Búfalo, Chicago y Pittsburgh como nodos de concentración de capital (véase Mapa 1: https://www.loc.gov/item/98688736/). Posteriormente avanzaron hasta conectarse con la ruta comercial del río Mississippi, concentrado las relaciones de capital en los nodos de St. Louis, St. Paul, Minneapolis y Minnesota (White, 2011).

Ello permitió a su vez que se fortalecieran los sistemas de caminos, para el paso de carretas y animales de tiro, lo que consintió una profundización de las relaciones comerciales preexistentes en el oriente (véase Mapa 2: http://legacy.lib.utexas.edu/maps/map_sites/hist_sites.html). Posteriormente la colonización del territorio del oeste, arrebatado mediante guerra al territorio mexicano, fue posible a través del establecimiento de extensas líneas a través de las Grandes Llanuras –utilizando pasos a través de las cordilleras– y se construyeron terminales de ferrocarril en San Francisco, Seattle y Los Ángeles, por parte de la Union Pacific (Davis, 1894). A partir de esta expansión, se incentivó el asentamiento de colonos –buena parte de ellos inmigrantes blancos europeos– a través de la concesión de tierras para establecer nuevas espacialidades que concentraran relaciones y ampliaran el mercado (Orozco, 2001). Este sistema primordial garantizó que los nodos recién formados tuvieran conexión con el comercio transcontinental. De esta forma es que Estados Unidos capturaron dentro de su retícula los nuevos territorios, y reprodujeron sus formas espaciales para integrarlas a su diseño. Y es que está retícula tiene un uso dual, si bien sirve para reducir el tiempo para la circulación de los factores de capital, también permite que el poder sea ejercido de manera más efectiva en tanto que éste depende de la capacidad que los actores tengan para poder cerrar las relaciones de poder a mayor velocidad. Entre más desarrollada esté la retícula y más cortos sean sus tiempos de tránsito, mayores son las capacidades que tienen los actores políticos para cerrar su dominio en el territorio, institucionalizando su control de este. Es así una situación que decanta directamente en cómo la clase dominante mantiene su control sobre la dominada y como las características estructurales de ambas se intensifican en la medida en que la capacidad de acumulación de capital aumenta, acrecentando a su vez la tensión existente entre ellas con relación a las luchas sistémicas a las que están sujetas.

En cuanto a la producción de la retícula en Canadá, los ferrocarriles transcontinentales unían las provincias marítimas con el rio San Lorenzo y los Grandes Lagos, fortaleciendo principalmente los nodos urbanos de Montreal y Toronto. A partir de este eje, es que fue posible cruzar el macizo del Labrador, para conectar el nodo de Winnipeg. Posteriormente, el sistema ferroviario de la Canadian Pacific Railroad se desplegó a través de una estrategia de colonización, concesión de tierras y expulsión de los pobladores indígenas –esta última mediante la eliminación de los búfalos– para cruzar las praderas hasta conectar finalmente con el nodo de Vancouver y la ruta fluvial del río Fraser (Cowen, 2020).

Por último, a este respecto, está el caso de México, quien comenzó en 1832 el desarrollo de su sistema de ferrocarriles, pero a causa de múltiples conflictos no pudo ver su primera línea terminada hasta 1873, dentro del periodo juarista, siendo esta la que corría del puerto de Veracruz a la Ciudad de México como nodo central. Posteriormente, dentro de la dictadura de Díaz, agregó extensiones al norte y al sur a lo largo de la costa del Golfo, con líneas hacia Monterrey y Mérida. Finalmente, las líneas se empujaron a través de la Sierra Madre Occidental en Guadalajara hasta la costa del Pacífico (García de Fuentes, 1987).

Dicho esto, podemos observar el desarrollo de retículas paralelas en las espacialidades de los tres Estados durante el siglo XIX, siendo las de Canadá y las de Estados Unidos más cercanas entre sí. Sin embargo, la comunicación entre todas continuará siendo eminentemente por las vías marítimas. Los ferrocarriles tendrán un enorme impacto en el desarrollo urbano. Entre las principales ciudades ferroviarias se encuentran la ciudad de Nueva York, Chicago, St. Louis y Los Ángeles en Estados Unidos y Montreal, Winnipeg, Toronto y Vancouver en Canadá. La Ciudad de México domina la red del Estado mexicano. Los ferrocarriles generaron la retícula necesaria para la producción de la espacialización capitalista en el eje este-oeste. Además, sobre las líneas norte-sur desplazaron rápidamente la mayoría de las vías fluviales, particularmente la del Mississippi. Así se consolida el eje económico a lo largo del cinturón ferroviario de Nueva York a Chicago (véase Mapa 3: https://www.wdl.org/es/item/16781/view/1/1/)[1]. Como resultado de esto, desde la década de 1870 hasta parte de la década de 1920 se presenta el apogeo económico de la ciudad de Nueva York. Dicho intervalo fue, de acuerdo con Aaron Gurwitz (2019), el periodo de mayor crecimiento absoluto de la ciudad y también un momento en el que, en un eco de la era de la aglomeración catastrófica, la población de la ciudad creció más rápido que la de Estados Unidos en su conjunto, consolidando su dispersión asimétrica y abaratando la fuerza de trabajo.

NUEVA YORK COMO CENTRALIDAD EN EL SISTEMA-MUNDO

La producción de las centralidades nos habla de lugares que ocupan el “centro” geométrico de la retícula. Ellas cuentan, como diría Raffestin, con una doble faceta que enunciábamos al principio de este trabajo: un topos –un lugar material que es a la vez un espacio abstracto que contiene sistemas institucionales, político y culturales– y una tensión que está presente por la asimetría que existe entre él y los demás lugares no centrales de la red. Topos y tensión se presentan de manera conjunta en relación con la viabilidad de la estrategia de dicha red, desplegada en su contexto espacio/tiempo. “Los lugares centrales, como se les ha definido geométricamente, esconden una realidad más profunda; a saber, que son producto de la probabilidad diferencial de nudosidades humanas que hacen emerger una relación de poder con un lugar” (Raffestin, 2013, p. 123).

La consolidación de Nueva York como centralidad puede observarse en el crecimiento de su población después de la Guerra Civil, entre 1870 y 1920, lo que le permitió mantener un ejército de reserva significativo con salarios reales relativamente bajos. No es sorprendente que los recién llegados al país hayan optado por ubicarse en los lugares de más rápido crecimiento, estableciendo su espacialidad como foco de migración. Los salarios reales pagados a los trabajadores de Nueva York en el momento en que la afluencia de inmigrantes estaba en su punto máximo y la ciudad estaba logrando su crecimiento demográfico absoluto más rápido eran algo más bajos de lo que muchos de ellos podrían haber obtenido en las demás ciudades de Estados Unidos (Gurwitz, 2019). Si se comparan las 13 ciudades que para 1910 contaban con una población superior a las 250, 000 personas, encontraremos que el salario industrial era 8% menor al de Nueva York, siendo sólo comparables aquellos de Chicago y St. Louis. Ello habla del desarrollo concatenado producido por la interconexión ferroviaria. Dicho esto, los precios de los alimentos eran un poco más altos en Nueva York que en las otras grandes ciudades en promedio. Los alquileres, por otro lado, fueron sustancialmente más altos en Nueva York que en cualquier otro lugar excepto St. Louis, demostrando una renta urbana superior, que responde a su consolidación como centralidad reticular (Gurwitz, 2019).

Siguiendo a Gurwitz, fue el proceso de la consolidación del sistema-mundo capitalista lo que determinó la magnitud y la composición industrial del crecimiento económico de Nueva York, permitiendo a la ciudad mantener su posición en el pináculo de la jerarquía urbana de Estados Unidos. Ello responde a que Nueva York fue su puerto principal. Esto se expresa en dos sentidos:

En primer lugar, más carga con destino al interior y al exterior por valor se movió a través de Nueva York que por cualquier otro puerto. En segundo lugar, ningún otro puerto se acercó a rivalizar con Nueva York. Con una sola excepción, las exportaciones a través de Nueva Orleans durante el auge del algodón de la década de 1830, Nueva York manejaba carga por valor de más del doble que el segundo puerto más activo. De hecho, en la mayoría de los años, en la mayoría de las categorías, Nueva York manejó más importaciones y exportaciones por valor que el segundo al décimo puerto más activo juntos (2019, p. 309).

Así, podemos observar que no solamente es la reticularidad de América del Norte la que alienta los flujos de capital en la ciudad, sino que en realidad desde finales del siglo XIX se consolida como nodo de intercambio para los diferentes factores de la producción a nivel global. La transescalaridad de Nueva York hacia su mundialización empieza a consolidarse dentro de este periodo. Ello significó su afianzamiento como polo de atracción para la actividad financiera. El censo de 1870 enumeró a 3,853 residentes de la ciudad de Nueva York y Brooklyn empleados “en actividades bancarias y corretaje de dinero y acciones”. En 1910, 14,489 residentes de los cinco condados trabajaban como “banqueros y funcionarios bancarios” o como “corredores de bolsa”. Esto representa un aumento del 276%, acompañado de un crecimiento del empleo en todas las ocupaciones en un 342% (Gurwitz, 2019).

Con los banqueros y corredores llegó la quintuplicación del número de abogados en la ciudad entre 1870 y 1910, de 2,012 a 10,661, dado el creciente volumen de transacciones financieras. Por estas y otras razones, el crecimiento del empleo en servicios financieros tuvo un impacto “multiplicador” en la economía en general, desarrollando fuentes de trabajo cualificado, que se expresaron en una mayor estratificación de los salarios. el impacto del creciente flujo de mercancías a través del puerto de Nueva York y el aumento de volumen de transacciones financieras ejecutadas por sus banqueros representan una fracción del rápido crecimiento de la población de la ciudad a principios del siglo XX (Gurwitz, 2019).

Las centralidades contemporáneas que produce el capitalismo imponen un orden jerárquico que además es violento. Articuladas para una sociedad industrial, su acumulación de tecnología y conocimiento hace de ellas unidades de innovación desde donde se produce la vanguardia del capital. Las centralidades forman unidades dialécticas que, si bien son fragmentarias y alienantes, representan una totalidad en sí en términos de la producción. En su interior se encuentra una agudización extrema de la lucha de clases: la clase burguesa halla en ellas los espacios más adecuados y simbólicamente estructurados, para demostrar su superioridad jerárquica y reproducirse activamente en los parámetros de su propio habitus, mientras que el proletariado encuentra las formas más extremas de reificación y miseria del hábitat (Lefebvre, 1987), que debe sufrir para así maximizar la capacidad de acumulación.

La víctima emisaria es el proletariado, que pertenece y no a la colectividad. En efecto, éste es indispensable para establecer el potencial económico y, en esa medida, contribuir a la unidad económica fundadora de la centralidad moderna, pero al mismo tiempo debe ser rechazado y eventualmente debe desaparecer. “Ser rechazado”; lo es de hecho, como víctima, hacia la periferia, hacia los márgenes. Es ese rechazo el que instituye la marginalidad (Raffestin, 2013, p. 131).

La marginalidad que produce la centralidad en los sujetos espejea a su vez la marginalidad que produce en relación hacia otros lugares de la red territorial, la tensión. Estos espacios marginalizados mantienen una dependencia estructural ante la centralidad, por lo que no debemos dudar de referirnos a ellos como espacios periféricos. Centralidad y periferia se definen la una en relación con la otra y son específicamente relacionales.

La centralización de Nueva York se tradujo a su vez en la multiplicación de retículas interiores, para profundizar las comunicaciones en los espacios contenidos entre los nodos, lo cual se facilitó significativamente con la aparición del automóvil. La red de carreteras de América del Norte comenzó a ofrecer una seria competencia a los ferrocarriles después de la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos ha financiado más de 483,000 km de carreteras transcontinentales, incluidas más de 64,000 km de carriles múltiples de acceso limitado (Mapa 4: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_current_US_Routes.svg). El automóvil ha desplazado a los trenes de cercanías en muchas ciudades, y las rutas radiales y circulares han ayudado a atraer a las ciudades hacia el campo. Los problemas consiguientes de congestión y contaminación se han acercado a la etapa crítica dentro de las ciudades.

Sobre estas bases estructurales es sobre las que se consolidará Nueva York como una ciudad global. Esta última es una forma de centralidad con relación a la materialización del tiempo/espacio de la globalización: con su alta capacidad de establecer flujos rizomáticos de capitales, mercancías y personas a nivel mundial, ciudades específicas se establecen como puntos estratégicos de derrame, lo que nos lleva a repensarlas como globales (Sassen, 2007). Esto es posible empezar a rastrearlo desde los años 70, en el periodo preparatorio al neoliberalismo en donde las ciudades se convirtieron en puntos de dislocación económica, donde la lógica de consumo en sus diferentes aristas se convirtió en la pauta rectora para el desarrollo de la urbe (Castells, 2004).

Ya en la década de 1980, la forma dominante de política urbana neoliberal transformó significativamente las urbes. El debilitamiento del Estado llevó a una creciente privatización de las funciones de reproducción social al introducir diversos tipos de medidas de reducción de costos –incluidas reducciones de impuestos, concesiones de tierras, recortes en servicios públicos, privatización de instalaciones de infraestructura, etcétera– a fin de reducir la administración estatal y desatar el acelere de la inversión interna. Las formas tradicionalmente fordista-keynesianas de consumo colectivo localizado se redujeron, en este contexto, a medida que las políticas de austeridad fiscal se impusieron a los gobiernos locales al neoliberalizar los aparatos estatales nacionales (Brenner y Theodore, 2008). Bajo estas circunstancias, el proyecto neoliberal de creación institucional ya no está orientado simplemente hacia la promoción del crecimiento capitalista impulsado por el mercado; también está orientado hacia el establecimiento de nuevos mecanismos de flanqueo y modos de desplazamiento de crisis a través de los cuales aislar a los poderosos actores económicos de las múltiples fallas propias de sobreacumulación dentro del sistema capitalista (Brenner y Theodore, 2008).

Dichas formas del desarrollo de la ciudad neoliberal tienen su propia fractalidad transescalar, que se refleja en la producción estratégica de estas ciudades clave para servir como centros de acumulación mundial. Estas son aquellas que Sassen califica como “ciudades globales”, pues demostraban cuatro lógicas simultaneas: son puntos de super acumulación que comandan la economía global; son nodos para los flujos financieros y para las empresas de servicios especializados y de alta tecnología, reemplazando a la industria manufacturera como los principales sectores económicos; son sitios de producción, incluida la producción de conocimiento e innovación tecnológica, en estas industrias líderes; y por último, como mercados para los productos mismos de su producción especializada (Sassen, 1991). Por otro lado, según Nielsen, Asmussen y Goerzen, desde una perspectiva funcionalista, son tres los atributos clave que caracterizan a este tipo de ciudades: un alto grado de interconexión con los mercados locales y globales; un ambiente cosmopolita; y altos niveles de servicios avanzados al productor. Estos las diferencian de otros espacios producidos para la economía global, como las megaciudades o los cluters. Por dichas características, afirman, es que las empresas transacciones eligen localizare a su interior (Goerzen et. al., 2013). Consideramos que ambas posiciones son congruentes entre sí, y nos dan un marco de trabajo para caracterizar a la ciudad global.

Una vez establecido lo anterior, podemos comprender el papel que juega Nueva York en el Sistema-Mundo. Sin embargo, para hablar de la apuesta por la producción de la región internacional de América del Norte, es necesario enmarcarlo en dicho periodo neoliberal. Ésta empieza a tomar forma dentro de la década de los ochenta, y comienza a cristalizase a principios de la de 1990. Su surgimiento responde a una necesidad estratégica. Como afirma Barrón:

En épocas recientes, los avances expansionistas se manifestaron durante los años ochenta del siglo pasado, cuando Ronald Reagan, en 1980, desde su campaña presidencial estableció la hoja de ruta para garantizar la seguridad energética de las corporaciones establecidas en Estados Unidos. Con esta finalidad es que, desde entonces, se han desarrollado diversos mecanismos, como el incremento de las interacciones comerciales y el desmantelamiento y relocalización de varias industrias y actividades económicas en los tres países. Para lograr esto se establecieron acuerdos comerciales, energéticos y militares que promovieran e incrementaran el tráfico de recursos y mercancías, a la vez que se criminalizó a los flujos migratorios que tales políticas previsiblemente traerían consigo (2018, p. 102).

Si bien las relaciones comerciales intercapitalistas entre Canadá y Estados Unidos pudieron haber permitido la frontera sin restricciones más grande del mundo, sus contradicciones –como los conflictos provocados por la competencia en sectores como la madera blanda, el ganado porcino y la pesca de salmón– impidieron que la retícula quedara políticamente irrestricta. Ello no fue igual entre México y Estados Unidos, donde los flujos fronterizos ilegales y la enorme brecha en el tamaño económico consolidaban su desarrollo desigual. Por otro lado, Canadá y México apenas tenían una relación económica viable o digna de mención antes de la iniciativa del TLCAN (Hussain y Domínguez, 2015).

LA PRODUCCIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE

¿Qué entender por región? Si bien existe una larga tradición, y debate, dentro de la geografía sobre los limites y alcances de dicho concepto (Gasca, 2009), nosotros optamos por observarla a través de una matriz relacional. La región es el lugar de emergencia de recursos que permitirán la aparición de estas formaciones políticas que detentan el control de la relación asimétrica. Por tanto, no es ocioso afirmar que la centralidad pura no puede existir (Raffestin, 2013). La producción de un espacio estructurado para el capital desarrolla una sociedad administrativa, con una gubernamentalidad regional que tiene como meta principal la población: su ordenamiento y control en aras de maximizar sus potencialidades a través de la economía política y de dispositivos de seguridad (Foucault, 2006). De no desarrollarse la gubernamentalidad, la región no puede encontrar ni sus especificidades políticas ni económicas, ni su rol en el sistema de división del trabajo. Así “las economías regionales constituyen un mosaico laxamente interconectado de desarrollos geográficos desiguales en el que algunas regiones tienden a enriquecerse mientras que las regiones pobres se empobrecen aún más” (Harvey, 2014, p. 151).

A razón de estos desarrollos desiguales es que podemos coincidir plenamente con Lefebvre cuando afirmaba que el espacio se halla fragmentado por las estrategias de las diferentes institucionalizaciones de la clase burguesa, donde se presentan numerosas, entremezcladas y superpuestas (Lefebvre, 2014). Las regiones donde el capitalismo ha modificado su espacialidad a mayor grado, tienen mercados más viables, infraestructuras más avanzadas, y espacio/tiempos más cortos, por lo que se muestran atractivas para la inversión. Al disponer de estrategias de acumulación más eficientes, tienen la capacidad de reinvertir en sí mismas para mejorar sus tácticas, lo que las hace atractivas a la inversión de otros capitales. Sin embargo, dichas regiones vampirizan –de manera análoga a la forma en que la centralidad lo hace con su propia región– a otras regiones, a través de estrategias para evitar que los flujos de inversión lleguen a ellas, atrapándolas en un espiral de desigualdad y dependencia (Harvey, 2014).

El proceso de consolidación de la región de América del Norte se da con la firma en 1988 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos (FTA). Fue el primer ejercicio de integración económica, en virtud de que ambos representaban mutuamente su principal socio estratégico. Ello provocó una extensión seria y exitosa del FTA a México, aflojando así las otras dos relaciones bilaterales interdependientes para la expansión (Hussain y Domínguez, 2015). Como el diplomático Fernando Solana declaraba:

Con América del Norte no sólo nos une la geografía. El grueso de las transacciones económicas se realiza con esta región. América del Norte es parte consustancial de nuestra vida cotidiana. Así sólo fuese porque la mayor población mexicana fuera de nuestro territorio habita en Estados Unidos, así fuese sólo porque el mayor número de estadunidenses que vive fuera de Estados Unidos radica en México. Dado el peso internacional de Estados Unidos de América, las negociaciones de todo tipo con Canadá –su vecino por partida doble– adquieren un carácter estratégico de primer orden (2016, p. 194).

A 33 años del inicio del proceso, observamos como “a ras del suelo” el desarrollo integrador entre los tres países estaba mostrando contradicciones importantes (Hussain y Domínguez, 2015). Lejos de las oportunidades privilegiadas que observa Solana (2016), el NAFTA o TLCAN buscaba reposicionar a Estados Unidos, desde una perspectiva regional, frente a los grandes bloques comerciales y de integración que se venían gestando en el mundo. Si bien desde los años 40 a los 70 México buscaba profundizar sus relaciones con América Latina, la crisis económica de los 80 cortó de tajo cualquier posibilidad de fortalecer la relación sur-sur, y consolidó su subordinación a Estados Unidos y al proyecto de América del Norte (Vázquez y Bocanegra, 2015).

De acuerdo con Miguel Angel Márquez Ruiz y Carmen Bocanegra Gastelum (2015), el proceso de integración ha tenido cuatro momentos principales, a los cuales nosotros añadiríamos un cuarto:

- El primero corresponde a los años de inicio, de 1994 al 2000, en donde las variables clásicas de los procesos de integración económica, comercio e inversión, tuvieron un incremento sustancial.

- El segundo es el de quiebre y relativo agotamiento de la fase expansiva, correspondiente a los primeros años del siglo XXI.

- El tercero, donde el itinerario de las variables básicas de comercio e inversión, con saldos ascendentes, fueron acompañadas de medidas que profundizan el proceso de integración como son la participación de México en acuerdos estratégicos de carácter binacional y multilateral. La integración se ha profundizado a través de acuerdos que estrechan lazos en los ámbitos sectoriales, energéticos, de seguridad y territoriales. El Plan Puebla Panamá (PPP), el Proyecto Mesoamérica, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, dan cuenta de procesos simultáneos de integración asimétrica.

- El cuarto sería el proyecto de refundación de la región a través de la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El proceso de producción de la región seguiría seis vías estratégicas, que tendrían en su diseño el mantenimiento de las relaciones asimétricas entre los Estados, lo que habilitaría una integración mucho más pragmática que aquella que desarrolló la Unión Europea. Estos ejes quedaron plasmados en el Artículo 102 del TLCAN (Vázquez y Bocanegra, 2015).

El primero es la promoción de los flujos “transfronterizos” de bienes y servicios mediante la eliminación de barreras arancelarias. Ello significaría la ampliación de las vías de circulación de capital a través de la interconexión de los caminos de Estados Unidos con las vías centrales de Canadá, como la carretera transcanadiense, que consolida una ruta de costa a costa, y en México, como la Carretera Panamericana, que une los países de Centroamérica con la región. Estas carreteras han permitido que proliferen las rutas de recorrido corto –a través de camiones– y habilita que los ferrocarriles se concentren en rutas de largo recorrido y de bajo costo (véase Mapa 5: http://www.cec.org/es/atlas-ambiental-de-america-del-norte/carreteras-principales-2009/). En ambos casos se han integrado sistemas de vagón contenedor “a cuestas”, para facilitar el cambio de rutas y vehículos. Debemos resaltar que ello no significa que todos los factores de capital hayan liberalizado sus flujos, ya que el factor humano a quedado estratégicamente restringido. Como hemos discutido anteriormente, este se desarrolla en la ilegalidad, para permitir una acumulación superior.

El segundo es la “competencia leal”, sin definir formalmente la equidad o combinar la interpretación estatista con la social. Si bien es cierto, el TLCAN incluye a México, Estados Unidos y Canadá, para dar forma a la Región de América del Norte, la asimetría entre estos Estados se refleja en la dependencia de México con Estados Unidos. Si observamos las exportaciones del primero a Canadá, veremos que representan del 2 al 3% del total, mientras que las importaciones alcanzan del 2.5 y 5.0%. Por otro lado, las tendencias de la balanza comercial de México muestran una sincronización con los ciclos económicos de los de Estados Unidos. Ejemplo de ello está en la producción manufacturera: entre 1994 y 2000, las exportaciones aumentaron un 182 por ciento, mientras que las importaciones lo hicieron al 110 por ciento. Entre 2000 y 2001, las exportaciones cayeron 6.7%, mientras que las importaciones disminuyeron 10.3% (Vázquez y Bocanegra, 2015).

La tercera vía son las “oportunidades de inversión”, que en realidad hablan de la capacidad de desplazar capital financiero por la región, el cual era un objetivo crítico en medio de la recesión económica de principios de la década de 1990, como lo es hoy en las circunstancias posteriores a la recesión de 2009. En realidad, estas “oportunidades” se concentran en la industria manufacturera, particularmente en forma de maquila, con tendencias que se acercan al 50% de las exportaciones totales. Esto correlaciona con las importaciones, donde predominan las correspondientes a bienes intermedios, insumos y materias primas que se procesan y ensamblan por mano de obra mexicana, para ser reexportados, lo que nos habla de una división ampliada del trabajo que aprovecha la sobre explotación de la mano de obra del Estado del sur. Por otro lado, se desarrolla una profunda dependencia de los granos y oleaginosas de Estados Unidos (Vázquez y Bocanegra, 2015).

La cuarta hace referencia a la protección de los derechos de propiedad intelectual, un interés relativamente nuevo que eleva más al sector de servicios que al industrial. Este hace eco a la centralización de la vanguardia tecnológica dentro de los espacios centrales de la región.

La quinta es el desarrollo de infraestructuras administrativas y de solución de controversias, armonizando así comportamientos de toma de decisiones racionales y patrimoniales dispares, además de tradiciones legales comunes y civiles. Ello significa también el desarrollo de dispositivos comunes para crear un topos regional mucho más claro, que permita un flujo de racionalidades comunes para la mediación de los flujos.

Por último, se encuentra la cooperación trilateral, regional y multilateral, que busca formas de promover una identidad norteamericana singular para mirar más allá de América del Norte (Hussain y Domínguez, 2015). Fernando Solana afirmaba que TLCAN significaba:

[...] la primera ocasión en que América del Norte se concibe a sí misma como una región que comparte propósitos comunes. Los efectos del TLCAN sobre nuestras sociedades no serán homogéneos, habrá sectores que apenas notarán su impacto, otros, estarán expuestos a una competencia sin precedente, otros más, se beneficiarán por su participación en lo que sería el mercado más grande el mundo. El gran proyecto con el que nos hemos comprometido creará, a partir del 1° de enero de 1994, un mercado de 365 millones de personas, con un producto de siete millones de millones de dólares (2016, p. 209).

Ello consolidaba más bien un proyecto de producir un espacio instrumental, diferenciado y asimétrico, que habrá de ser representado como una unidad dentro de sus desigualdades, según las necesidades del bloque histórico en el que se desenvuelve. La región permite al capital ubicarse allí donde los costos de los factores de la producción sean mucho más bajos. En un primer caso, el resultado es el desarrollo de “economías de aglomeración” en donde diferentes empresas comparten sus insumos para alimentarse mutuamente, induciendo la centralización geográfica (Solana, 2016). Sin embargo, observamos la contracara de este fenómeno cuando el capital se establece en un lugar para aprovechar que alguno de los factores de la producción se encuentra por debajo de su valor a nivel global. Ahí, la aglomeración no necesariamente significa centralización, sino la fijación de la zona en su carácter periférico, a razón de la estrategia del propio capital. La desigualdad estructural entre los espacios que permiten estas formas de sobrexplotación es reafirmada en la concreción de una división ampliada del trabajo, definiendo el carácter de clase de la región como conjunto. La explotación capitalista se expande por todos los rincones del sistema mundo, sin embargo, se realiza de manera diferenciada, pues la reproducción del capital central es diferencial del capital regional, consagrando economías dependientes (Osorio, 2016). Como afirma Barrón: “De esta manera, la cúpula política y los llamados poderes fácticos de los tres países buscan asegurarse el control energético, militar, político, económico, mediático e ideológico de los territorios y poblaciones de esta inmensa parte del mundo” (2018, p. 102). Así, observamos la región producida, en donde la ciudad de Nueva York se anida para proyectarse dentro de la esfera interior del capital.

CONCLUSIONES

Desde nuestra propuesta, para acercarnos a pensar un fenómeno como el desarrollo de una ciudad global, tenemos que empezar por acercarnos a su entorno sistémico, a las estructuras espaciales que le dan forma y cabida, no sólo dentro de la escala “global”, sino en todas las demás. Ello requiere que conjeturemos su presencia como parte de una medida geopolítica del capital , que dé cuenta de las formas en que el propio sistema se esfuerza por producir un espacio favorable tanto para su propia reproducción, como para su subsiguiente adaptación y evolución. Por tanto, la producción de una espacialidad como la de las ciudades globales, responde a la inestabilidad perpetua en la que se desenvuelve el capitalismo, sus presiones técnicas, económicas, sociales y políticas que operan en un mundo de enormes cambios continuos, y que obligan al capital a desarrollar nuevas estrategias de reproducción territorial (Harvey, 2014).

De forma dialéctica, la ciudad global es insostenible sin las escalas en las que se anida, en donde la producción de la región internacional es una mediación indispensable. Construye una superficie que desencadena estrategias de control y proyecta relaciones de dominación, cruzada por líneas de comunicación e infraestructura organizadas en red para facilitar la circulación y los intercambios, desenvolviendo una masa demográfica que maximiza las relaciones sociales y la circulación que maximiza los intercambios de cualquier naturaleza (Raffestin, 2013). Estas regiones internacionales son zonas de desarrollo multidimensionales, para facilitar los ciclos de capital en su interior.

De esta forma ambas expresiones del Sistema-Mundo se encuentran interconectas en dinámicas de topos y tensión. Así, regresamos al inicio, donde buscamos reposicionar el papel de la dinámica centro-periferia dentro de nuestro propio discurso, observándolas como expresiones asimétricas del espacio producido. Al verla como pieza central de la constitución de escala, podemos ver la interconexión que genera entre los niveles. Sólo que en nuestro caso pretendemos arrancarla del ámbito de la imaginación geográfica, y posicionarla más bien como dimensión material, tangible, producida por el sistema mismo: como dimensión derivada de la lucha de clase.

ANEXOS

Mapa 1.

Fuente: New York Central and Hudson River Railroad (1900). https://www.loc.gov/item/98688736/

Mapa 2.

Fuente: Perry-Castaneda Library Map Collection, Overland Routes, wagon roads (1860). http://legacy.lib.utexas.edu/maps/map_sites/hist_sites.html

Mapa 3.

Fuente: Mapa de Estados Unidos, las provincias britanicas,México, etcétera. https://www.wdl.org/es/item/16781/view/1/1/

Mapa 4.

Fuente: Map of current US Routes.svg . Map of the present U.S. Routes. (Public domain US Federal Government). https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_current_US_Routes.svg

Mapa 5.

Fuente: Atlas ambiental de América del Norte.http://www.cec.org/es/atlas-ambiental-de-america-del-norte/carreteras-principales-2009/

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NOTAS

[1] En este mapa de 1849 muestra Estados Unidos, América del Norte británica (en la actualidad, Canadá) y México, y los mapas de los recuadros corresponden a América del Sur y a la incipiente región de California en donde había estallado la fiebre del oro. Se trazan las rutas de los buques de vapor del correo de Estados Unidos con destino a California, así como las 17 000 millas (27 359 kilómetros) desde Nueva York hasta San Francisco a través del Cabo de Hornos, o las 5900 millas (9495 kilómetros) a través de Panamá. El mapa también recorre varias rutas terrestres en todo el oeste de Estados Unidos, incluso la ruta de las caravanas a Santa Fe, las rutas tomadas por Kearny y Frémont, y la ruta de Oregón.

AUTORES

Ana Teresa Gutiérrez del Cid es profesora titular del Departamento de Política y Cultura en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM X). Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente cuenta con el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI-Conacyt). Se especializa en el análisis de temas internacionales y sus líneas de investigación centrales giran en torno a la situación actual de Rusia y de su ámbito de influencia en Asia Central y el Cáucaso, así como también, se ha especializado en la geopolítica energética posterior a la Guerra Fría.

Carla Filipe Narciso es investigadora titular adscrita al Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la UNAM. Doctora en Urbanismo por la UNAM y maestra en Geografía por la Universidad de Lisboa. Cuenta con una Especialización en Geografía, en el área de Estudios Urbanos, por la misma universidad. Sus líneas de investigación son: urbanismo neoliberal, imagen urbana e ideología política, la producción discursiva del espacio público, planeación urbano-ambiental, metodologías cualitativas aplicadas al urbanismo. Es miembro del SNI-Conacyt. Entre su obra destaca el libro Espaço Público: Desenho, Organização e Poder. O caso de Barcelona (NEA, 2013).

Cesari Irwing Rico es maestro en Estudios en Relaciones Internacionales e Internacionalista por la UNAM. Estudiante del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la FCPYS, UNAM y miembro del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica: espacio, dominación y violencia de la FFyL, UNAM.

David Herrera es profesor titular adscrito al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es miembro del SNI-Conacyt. Coordinador adjunto del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica de la FFyL-UNAM. Colaborador del Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Sus líneas de trabajo giran en torno a la geopolítica, la geoestrategia de Estados Unidos en el mundo, el régimen biopolítico/geopolítico, la crisis radical y los horizontes alternativos.

Deborah Cowen es profesora de tiempo completo adscrita al Departamento de Geografía y Planeación de la Universidad de Toronto, donde también obtuvo su doctorado en Geografía. Es miembro de la Fundación Pierre Elliot Trudeau en Canadá. Entre su obra se destaca The Deadly Life of Logistics (Minnesota, 2014) –galardonado en 2016 con el International Political Sociology Book Award–, así como Military Workfare. The Soldier and Social Citizenship in Canada (UTP, 2008) y en coordinación con Emily Gilbert el libro Work, Citizenship, Territory (Routledge, 2007). Deb Cowen es una de las geógrafas radicales más influyentes en la actualidad.

Fabián González es doctor en Geografía y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, profesor de Carrera de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tutor den el Posgrado de Geografía. Coordinador del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica: Espacialidad, Dominación y Violencia de la FFyL. Cuenta con diversas publicaciones y ha sido responsable de proyectos de investigación institucional. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2015.

Federico Saracho es profesor de tiempo completo, adscrito al Colegio de Geografía de la FFyL-UNAM y profesor de asignatura, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Candidato a Doctor por el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Participa en el Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica: Espacio, Dominación y Violencia en la FFYL/UNAM. Realizó una estancia de investigación en el Instituto Francés de Geopolítica de la Universidad París VIII Vincennes Saint-Denis.  Sus últimas publicaciones son Sobre el espacio de la identidad. La fabricación de la nación y la geopolítica de su contradicción (Monosílabo/UNAM, 2018), la coautoría de Espacios Negativos: Praxis y Antipraxis (Akal/UNAM, 2020) y la coordinación de La vorágine de la revolución. Un acercamiento al pensamiento marxista (siglos XIX y XX) (UNAM/Monosílabo, 2020).

Fernanda Tejada es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, colaboradora en el Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica: Espacio, Dominación y Violencia en la FFyL-UNAM. Ha participado en proyectos de investigación como “Una Geopolítica crítica. Por una teoría y una praxis negativa y emancipatoria” a cargo de David Herrera en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM); y “De ciudad diversa a ciudad adversa. Análisis de los procesos de exclusión social de poblaciones indígenas habitantes de la Ciudad de México” a cargo de Luisa Rodríguez Cortés, en el Instituto Dr. José María Luis Mora.

Juan Manuel Sandoval es profesor e investigador titular en la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia (DEAS-INAH). Doctor en Antropología por la University of California, Los Angeles (UCLA). Coordinador general del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (DEAS-INAH), así como del Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” de CLACSO. Es miembro de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio. Sus líneas de investigación son: globalización, regionalización, fronteras, «seguritización», militarización, políticas sobre migraciones transnacionales y movimientos sociales.

Liliana López Levi es profesora titular del Departamento de Política y Cultura en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. Doctora en Geografía por la UNAM. Es profesora del Tronco Divisional en Ciencias Sociales de la Maestría en Sociedades Sustentables y en la especialidad de Sociedad y Territorio del Doctorado en Ciencias Sociales de la UAM-X. También es profesora de asignatura adscrita al Colegio de Geografía de la UNAM. Sus líneas de investigación son: Geografía cultural, imaginarios y territorio, espacio y cultura urbana, cultura política y geografía electoral, vulnerabilidad y desastres.

Luisa Rodríguez es profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Cuenta con publicaciones en revistas y capítulos de libros nacionales e internacionales. Ha participado en diversos proyectos de investigación y en eventos académicos especializados.